Paola Gabriela Delgado España

Expediente 1316/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1316/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
16/01/2018

Partes del expediente

  • Paola Gabriela Delgado España

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la quejosa Paola Gabriela Delgado España, no desahogó el requerimiento que le fue formulado por esta autoridad en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que, señalara con precisión la denominación correcta de las autoridades que pretendía señalar como responsables. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la quejosa Paola Gabriela Delgado España, no desahogó el requerimiento que le fue formulado por esta autoridad en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que, señalara con precisión la denominación correcta de las autoridades que pretendía señalar como responsables. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.

  4. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda presentado por Paola Gabriela Delgado España, por propio derecho, contra actos del 1. Director de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1316/2017-B. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I, II y su penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: - Señale con precisión la denominación correcta de las autoridades que pretende señalar como responsables: "2.- Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. 3.- Agente del Ministerio Público del Segundo Turno adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. 4.- Agente del Ministerio Público del Tercer Turno adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. 5.- Agente del Ministerio Público de la Mesa uno adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. 6.- Agente del Ministerio Público de la Mesa dos adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. 7.- Agente del Ministerio Público de la Mesa tres adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. 8.- Agente del Ministerio Público de la Mesa cuatro adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. 9.- Agente del Ministerio Público de la Mesa cinco adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales." Lo anterior, en virtud de que resulta un hecho notorio, el cual se invoca con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que la suscrita Jueza tiene conocimiento que dentro del organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ya no existen los Agentes del Ministerio Público que indica la parte quejosa bajo las denominaciones que proporciona, según lo establecido en el Acuerdo A/002/2016 de quince de enero de dos mil dieciséis, que establece la estructura Orgánica de la citada dependencia, pues desaparecieron los turnos y mesas de trámite. Habida cuenta, que la suscrita Juez Federal se encuentra imposibilitada para suplir esas irregularidades, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión las denominaciones correctas de las autoridades responsables, a efecto de llamarlas a juicio y entablar con precisión la litis constitucional. Ahora bien, hágase del conocimiento de la parte quejosa que la presente prevención es con el fin de que haga las manifestaciones referentes a las autoridades que pretende señalar como responsables, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que amplíe respecto diversas autoridades responsables, sino únicamente ceñirse al punto establecido. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá presentar el escrito por el que desahogue la presente prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la manera siguiente: una para cada autoridad responsable, una para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y dos más para la tramitación del incidente de suspensión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Además, signifíquesele que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo y por autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Melgarejo Guerrero, César Espina Huerta y Juan Manuel Barrón Anzaldo, al haber acreditado que cuentan con cédulas profesionales que los avalan como licenciados en Derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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