Pablo Trejo Garrido
Expediente 278/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pablo Trejo Garrido
- Erasto Trejo Garrido
- FLORIANO TREJO ORTEGA y Otros.
- Floriano Trejo Ortega
- Heliodora Trejo
- Atanacio Trejo Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI de Correos de México, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 503-2, dirigido a la autoridad tercera interesada Verónica Mendoza Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla con la leyenda "No hay quien reciba". Sin embargo, de las constancias que integran el controvertido en que se actúa, se advierte que la referida autoridad tercera interesada ha sido notificada dentro del presente sumario constitucional bajo dicha denominación y en el mismo domicilio (foja 303). Por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la referida notificación, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 475/2-2019, dirigido a la autoridad tercera interesada Verónica Mendoza Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla con la leyenda "No hay quien reciba". Sin embargo, de las constancias que integran el controvertido en que se actúa, se advierte que la referida autoridad tercera interesada ha sido notificada dentro del presente sumario constitucional bajo dicha denominación y en el mismo domicilio (foja 303). Por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la referida notificación, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, la parte quejosa reclamó de la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, la audiencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, en la parte relativa en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto en el artículo 408, fracción I, 409, en relación con el 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en autos de la carpeta judicial 628/2016/ZACATLÁN, de su índice. Ahora bien, por sentencia firmada y autorizada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 129 a 160), se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Atanacio Trejo Garrido, Pablo Trejo Garrido, Floriano Trejo Ortega, Erasto Trejo González y Erasto Trejo Garrido Inconformes los quejosos interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este controvertido constitucional. Por ejecutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 184/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, revocó la sentencia dictada por este juzgado Federal, para los siguientes efectos: "(.) Efectos de la concesión del amparo. En atención a lo expuesto, procede conceder la protección constitucional para el efecto de que: La Juez Penal de Control de la región Norte, Zacatlán Puebla, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el trece de marzo de dos mil diecinueve. Ordene la reposición del procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación, para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista a los imputados en su defensa, otorgue a los mismos el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo de tiempo estén en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia, y en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia de formulación de imputación con el defensor público de su adscripción. En el entendido que la jueza de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. (.) Asimismo, la jueza responsable deberá cerciorarse de que el defensor que asista a la implicados en la audiencia inicial, cuente con cédula profesional, lo anterior, para salvaguardar el derecho que les asiste de contar con una defensa técnica y adecuada, para la cual, no basta que el defensor refiera haber proporcionado sus datos de identificación y cédula profesional al encargado de la sala, pues es deber del Juez de control cerciorarse en audiencia pública, video grabada y en presencia de las partes, que efectivamente el defensor - publico o particular- cuente con documento idóneo que lo acredite como licenciado en derecho. (.)". (Fojas 271 vuelta a 273). En proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el citado testimonio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 276 a 278). Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza responsable por oficio JOPZ/1489/2019, de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, informó que dejó insubsistente la totalidad de audiencia concerniente a la formulación de la imputación e imposición de medidas cautelares celebrada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, así como la continuación de la misma, vinculación a proceso de trece de marzo de esta anualidad, y señaló las trece horas, del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la inicial (foja 287). Mediante oficio JOPZ/1523/2019, de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, informó lo siguiente: "(.)a) Se deja insubsistente la totalidad de la audiencia inicial concerniente a la formulación de imputación e imposición de medidas cautelares, celebrada el ocho de marzo de 2019, así como la continuación de la misma, vinculación a proceso -celebrada el trece de marzo de 2019. b) Los quejosos Atanacio Trejo Garrido, Pablo Trejo Garrido, Floriano Trejo Ortega, Erasto Trejo González y Erasto Trejo Garrido, renunciaron al término de tres días para designar a un defensor de su preferencia, y manifestaron su deseo de que el abogado Vicente Chávez Soteno, los continúe representando. c) Esta autoridad se cercioró de que el defensor que asiste a los imputados de mérito, cuenta con cédula profesional ya que el abogado Vicente Chávez Soteno refirió que su número de cédula profesional es 3190583, realizando el cuestionamiento a la encargada de sala, en el sentido de que, los datos que proporcionó el defensor antes de la audiencia, corresponden a los cotejados por las respectivas identificaciones exhibidas antes de la audiencia. d) Toda vez que el agente del ministerio público, solicitó la oportunidad para estudiar la carpeta de investigación, respecto a actos de investigación, glosados a la misma y resultan posteriores a la emisión del acto reclamado, -quedando claro a esta autoridad que en la solicitud de la representante social, no estarán incluidos actos de investigación posteriores al tres de marzo del año en curso-, además de lo manifestado por la defensa privada, en el sentido de no contar en el momento con la carpeta de investigación, ni haber recibido el actualizado de actos de investigación que le permiten la litigación durante la audiencia, es por lo que se señalaron las 9:30 horas del jueves 7 de noviembre de 2019 para el desahogo de la audiencia de mérito. (.)" (foja 309). Por oficio JOPZ/1556/2019, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la Jueza responsable informó que se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se formuló imputación en contra de los quejosos, y toda vez que se acogieron al término de ciento cuarenta y cuatro horas, para resolver su situación jurídica, y para tal efecto, señaló las trece horas del doce de noviembre de dos mil diecinueve, para la continuación de la audiencia inicial (foja 304). De igual forma mediante oficio JOPZ/1591/2019, de doce de noviembre de dos mil diecinueve, la responsable informó: "(.)a) La defensa desahogó un medio de prueba, consistente en una testimonial, acto seguido contestó la solicitud de vinculación a proceso. b) Cerrado el debate, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Atanacio Trejo Garrido, Pablo Trejo Garrido, Floriano Trejo Ortega, Erasto Trejo González y Erasto Trejo Garrido, por el ilícito penal de despojo, previsto y sancionado en los artículos 408, fracción I, 409, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Heliodora Trejo Trejo. c) Ante las manifestaciones de las partes, se señalaron las 9:00 horas del 20 de noviembre de 2019, para el debate de cierre de investigación complementaria. (.)" (foja 308). Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este juzgador se avoca a su estudio de acuerdo a lo ahí precisado. Del análisis de las constancias citadas y del disco versátil digital DVD (contiene la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve), con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte que dictó lo siguiente: Lo anterior, revela que la responsable, en la carpeta judicial 628/2016/ZACATLÁN, de su índice, dejó insubsistente la totalidad de la audiencia inicial concerniente a la formulación de imputación e imposición de medidas cautelares, celebrada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, así como la continuación de la misma, vinculación a proceso celebrada el trece de marzo de esta anualidad. Posteriormente, la jueza responsable en la audiencia celebrada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, y con fundamento en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que los investigados -aquí quejosos-, contaban con asistencia del defensor particular Vicente Chávez Soteno, los requirió para que manifestaran si era su deseo utilizar el plazo de tres días para que señalaran defensor particular, a lo que éstos dijeron que no, y prosiguió con la substanciación de la audiencia de formulación de imputación. En la misma audiencia, la responsable se cercioró de que el defensor que asistió a los imputados de mérito, contara con cédula profesional, ya que éste, refirió que su número de cédula profesional es 3190583, la responsable realizó el cuestionamiento correspondiente a la encargada de Sala, para verificar los datos proporcionados por el defensor citado, a lo que el asistente respectivo confirmó la veracidad de los datos proporcionados por el profesionista (Audiencia 4 de noviembre de 2019, 13:30:35 a 13:33:27). Asimismo, informó que el doce de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica de los imputados Atanacio Trejo Garrido, Pablo Trejo Garrido, Floriano Trejo Ortega, Erasto Trejo González y Erasto Trejo Garrido, en el cual se vinculó a proceso a éstos, por el ilícito de despojo, previsto y sancionado en los artículos 408, fracción I, 409, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Heliodora Trejo Trejo. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se acató en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Ahora bien, mediante escritos agregados en proveídos de veintiséis y veintinueve de noviembre pasado, los quejosos manifestaron que la ejecutoria de amparo no fue debidamente cumplida, pues fundamentalmente refieren lo siguiente: - Que la jueza a partir de que fue notificada de la ejecutoria de amparo fue omisa en nombrarles al defensor público, con la finalidad de que no quedaran en estado de indefensión, y requerirles para que dentro del plazo de tres días manifestaran si nombraban al defensor público o en su caso señalaran a un particular, pues fue hasta el cuatro de noviembre cuando se les requirió para tal efecto, y no existe diligencia de que anteriormente se les haya nombrado al defensor público. Lo anterior no le asiste la razón a la parte quejosa, pues en efecto, la responsable a partir de que se notificó de la ejecutoria de amparo, se encontraba obligada a acatarla en sus términos; sin embargo, en audiencia de cuatro de noviembre del presente año, la responsable los requirió para que manifestaran si era su deseo utilizar el plazo que concede el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo que una vez que lo consultaron con su abogado particular, de manera coincidente y sin coacción alguna, manifestaron que no era su deseo utilizar dicho plazo, pues se encontraban asesorados por el licenciado Vicente Chávez Soteno. Además, este juzgador considera que no se vulnera derecho alguno, pues la responsable quedó notificada de la ejecutoria de amparo el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 287), y la audiencia para darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo se celebró el cuatro de noviembre del año en curso, por lo que en ese lapso de tiempo no existió actuación alguna relevante en la cual fuera necesario que la responsable de inmediato le nombrara un defensor público, de ahí que tampoco le asista razón a la parte quejosa. -Que la resolución de vinculación a proceso no fue debidamente fundada y motivada; y, -Que la autoridad responsable los vulnero sus garantías de seguridad jurídica al proveer lo relativo al cierre del plazo de investigación complementaria. Resultan inoperantes tales aseveraciones, en virtud de que ambas se encuentran encaminadas a combatir cuestiones que no fueron objeto de protección constitucional, debido a que, como se relató, la concesión del amparo fue para que el órgano jurisdiccional responsable dejara sin efectos lo actuado en la audiencia inicial reclamada y respetara cabalmente su garantías de defensa, y con libertad de jurisdicción continuara con los subsecuentes etapas procesales. En esa tesitura, es evidente que no se realizó pronunciamiento alguno ni se establecieron lineamientos específicos sobre la forma en que se debería resolver la situación jurídica de los peticionarios de amparo ni mucho menos sobre el plazo de cierre de investigación complementaria, pues esto último, incluso, no formó parte de la litis constitucional. En consecuencia, se trata de resoluciones que no pueden ser analizadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues no formaron parte de los efectos de la sentencia protectora. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos Atanacio Trejo Garrido, Pablo Trejo Garrido, Floriano Trejo Ortega, Erasto Trejo González y Erasto Trejo Garrido y, visto su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, téngase formulando diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
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