Paola Lopez Nava

Expediente 1507/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1507/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
23/12/2016

Partes del expediente

  • Paola Lopez Nava
  • Arturo Hernandez Reyes
  • ARTURO HERNANDEZ REYES y Otros.
  • OBDULIA RAMIREZ GARCIA y Otros.
  • Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el juicio de amparo por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual atento a lo requerido mediante auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, devuelve sin diligenciar el despacho 576/2016, deducido del presente asunto en el cual se le ordenó emplazar a terceros interesados a Adolfo Díaz Alonso, Salvador Díaz Alonso y Carlos Lázaro Hernández; sin embargo, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que con esta misma fecha se ordena el archivo del presente juicio de garantías. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1507/2016-II-B, promovido por ********************, contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y, su ejecución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.

  3. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1507/2016-II-B (foja 29 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Maribel Pereda Corvera, secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por ARTURO HERNÁNDEZ REYES, OBDULIA RAMÍREZ GARCÍA, FATIMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y PAOLA LÓPEZ NAVA (fojas 1 a 6), el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 7 a 18), constancias de notificación respectivas, informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron y acuerdos que los tuvieron por recibidos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes y con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada, por rendidos los informes de las autoridades. De igual manera, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (foja 33), se reservó acordar lo conducente respecto a la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción, por medio de la cual informó la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 938-4 dirigido al 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, hasta la celebración de la audiencia incidental. En razón de lo anterior, se tiene por inexistente a la autoridad responsable que el quejoso señaló como 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ella. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Cerrado el Periodo probatorio y abierto el de alegatos: la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no formuló pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1507/2016-II-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ARTURO HERNÁNDEZ REYES, OBDULIA RAMÍREZ GARCÍA, FATIMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y PAOLA LÓPEZ NAVA, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por ARTURO HERNÁNDEZ REYES, OBDULIA RAMÍREZ GARCÍA, FATIMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y PAOLA LÓPEZ NAVA, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: La orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 360/2016 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME PREVIO Foja 1 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. CIERTO 38 2 Fiscal General del Estado de Puebla. NIEGA 20 3 Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (denominación correcta). NIEGA 21 5 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan. NIEGA 34 6 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo. NIEGA 40 La autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, al rendir su respectivo informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. Por su parte, las autoridades señaladas como responsables ejecutoras 2. Fiscal General del Estado de Puebla, 3. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (denominación correcta), 5. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan y 6. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, al ser cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora, se desvirtúa la negativa de las referidas autoridades, debiendo tenerse por cierto el acto de ejecución atribuido a las mismas. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización se reproducen a continuación: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Procedencia de la medida cautelar. Del informe previo rendido por el juez penal responsable, se advierte que dentro de la causa penal 30/2016 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, se dictó orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos ARTURO HERNÁNDEZ REYES, OBDULIA RAMÍREZ GARCÍA, FATIMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y PAOLA LÓPEZ NAVA, como probables responsables de la comisión del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 311, 323, 326, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Adolfo Díaz Alonso, Salvador Díaz Alonso y Carlos Lázaro Hernández. Ahora bien, en virtud que el ilícito que se le imputa a los aquí quejosos (lesiones calificadas), no es considerado como grave por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en dos mil catorce); en consecuencia se provee sobre la suspensión definitiva en los siguientes términos: Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 136, párrafo primero de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 30/2016, del índice del juez penal responsable, en contra de los aquí quejosos, quienes quedan a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, esto hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia en que se resuelva el juicio principal. A fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en líneas precedentes, de conformidad con los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se fijan a los quejosos las siguientes medidas de aseguramiento: a) Comparecer ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria; b) Comparecer a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, los días viernes de cada semana. c) Presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sean citados. d) Señalar ante este órgano de amparo el lugar donde se encuentra establecido su domicilio particular cierto y actual en el que pueda ser localizada tanto por este órgano constitucional como por las autoridades responsables ordenadoras. e) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberán exhibir una garantía, cada uno y por separado la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 94/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia. Monto que se fija, tomando en cuenta los siguientes elementos: a) Que la naturaleza del delito imputado es dolosa al tratarse de lesiones calificadas. b) La posibilidad de que los quejosos se sustraigan de la acción de la justicia; se debe considerar que el delito de lesiones calificadas por el cual se le instruye el proceso penal 30/2016 al momento de su comisión, esto es, en el año dos mil catorce, no estaba catalogado como grave por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. c) Respecto de la situación económica de los quejosos, no se tiene constancia alguna de que se encuentren en una situación de escasos recursos, además, la autoridad responsable en su informe previo manifestó que en la causa penal de origen no se advierten elementos de prueba que permitan conocer las características personales y situación económica de los quejosos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.68/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir de la notificación de la presente resolución, acredite haber dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en los incisos a), c) y d). Así mismo, requiérase a la parte quejosa que deberá acreditar haber dado cumplimiento a la medida cautelar señalada en el inciso b), a más tardar a los dos días hábiles siguientes a su presentación. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dejará de surtir efectos la medida cautelar concedida y se hará efectiva la garantía que en su caso exhiba a favor del Erario Federal. Por otro lado, se requiere al Juez penal responsable para que informe si la parte quejosa dio cumplimiento a las obligaciones impuestas. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo se le impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, hágase saber a la parte quejosa que si no exhibe la garantía fijada en el inciso e) anterior y dentro del término indicado (cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación), se dejará sin efectos la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de que cumpla con las demás medidas. En otro sentido, los quejosos podrán exhibir la garantía solicitada, cada uno y por separado, en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirla en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: EN CASO DE EXHIBIR BILLETE DE DEPÓSITO: a) En el apartado AUTORIDAD asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado CONCEPTO deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a ARTURO HERNÁNDEZ REYES, OBDULIA RAMÍREZ GARCÍA, FATIMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y PAOLA LÓPEZ NAVA en el incidente de suspensión 1507/2016-II-B. EN CASO DE EXHIBIR PÓLIZA DE FIANZA: a) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a ARTURO HERNÁNDEZ REYES, OBDULIA RAMÍREZ GARCÍA, FATIMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y PAOLA LÓPEZ NAVA en el incidente de suspensión 1507/2016-II-B; y, c) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de la que se duelen los quejosos es dictada por autoridad judicial distinta a la aquí señalada o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Finalmente, se hace extensiva la suspensión definitiva concedida a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables ejecutoras. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ARTURO HERNÁNDEZ REYES, OBDULIA RAMÍREZ GARCÍA, FATIMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y PAOLA LÓPEZ NAVA, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a sus autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 6. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 131 y 132 de la Ley de Amparo abrogada.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano