Panfilo Garcia Sosa

Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Panfilo Garcia Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 60/2022-VI. Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformaron contra el auto de veintiuno de febrero del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; pues en este caso, si bien es cierto, se sobreseyó fuera de audiencia, se otorgó la suspensión de plano en el auto admisorio. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se descarta proveer al respecto, porque en el presente juicio de amparo no se aperturó el incidente de suspensión. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. SIN EFECTOS SUSPENSIÓN DE OFICIO Dado que ha causado estado el sobreseimiento fuera de audiencia se deja sin efectos la suspensión de oficio y de plano, así como las medidas decretadas que derivan de dicha suspensión, establecidas en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós. NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO Por último, se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos (vía despacho), porque ningún derecho procesal pueden ejercer dado que ha quedado firme el proveído que sobreseyó fuera de audiencia, por lo que este acuerdo habrá de notificarse por lista a los peticionarios de amparo, sobre todo porque se trata de un asunto concluido e incluso tienen una defensora pública designada para lo que asista en este juicio. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 60/2022-VI. Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintidós Se ordena agregar al expediente el oficio y anexo de cuenta, del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 42/2022 con número de orden 63/2022 de este juzgado, que se remitió para notificar a los quejosos, el acuerdo de veintiuno de febrero del presente año. Por ello, se tienen por notificados a los quejosos del referido acuerdo, pues así se desprende del acta realizada por el diligenciario correspondiente, levantada el uno de marzo del año en curso. En consecuencia, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 60/2022-VI. Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente los oficios de cuenta, del Director del Centro de Reinserción Social Regional de Huauchinango, Puebla; así como del Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; en donde rinden su respectivo informe sobre la suspensión de plano y niegan los actos reclamados. Por otra parte, se ordena agregar al expediente el diverso oficio de cuenta, del Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, en donde remite la constancia de notificación del oficio dirigido al Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Huachinango, Puebla. De lo que se toma conocimiento. En otro orden de ideas, del estado procesal del expediente se advierte que los actos reclamados son: ? La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla a cualquier otro centro penitenciario del país y como consecuencia de ello, el daño psicológico y moral, así como el destierro y todos los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que podrían ser objeto. Sin embargo, las constancias recibidas a lo largo del trámite del presente asunto, llevan a encontrar una actualización de la causal de improcedencia que descansa en la figura relativa al principio de definitividad (respecto a la orden de traslado), cuyo estudio es obligatorio conforme el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, basta indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, debe examinar los actos combatidos, y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda de los quejosos, se detectó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1, las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Luego, conforme a lo dispuesto en los ordinales 115 y 117, fracción III2, del ordenamiento legal citado, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato, pues de lo contrario, quedarían sin materia como acontece con las órdenes de traslado, los internos deberán acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve, el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia, presenta las siguientes características: .. Conforme a lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como es una orden de traslado, debe agotar el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Pues dicho procedimiento judicial cumple todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y, es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Sobre todo porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, porque si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que, en su caso, cese la omisión. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular sus inquietudes y las razones del porqué las omisiones, determinaciones, actos u órdenes que está reclamando, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social Lo anterior otorga la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En suma, las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, porque la suspensión que prevé tiene los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, pero también porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. En ese contexto, si uno de los actos reclamados en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social, este se clasifica dentro de las condiciones de internamiento y, por ende, es reparable por el medio de defensa previsto en dicha ley especial .., se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a los demás actos reclamados que consisten en el daño psicológico y moral, así como el destierro y todos los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que podrían ser objeto, las siguientes autoridades al rendir su informe respecto a la suspensión de plano negaron el acto reclamado: ? Director del Centro de Reinserción Social Regional de Huauchinango, Puebla; ? Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y ? Guardia en turno del Área Jurídica de la Subsecretaría de Coordinación Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Esos actos fueron reclamados por los promoventes iniciales se estima que resultan inexistentes los actos reclamados, porque no aportaron pruebas que desvirtuaran las negativas expuestas por las autoridades responsables. Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relatada y la de sobreseimiento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 63 fracción IV y V, de la Ley de Amparo. Esto, pese a que no obran los informes justificado de las autoridades responsables, pero como ya se enfatizó, sí se tiene en autos sus informes respecto a la suspensión de plano y contienen los datos suficientes (como indicación del nombre de quien lo rinde y cargo) para producir los efectos para determinar la inexistencia de los referidos actos reclamados. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (diez horas con dieciséis minutos del quince de marzo de dos mil veintidós). Luego, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno Por último, al encontrarse los quejosos recluidos en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla. Con fundamento en los artículos 297, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, lleve a cabo la notificación personal a los quejosos del presente acuerdo. Notifíquese; de manera personal a los quejosos (por despacho) y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, por oficio a las autoridades responsables y a la defensora pública que fue asignada a favor de los quejosos, y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 60/2022-VI. Puebla, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de once de febrero del presente año, se requirió a las autoridades responsables ampliaran su informe sobre la suspensión de plano y también se requirió al Director del Centro Regional de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla su informe de ello. Sin embargo, transcurre el plazo para ello (el de veinticuatro horas). En consecuencia, la audiencia constitucional de este día se difiere, y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano