Pablo Salazar Vicentello
Expediente 656/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pablo Salazar Vicentello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho en el que se tuvo no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se tuvo no presentada la demanda, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
Se ordena agregar al expediente, el escrito al parecer signado por el quejoso +++, por el cual pretende cumplir con lo requerido en proveído de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 4 a 6). Sin embargo, se observa que la firma plasmada en el escrito de cuenta, difiere de la que obra en la demanda origen del presente juicio, en particular existen diferencias en la presión y el trazo que pueden implicar que una persona distinta del quejoso, haya signado el escrito aclaratorio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se requiere al quejoso +++, para que comparezca ante este juzgado con credencial oficial vigente y copia simple de la misma, a manifestar bajo protesta de decir verdad, si la firma que obra en el escrito de cuenta, fue estampada de su puño y letra. Ello, en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en la tesis XIII. 1°. J/10, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, página 83, cuyo rubro indica: "FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL". Se hace saber al quejoso que la necesidad de requerirlo para que comparezca a ratificar su firma, obedece a las diferencias en la presión y el trazo de la rúbrica que calza el escrito aclaratorio, lo cual tiene importancia, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Es más, la firma como expresión de voluntad está vinculada con lo establecido por el artículo 107 constitucional, pues este en su fracción primera, exige la instancia de parte agraviada para sustanciar el juicio constitucional, porque de evidenciarse la falsedad de la firma en algún escrito de instauración procesal -como el aclaratorio- se estaría ante la ausencia de la instancia de parte agraviada, la cual es exigida constitucionalmente. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha sostenido que los jueces de distrito tienen facultad para ordenar el desahogo de una pericial en caligrafía y grafoscopía, de considerar que las firmas plasmadas en la demanda, difieren con alguna que obra en otro escrito dentro del expediente (como en el caso la del escrito aclaratorio). Pese a lo anterior, este juzgador considera de momento como una forma más viable para la verificación de la autenticidad de dicha firma, la comparecencia del quejoso a este órgano jurisdiccional. Empero, se le apercibe que de omitir comparecer en el plazo señalado, se tendrá no presentado el escrito de referencia. También se hace del conocimiento del quejoso que de omitir conducirse con la verdad, se puede actualizar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal. Lo cual se corrobora a partir de la interpretación realizada por contradicción de tesis, 3a. 24, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 385, de rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA".
- Principal
Se ordena agregar al expediente, la razón de cuenta del actuario adscrito a este juzgado de distrito, donde informa la imposibilidad de notificar al quejoso el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho. Ello, porque al realizar una búsqueda sobre la existencia de la colonia +++++ resultó inexistente. Sin embargo, precisó haberse constituido en la diversa colonia +++ en el domicilio que ubicó con el número +++ donde al momento de tocar, fueron omisos en acudir a su llamado y al preguntar con vecinos por su nombre, expresaron desconocer al quejoso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tienen las listas de este juzgado como domicilio para notificar al quejoso, en tanto aclare el que señaló en la demanda. Por consiguiente, se ordena notificar al quejoso por medio de lista, el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, y las subsecuentes determinaciones de carácter personal
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por +++, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierte irregularidad, en las denominaciones de varias autoridades responsables. Para demostrarlo, se hace notar que en el capítulo específico de las autoridades responsables, introdujo el quejoso de manera errónea, las siguientes denominaciones: Comandante y/o Director de la Policía Estatal de Investigación con sede en la ciudad de Puebla, Puebla; Comandante de la Policía Estatal de Investigación con destacamento en la ciudad de Tehuacán, Puebla, Grupo I; Comandante de la Policía Estatal de Investigación, con destacamento en la ciudad de Tehuacán, Grupo II; y Comandante de la Policía Estatal de Investigación, con destacamento en la ciudad de Ajalpan, grupo Ajalpan. Ello, porque en el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla resultan inexistentes a la fecha conforme a la estructura actual de la Fiscalía General del Estado, porque esas autoridades podrían pertenecer a la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda en las autoridades citadas; y de admitirla en los términos propuestos, se imposibilitaría el emplazamiento de las mismas al grado de generar la posibilidad de sobreseimiento, por la falta de una responsable concreta. Inclusive puede señalarse que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual desde luego debe ser la correcta, completa y actual; cuya carga procesal corresponde al peticionario del amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso +++, para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: ? Proporcione la denominación correcta y actual de las autoridades que se precisaron en este acuerdo. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, una (1) para el fiscal adscrito al proceso y una (1) para el tercero interesado si lo hubiere en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su escrito de demanda de amparo, y para los mismos efectos a las personas que precisó. Ello, a pesar de pretender conferirle las facultades amplias que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo +++; sin embargo se carece de registrado único en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal de su cédula profesional. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a éste o a sus autorizados, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y el quejoso) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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