Paola Acosta Garcia

Expediente 466/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
466/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Paola Acosta Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-; se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-; se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente Se recibe la demanda de amparo promovida por Paola Acosta García, por propio derecho, contra un acto de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: *. En el caso, la promovente señala como acto reclamado, de manera textual, el siguiente: "Se hace consistir en el oficio número PUE-EIL E2C7-908/2023, de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación *, en la Célula II-7 Puebla, así como las consecuencias inherentes al propio acto reclamado, que en el presente caso se hacen consistir en la propia comparecencia de la suscrita ante la autoridad responsable, con base en el documento que contiene el acto reclamado. Asimismo, como consecuencia inherente al acto reclamado, también se señala la subsecuente citación que la autoridad responsable haga a la suscrita después del día nueve de mayo del año dos mil veintitrés, por las mismas razones expuestas a lo largo del presente ocurso." Pero en el capítulo de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado se observa que, en esencia, hace referencia a que la fiscal responsable la notificó de una citación a declarar en calidad de imputada en la carpeta de investigación *. Por lo que la lectura integral de la demanda de amparo permite concluir que el acto del que se duele la quejosa, en específico, es la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número *, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la carpeta de investigación *. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: * . Hecha la anterior precisión, debe señalarse que respecto de la orden de citación reclamada (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número * cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la carpeta de investigación *) de la fiscal federal señalada como responsable, la presente vía constitucional de amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de una probable responsable, investigada o imputada no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte de la que se trate que comparezca ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo, lo que implica la improcedencia del amparo. También, con motivo de dicha orden de citación (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número *, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés), reclamada de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, lejos de coartarle algún derecho a la hoy quejosa, lo cierto es que únicamente implicaría que la autoridad investigadora observaría el respeto de sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que la peticionaria del amparo se apersonará ante dicha autoridad ministerial, y se encontrará en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarían en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo que considerara pertinentes. Así es, un agente del ministerio público o representante social (como lo es la señalada como responsable) tiene la obligación y facultad constitucional de investigar los delitos; ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista (mediante cita o citación) de quien sea señalado como la persona que de manera probable participó o intervino en la comisión de algún hecho que la ley señala como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que la agente del ministerio público pueda llevar a cabo este tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de citación (a carpeta de investigación), reclamada de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla. En efecto, debe decirse que la cita u orden de citación combatida, no le ocasiona a la promovente una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que únicamente es emitida para que se presente ante la autoridad que la citó y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, y sobre todo porque de la lectura de la totalidad de la demanda, no se desprende que dicha citación contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir. Por ende, es evidente que respecto de la cita u orden de citación (a carpeta de investigación), reclamada de la fiscal señalada como responsable, librada contra la quejosa con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se configura en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los preceptos legales invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo la parte quejosa debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues la parte quejosa debe cumplir con ciertos requisitos4 , a saber: a) acreditar su interés jurídico o legítimo, y b) que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la constitución federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con el citado dispositivo legal, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama la cita u orden de citación (a carpeta de investigación), dirigida a su persona (que deriva de la carpeta de investigación *); lo que en ninguna forma puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar o restringir su libertad personal. Máxime que como se dijo, de la demanda no se desprende que dicha citación contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir. Por lo que se afirma lo anterior, toda vez que acorde con la naturaleza de dicha orden (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número PUE-EIL-E2C7-908/2023, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la 4 Véase la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1807, con registro 2003293, de rubro: * carpeta de investigación * ), librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino lograr su comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales de la parte quejosa. Además, se insiste, debe destacarse que esa orden constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación (aparentemente incoada contra la parte promovente o en la que ésta forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria); contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: * Bajo ese contexto, la aludida citación reclamada (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número PUE-EIL E2C7-908/2023, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la carpeta de investigación *), librada con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigida a la quejosa, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de su contenido no se advierte la existencia de un apercibimiento o amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerla acreedora a una sanción ante su inasistencia; ello porque se advierte que corresponde a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que en dicha etapa, incluso, no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no. En ese orden de ideas, la orden de citación reclamada, librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación aludida, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal; habida cuenta que la autoridad del ministerio público debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." "Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión (.)". Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial que constituye en sí un acto de investigación (contra lo cual, como ya se dijo, es improcedente esta vía de amparo). Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita; lo que en la especie no ocurre. A lo anterior, sirve de sustento por similitud jurídica la jurisprudencia sostenida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, en la que esencialmente se sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del ministerio público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita, cuyo rubro es: * En ese sentido, la orden de citación reclamada de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en cuanto a los alcances de su emisión, no afecta la libertad personal de la persona citada, dado que la diligencia de entrevista en relación con los hechos investigados, no implica un acto sobre su persona, puesto que es optativo para la imputada acudir o no a la cita, sin que pese sobre la parte quejosa apercibimiento alguno que la constriña a asistir. Por ende, si con relación a la citación a audiencia inicial girada por una autoridad judicial es notoriamente improcedente el juicio de amparo; con mayor razón lo es si dicha citación o citatorio fue librado por una autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación. Por ello, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se le investigan; se estima que la citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. Es sustento de lo anterior, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con el rubro siguiente: * Aunado a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable haya citado a la aquí parte quejosa para la práctica de una diligencia de carácter ministerial o para ser entrevistado, forma parte de la integración de una carpeta de investigación que, como tal, no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, porque no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, ya que éste forma parte de la facultad constitucional que la autoridad ministerial tiene. De tal forma que el acto reclamado que refiere la parte peticionaria de amparo, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales de la parte imputada, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Ahora, al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino una etapa intermedia que también se realiza ante el juez de control y que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y las pruebas que deberán ser examinadas. Una vez superada la etapa intermedia, se procederá a la realización del juicio oral. Así, será a través del desahogo de las pruebas que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado; sin embargo, un principio básico del sistema acusatorio, vinculado a los principios de inmediación y a la idea del juicio previo, es que la información que se puede utilizar para llegar a la convicción final sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio -salvo por la excepciones que expresamente establezca la ley-, y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción, precisamente en la etapa de juicio. Lo antes destacado resulta importante debido a que, a diferencia del sistema de justicia tradicional, en el sistema penal acusatorio el ministerio público no recaba durante su investigación pruebas que puedan valorarse directamente en el juicio y que -en su caso- puedan ser usadas para dictar una condena a una persona imputada, pues los datos de prueba solamente constituyen información que recaba para determinar si debe llevarse a una persona ante el juez para iniciar una investigación complementaria con pretensión de ir a juicio; por tanto, su investigación que por disposición constitucional debe ser en sigilo, no debe interrumpirse. En efecto el apartado B del artículo 20 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) Apartado B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)" Del análisis en sentido contrario de la anterior disposición, se desprende que mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida, no ha sido citada para comparecer ante el juez de control, ni se le ha pretendido recibir su declaración, no tiene, por disposición de la constitución federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial; por lo que los datos que pudiera contener la carpeta de investigación derivados de los actos de investigación como los que ahora se duele no son susceptibles de afectar materialmente los derechos de la parte quejosa, pues no puede determinarse siquiera si se desembocará un juicio en su contra. Conforme a la explicación anterior, es dable concluir que tal acto, como lo es la cita u orden de citación reclamada de una fiscal federal, no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Apoya a lo anterior, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, tomo III, noviembre de 2017, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: * Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la cita u orden de citación (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número PUE-EIL-E2C7-908/2023, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación *), reclamada de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla. En consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con los numerales citados en el párrafo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la promovente. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio y autorizado (amplio) de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla-. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios a Francisco Alcántara Olivares, porque se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente Se recibe la demanda de amparo promovida por Paola Acosta García, por propio derecho, contra un acto de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: *. En el caso, la promovente señala como acto reclamado, de manera textual, el siguiente: "Se hace consistir en el oficio número PUE-EIL E2C7-908/2023, de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación *, en la Célula II-7 Puebla, así como las consecuencias inherentes al propio acto reclamado, que en el presente caso se hacen consistir en la propia comparecencia de la suscrita ante la autoridad responsable, con base en el documento que contiene el acto reclamado. Asimismo, como consecuencia inherente al acto reclamado, también se señala la subsecuente citación que la autoridad responsable haga a la suscrita después del día nueve de mayo del año dos mil veintitrés, por las mismas razones expuestas a lo largo del presente ocurso." Pero en el capítulo de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado se observa que, en esencia, hace referencia a que la fiscal responsable la notificó de una citación a declarar en calidad de imputada en la carpeta de investigación *. Por lo que la lectura integral de la demanda de amparo permite concluir que el acto del que se duele la quejosa, en específico, es la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número *, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la carpeta de investigación *. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: * . Hecha la anterior precisión, debe señalarse que respecto de la orden de citación reclamada (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número * cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la carpeta de investigación *) de la fiscal federal señalada como responsable, la presente vía constitucional de amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de una probable responsable, investigada o imputada no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte de la que se trate que comparezca ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo, lo que implica la improcedencia del amparo. También, con motivo de dicha orden de citación (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número *, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés), reclamada de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, lejos de coartarle algún derecho a la hoy quejosa, lo cierto es que únicamente implicaría que la autoridad investigadora observaría el respeto de sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que la peticionaria del amparo se apersonará ante dicha autoridad ministerial, y se encontrará en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarían en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo que considerara pertinentes. Así es, un agente del ministerio público o representante social (como lo es la señalada como responsable) tiene la obligación y facultad constitucional de investigar los delitos; ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista (mediante cita o citación) de quien sea señalado como la persona que de manera probable participó o intervino en la comisión de algún hecho que la ley señala como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que la agente del ministerio público pueda llevar a cabo este tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de citación (a carpeta de investigación), reclamada de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla. En efecto, debe decirse que la cita u orden de citación combatida, no le ocasiona a la promovente una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que únicamente es emitida para que se presente ante la autoridad que la citó y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, y sobre todo porque de la lectura de la totalidad de la demanda, no se desprende que dicha citación contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir. Por ende, es evidente que respecto de la cita u orden de citación (a carpeta de investigación), reclamada de la fiscal señalada como responsable, librada contra la quejosa con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se configura en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los preceptos legales invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo la parte quejosa debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues la parte quejosa debe cumplir con ciertos requisitos4 , a saber: a) acreditar su interés jurídico o legítimo, y b) que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la constitución federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con el citado dispositivo legal, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama la cita u orden de citación (a carpeta de investigación), dirigida a su persona (que deriva de la carpeta de investigación *); lo que en ninguna forma puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar o restringir su libertad personal. Máxime que como se dijo, de la demanda no se desprende que dicha citación contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir. Por lo que se afirma lo anterior, toda vez que acorde con la naturaleza de dicha orden (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número PUE-EIL-E2C7-908/2023, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la 4 Véase la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1807, con registro 2003293, de rubro: * carpeta de investigación * ), librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino lograr su comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales de la parte quejosa. Además, se insiste, debe destacarse que esa orden constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación (aparentemente incoada contra la parte promovente o en la que ésta forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria); contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: * Bajo ese contexto, la aludida citación reclamada (la cita u orden de citación emitida mediante el oficio número PUE-EIL E2C7-908/2023, de cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-7 Puebla, en la carpeta de investigación *), librada con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigida a la quejosa, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de su contenido no se advierte la existencia de un apercibimiento o amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerla acreedora a una sanción ante su inasistencia; ello porque se advierte que corresponde a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que en dicha etapa, incluso, no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no. En ese orden de ideas, la orden de citación reclamada, librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación aludida, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal; habida cuenta que la autoridad del ministerio público debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la au

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