Pablo Ortigoza Carcamo
Expediente 1195/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pablo Ortigoza Carcamo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1195/2023-V. Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por el titular de la Dirección de Colaboración, en suplencia del titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con residencia en esta misma ciudad y el Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes - denominación actual-, por sí y en representación de los jueces locales señalados como responsables. A través de estos, las autoridades responsables precitadas rinden sus informes justificados respectivamente, negando los actos reclamados por el quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior con independencia de que los mismos serán relacionados con el valor que la ley le concede al celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, se toma conocimiento de los medios de contacto no procesal proporcionados por la autoridad investigadora responsable. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1195/2023-V. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con residencia en esta misma ciudad. En éste, rinde su informe justificado negando los actos reclamados por el quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da a conocer a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior con independencia de que el mismo será relacionado con el valor que la ley le concede al celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, se toma conocimiento de los medios de contacto proporcionados por la autoridad judicial federal responsable. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1195/2023-V. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con residencia en esta misma ciudad. En éste, rinde su informe justificado negando la existencia de los actos reclamados por el quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos dichos informes, los cuales serán relacionados con el valor que la ley le concede al momento de resolver sobre la suspensión definitiva -en la audiencia incidental-. De igual manera, se toma conocimiento de los medios de contacto proporcionados por la autoridad judicial federal responsable. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1195/2023-V. Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por ++++++++++++++, promoviendo por propio derecho, contra actos del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento parcial por la orden de presentación. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"3 . Esa hipótesis normativa (el desechamiento) cobra vigencia frente al acto que se reclama a las autoridades ordenadoras, consistente en la orden de presentación, y su ejecución, al actualizarse una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, con los artículos 14, 16, 19 y el primer párrafo del artículo 20, aplicado a contrario sensu, de la constitución federal. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de orden de presentación, como las que reclama el quejoso, no puede ser emitida por autoridades judiciales que operan en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, como las que señala en la demanda de amparo (los jueces de control o de oralidad penal y ejecución del sistema acusatorio adversarial) en su carácter de ordenadoras, porque éstas no tiene facultades jurídicas en el mencionado nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión y detención (también reclamadas) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención. Habida cuenta que dichas autoridades judiciales (como la señalada en la demanda de cuenta como jueces de control o de oralidad penal y ejecución del sistema acusatorio adversarial) carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de presentación contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Por su parte, es menester precisar que la actuación consistente en la orden de presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal; empero, las autoridades judiciales no librarían como tal una orden de presentación, sino una diversa (con distinta denominación) como las que refiere el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad judicial, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de presentación) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que la parte peticionaria del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal. Máxime que, como se dijo, tales órdenes ni siquiera están previstas como tales (orden de presentación) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes mencionado es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de presentación respecto de las autoridades ordenadoras que señaló en su demanda de amparo y su ejecución reclamada de las autoridades ejecutoras. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y realizar los ajustes respecto de las autoridades responsables. Admisión parcial. Los actos reclamados por el quejoso, se ajustan a los requisitos legales establecidos, motivo por el cual se admite de forma parcial a trámite la demanda, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Materia del juicio. Los actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda, comprenden: a). La orden de aprehensión y detención y/o comparecencia, libradas en su contra; y b). La ejecución de esas órdenes. Precisión de las autoridades responsables ordenadoras. El quejoso señaló como responsables a distintos jueces de control adscritos a las Regiones Judiciales Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula; Norte, con sede en Huauchinango; Norte, con sede en Zacatlán; Centro, con sede en esta ciudad, así como el Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado de Puebla (sic). Empero, constituye un hecho notorio para este órgano judicial que aun cuando existen diversos jueces de oralidad en cada una de las regiones judiciales, los mismos se conforman en un solo ente: Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución. Pues así lo informó Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución Sede Regional Puebla, al momento de rendir su informe justificado relativo al juicio de amparo 341/2019, en el cual, de manera textual apuntó: "Por este conducto, y toda vez que para las etapas: inicial, preliminar o de investigación, por su propia naturaleza, de preparación del juicio oral, no requieren de un Juez especifico, sino sólo uno del Poder Judicial que deba intervenir, es que el suscrito, está facultado para emitir los informes previo y justificado de los actos reclamados a las autoridades responsables definidas como Jueces de Control y Ejecución de la región judicial centro.". Ahora, Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por oficio 22328/2021-ADM, comunicó a este juzgado federal que la administración general a su cargo cuenta con el acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal en el Estado de Puebla. Por lo que se requerirá únicamente al indicado juzgador (Administrador General) para que rinda el informe justificado por sí y en representación de los Jueces de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Centro Poniente con sede en Cholula y Norte con sede en Huauchinango y Zacatlán, Puebla, señalados como responsables, respecto de los actos que reclama el quejoso. Lo mismo sucede con los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Federal, caso en el que únicamente se girará oficio al Administrador del citado Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. De ahí que para maximizar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, sea conveniente realizar un ajuste procesal y a fin de evitar mayores dilaciones en la substanciación de este juicio constitucional, se delimitan las autoridades responsables antes citadas, para quedar de la forma siguiente: Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes -denominación actual-, por sí y en representación de los jueces locales señalados como responsables. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por sí y en representación de los jueces señalados como responsables, que integran ese Centro de Justicia Penal Federal. Luego, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones con las denominaciones anteriores, al momento de registrar las autoridades responsables. Precisión de las autoridades responsables señaladas con el carácter de ejecutoras. Ahora, el quejoso señaló como autoridades responsables ejecutoras a nueve autoridades. Sin embargo, de conformidad con los artículos 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como el artículo 48, fracción IV, de la ley de la Fiscalía General de la República, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, así como a los agentes de la Policía Federal Ministerial adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, respectivamente. Por lo tanto, se tienen únicamente como autoridades ejecutoras a las siguientes: Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Precisión de las autoridades responsables que habrán de emplazarse. Autoridades ordenadoras: 1. Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes -denominación actual-, por sí y en representación de los jueces locales señalados como responsables. 2. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por sí y en representación de los jueces señalados como responsables, que integran ese Centro de Justicia Penal Federal. Autoridades ejecutoras: 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. 4. Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Luego, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones con las denominaciones anteriores, al momento de registrar las autoridades. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación4 . En ese informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se requiere a las autoridades responsables informen en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y 2. Proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. 03/01/24 Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Precisión de apercibimientos. Se precisa que tanto el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y los jueces señalados como responsables que integran ese Centro de Justicia Penal Federal quedan excluidos de los apercibimientos conminados en este proveído. Notificaciones electrónicas y autorizados. La parte quejosa manifiesta su voluntad de recibir notificaciones electrónicas a través del usuario LIC.VICTOR.OLMOS. Entonces, a fin de privilegiar el uso de medios tecnológicos, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal le sean realizadas a la parte quejosa a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instruye que se habilite la referida forma de notificación electrónica al usuario LIC.VICTOR.OLMOS. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas José Víctor Olmos Cerezo, Erick Omar Bautista Martínez, Alejandra Itzel Bernal Sánchez y Josué Rojas Flores porque tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y por haberlos así designado expresamente la parte quejosa. En cambio, las personas restantes nombradas en la demanda queda autorizadas en términos restringidos del precitado artículo, porque así fue expresamente solicitado. Asimismo, se tienen los correos electrónicos que ofreció el quejoso en el primer acápite de su demanda, como medios de contacto no procesal. Acceso al expediente electrónico. Además, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: +++++++++++++++++++++. Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de forma personal al quejoso en su domicilio procesal (vía electrónica)
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