Pablo Peña Molina

Expediente 237/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
237/2020
Año
2020
Actuaciones
39
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Pablo Peña Molina
  • Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la determinación de nueve de enero de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, entréguese al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14, en relación con el diverso 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Incidente de suspensión. Mediante resolución interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil diecinueve se negó la suspensión de los actos reclamados a las autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Devolución de constancias. Sin que se ordene devolver los tomos de prueba exhibidos por la autoridad responsable, dado que en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós se ordenó su devolución, por lo que en auto de treinta de agosto pasado el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán los tuvo por recibidos. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Certificación de cuenta y estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días que se concedió a las partes, en auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, transcurrió en exceso, sin que realizaran manifestación alguna, motivo por el cual, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 2. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Pablo Peña Molina y al Instituto Mexicano del Seguro Social para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "[.] a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte, que resolvió el incidente de liquidación de laudo promovido dentro del juicio laboral 191/2016 del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. b) En su lugar emita otra, en la que reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo y, con plenitud de jurisdicción se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por las partes quejosas, al caso por la actora en el juicio subyacente al presentar su planilla de liquidación y por la demandada al contestar ésta, que se omitió analizar en la interlocutoria reclamada, al caso: Cuál era el marco jurídico aplicable para determinar el monto de la pensión a liquidar, esto es la legislación aplicable y porqué. La razón del porqué el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización señalado, tanto por la actora como por la demandada en el juicio subyacente, no fueron autorizados como base para la cuantificación de las prestaciones reclamadas en vía de planilla de liquidación. Porqué la pensión mensual y anual de los años 2016 a 2019, así como las sumas de aguinaldo expuestas en la planilla de liquidación y en su contestación, no se autorizaron en los términos propuestos por la actora y demandada en el subyacente. La razón por la cual no se tomó como base para fijar la pensión los salarios e incrementos precisados en la sentencia ejecutoria dictada en el diverso juicio laboral 1022/2008. El motivo por el que la reclamación total hecha en vía de planilla de liquidación por la actora y las acotaciones realizadas a ésta por la demandada, por el montó indicado por dichas partes, no fueron autorizadas en los términos solicitados por éstas. Los motivos, razones y fundamentos por los cuales las operaciones aritméticas y procesos empleados por las partes quejosas (actora y demandada en el subyacente), no fueron autorizados en los términos solicitados por ellas. Además emprenda el estudio de las excepciones hechas valer por la incidentada en la contestación que hizo a la planilla presentada por la actora y de contestación a éstas. Y acorde con ello resuelva lo relativo a los demás aspectos sometidos a su consideración. [.]" 3. Causa ejecutoria. En auto de uno de marzo de dos mil veintidós, se ordenó notificar a las partes la sentencia de amparo, misma que causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio J.30-1653/2022 recibido el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 191/2016 y, en su lugar, emitió una nueva determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, resolvió lo siguiente: Precisó que la materia del incidente de liquidación consistía en cuantificar la condena establecida en el laudo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, relativa al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada en favor del actor junto con los beneficios establecidos por la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos sesenta y tres, con efectos a partir del ocho de marzo de dos mil dieciséis, con una cuantía básica de ochenta por ciento, así como los incrementos anuales habidos y aguinaldos a partir de entonces. Determinó que el ordenamiento legal aplicable al caso concreto era la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta y uno de junio de mil novecientos noventa y siete, debido a que el accionante cotizó conforme al régimen de transición previsto en el segundo párrafo del artículo vigésimo quinto transitorio de dicho ordenamiento legal, esto es, con el tope máximo de veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Señaló que la cuantificación de las prestaciones reclamadas en vía de planilla de liquidación realizadas tanto por la parte actora como por la demandada en el juicio subyacente, no fueron autorizadas como lo pretendieron éstas, pues la base que se utilizó como parámetro en ambos casos resultó erróneo, debido a que, por una parte la demandada pretendió cuantificarlas con el tope de diez salarios mínimos previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del año mil novecientos sesenta y tres y, por otra parte, el actor hizo la cuantificación con un tope salarial mayor al de veinticinco salarios mínimos, cuando lo correcto era considerar el tope de veinticinco salarios que fue vigente a partir del uno de enero de dos mil siete. Ello lo estimó de dicho modo, ya que calificó como improcedente la excepción de salario topado expuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues desde su perspectiva, no puede hacerse valer dicha excepción y defensa en vía incidental. En consecuencia, realizó las operaciones aritméticas correspondientes para determinar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, el importe mensual y anual de la pensión relativa a los años de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, así como las sumas de aguinaldo correspondientes conforme al tope salarial referido y resolvió que el monto total de la cantidad a que resultó condenado el Instituto Mexicano del Seguro Social es de $2,988,231.28 (dos millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y un pesos 28/100 M.N.). Tal como se advierte de las copias certificadas remitidas por la responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 5. Conclusión. En tales circunstancias, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto, pues como fue ordenado en el fallo protector, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dejó sin efectos la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte que resolvió el incidente de liquidación de laudo promovido dentro del juicio laboral 191/2016 y, en su lugar, dictó una nueva en el que, con plenitud de jurisdicción se pronunció sobre los aspectos cuestionados por los quejosos, pues señaló el marco jurídico aplicable para determinar el monto de la pensión a liquidar, explicó por qué es aplicable dicha legislación, estudió las excepciones echas valer por la parte demandada y resolvió que la razón por la que la planilla de liquidación y la contestación a ésta no fueron autorizadas en los términos pretendidos, se debió a que el accionante cotizó conforme al régimen de transición previsto en el segundo párrafo del artículo vigésimo quinto transitorio de dicho ordenamiento legal, esto es, con el tope máximo de veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el cual es diverso al tope salarial pretendido por Pablo Peña Molina en su plantilla de liquidación y aquél señalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la misma. Se estima de ese modo toda vez que el tope salarial referido es la base para cuantificar todos los aspectos relativos a la pensión de cesantía en edad avanzada en favor del actor junto con los beneficios establecidos por la Ley del Seguro Social, por ende, si ésta resultó errónea, los diversos aspectos que integran la cuantificación realizada por los quejosos, también resultan incorrectos, de ahí que dicha razón sea el motivo por el que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, la pensión mensual y anual de los años dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, las sumas de aguinaldo y el monto total del reclamo, no fueron aprobados en los términos pretendidos por los quejosos, pues, como se dijo, las operaciones aritméticas y procesos empleados fueron realizados con un tope salarial diverso. En consecuencia, se insiste, la sentencia se encuentra debidamente cumplida. 6. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente. Notifíquese personalmente; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el secretario Javier Ivan Contreras Osorio que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN REGIONAL EN MICHOACÁN Y "ARCELOMITTAL SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Certificación de cuenta y estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días que se concedió a las partes, en auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, transcurrió en exceso, sin que realizaran manifestación alguna, motivo por el cual, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 2. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Pablo Peña Molina y al Instituto Mexicano del Seguro Social para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "[.] a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte, que resolvió el incidente de liquidación de laudo promovido dentro del juicio laboral 191/2016 del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. b) En su lugar emita otra, en la que reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo y, con plenitud de jurisdicción se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por las partes quejosas, al caso por la actora en el juicio subyacente al presentar su planilla de liquidación y por la demandada al contestar ésta, que se omitió analizar en la interlocutoria reclamada, al caso: Cuál era el marco jurídico aplicable para determinar el monto de la pensión a liquidar, esto es la legislación aplicable y porqué. La razón del porqué el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización señalado, tanto por la actora como por la demandada en el juicio subyacente, no fueron autorizados como base para la cuantificación de las prestaciones reclamadas en vía de planilla de liquidación. Porqué la pensión mensual y anual de los años 2016 a 2019, así como las sumas de aguinaldo expuestas en la planilla de liquidación y en su contestación, no se autorizaron en los términos propuestos por la actora y demandada en el subyacente. La razón por la cual no se tomó como base para fijar la pensión los salarios e incrementos precisados en la sentencia ejecutoria dictada en el diverso juicio laboral 1022/2008. El motivo por el que la reclamación total hecha en vía de planilla de liquidación por la actora y las acotaciones realizadas a ésta por la demandada, por el montó indicado por dichas partes, no fueron autorizadas en los términos solicitados por éstas. Los motivos, razones y fundamentos por los cuales las operaciones aritméticas y procesos empleados por las partes quejosas (actora y demandada en el subyacente), no fueron autorizados en los términos solicitados por ellas. Además emprenda el estudio de las excepciones hechas valer por la incidentada en la contestación que hizo a la planilla presentada por la actora y de contestación a éstas. Y acorde con ello resuelva lo relativo a los demás aspectos sometidos a su consideración. [.]" 3. Causa ejecutoria. En auto de uno de marzo de dos mil veintidós, se ordenó notificar a las partes la sentencia de amparo, misma que causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio J.30-1653/2022 recibido el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 191/2016 y, en su lugar, emitió una nueva determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, resolvió lo siguiente: Precisó que la materia del incidente de liquidación consistía en cuantificar la condena establecida en el laudo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, relativa al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada en favor del actor junto con los beneficios establecidos por la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos sesenta y tres, con efectos a partir del ocho de marzo de dos mil dieciséis, con una cuantía básica de ochenta por ciento, así como los incrementos anuales habidos y aguinaldos a partir de entonces. Determinó que el ordenamiento legal aplicable al caso concreto era la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta y uno de junio de mil novecientos noventa y siete, debido a que el accionante cotizó conforme al régimen de transición previsto en el segundo párrafo del artículo vigésimo quinto transitorio de dicho ordenamiento legal, esto es, con el tope máximo de veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Señaló que la cuantificación de las prestaciones reclamadas en vía de planilla de liquidación realizadas tanto por la parte actora como por la demandada en el juicio subyacente, no fueron autorizadas como lo pretendieron éstas, pues la base que se utilizó como parámetro en ambos casos resultó erróneo, debido a que, por una parte la demandada pretendió cuantificarlas con el tope de diez salarios mínimos previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del año mil novecientos sesenta y tres y, por otra parte, el actor hizo la cuantificación con un tope salarial mayor al de veinticinco salarios mínimos, cuando lo correcto era considerar el tope de veinticinco salarios que fue vigente a partir del uno de enero de dos mil siete. Ello lo estimó de dicho modo, ya que calificó como improcedente la excepción de salario topado expuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues desde su perspectiva, no puede hacerse valer dicha excepción y defensa en vía incidental. En consecuencia, realizó las operaciones aritméticas correspondientes para determinar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, el importe mensual y anual de la pensión relativa a los años de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, así como las sumas de aguinaldo correspondientes conforme al tope salarial referido y resolvió que el monto total de la cantidad a que resultó condenado el Instituto Mexicano del Seguro Social es de $2,988,231.28 (dos millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y un pesos 28/100 M.N.). Tal como se advierte de las copias certificadas remitidas por la responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 5. Conclusión. En tales circunstancias, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto, pues como fue ordenado en el fallo protector, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dejó sin efectos la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte que resolvió el incidente de liquidación de laudo promovido dentro del juicio laboral 191/2016 y, en su lugar, dictó una nueva en el que, con plenitud de jurisdicción se pronunció sobre los aspectos cuestionados por los quejosos, pues señaló el marco jurídico aplicable para determinar el monto de la pensión a liquidar, explicó por qué es aplicable dicha legislación, estudió las excepciones echas valer por la parte demandada y resolvió que la razón por la que la planilla de liquidación y la contestación a ésta no fueron autorizadas en los términos pretendidos, se debió a que el accionante cotizó conforme al régimen de transición previsto en el segundo párrafo del artículo vigésimo quinto transitorio de dicho ordenamiento legal, esto es, con el tope máximo de veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el cual es diverso al tope salarial pretendido por Pablo Peña Molina en su plantilla de liquidación y aquél señalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la misma. Se estima de ese modo toda vez que el tope salarial referido es la base para cuantificar todos los aspectos relativos a la pensión de cesantía en edad avanzada en favor del actor junto con los beneficios establecidos por la Ley del Seguro Social, por ende, si ésta resultó errónea, los diversos aspectos que integran la cuantificación realizada por los quejosos, también resultan incorrectos, de ahí que dicha razón sea el motivo por el que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, la pensión mensual y anual de los años dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, las sumas de aguinaldo y el monto total del reclamo, no fueron aprobados en los términos pretendidos por los quejosos, pues, como se dijo, las operaciones aritméticas y procesos empleados fueron realizados con un tope salarial diverso. En consecuencia, se insiste, la sentencia se encuentra debidamente cumplida. 6. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Vista cumplimiento. Visto lo de cuenta se tiene a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; remitiendo las constancias relativas a la determinación interlocutoria referente al incidente de liquidación de laudo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con ello y con el laudo remitido con anterioridad, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.

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