Pablo de Jesús Manzo Hernández

Expediente 721/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
721/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Pablo de Jesús Manzo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial en Zitácuaro, Michoacán, por el que devuelve diligenciado el despacho 78/2018 (número de orden 385), del índice de este órgano jurisdiccional, que se remitió para que, en auxilio de la justicia federal, emplazara a juicio al Ejido "El Aguacate", municipio de Tuxpan, Michoacán; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y dar de baja la comunicación oficial en cita. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: PABLO DE JESÚS MANZO HERNÁNDEZ. Visto el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial en Zitácuaro, Michoacán, por el que devuelve diligenciado el despacho 78/2018 (número de orden 385), del índice de este órgano jurisdiccional, que se remitió para que, en auxilio de la justicia federal, emplazara a juicio al Ejido "El Aguacate", municipio de Tuxpan, Michoacán; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y dar de baja la comunicación oficial en cita. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de uno de marzo de la anualidad que transcurre, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el dos y siete siguientes (fojas 105, 107 y 110). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 56 a 65), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Pablo de Jesús Manzo Hernández, para los efectos que se reproducen: que el tribunal responsable realice las actuaciones necesarias para llevar a cabo el emplazamiento de la demandada, luego de transcurrido el término para dar contestación, fije fecha para la audiencia de pruebas alegatos y resolución en el expediente. Lo anterior, pues los alcances de la presente protección constitucional son en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; en el caso concreto, el quejoso reclama la omisión de fijar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la falta de actuación del Tribunal responsable para lograr el emplazamiento de la demandada y por ende fijar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a que refiere el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, atentó contra el principio de celeridad regente del juicio laboral, lo que se tradujo en una transgresión al derecho de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional. Sentencia que causó ejecutoria el doce de febrero del año en curso y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 86-87). Ahora bien, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, en acatamiento a la determinación de amparo, remitió los oficios con terminación 404/2018 y 552/2018 (fojas 94 y 102), a los que anexó copia certificada de lo siguiente: Acta de emplazamiento efectuado a la demandada en el Estado de Michoacán- el quince de febrero pasado (fojas 97 y 98). Auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario laboral, en el cual una vez que transcurrió el término para que la demandada diera contestación, señaló hora y día para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución (foja 103). Ahora, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, pues el quince de febrero de dos mil dieciocho, el diligenciario adscrito al Tribunal responsable, emplazó a la Secretaría demandada al controvertido laboral, una vez acontecido lo anterior y trascurrido el término para que diera contestación -cinco días-, el veintisiete siguiente, dicho tribunal fijó fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues una vez que el actuario de su adscripción emplazó a la Secretaría demandada -quince de febrero de la presente anualidad- al juicio laboral ********************, el veintisiete siguiente, el Tribunal responsable señaló día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue llevar a cabo el emplazamiento de la demanda, una vez que transcurriera el término para que diera contestación, fijara fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: PABLO DE JESÚS MANZO HERNÁNDEZ. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de uno de marzo de la anualidad que transcurre, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el dos y siete siguientes (fojas 105, 107 y 110). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 56 a 65), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Pablo de Jesús Manzo Hernández, para los efectos que se reproducen: que el tribunal responsable realice las actuaciones necesarias para llevar a cabo el emplazamiento de la demandada, luego de transcurrido el término para dar contestación, fije fecha para la audiencia de pruebas alegatos y resolución en el expediente. Lo anterior, pues los alcances de la presente protección constitucional son en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; en el caso concreto, el quejoso reclama la omisión de fijar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la falta de actuación del Tribunal responsable para lograr el emplazamiento de la demandada y por ende fijar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a que refiere el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, atentó contra el principio de celeridad regente del juicio laboral, lo que se tradujo en una transgresión al derecho de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional. Sentencia que causó ejecutoria el doce de febrero del año en curso y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 86-87). Ahora bien, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, en acatamiento a la determinación de amparo, remitió los oficios con terminación 404/2018 y 552/2018 (fojas 94 y 102), a los que anexó copia certificada de lo siguiente: Acta de emplazamiento efectuado a la demandada en el Estado de Michoacán- el quince de febrero pasado (fojas 97 y 98). Auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario laboral, en el cual una vez que transcurrió el término para que la demandada diera contestación, señaló hora y día para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución (foja 103). Ahora, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, pues el quince de febrero de dos mil dieciocho, el diligenciario adscrito al Tribunal responsable, emplazó a la Secretaría demandada al controvertido laboral, una vez acontecido lo anterior y trascurrido el término para que diera contestación -cinco días-, el veintisiete siguiente, dicho tribunal fijó fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues una vez que el actuario de su adscripción emplazó a la Secretaría demandada -quince de febrero de la presente anualidad- al juicio laboral ********************, el veintisiete siguiente, el Tribunal responsable señaló día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue llevar a cabo el emplazamiento de la demanda, una vez que transcurriera el término para que diera contestación, fijara fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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