Oswaldo Rojas Benito
Expediente 548/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Oswaldo Rojas Benito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término el auto que decretó el desechamiento de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó estado. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 1.2.1. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.2.2. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 2. Cuaderno por separado. Como se indicó, la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos permiten advertir que en este expediente, el personal encargado de su tramitación (secretario y oficial) incurrieron en una falta de cuidado en cuanto a vigilar que se declara firme el proveído de desechamiento, aunado a que del expediente no se observa dato concreto que permita advertir la existencia de algún obstáculo legal o material para ello. En esas condiciones, dado que las constancias del sumario permiten advertir la posible existencia de responsabilidades administrativas por falta de cuidado en el desempeño de las funciones propias del personal a cargo de este expediente, se ordena dar cuenta por separado y con las constancias pertinentes de este asunto, a fin de que se determine lo que en derecho corresponda.
- Principal
DESAHOGA PREVENCIÓN Visto el escrito de cuenta, que suscribe Juan Jasón Soria Martínez, autorizado del quejoso Oswaldo Rojas Benito, en términos del tercer párrafo del artículo 1,069, del Código de Comercio en el juicio de origen, por el cual desahoga la prevención formulada en auto de catorce de junio del año en curso. En esas condiciones, se ordena proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa, sin que haya lugar a registrar la demanda, pues ello se realizó en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Hecho lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese contexto, del contenido de la demanda de amparo así como de los anexos remitidos se advierte que el quejoso Oswaldo Rojas Benito reclama del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia: *El auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 186/2015, a través de la cual, el juez responsable negó hacer apercibimiento alguno al demandado, sobre la petición realizada por el aquí quejoso, dado que estimó insuficiente lo manifestado por éste. Bajo ese contexto, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - (.) - - - XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; - - - (.).". Sobre el particular, es necesario referir que de la fracción en comento, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen dicho consentimiento. Al respecto, es de tenerse en cuenta el criterio de la Séptima Época, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el Semanario Judicial de la Federación, volumen veintitrés, séptima parte, página 14, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria.". Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. En consecuencia, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del país, en la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página 922, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta.". Pues bien, en el caso se estima que se dan los supuestos de la causal de improcedencia en comento, y para demostrar lo anterior, se advierte que de las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en el acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 186/2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Morelia, Michoacán, no se le tiene por acordada favorable su petición, por las razones que se le expusieron en diverso auto de cinco de mayo del año en cita. De lo anterior, se obtiene que el acto reclamado constituye un acto derivado de otro consentido. En efecto, el acuerdo reclamado de veinte de mayo de dos mil veintiuno, es sólo una consecuencia necesaria, legal y directa del diverso de cinco de mayo de dos mil veintiuno que se aceptó al no impugnarse, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada. Lo anterior es así, pues de la demanda de amparo no se desprende que contra el auto de cinco de mayo de la anualidad en curso, se haya inconformado, pues como se desprende de los antecedentes que son narrados en dicho libelo constitucional, la parte quejosa se abstuvo de hacerlo, luego como ya se estableció, es evidente que el auto reclamado constituye un acto derivado de uno consentido. Ello es así, puesto que el proveído que aquí se combate, es una consecuencia del primero, de tal manera que no se puede reclamar éste sin aquél, lo que trae por consecuencia que se produjo el consentimiento del acuerdo de cinco de mayo de la anualidad en curso. Circunstancia que se corrobora con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad así como la transcripción realizada en el libelo de amparo. Corolario de lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 116, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". Por tales motivos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Oswaldo Rojas Benito, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por notoriamente improcedente. Habida cuenta de que además, contra el auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues estuvo en aptitud de promover el recurso establecido en la fracción IX del artículo 1345, en relación con el diverso del Código de Comercio, que dispone: Artículo. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: [.]; IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; De la interpretación sistemática del precepto legal transcrito se advierte que los autos que se pronuncien en ejecución de sentencia que siendo apelables se tramitaran de inmediato, cuando se interponga dicho recurso. Y como en el caso que nos ocupa, el auto a través del cual, el juez responsable negó hacer apercibimiento alguno al demandado, sobre la petición realizada por el aquí quejoso, dado que estimó insuficiente lo manifestado por éste, se emitió en el procedimiento de ejecución de sentencia, es evidente que en su contra procedía el recurso de apelación. Por tanto, resulta indudable que tal determinación es impugnable mediante el recurso de apelación, conforme lo dispuesto por el numeral 1345 del Código de Comercio, aplicable al caso. Lo expuesto pone en evidencia la notoria improcedencia de la demanda, ya que la determinación de cinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable negó hacer apercibimiento alguno al demandado, sobre la petición realizada por el aquí quejoso, dado que estimó insuficiente lo manifestado por éste, admite a su vez, el diverso medio de impugnación de apelación. Sirve de apoyo al respecto, la tesis I8.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 513, tomo XV-II, febrero de 1995, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías". Lo anterior es así, pues si la parte quejosa no ejercitó sus derechos respecto del auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno ante los tribunales comunes previo a la instauración del juicio de amparo, debe decirse que existe conformidad con su dictado, es por ello que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Se dice lo que antecede, pues resulta obligatorio agotar los recursos o medios de defensa que la ley común establece sin distinción alguna, en acatamiento del principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues basta con que la del acto los contenga para que estén a disposición de la parte interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la parte afectada cumplir con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de la causal en estudio es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en aptitud de acudir a esta instancia constitucional. En mérito de lo antes expuesto, de conformidad con el artículo artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa en virtud de ser notoriamente improcedente.
- Principal
PRETENDE CUMPLIR PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos, el escrito de cuenta, signado por Juan Jasón Soria Martínez, quien se ostenta endosatario en procuración de la parte quejosa, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, por tanto se acuerda lo siguiente. De un análisis se advierte que la parte promovente solicita que se le otorgue un término mayor del concedido para poder exhibir las copias certificadas de las constancias que acreditan su calidad de endosatario en procuración. Por tanto, dígasele que no es necesario, toda vez que su escrito fue presentado en el primer día que prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo, por tanto se encuentra transcurriendo el termino concedido en el proveído donde se realizó la prevención. En tal virtud se estima necesario notificarle personalmente el contenido de la presente actuación, en el concepto de que, dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente al que surta efectos la notificación de este auto. En ese mismo sentido, se requiere a la parte quejosa para que de su nuevo escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, una para los terceros interesados en su caso, dos más para los incidentes de suspensión y otra más para la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número 39/2012, de la Décima Época, que dice: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. PRETENDE CUMPLIR PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos, el escrito de cuenta, signado por Juan Jasón Soria Martínez, quien se ostenta endosatario en procuración de la parte quejosa, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, por tanto se acuerda lo siguiente. De un análisis se advierte que la parte promovente solicita que se le otorgue un término mayor del concedido para poder exhibir las copias certificadas de las constancias que acreditan su calidad de endosatario en procuración. Por tanto, dígasele que no es necesario, toda vez que su escrito fue presentado en el primer día que prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo, por tanto se encuentra transcurriendo el termino concedido en el proveído donde se realizó la prevención. En tal virtud se estima necesario notificarle personalmente el contenido de la presente actuación, en el concepto de que, dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente al que surta efectos la notificación de este auto. En ese mismo sentido, se requiere a la parte quejosa para que de su nuevo escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, una para los terceros interesados en su caso, dos más para los incidentes de suspensión y otra más para la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número 39/2012, de la Décima Época, que dice: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor.
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