Pablo Paredes Correa
Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pablo Paredes Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la misma causó ejecutoria. En el entendido de que no se computa plazo respecto de las autoridades responsables, dado que en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, carecen de legitimación para recurrir la sentencia dictada en el presente amparo. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Destrucción de expediente. Una vez que transcurran tres años de conservación, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del mencionado Acuerdo General. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 449/2023, promovido por José Luis Nieto Millán, apoderado jurídico del quejoso Pablo Paredes Correa; por alegada violación de los artículos 14, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: La omisión de llevar a cabo y materializar la reinstalación en su trabajo dentro del Ayuntamiento de Salvador Escalante, Michoacán, derivado de que ha sido omiso en acordar la promoción que presentó el diez de noviembre de dos mil veintidós, en la cual aceptó la reinstalación ofrecida. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman omisiones de autoridad residente dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto reclamado; no obstante indicó que mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio laboral 701/2021 de su índice, señaló fecha y hora para que tenga verificativo la reinstalación del trabajador Pablo Paredes Correa. Lo cual se corrobora del contenido del referido acuerdo que allegó en copia autorizada, de donde se advierte que la responsable dio cuenta con el escrito que presentó el aquí quejoso el diez de noviembre de dos mil veintidós, y en relación a sus manifestaciones programo su reinstalación. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la demora en la impartición de justicia que se reclama, se estima que en cuanto a la omisión reclamada sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso, de las constancias remitidas en copia autorizada por la autoridad responsable, del juicio laboral 701/2021 de su índice, se advierte que el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, al atender el escrito que presentó el aquí quejoso Pablo Paredes Correa, el diez de noviembre de dos mil veintidós, señaló las once horas del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo su reinstalación. Así, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, puesto que, con posterioridad a la presentación de la demanda -veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés- el Tribunal responsable, acordó el escrito en que solicitó su reinstalación. Lo que hace evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados toda vez que la omisión atribuida en este amparo, sobre la que se pretendía el análisis constitucional, ha dejado de interferir en la esfera jurídica del quejoso, ya que las consecuencias de tal falta dejaron de existir. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea posible a través de este amparo verificar el cumplimiento al acuerdo que da lugar a la cesación de efectos, esto es, la materialización de lo ahí ordenado, dado que, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pablo Paredes Correa, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Es FUNDADO el incidente de objeción de documentos; por tanto, la falsedad de las firmas, planteado por la 17 Registro digital: 195744 Jurisprudencia Materias(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo VIII, Agosto de 1998 Tesis: 2a./J. 54/98 Página: 414 26/01/24 10:54:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c3.47 FRENETTE ARONNY RODRIGUEZ GARCIA 29 autoridad responsable Presidente Municipal de Hidalgo, Michoacán, en términos de lo expuesto en el considerando quinto. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 243/2020, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerado sexto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Pablo Antonio Luna López112/2018
- Pablo Christian Silva Servín608/2020
- Pablo Cortes García1428/2022
- Pablo Heredía García802/2023
- Pablo Juárez Orozco518/2021
- Pablo Martínez García641/2020
- Pablo Pimentel Izguerra621/2019
- Pablo Robles Medina280/2021
- Pablo Román Villa Pérez1148/2019
- Pablo Román Villa Perez574/2021
- Pablo Sánchez Lemus1192/2019
- Pablo Torres Aguirre1146/2021