Pablo Heredía García
Expediente 802/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pablo Heredía García
- Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil de primera instancia del Distrito Judicial Tacámbaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente expediente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1 Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos 2.1. Valoración. En términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 21, 22 y 23 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, se considera que el cuaderno incidental es CONSERVABLE. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la conservación de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4. Devolución de tomo de pruebas y disco compacto. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, así como el disco compacto que remitió como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución, sin que resulte necesario acusar de recibo, dado que el sello de recepción produce los mismos efectos. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 6. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 802/2023, promovido por Pablo Heredia García, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del: Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y del actuario de su adscripción: La orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, y su inminente ejecución. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos que tendrán ejecución dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, al rendir su informe justificado refirió que es cierta la existencia del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, que sobre pago de pesos promovió Felipe Gaona Arreola, por conducto de su endosatario en procuración, frente a Joan Sebastián Heredia Valencia, en su calidad de administrador único de la empresa "Avocados Innovación", Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que, con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva; por tanto, se ordenó requerir al demandado del pago de las prestaciones reclamadas y en caso de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad, y para cumplimiento de ello, giró el exhorto 54/2023. Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, aceptó haber recibido el exhorto 54/2023, quien a su vez lo registró bajo el número 95/2023, en el cual encomendó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, misma que se practicó el trece de junio de dos mil veintitrés, en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, por haber sido señalado ese domicilio como del demandado, la cual fue entendida con el propio Joan Sebastián Heredia Valencia, quien no señaló bienes para su embargo y se opuso al señalamiento, así como a permitir el acceso a su domicilio. Entonces, con base en esas manifestaciones, se tiene por cierto que existe una orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, y que su ejecución es inminente. Por su parte, la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, fue omisa en rendir su informe justificado que le correspondía, no obstante encontrarse legalmente notificada para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Máxime, su certeza se corrobora con lo manifestado y acreditado por el juzgado de su adscripción. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntaron los jueces responsables a sus informes, consistentes en diversas copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021 y del exhorto 54/2023, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En el caso, el tercero interesado Felipe Gaona Arreola, esencialmente aduce que debe sobreseerse, porque no existe materia o litis reclamable, a razón de que no se ha embargado ningún bien mueble o inmueble en el domicilio del quejoso. No obstante, dichas manifestaciones son inatendibles, dado por las razones antes asentadas, se tuvo por existente el acto reclamado, el cual radica de manera destacada, en la orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, y su inminente ejecución. CUARTA. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". También resulta oportuno, tener presente el contenido del artículo 5, a que alude la fracción citada con antelación, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Conforme a la interpretación en conjunto de los citados numerales, se deduce que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover y, en su caso, obtener la protección constitucional. En ese orden, para una mejor ilustración del presente asunto, es importante mencionar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional; así, el peticionario de garantías debe demostrar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda de amparo que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, por tanto, no se estima suficiente que las autoridades responsables informen la certeza del acto para concluir necesariamente que el mismo perjudica al peticionario del amparo, pues el detrimento depende de la existencia de derechos legítimamente tutelados, cuya vulneración se impugna mediante el amparo, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la demanda de amparo resulta improcedente. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"; y, 2a./J. 51/2019, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", respectivamente, establecieron criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, aun cuando el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo alude a un interés legítimo individual o colectivo para acudir al juicio constitucional, realiza el distingo en el supuesto de que quien se ostente como parte agraviada, puede acudir a sede constitucional en defensa del mismo cuando sea el titular de un derecho subjetivo público; lo anterior, cuando los actos reclamados se emitan dentro de procedimientos judiciales, pues sería inadmisible que en una contienda judicial donde hay dos partes que están litigando con idéntico interés, aparezca un tercero y obstaculice el ejercicio de sus derechos; con lo cual se crearía caos ante la imposibilidad de ejecutar las decisiones judiciales. Así, se hace especial distinción entre los actos derivados de procedimientos judiciales, para los cuales se exige contar con un interés jurídico; y, los demás actos, para cuya impugnación basta con justificar el interés legítimo de quien acude a la instancia constitucional. Por tanto, de conformidad con las premisas destacadas previamente, para la procedencia de la acción constitucional de amparo en el supuesto de que la parte quejosa se ostente como tercero extraño por equiparación, éste debe acreditar la afectación de los derechos subjetivos que invoca con motivo de los actos reclamados. Previo a establecer las razones por las cuales se estima actualizada la causa de improcedencia de mérito, es menester destacar que de las constancias remitidas por la juez responsable en apoyo de su informe justificado, previamente valoradas, se advierte que: El juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, fue promovido por Felipe Gaona Arreola, por conducto de su endosatario en procuración, frente a Joan Sebastián Heredia Valencia, en su calidad de administrador único de la empresa "Avocados Innovación", Sociedad Anónima de Capital Variable, en ejercicio de la acción cambiaria directa. En dicho juicio se dictó sentencia definitiva el siete de octubre de dos mil veintiuno, condenándose al demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, a pagar las diversas prestaciones reclamadas. La sentencia causó ejecutoria el diez de noviembre de dos mil veintiuno. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se decretó su ejecución forzosa; por tanto, se autorizó a la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, para que requiriera a la parte demandada del pago de la cantidad de $1,960,000.00 (un millón novecientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, y en caso de no hacerlo, se embargaran bienes de su propiedad, para que en su oportunidad se haga trance y remate de los mismos, y con su producto pagar al acreedor. Luego, de diversos señalamientos de domicilios del demandado, en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora señalando el ubicado en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, entre otro, ordenándose enviar exhorto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a fin de que autorizara a su actuario, para que realizara el requerimiento ordenado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Para cumplimiento de ello, se giró el exhorto 54/2023, mismo que fue recibido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien a su vez lo registró bajo el número 95/2023, en el cual se encomendó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, misma que se practicó el trece de junio de dos mil veintitrés, en la calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, la cual se aprecia fue entendida con el propio demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, quien no señaló bienes para su embargo y se opuso al señalamiento, así como a permitir el acceso a su domicilio. Destacado lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa esencialmente aduce que no es demandado ni parte en el juicio; que con el acto reclamado se pretenden transgredir sus derechos de audiencia y propiedad, ya que el embargo se pretende llevar a cabo en su inmueble que constituye su domicilio particular, mismo que no pertenece al demandado. En ese contexto, en primer término se retoma que, la orden de requerimiento de pago y en su caso embargo, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, no se emitió contra Pablo Heredia García, parte quejosa en el presente juicio constitucional, sino respecto de Joan Sebastián Heredia Valencia, en su carácter de deudor principal, en el juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021. Entonces, es evidente que la sola emisión del acto que ordena verificar esa diligencia en el domicilio que refiere es de su propiedad, no afecta su esfera de derechos; porque como ya se dijo no tiene el carácter de parte procesal, esto es, demandada; y, como se aprecia, la orden embargo se emitió a fin de requerir al demandado del pago de $1,960,000.00 (un millón novecientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad, para que en su oportunidad se haga trance y remate de los mismos, y con su producto pagar al acreedor; por lo cual, es evidente que esa orden no puede tener efectos en la esfera jurídica del quejoso o, en sus bienes. Tampoco lesiona su interés jurídico la posible ejecución de dicha orden de requerimiento y embargo, pues si bien es cierto que en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora señalando como domicilio del demandado el ubicado en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, entre otro, ordenándose enviar exhorto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a fin de que autorizada a su actuario, para que realizara el requerimiento ordenado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y que por ello, se entiende, fue emitida para practicarse en el citado domicilio (que aduce tener en propiedad), también lo es que el juez circunscribió la referida orden para requerir y, en su caso, embargar bienes propiedad de Joan Sebastián Heredia Valencia, mas no de diversa persona. Incluso, la diligencia practicada el trece de junio de dos mil veintitrés, en la calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, la cual se aprecia fue entendida con el propio demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, no vulneró derechos del aquí quejoso, pues no se señalaron bienes para su embargo y hubo oposición al señalamiento, así como a permitir el acceso al citado domicilio. De ahí que, al margen de la titularidad de los derechos de propiedad que aduce tener el quejoso, la orden de embargo contenida en el auto dictado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno -que constituye el acto reclamado-, del que deriva la orden de requerimiento de pago y embargo en bienes propiedad del demandado, no le afecta, porque no se ha llevado a cabo la orden de embargo en bienes de su propiedad. En consecuencia, es evidente la inexistencia de perjuicio personal y directo sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, por no demostrarse que ese acto reclamado afecte su interés jurídico, ya que la autorización ordenada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que tiene como finalidad verificar la diligencia de requerimiento de pago, y en caso de incumplimiento, el embargo en el domicilio ubicado en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, señalado como el del demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, le hubiere ocasionado algún agravio; razón por la cual, el acto reclamado -se insiste- no afecta su interés jurídico. Lo anterior es así, porque los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado, en su detrimento, lo que en la especie no ocurre. Por similitud jurídica y como orientadores, se citan los criterios de rubro y texto siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución.". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.". "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURIDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO. Los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado en su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dado que cualquiera de los individuos que sí forman parte de la relación procesal, podrían muy bien interponer los recursos pertinentes y lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate; o dicho de otra manera, mientras no sea inminente la ejecución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio, la acción de amparo resultará improcedente, en virtud de que hasta ese momento no se le causa un agravio personal y directo, que es uno de los principios reguladores del juicio de garantías, y conforme al cual es indispensable que el acto de autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión a las garantías individuales que asisten al quejoso.". A mayor abundamiento, ante la posibilidad de que el actuario se constituya en el domicilio que defiende la parte quejosa, se estima que el peticionario tiene la oportunidad de acreditar el derecho de propiedad que refiere asistirle, ante lo cual, el fedatario tendrá la obligación de cerciorarse de que aquél efectivamente corresponde al domicilio señalado como del demandado, y con base en ello, estar en aptitud o no, de cumplir la diligencia ordenada. Luego, si bien en esta instancia se tuvo por acreditado el acto reprochado a las autoridades responsables, también lo es que el quejoso no acreditó que tal acto lesione su esfera de derechos. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, LA EXISTENCIA O INMINENCIA DEL ACTO RECLAMADO NO DEMUESTRA EL. El hecho de que sean ciertos los actos consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, así como la circunstancia de que el Juez de Distrito haya considerado inminentes los actos reclamados, no implica de manera alguna que los quejosos hayan acreditado su interés jurídico, puesto que, independientemente de ello, a éstos correspondía demostrar que están dentro del supuesto previsto en la ley que impugnan, para así demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO, NO DEBE CONFUNDIRSE CON LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No debe confundirse la existencia del acto con la afectación a los intereses jurídicos del quejoso. Ciertamente, el que los actos existan o no objetivamente, es independiente de que con ellos se lesionen o no los derechos del quejoso." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se atribuyen a la autoridad ejecutora, por no habérsele reclamado por vicios propios. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En el entendido que al haberse actualizado la causa de improcedencia aquí estudiada, se hace innecesario abordar el análisis de las restantes que pudieran actualizarse en la especie, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Se invoca la jurisprudencia de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que el mismo constituye el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." No pasan inadvertidos los alegatos formulados; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pablo Heredia García, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO Y AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓN DE ENGROSE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRES QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 802/2023, promovido por Pablo Heredia García, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del: Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y del actuario de su adscripción: La orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, y su inminente ejecución. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos que tendrán ejecución dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, al rendir su informe justificado refirió que es cierta la existencia del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, que sobre pago de pesos promovió Felipe Gaona Arreola, por conducto de su endosatario en procuración, frente a Joan Sebastián Heredia Valencia, en su calidad de administrador único de la empresa "Avocados Innovación", Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que, con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva; por tanto, se ordenó requerir al demandado del pago de las prestaciones reclamadas y en caso de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad, y para cumplimiento de ello, giró el exhorto 54/2023. Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, aceptó haber recibido el exhorto 54/2023, quien a su vez lo registró bajo el número 95/2023, en el cual encomendó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, misma que se practicó el trece de junio de dos mil veintitrés, en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, por haber sido señalado ese domicilio como del demandado, la cual fue entendida con el propio Joan Sebastián Heredia Valencia, quien no señaló bienes para su embargo y se opuso al señalamiento, así como a permitir el acceso a su domicilio. Entonces, con base en esas manifestaciones, se tiene por cierto que existe una orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, y que su ejecución es inminente. Por su parte, la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, fue omisa en rendir su informe justificado que le correspondía, no obstante encontrarse legalmente notificada para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Máxime, su certeza se corrobora con lo manifestado y acreditado por el juzgado de su adscripción. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntaron los jueces responsables a sus informes, consistentes en diversas copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021 y del exhorto 54/2023, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En el caso, el tercero interesado Felipe Gaona Arreola, esencialmente aduce que debe sobreseerse, porque no existe materia o litis reclamable, a razón de que no se ha embargado ningún bien mueble o inmueble en el domicilio del quejoso. No obstante, dichas manifestaciones son inatendibles, dado por las razones antes asentadas, se tuvo por existente el acto reclamado, el cual radica de manera destacada, en la orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, y su inminente ejecución. CUARTA. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". También resulta oportuno, tener presente el contenido del artículo 5, a que alude la fracción citada con antelación, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Conforme a la interpretación en conjunto de los citados numerales, se deduce que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover y, en su caso, obtener la protección constitucional. En ese orden, para una mejor ilustración del presente asunto, es importante mencionar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional; así, el peticionario de garantías debe demostrar en forma fehaciente, cuando acude en la demanda de amparo que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, por tanto, no se estima suficiente que las autoridades responsables informen la certeza del acto para concluir necesariamente que el mismo perjudica al peticionario del amparo, pues el detrimento depende de la existencia de derechos legítimamente tutelados, cuya vulneración se impugna mediante el amparo, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la demanda de amparo resulta improcedente. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"; y, 2a./J. 51/2019, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", respectivamente, establecieron criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, aun cuando el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo alude a un interés legítimo individual o colectivo para acudir al juicio constitucional, realiza el distingo en el supuesto de que quien se ostente como parte agraviada, puede acudir a sede constitucional en defensa del mismo cuando sea el titular de un derecho subjetivo público; lo anterior, cuando los actos reclamados se emitan dentro de procedimientos judiciales, pues sería inadmisible que en una contienda judicial donde hay dos partes que están litigando con idéntico interés, aparezca un tercero y obstaculice el ejercicio de sus derechos; con lo cual se crearía caos ante la imposibilidad de ejecutar las decisiones judiciales. Así, se hace especial distinción entre los actos derivados de procedimientos judiciales, para los cuales se exige contar con un interés jurídico; y, los demás actos, para cuya impugnación basta con justificar el interés legítimo de quien acude a la instancia constitucional. Por tanto, de conformidad con las premisas destacadas previamente, para la procedencia de la acción constitucional de amparo en el supuesto de que la parte quejosa se ostente como tercero extraño por equiparación, éste debe acreditar la afectación de los derechos subjetivos que invoca con motivo de los actos reclamados. Previo a establecer las razones por las cuales se estima actualizada la causa de improcedencia de mérito, es menester destacar que de las constancias remitidas por la juez responsable en apoyo de su informe justificado, previamente valoradas, se advierte que: El juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021, fue promovido por Felipe Gaona Arreola, por conducto de su endosatario en procuración, frente a Joan Sebastián Heredia Valencia, en su calidad de administrador único de la empresa "Avocados Innovación", Sociedad Anónima de Capital Variable, en ejercicio de la acción cambiaria directa. En dicho juicio se dictó sentencia definitiva el siete de octubre de dos mil veintiuno, condenándose al demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, a pagar las diversas prestaciones reclamadas. La sentencia causó ejecutoria el diez de noviembre de dos mil veintiuno. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se decretó su ejecución forzosa; por tanto, se autorizó a la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, para que requiriera a la parte demandada del pago de la cantidad de $1,960,000.00 (un millón novecientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, y en caso de no hacerlo, se embargaran bienes de su propiedad, para que en su oportunidad se haga trance y remate de los mismos, y con su producto pagar al acreedor. Luego, de diversos señalamientos de domicilios del demandado, en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora señalando el ubicado en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, entre otro, ordenándose enviar exhorto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a fin de que autorizara a su actuario, para que realizara el requerimiento ordenado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Para cumplimiento de ello, se giró el exhorto 54/2023, mismo que fue recibido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien a su vez lo registró bajo el número 95/2023, en el cual se encomendó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, misma que se practicó el trece de junio de dos mil veintitrés, en la calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, la cual se aprecia fue entendida con el propio demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, quien no señaló bienes para su embargo y se opuso al señalamiento, así como a permitir el acceso a su domicilio. Destacado lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa esencialmente aduce que no es demandado ni parte en el juicio; que con el acto reclamado se pretenden transgredir sus derechos de audiencia y propiedad, ya que el embargo se pretende llevar a cabo en su inmueble que constituye su domicilio particular, mismo que no pertenece al demandado. En ese contexto, en primer término se retoma que, la orden de requerimiento de pago y en su caso embargo, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, no se emitió contra Pablo Heredia García, parte quejosa en el presente juicio constitucional, sino respecto de Joan Sebastián Heredia Valencia, en su carácter de deudor principal, en el juicio ejecutivo mercantil oral 228/2021. Entonces, es evidente que la sola emisión del acto que ordena verificar esa diligencia en el domicilio que refiere es de su propiedad, no afecta su esfera de derechos; porque como ya se dijo no tiene el carácter de parte procesal, esto es, demandada; y, como se aprecia, la orden embargo se emitió a fin de requerir al demandado del pago de $1,960,000.00 (un millón novecientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad, para que en su oportunidad se haga trance y remate de los mismos, y con su producto pagar al acreedor; por lo cual, es evidente que esa orden no puede tener efectos en la esfera jurídica del quejoso o, en sus bienes. Tampoco lesiona su interés jurídico la posible ejecución de dicha orden de requerimiento y embargo, pues si bien es cierto que en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora señalando como domicilio del demandado el ubicado en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, entre otro, ordenándose enviar exhorto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a fin de que autorizada a su actuario, para que realizara el requerimiento ordenado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y que por ello, se entiende, fue emitida para practicarse en el citado domicilio (que aduce tener en propiedad), también lo es que el juez circunscribió la referida orden para requerir y, en su caso, embargar bienes propiedad de Joan Sebastián Heredia Valencia, mas no de diversa persona. Incluso, la diligencia practicada el trece de junio de dos mil veintitrés, en la calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, la cual se aprecia fue entendida con el propio demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, no vulneró derechos del aquí quejoso, pues no se señalaron bienes para su embargo y hubo oposición al señalamiento, así como a permitir el acceso al citado domicilio. De ahí que, al margen de la titularidad de los derechos de propiedad que aduce tener el quejoso, la orden de embargo contenida en el auto dictado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno -que constituye el acto reclamado-, del que deriva la orden de requerimiento de pago y embargo en bienes propiedad del demandado, no le afecta, porque no se ha llevado a cabo la orden de embargo en bienes de su propiedad. En consecuencia, es evidente la inexistencia de perjuicio personal y directo sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, por no demostrarse que ese acto reclamado afecte su interés jurídico, ya que la autorización ordenada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que tiene como finalidad verificar la diligencia de requerimiento de pago, y en caso de incumplimiento, el embargo en el domicilio ubicado en calle Aries, número 193, del Fraccionamiento Cosmos, señalado como el del demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, le hubiere ocasionado algún agravio; razón por la cual, el acto reclamado -se insiste- no afecta su interés jurídico. Lo anterior es así, porque los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado, en su detrimento, lo que en la especie no ocurre. Por similitud jurídica y como orientadores, se citan los criterios de rubro y texto siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución.". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.". "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURIDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO. Los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado en su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dado que cualquiera de los individuos que sí forman parte de la relación procesal, podrían muy bien interponer los recursos pertinentes y lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate; o dicho de otra manera, mientras no sea inminente la ejecución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio, la acción de amparo resultará improcedente, en virtud de que hasta ese momento no se le causa un agravio personal y directo, que es uno de los principios reguladores del juicio de garantías, y conforme al cual es indispensable que el acto de autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión a las garantías individuales que asisten al quejoso.". A mayor abundamiento, ante la posibilidad de que el actuario se constituya en el domicilio que defiende la parte quejosa, se estima que el peticionario tiene la oportunidad de acreditar el derecho de propiedad que refiere asistirle, ante lo cual, el fedatario tendrá la obligación de cerciorarse de que aquél efectivamente corresponde al domicilio señalado como del demandado, y con base en ello, estar en aptitud o no, de cumplir la diligencia ordenada. Luego, si bien en esta instancia se tuvo por acreditado el acto reprochado a las autoridades responsables, también lo es que el quejoso no acreditó que tal acto lesione su esfera de derechos. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, LA EXISTENCIA O INMINENCIA DEL ACTO RECLAMADO NO DEMUESTRA EL. El hecho de que sean ciertos los actos consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, así como la circunstancia de que el Juez de Distrito haya considerado inminentes los actos reclamados, no implica de manera alguna que los quejosos hayan acreditado su interés jurídico, puesto que, independientemente de ello, a éstos correspondía demostrar que están dentro del supuesto previsto en la ley que impugnan, para así demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO, NO DEBE CONFUNDIRSE CON LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No debe confundirse la existencia del acto con la afectación a los intereses jurídicos del quejoso. Ciertamente, el que los actos existan o no objetivamente, es independiente de que con ellos se lesionen o no los derechos del quejoso." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se atribuyen a la autoridad ejecutora, por no habérsele reclamado por vicios propios. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En el entendido que al haberse actualizado la causa de improcedencia aquí estudiada, se hace innecesario abordar el análisis de las restantes que pudieran actualizarse en la especie, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Se invoca la jurisprudencia de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que el mismo constituye el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." No pasan inadvertidos los alegatos formulados; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pablo Heredia García, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 802/2023, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez con la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, -con constancias anexas-, emplazamiento del tercero interesado; y, acuse de recibo del oficio 18460/2023, a través del cual se requirió el informe justificado a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; para tal efecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Además, se hace constar que la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, no rindió su informe justificado en el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que fue notificada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por lo que el término de quince días le transcurrió del veintisiete de junio al diecisiete de julio de dos mil veintitrés, como se deprende de la constancia respectiva que obra en autos. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en autos y por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por omisa en rendir su informe justificado a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en los términos expuestos, lo que será tomado en consideración al momento de dictar sentencia. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, por el tercero interesado y por las autoridades responsables; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por la parte quejosa, por el tercero interesado y por las autoridades responsables. No habiendo medio de convicción pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que únicamente la fiscal de la adscripción y el tercero interesado los formularon; a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se les tienen por formulados y a las demás partes, por omisas en realizar manifestaciones en esta vía. No habiendo pendientes por relacionar, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: . Sergio Santamaría Chamú Juez Primero de Distrito en el Estado
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