Pablo Cortes García

Expediente 1428/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1428/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Pablo Cortes García
  • JAVIER ESPINOZA ORTIZ y Otros.
  • PABLO CORTES GARCÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintitrés. Acusa de recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito, a través del cual acusa de recibo el comunicado 5188/2023, mismo que contenía copia íntegra del proveído dictado el veintitrés de febrero pasado, así como el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo en que se actúa, en original y duplicado; de lo queda enterado este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. 1. Colegiado acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, a través del cual informa que se aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por el Sindicato Industrial de Trabajadores en Hoteles, Restaurantes, Bares, Centros Recreativos, Áreas de Prestación de Servicios Públicos, Turísticos, Similares y Conexos del Estado de Michoacán, por conducto de su secretario general Juan Carlos Velasco Pérez, así como Pablo Cortes García, María del Roció Peña Ruiz, Veronica Mendoza Toriche, José Edgardo Ávalos Mendoza, Ernesto Izazaga Valenzuela, Javier Espinosa Ortiz, Esperanza López Pérez, Juan Carlos Zavala Alcántar, Pablo Caballero Mauricio, Guillermina Piedra Martínez, Amalia Martínez González, Sonia Lázaro Onofre, María Guadalupe Guzmán Villa, Edgar Durán Ramírez, María Luisa Munguía Villa, Mario Martin García Hernández y Jorge Zavala Cano, estos últimos por propio derecho, la cual dio origen al expediente en que se actúa. 2. Se remiten cuadernos incidentales. Dado que este juzgado tramitó por duplicado el incidente de suspensión que solicitó la parte quejosa; previo cuaderno de antecedentes que se deje del cuaderno original, mediante oficio que al efecto se libre, remítase los cuadernos del dicho incidente, al Tribunal Colegiado antes citado. 3. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2 Incidente de suspensión. El cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, inciso a) del citado Acuerdo General, se considera que es susceptible de DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 20, del referido acuerdo, una vez que cumpla seis meses de archivo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente cuaderno, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por el ********************por conducto de su secretario general ********************así como********************y ********************, estos últimos por propio derecho, por alegada violación de los artículos 1o., 14, 16, 17 y 123, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; este órgano jurisdiccional ha decidido: CARECER DE COMPETENCIA LEGAL Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo siguiente: El auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por no interpuesta la demanda en la vía ordinaria que intentó contra su empleadora ********************. SEGUNDO. Estudio de la competencia. Previo análisis de las cuestiones de fondo planteadas por los quejosos en su libelo constitucional, se examinará en primer término la competencia de este Juzgado, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Robustece lo anterior la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con que se comprarte criterio, del tenor siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. La jurisdicción es la función que tienen encomendada los órganos judiciales del Estado para conocer, resolver y ejecutar mediante la aplicación del derecho las controversias que les sean presentadas. Para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento; es por ello que las leyes señalan ciertos criterios para determinar la competencia, la que puede ser determinada en razón de materia, cuantía, grado y territorio. En esa guisa el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que nadie puede ser molestado sino por virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente. Dicho lo anterior, se precisa que de la interpretación armónica del contenido de los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, se advierte que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer del juicio uniinstancial, el que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, que sean dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Para tal efecto, se prevé que por resoluciones que pongan fin al juicio, se entenderán aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Como salvedad a lo anterior, para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Así, cuando se presente una demanda de amparo ante un juez o una jueza de distrito en que se reclamen actos que se estime sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado que corresponda. Ahora bien, de los antecedentes destacados del acto reclamado se advierte que mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Maximiliano Meza Peña, en calidad de apoderado jurídico del ********************presentó demanda ordinaria laboral en contra de la empresa ********************, comercialmente conocida como Hotel Virrey de Mendoza, en que reclamó la declaración de imputabilidad de los motivos de huelga, cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, salarios caídos, entre otras prestaciones. Ocurso que fue acordado el nueve de diciembre de dos mil veintidós por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en que proveyó no tener interponiendo la demanda intentada en la vía oral, en virtud de que a partir del tres de octubre de dos mil veintidós, comenzaron funciones los Juzgados Laborales en el estado de Michoacán, órgano competente para conocer de los procedimientos laborales en aras de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Ello, de acuerdo a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y uno de mayo de dos mil diecinueve, relativos a la Constitución Federal y Ley Federal del Trabajo, respectivamente, así como del acuerdo de diecinueve de julio del año pasado, emitido por el Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. En esa guisa, como quedó precisado, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por no interpuesta la demanda en la vía ordinaria intentada contra ********************. De lo anterior, se advierte que los quejosos pretendieron en la vía ordinaria laboral reclamar diversas prestaciones a su empleadora, sin embargo, la presidenta responsable determinó desecharla de plano en virtud de las reformas a la justicia laboral, que dieron inicio el tres de octubre del año pasado, en que a partir de esa data los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo iniciaron funciones, por tanto, las Juntas Laborales han dejado de incoar nuevos procedimientos, por ello decidió su desechamiento. En consecuencia, dicha resolución sin resolver la controversia de fondo dio por terminado el juicio, en virtud de que la determinación que se pronuncie después de presentada la demanda, incluyendo aquellas que la desechan, es un acto emitido dentro de juicio, por ende, es susceptible de impugnarse en vía de amparo directo de acuerdo con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Robustece la anterior decisión, la tesis de registro digital 209476, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con que se comparte criterio, la cual es de contenido literal: "DEMANDA LABORAL. SU DESECHAMIENTO ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, POR TRATARSE DE UNA RESOLUCION QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL LO DA POR CONCLUIDO. Para efectos estrictamente del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional y concluye con la sentencia o laudo definitivo. Luego toda determinación que se pronuncie después de presentada la demanda, incluyendo aquéllas que la desechan, será un acto dentro de juicio, con la particularidad de que cuando no se requiere la rendición de pruebas distintas de las recibidas por la autoridad responsable, para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias con la celebración de una audiencia y un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramite en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la ley de Amparo, SE DECLINA LA COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver íntegramente de la demanda que dio origen al juicio de amparo ********************, en favor del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, este expediente, junto con su tomo de prueba, para que realice el turno correspondiente y el órgano colegiado que le corresponda su conocimiento determine lo que considere legalmente procedente y tenga a bien hacerlo del conocimiento a este juzgado. Fórmese cuaderno de antecedentes. Por lo fundado y expuesto, se R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el juicio de garantías número ********************, promovido por el ********************por conducto de su secretario general ********************así como********************y ********************, estos últimos por propio derecho, contra el acto atribuido a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando segundo. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo número ********************, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, para que realice el turno correspondiente, a efecto de lo que tenga a bien determinar, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. No ha lugar a acordar de conformidad. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Rafael Álzate Núñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Turística, Clínicas, Servicios, Centros Deportivos y Establecimientos Gastronómicos en Estado, por medio del cual refiere ampliar la demanda de amparo. Atento a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el promovente no tiene carácter reconocido en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, dado que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, las parte quejosa es el Si********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su secretario general ********************, así como por ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, estos últimos por propio derecho y la tercera interesada es ********************, ********************, mejor conocida como "********************". Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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