Pablo Omar Castillo Gonzalez

Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
634/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • Pablo Omar Castillo Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 634/2021-IV. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente un oficio con firma electrónica de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En ese oficio informa que el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por , como autorizado en términos amplios del quejoso , contra el proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional; y acusa recibo de los anexos remitidos. También comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente Q-106/2021, de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintiuno. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso con firma electrónica de **, como autorizado en términos amplios del quejoso **, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Informe de esta juzgadora. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el veinticinco de junio de dos mil veintiuno se emitió un proveído, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin embargo, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copias de todo este juicio -como lo solicitó el autorizado-, y del recurso de queja en el que también obran los agravios, al oficio que se dirija al tribunal colegiado. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del recurso de queja en copia -en el cual obran los agravios-, con las copias de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Se hace notar que este acuerdo sólo tendrá las respectivas firmas electrónicas, vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, porque se ha trabajado a distancia por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19. Indicación a la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja en el que obran los agravios y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 634/2021-IV. Puebla, Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso * por derecho propio, contra actos del Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (sic), y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que los actos reclamados parecieran ser los delimitados en el capítulo respectivo de su demanda, como sigue: ".La transgresión a los principios generales del proceso .". Sin embargo, la lectura integral que se efectuó a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo del quejoso en realidad se dirige contra el oficio de quince de junio de dos mil veintiuno, emitido por el ".AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.". Oficio que contiene una negativa del citado agente del Ministerio Público, en la mencionada carpeta de investigación, para recabar entrevista al quejoso y permitirle recabar copias de la investigación -donde este considera tener el carácter de imputado-. Ello se desprende del oficio de marras, que en realidad constituye el acto reclamado conforme a la lectura integral de la demanda, porque de éste derivan los cuestionamientos que introdujo el quejoso en el capítulo de actos. Sobre todo porque el oficio del mencionado agente del Ministerio Público -emitido en respuesta a una petición escrita del quejoso para acceder a la carpeta de investigación citada-, contiene la postura siguiente: ".ACUERDO PRIMERO.- No ha lugar a acordar de conformidad lo .". Empero, la transcrita negativa del agente del Ministerio Público en mención, encuentra una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo -con la tesis jurisprudencial que se invoca enseguida-, Esa causal de improcedencia se actualiza al relacionarla con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que derivó de la contradicción de tesis 149/2019-, con registro digital 2020891 y del tenor siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ". De la tesis jurisprudencial transcrita y el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de un agente del Ministerio Público de recabarle entrevista y otorgarle copias de los datos de prueba, cuando aquél no tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación....Sobre todo porque el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le permita acceder a los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la negativa de que se le recabe entrevista y se le otorguen copias de los datos de prueba, en una carpeta de investigación donde no tiene el carácter de imputada, se actualizará la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, por la inexistencia del supuesto que justificaría la promoción del juicio de amparo indirecto: el quejoso tenga el carácter de imputado, en la carpeta de investigación donde el agente del Ministerio Público señalado como responsable, se negó a recabarle entrevista y por ende, a otorgarle copias de los datos de prueba. Lo cual se comprende frente a las condiciones delimitadas en la invocada tesis jurisprudencial: la persona imputada se encuentre detenida, haya sido citada a la investigación con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría recabarle su entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por el quejoso *, quien pretende reclamar un oficio del ".AGENTE .". Oficio donde el citado agente se negó a recabarle entrevista y otorgarle copias de los datos de prueba, que obran en la carpeta de investigación * Negativa que sobrevino por un escrito que le presentó el quejoso al citado agente, el nueve de junio de dos mil veintiuno Sin embargo, los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, exponen la razón específica por la cual fue emitida una negativa al quejoso: no tiene el carácter de imputado en la mencionada carpeta. Razón que se corrobora en el primer punto de acuerdo del oficio de quince de junio de dos mil veintiuno, que emitió el citado agente del Ministerio Público, el cual también fue exhibido como anexo de la demanda Entonces, si el quejoso no tiene el carácter de imputado en la carpeta mencionada, como se desprende en forma expresa de la contestación emitida por el agente del Ministerio Público al escrito presentado por aquél, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, los términos de la contestación dada al quejoso por el agente del Ministerio Público señalado como responsable, determinan la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Máxime que no se generó el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener el carácter de imputado en la referida carpeta. De modo que si el quejoso no es imputado en la carpeta de investigación, es válido afirmar que tampoco encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, para reclamar la negativa que afirma haber conocido mediante la notificación del oficio de quince de junio de dos mil veintiuno. Máxime que a la fecha sólo existe la referida carpeta de investigación; y el hecho de que un agente del Ministerio Público tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa a recabar entrevista y otorgar copias de los datos de prueba, sea reclamada por un gobernado que tenga el carácter de imputado. Supuesto en el cual no se encuentra el quejoso, conforme a la respuesta expresa que le dio el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en el oficio que constituye el acto reclamado. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto del acto de molestia previsto en el artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita el agente del Ministerio Público señalado como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente a la negativa que pretende combatir en su demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida su demanda de amparo, pese a que no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Al margen de lo anterior, es conveniente indicar que si el quejoso llegara a alcanzar en el futuro la hipótesis de imputado, dentro de la carpeta de investigación que citó en su demanda, estará en condiciones de solicitar el acceso a la misma, ser entrevistado y obtener copias de los datos de prueba, todo ello al agente del Ministerio Público que lleve el trámite de la carpeta -incluso podría instaurar un nuevo juicio de amparo indirecto si le fuera negada alguna de esas peticiones (acceso, ser entrevistado u obtener copias de los datos de prueba)-. Pero de momento no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, y esto determina la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, por las razones expuestas con antelación. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso *, porque el oficio que constituye en realidad el acto reclamado, encontró la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, consulta del expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque si bien ofreció un inmueble para ese propósito en el primer acápite de la demanda, también es verdad que solicitó en forma expresa en ese mismo párrafo, ser notificado por la vía electrónica e incluso proporcionó el nombre de usuario para ello. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.

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