Pablo Morales Ochoa
Expediente 50/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pablo Morales Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual solicita se le conceda se amplíe la prórroga solicitada a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que expone; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda, dígase que no ha lugar a conceder la prórroga solicitada. Ahora bien, toda vez que de constancias que obran en autos se advierte que la autoridad oficiante fue debidamente notificada del auto de veintiséis de enero del año en curso, en el que se puntualizó que dentro del plazo otorgado a las autoridades deberían realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria; asimismo, el primero de marzo de dos mil dieciséis, se le otorgó a las responsables la prórroga solicitada; sin embargo, a la fecha las autoridades responsables y superiores jerárquicos del Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ni han demostrado encontrarse en vías de cumplimiento. Por lo anterior, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS y PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; y se advierte que en el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, así como al superior jerárquico de esta; para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificadas del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no han demostrado haber realizado, ni un solo acto, por lo menos en parte, para advertir que ha tratado de cumplir con la devolución de las cantidades de dinero, para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acreditan estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, al haber transcurrido el término otorgado mediante auto de primero de marzo de dos mil dieciséis, se hace efectivo el apercibimiento en el decretado, y con fundamento en la fracción I, del artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone a María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y a José Fernando Aguilar Palma, quien funge como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas que será computado legalmente, informe las medidas adoptadas para el cobro de las multas, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 [1] de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido de que pueden ser localizadas en el domicilio ubicado en Plaza 10 de Abril sin número, colonia Centro, Emiliano Zapata, Morelos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, con número de registro 2007914, que a su rubro y letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior, conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), indicada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, para que dentro del término de DÍEZ DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Por tanto, la autoridad deberá remitir las constancias que acrediten que ha tomado las medidas necesarias y reales encaminadas al cumplimiento de la sentencia, pues no se justifica el incumplimiento de la sentencias, con la sola petición de prórrogas para su ejecución, argumentado que la carga de trabajo es excesiva debido a que se están dando cumplimiento a diversos juicio en los cuales fueron condenados, sino que debe demostrar todos los medios que ha realizado para acatar la ejecutoria de amparo, pero sin imponer procedimientos dilatorios o ilegales que provoquen el incumplimiento de la sentencia. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, José Fernando Aguilar Palma, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata; para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, a la parte tercera interesada JUAN ALBERTO ANTOLÍN FLORES, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal....RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Pablo Morales Ochoa, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hoy veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que es un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 949/2015-IV, del índice de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que las instalaciones del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, se encuentran tomadas por manifestantes que impiden el acceso a las diversas unidades administrativas, y se tuvo como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Madero, número 203, tercer piso, despacho 301, Colonia Miraval de esta ciudad; en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Atento a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Cabe precisar que por sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil quince, se concedió el amparo y protección a Erick Millán Avilés, para los efectos siguientes: ".Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 94 bis a 94 bis-12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para los efectos siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 94 bis a 94 bis-12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En la inteligencia que tal determinación deriva de que el Notario Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con motivo de la celebración del acto jurídico contenido en la escritura pública ochenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho, de su índice, le corresponde retener las cantidades correspondientes al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional, por lo que las autoridades municipales responsables deberán devolver al quejoso la cantidad precisada en la escritura de mérito, con independencia de que esa cantidad aun no haya sido enterada por el fedatario público pues, en caso de ser así, podrán exigir su responsabilidad en los términos de las disposiciones legales conducentes. Cabe aclarar que se deberá restituir al quejoso el pago que realizó por concepto de dichos impuestos $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 m.n.), debidamente actualizados, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos." Por auto de ocho de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia, requiriendo a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, en dicho acuerdo, se realizó la actualización del cobro de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, y se determinó que la cantidad total a devolver es de $21,608.11 (veintiún mil seiscientos ocho pesos 11/100 moneda nacional). En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por oficio acordado el veintinueve de noviembre de dos mil quince, remitió copia certificada del título de crédito 0002550, el cual entregó a la parte quejosa el veintiocho de octubre de dos mil quince, por la cantidad de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, sin embargo, dicha cantidad no contempla la actualización que refiere el fallo protector. Ahora bien, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a Alicia Adriana Álvarez Morales quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva la cantidad que pagó por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, a razón de la cantidad debidamente actualizada por el total de $21,608.11 (VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL). Consecuentemente, es procedente requerir ahora a Alicia Adriana Álvarez Morales quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su superior jerárquica Irma Camacho García Palma quien funge actualmente como Presidenta Municipal de Temixco, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Alicia Adriana Álvarez Morales quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad faltante de $1,308.11 (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de cobro de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, debiendo remitir copia certificada para acreditar lo anterior. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo la autoridad deberá realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos (IRMA CAMACHO GARCÍA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, toda vez que este juzgado se reservó acordar lo conducente, respecto de los oficios 24728 y 30241, signados por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y por el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, respectivamente; en atención al contenido de los mismos, agréguense únicamente para que obren como correspondan y surtan sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del auto de diez de febrero actual, dictado en el expediente 01/13/12-JE1, del que se advierte difirió la audiencia de ratificación de contenido y firma a cargo de Juana Meza García, para que tenga verificativo el VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, es procedente requerir a la Junta Especial Cuatro de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la audiencia de VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, remita copia certificada del desahogo de dicha audiencia. En el entendido que de hacer caso omiso, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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