Pablo Nahum Perez Limon
Expediente 1779/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1779/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pablo Nahum Perez Limon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo 1779/2017-I, promovido por ********************, planteada por el Juzgado Auxiliar; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y ARCHÍVESE ESTE CUADERNO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, EL PRESENTE JUICIO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, apareciendo que en el presente cuaderno de antecedentes no existen documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, SE DECLARA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, quien autoriza y da fe.Eder
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Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil dieciocho Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, en la que determinó, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "(.)PRIMERO. Este juzgado federal carece de competencia legal para resolver el presente asunto en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia remítanse los autos del juicio de amparo 1779/2017-I, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos precisados en la parte final del considerando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución.(...)" En virtud de lo anterior, toda vez que ha causado ejecutoria, se ordena agregar el original del cuaderno incidental, el cual es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Asimismo, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. En tales circunstancias, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente, para conocer y resolver el presente juicio de amparo y estima que el TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, es competente para conocer del presente juicio de amparo, por tanto se ordena enviar el presente expediente y un anexo al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EN TURNO. Con copia de la demanda de garantías, fórmese cuadernillo de antecedentes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales y un anexo al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes, solicitando de la manera más atenta al tribunal de alzada acuse de recibo, así como la comunicación de la aceptación de la competencia planteada a su favor. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante la Secretaria Sarai González Galicia que da fe. DOY FE.
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Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y la resolución terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, a la parte TERCERA INTERESADA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del auto y la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE. En atención a lo anterior, se ordena notificar a la parte tercera interesada, la sentencia dictada el dieciséis de marzo del año en curso, que a la letra dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1779/2017-I, un anexo y uno sobre con seis discos compactos, promovido por PABLO NAHUM PEREZ LIMON, constante de ciento veinte fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó en los puntos resolutivos que es del tenor siguiente: PRIMERO. Este juzgado federal carece de competencia legal para resolver el presente asunto en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia remítanse los autos del juicio de amparo 1779/2017-I, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos precisados en la parte final del considerando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se emite el presente acuerdo en esta data, puesto que si bien el veintiuno de marzo del año en curso, es inhábil, pero laborable, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio; encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 14/2017 (10a.)[1], visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 6, de la Décima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1779/2017-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 133/2018-III del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Pablo Nahúm Pérez Limón, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 10 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, Pablo Nahúm Pérez Limón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO. Se reclama y atribuye de la autoridad señalada como ordenadora la resolución de fecha 13 de Octubre de 2017, emitida dentro del toca penal número 154/2017-14-3-14-OP derivado del recurso de apelación hecho valer por el Agente del Ministerio Público en el Juicio Oral número JO/46/2017, ya que dicha resolución emitida por los Magistrados Integrantes de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia revoca la resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en la cual se me concede la libertad absolutoria al suscrito, sin que exista motivo, razón ni fundamento legal para dictar la resolución que por medio del presente amparo se combate. Así mismo se reclama a las autoridades responsables la NEGATIVA de proporcionarme copia de la resolución combatida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro del toca penal número 154/2017-14-3-14-OP, de fecha 13 de octubre de 2017, aunado que fue solicitada por mi defensa particular el día de la audiencia de fecha 13 de Octubre de 2017, así como en dos ocasiones más por escrito, la primera con fecha 23 de Octubre de 2017 y la segunda con fecha 27 de Octubre de 2017, negándome en todo momento la expedición de las copias sin que para ello exista motivo, razón ni fundamento legal para negármelo, violentando con ello mis garantías individuales y procesales, ya que no puedo combatir dicha resolución al no conocer el contenido de la misma. Por otra lado también se reclama la posible orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, comparecencia o cualquier otra que afecte mi libertad deambulatoria, sin que para ello exista motivo para girar una orden en mi contra, ya que como se mencionará más adelante hasta el momento no es la sala auxiliar la competente para librar una orden de esa naturaleza. III. AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDAD ORDENADORA: 1.- MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, Licenciado NORBERTO CALDERÓN OCAMPO (Presidente de la Sala), ELDA FLORES LEÓN (Integrante) y LETICIA TABOADA SALGADO (Integrante y Ponente), con domicilio conocido en calle [...]." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 11, 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesado a Miguel Ángel Cervantes Espinoza; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete registró la demanda bajo el número 1779/2017-I y requirió al quejoso para que aclarara si la orden de aprehensión que reclama emana de la resolución que emitió la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos o del juez Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como para que manifestara si era su deseo señalar a este último como autoridad responsable. Mediante ocurso presentado ante el juzgado auxiliado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso manifestó que la orden de aprehensión o presentación podría ser emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como también por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito de Morelos, por lo que lo señaló como autoridad responsable; ante lo cual, el juez auxiliado, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento, en el sentido de que debe sobreseerse en el juicio; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveídos de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete y dieciocho de enero de dos mil dieciocho se reconoció el carácter de terceros interesados a Miguel Ángel Cervantes Espinoza y a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos (que fue quien conoció de la causa penal JO/46/2017 e intervino en el toca penal 154/2017-14-3-14-OP); quienes fueron emplazados a juicio el once y veintiséis de enero de dos mil dieciocho, como consta de las actas que obran a fojas 78 y 90 del expediente de amparo. Finalmente, a las once horas con once minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 104 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 106 del juicio de amparo), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 1779/2017-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 133/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. En el caso, no se procederá al análisis de la sentencia reclamada de trece de octubre de dos mil diecisiete, ni de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, pues este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, no es legalmente competente para resolver de ese acto reclamado en el presente juicio de amparo en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por las razones siguientes. Previo a exponer las razones por las que este juzgador federal considera carecer de competencia legal para resolver el presente juicio, es necesario traer a colación los antecedentes del asunto que nos ocupa, los cuales son los siguientes: 1. El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, la juez presidente, el juez tercero y el juez redactor integrantes del Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictaron sentencia definitiva en la causa penal 46/2017, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO: No quedó plenamente acreditado el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 176 BIS, fracción XI, del Código Penal, cometido en agravio de MIGUEL ÁNGEL CERVANTES ESPINOZA, por el cual acusara la fiscalía. SEGUNDO: JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHUM PÉREZ LIMÓN, NO SON PENALMENTE RESPONSABLE (sic) por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO por el cual formuló acusación la fiscalía. TERCERO: Con fundamento en lo que dispone el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ratifica el levantamiento de la medida cautelar y se ordena se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figure. CUARTO: Notifíquese [.]". 2. Inconforme con la anterior determinación, la Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien radicó el asunto con el toca número 154/2017, y en audiencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, cuyo puntos resolutivos son: "PRIMERO. SE REVOCA la sentencia absolutoria de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada por los jueces integrantes del Tribunal Oral en la causa penal JO/046/2017, que se instruyó en contra de los acusados JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHÚM PÉREZ LIMÓN, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, cometido en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL CERVANTES EPINOZA, para quedar como sigue: 'PRIMERO. Se acreditó plenamente la materialidad del delito de ROBO DE VEHÍCULO DE AUTOMOTOR AGRAVADO, previsto y sancionado por el artículo 176 bis, fracción XI, del Código Penal del Estado, en agravio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza. SEGUNDO. JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHÚM PÉREZ LIMÓN, son penalmente responsables de la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, cometido en perjuicio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza.' SEGUNDO. Atendiendo al sentido del fallo se ordena la continuación del procedimiento y tomando en consideración que del auto de apertura a juicio oral de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete se advierte que el agente del Ministerio Público para la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño ofreció la prueba pericial en materia de valuación a cargo de Ángel Carlos Guadarrama Jurado, en consecuencia en términos del artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VIERNES VEINTE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño. Por lo que queda la presentación del perito a cargo de la Fiscalía, en el entendido de que a dicha audiencia deberá comparecer el Fiscal que intervino ante el Tribunal de enjuiciamiento y ofertó los medios de prueba señalados. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifíquese personalmente [.]." Acto que constituye uno de los reclamados en el presente asunto. Además, en esa misma audiencia se señaló fecha para la celebración de la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño. 3. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, inició la celebración de la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, sin embargo, la misma no se pudo llevar a cabo, toda vez que los sentenciados no comparecieron, por lo que los magistrados responsables decretaron la suspensión del procedimiento, de conformidad con el artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria de administración de causas, hizo constar que se le entregó copia autorizada de audio y video de la diligencia de trece de octubre de dos mil diecisiete al licenciado Jesús Martínez Morales, asesor técnico del imputado Pablo Nahúm Pérez Limón (foja 126 del tomo de pruebas). Se advierte que la omisión de entregar la copia de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, también fue reclamada en el presente juicio constitucional. 5. Finalmente, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, los magistrados de la Sala responsable dictaron orden de aprehensión en contra de los sentenciados José Ignacio Juárez Bello y Pablo Nahúm Pérez Limón (foja 133 ibídem). Acto que también se reclama en la demanda de amparo. A continuación es menester puntualizar que del análisis intelectivo de la demanda de amparo, se advierten tres actos reclamados, a saber: a) La sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 154/2015, en la cual se revocó la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. b) La omisión de entregar copia certificada de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete. c) La orden de aprehensión que se llegare a dictar, como consecuencia de la emisión de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete. A continuación debe señalarse que el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado [.] V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes [.] d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado [.]" Por otra parte, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva [.]" De las disposiciones constitucional y legales transcritas, se advierte que el juicio de amparo directo se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y es procedente en contra de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio (las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido), debiendo agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Cabe precisar que, al resolver la contradicción de tesis 152/2003-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que los actos que delimitan la procedencia del amparo directo tienen las siguientes características: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) dicha sentencia resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden recurso alguno ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil, siempre que la ley así lo autorice. 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio, que son todas aquellas determinaciones que extinguen la relación procesal correspondiente y que se emiten después de presentada la demanda; y, 3. Los laudos, que son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. En ese orden de ideas, de los discos remitidos por la sala responsable, se desprende que la sentencia emitida en la audiencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, es definitiva, dado que resolvió la controversia del orden penal en lo principal y en contra de dicha determinación el Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé recurso alguno. En efecto, el análisis sistemático de los artículos 401, 404 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir, que el tribunal de alzada al conocer de un recurso de apelación, en contra de una sentencia definitiva de primer grado, podrá confirmarla, modificarla, revocarla u ordenar la reposición del procedimiento, para lo cual, deberá tomar esa decisión en una audiencia, en la que el magistrado relator comunicará el fallo respectivo. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. En ese contexto, este juzgador considera que la decisión que emita el tribunal de alzada en la audiencia de emisión de fallo, constituye una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Sin que obste lo anterior, que en un momento posterior, se individualice la pena y se resuelva la reparación del daño, dado que solo es una consecuencia del fallo condenatorio. De ahí, que se considere que la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, constituye una sentencia definitiva, pues en la audiencia, la sala responsable consideró que se acreditó plenamente la materialidad del delito de robo de vehículo automotor agravado, previsto y sancionado por el artículo 176 Bis, Fracción XI, del Código Penal del Estado de Morelos, en agravio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza, así como, que José Ignacio Juárez Bello y Pablo Nahúm Pérez Limón, son penalmente responsables de la comisión del delito de robo de vehículo cometido en agravio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza. Dicho en otras palabras, con la anterior decisión culmina el procedimiento penal, sin que se óbice, para considerar lo anterior, el hecho de que se postergue la individualización de la pena y la reparación del daño, pues esas cuestiones, solo son una consecuencia de la propia sentencia. Así las cosas, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto, es decir, la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, resuelve la controversia del orden penal en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden recurso alguno ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; resulta claro que tal determinación queda comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo cual, debe ser impugnada mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Federal, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito, por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para resolver el asunto que nos ocupa. Por tanto, con apoyo en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve declara que este juzgado auxiliar carece de legal competencia para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, dado que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, no es legalmente competente para conocer del acto impugnado en amparo, consistente en la sentencia definitiva de trece de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por esa razón, se ordena remitir estos autos al juzgado de Distrito auxiliado para que, en caso de que quede firme esta resolución, realice los trámites correspondientes para que, en su oportunidad, se remita el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece : "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." No escapa a este juzgado federal que la parte quejosa también reclama la omisión de proporcionar copias de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, así como la orden de aprehensión que se llegare a dictar. Sin embargo, este juzgador federal no se encuentra en condiciones jurídicas de emitir pronunciamiento al respecto, dado que lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con la sentencia condenatoria dictada por la sala responsable y, por ende, la postura que en su momento llegase a emitir la superioridad influye plenamente en el sentido de la decisión que pudiese adoptarse en torno a tal omisión, así como la respectiva orden de aprehensión de catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Aunado a que es evidente que primero debe resolverse en torno a la aludida sentencia definitiva, y posteriormente sobre los demás actos reclamados. SEGUNDO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno de antecedentes respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como de la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Este juzgado federal carece de competencia legal para resolver el presente asunto en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia remítanse los autos del juicio de amparo 1779/2017-I, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos precisados en la parte final del considerando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza; hasta el día de hoy dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron ...
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Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1779/2017-I, un anexo y uno sobre con seis discos compactos, promovido por PABLO NAHUM PEREZ LIMON, constante de ciento veinte fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó en los puntos resolutivos que es del tenor siguiente: PRIMERO. Este juzgado federal carece de competencia legal para resolver el presente asunto en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia remítanse los autos del juicio de amparo 1779/2017-I, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos precisados en la parte final del considerando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se emite el presente acuerdo en esta data, puesto que si bien el veintiuno de marzo del año en curso, es inhábil, pero laborable, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio; encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 14/2017 (10a.)[1], visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 6, de la Décima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1779/2017-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 133/2018-III del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Pablo Nahúm Pérez Limón, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 10 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, Pablo Nahúm Pérez Limón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO. Se reclama y atribuye de la autoridad señalada como ordenadora la resolución de fecha 13 de Octubre de 2017, emitida dentro del toca penal número 154/2017-14-3-14-OP derivado del recurso de apelación hecho valer por el Agente del Ministerio Público en el Juicio Oral número JO/46/2017, ya que dicha resolución emitida por los Magistrados Integrantes de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia revoca la resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en la cual se me concede la libertad absolutoria al suscrito, sin que exista motivo, razón ni fundamento legal para dictar la resolución que por medio del presente amparo se combate. Así mismo se reclama a las autoridades responsables la NEGATIVA de proporcionarme copia de la resolución combatida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro del toca penal número 154/2017-14-3-14-OP, de fecha 13 de octubre de 2017, aunado que fue solicitada por mi defensa particular el día de la audiencia de fecha 13 de Octubre de 2017, así como en dos ocasiones más por escrito, la primera con fecha 23 de Octubre de 2017 y la segunda con fecha 27 de Octubre de 2017, negándome en todo momento la expedición de las copias sin que para ello exista motivo, razón ni fundamento legal para negármelo, violentando con ello mis garantías individuales y procesales, ya que no puedo combatir dicha resolución al no conocer el contenido de la misma. Por otra lado también se reclama la posible orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, comparecencia o cualquier otra que afecte mi libertad deambulatoria, sin que para ello exista motivo para girar una orden en mi contra, ya que como se mencionará más adelante hasta el momento no es la sala auxiliar la competente para librar una orden de esa naturaleza. III. AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDAD ORDENADORA: 1.- MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, Licenciado NORBERTO CALDERÓN OCAMPO (Presidente de la Sala), ELDA FLORES LEÓN (Integrante) y LETICIA TABOADA SALGADO (Integrante y Ponente), con domicilio conocido en calle [...]." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 11, 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesado a Miguel Ángel Cervantes Espinoza; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete registró la demanda bajo el número 1779/2017-I y requirió al quejoso para que aclarara si la orden de aprehensión que reclama emana de la resolución que emitió la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos o del juez Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como para que manifestara si era su deseo señalar a este último como autoridad responsable. Mediante ocurso presentado ante el juzgado auxiliado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso manifestó que la orden de aprehensión o presentación podría ser emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como también por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito de Morelos, por lo que lo señaló como autoridad responsable; ante lo cual, el juez auxiliado, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento, en el sentido de que debe sobreseerse en el juicio; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveídos de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete y dieciocho de enero de dos mil dieciocho se reconoció el carácter de terceros interesados a Miguel Ángel Cervantes Espinoza y a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos (que fue quien conoció de la causa penal JO/46/2017 e intervino en el toca penal 154/2017-14-3-14-OP); quienes fueron emplazados a juicio el once y veintiséis de enero de dos mil dieciocho, como consta de las actas que obran a fojas 78 y 90 del expediente de amparo. Finalmente, a las once horas con once minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 104 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 106 del juicio de amparo), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 1779/2017-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 133/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. En el caso, no se procederá al análisis de la sentencia reclamada de trece de octubre de dos mil diecisiete, ni de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, pues este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, no es legalmente competente para resolver de ese acto reclamado en el presente juicio de amparo en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por las razones siguientes. Previo a exponer las razones por las que este juzgador federal considera carecer de competencia legal para resolver el presente juicio, es necesario traer a colación los antecedentes del asunto que nos ocupa, los cuales son los siguientes: 1. El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, la juez presidente, el juez tercero y el juez redactor integrantes del Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictaron sentencia definitiva en la causa penal 46/2017, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO: No quedó plenamente acreditado el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 176 BIS, fracción XI, del Código Penal, cometido en agravio de MIGUEL ÁNGEL CERVANTES ESPINOZA, por el cual acusara la fiscalía. SEGUNDO: JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHUM PÉREZ LIMÓN, NO SON PENALMENTE RESPONSABLE (sic) por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO por el cual formuló acusación la fiscalía. TERCERO: Con fundamento en lo que dispone el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ratifica el levantamiento de la medida cautelar y se ordena se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figure. CUARTO: Notifíquese [.]". 2. Inconforme con la anterior determinación, la Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien radicó el asunto con el toca número 154/2017, y en audiencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, cuyo puntos resolutivos son: "PRIMERO. SE REVOCA la sentencia absolutoria de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada por los jueces integrantes del Tribunal Oral en la causa penal JO/046/2017, que se instruyó en contra de los acusados JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHÚM PÉREZ LIMÓN, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, cometido en perjuicio de MIGUEL ÁNGEL CERVANTES EPINOZA, para quedar como sigue: 'PRIMERO. Se acreditó plenamente la materialidad del delito de ROBO DE VEHÍCULO DE AUTOMOTOR AGRAVADO, previsto y sancionado por el artículo 176 bis, fracción XI, del Código Penal del Estado, en agravio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza. SEGUNDO. JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHÚM PÉREZ LIMÓN, son penalmente responsables de la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, cometido en perjuicio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza.' SEGUNDO. Atendiendo al sentido del fallo se ordena la continuación del procedimiento y tomando en consideración que del auto de apertura a juicio oral de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete se advierte que el agente del Ministerio Público para la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño ofreció la prueba pericial en materia de valuación a cargo de Ángel Carlos Guadarrama Jurado, en consecuencia en términos del artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VIERNES VEINTE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño. Por lo que queda la presentación del perito a cargo de la Fiscalía, en el entendido de que a dicha audiencia deberá comparecer el Fiscal que intervino ante el Tribunal de enjuiciamiento y ofertó los medios de prueba señalados. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifíquese personalmente [.]." Acto que constituye uno de los reclamados en el presente asunto. Además, en esa misma audiencia se señaló fecha para la celebración de la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño. 3. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, inició la celebración de la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, sin embargo, la misma no se pudo llevar a cabo, toda vez que los sentenciados no comparecieron, por lo que los magistrados responsables decretaron la suspensión del procedimiento, de conformidad con el artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria de administración de causas, hizo constar que se le entregó copia autorizada de audio y video de la diligencia de trece de octubre de dos mil diecisiete al licenciado Jesús Martínez Morales, asesor técnico del imputado Pablo Nahúm Pérez Limón (foja 126 del tomo de pruebas). Se advierte que la omisión de entregar la copia de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, también fue reclamada en el presente juicio constitucional. 5. Finalmente, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, los magistrados de la Sala responsable dictaron orden de aprehensión en contra de los sentenciados José Ignacio Juárez Bello y Pablo Nahúm Pérez Limón (foja 133 ibídem). Acto que también se reclama en la demanda de amparo. A continuación es menester puntualizar que del análisis intelectivo de la demanda de amparo, se advierten tres actos reclamados, a saber: a) La sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 154/2015, en la cual se revocó la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. b) La omisión de entregar copia certificada de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete. c) La orden de aprehensión que se llegare a dictar, como consecuencia de la emisión de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete. A continuación debe señalarse que el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado [.] V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes [.] d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado [.]" Por otra parte, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva [.]" De las disposiciones constitucional y legales transcritas, se advierte que el juicio de amparo directo se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y es procedente en contra de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio (las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido), debiendo agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Cabe precisar que, al resolver la contradicción de tesis 152/2003-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que los actos que delimitan la procedencia del amparo directo tienen las siguientes características: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) dicha sentencia resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden recurso alguno ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil, siempre que la ley así lo autorice. 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio, que son todas aquellas determinaciones que extinguen la relación procesal correspondiente y que se emiten después de presentada la demanda; y, 3. Los laudos, que son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. En ese orden de ideas, de los discos remitidos por la sala responsable, se desprende que la sentencia emitida en la audiencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, es definitiva, dado que resolvió la controversia del orden penal en lo principal y en contra de dicha determinación el Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé recurso alguno. En efecto, el análisis sistemático de los artículos 401, 404 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir, que el tribunal de alzada al conocer de un recurso de apelación, en contra de una sentencia definitiva de primer grado, podrá confirmarla, modificarla, revocarla u ordenar la reposición del procedimiento, para lo cual, deberá tomar esa decisión en una audiencia, en la que el magistrado relator comunicará el fallo respectivo. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. En ese contexto, este juzgador considera que la decisión que emita el tribunal de alzada en la audiencia de emisión de fallo, constituye una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Sin que obste lo anterior, que en un momento posterior, se individualice la pena y se resuelva la reparación del daño, dado que solo es una consecuencia del fallo condenatorio. De ahí, que se considere que la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, constituye una sentencia definitiva, pues en la audiencia, la sala responsable consideró que se acreditó plenamente la materialidad del delito de robo de vehículo automotor agravado, previsto y sancionado por el artículo 176 Bis, Fracción XI, del Código Penal del Estado de Morelos, en agravio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza, así como, que José Ignacio Juárez Bello y Pablo Nahúm Pérez Limón, son penalmente responsables de la comisión del delito de robo de vehículo cometido en agravio de Miguel Ángel Cervantes Espinoza. Dicho en otras palabras, con la anterior decisión culmina el procedimiento penal, sin que se óbice, para considerar lo anterior, el hecho de que se postergue la individualización de la pena y la reparación del daño, pues esas cuestiones, solo son una consecuencia de la propia sentencia. Así las cosas, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto, es decir, la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, resuelve la controversia del orden penal en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden recurso alguno ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; resulta claro que tal determinación queda comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo cual, debe ser impugnada mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Federal, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito, por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para resolver el asunto que nos ocupa. Por tanto, con apoyo en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve declara que este juzgado auxiliar carece de legal competencia para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, dado que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, no es legalmente competente para conocer del acto impugnado en amparo, consistente en la sentencia definitiva de trece de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por esa razón, se ordena remitir estos autos al juzgado de Distrito auxiliado para que, en caso de que quede firme esta resolución, realice los trámites correspondientes para que, en su oportunidad, se remita el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece : "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." No escapa a este juzgado federal que la parte quejosa también reclama la omisión de proporcionar copias de la sentencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, así como la orden de aprehensión que se llegare a dictar. Sin embargo, este juzgador federal no se encuentra en condiciones jurídicas de emitir pronunciamiento al respecto, dado que lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con la sentencia condenatoria dictada por la sala responsable y, por ende, la postura que en su momento llegase a emitir la superioridad influye plenamente en el sentido de la decisión que pudiese adoptarse en torno a tal omisión, así como la respectiva orden de aprehensión de catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Aunado a que es evidente que primero debe resolverse en torno a la aludida sentencia definitiva, y posteriormente sobre los demás actos reclamados. SEGUNDO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno de antecedentes respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como de la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Este juzgado federal carece de competencia legal para resolver el presente asunto en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia remítanse los autos del juicio de amparo 1779/2017-I, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos precisados en la parte final del considerando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza; hasta el día de hoy dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron
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