Pablo Jesús López Carrasco
Expediente 151/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pablo Jesús López Carrasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil quince. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 151/2015-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución que en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno glósense a los autos los cuadernos relativos al incidente de suspensión y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que se sobreseyó el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente y el incidente de suspensión sí son susceptibles de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil quince. Visto lo de cuenta, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito que signa el autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual autoriza a diversas personas en términos del referido artículo y solicita la consulta del expediente electrónico. Al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud que de que el autorizado de la parte quejosa, aún y con las facultades amplias que le confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, no se le autoriza para designar a una diversa persona. Asimismo, respecto a la consulta del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que de autorice al promovente la consulta del Expediente Electrónico del juicio de garantías en que se actúa en línea del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito por licencia de carácter oficial del Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el siete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, siete de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en el incidente de inejecución de sentencia 452/2014 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cosas, se determinó lo siguiente: ".En tal virtud, deben devolverse los autos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, para que proceda a determinar qué cantidad corresponde devolver al quejoso, a partir de que se separó de su funciones hasta el momento que se le pague mes con mes la pensión otorgada mediante Decreto impugnado.." Por sentencia de cuatro de octubre de dos mil trece, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Agustín García Díaz, para que las autoridades responsables, Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y Director del Departamento de Recursos Humanos de dicho Ayuntamiento, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, de cumplimiento al decreto cuatrocientos sesenta y ocho emitido por el Congreso del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5085 de veinticuatro de abril de dos mil trece, para lo cual se deberá cubrir de manera mensual en razón de setenta y cinco puntos porcentuales (75%) del último salario que percibió el quejoso como pensión, lo cual deberá hacer del conocimiento del quejoso. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia de amparo. Una vez ejecutoriada la sentencia de amparo, ésta se constituyó en una cosa juzgada, institución jurídica procesal cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, debe decirse que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la citada figura procesal también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Tal consideración se apoya en la siguiente jurisprudencia: Tesis: P./J. 85/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168959 32 de 66 PLENO Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Pág. 589 Jurisprudencia(Común) COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sentado lo anterior, tenemos que la ejecutoria de amparo es una cosa juzgada cuya ejecución es ineludible por mandato constitucional. Ahora bien, la Ley de Amparo prevé en su artículo 77, que los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber: I.- Notificará a las partes la ejecutoria de la sentencia. II.- Otorgará a la autoridad responsable un plazo de tres días para que cumpla con la ejecutoria, sin perjuicio de que ese plazo se amplíe tomando en cuenta la complejidad o dificultad, pero debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. III.- Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo determinado, hará el pronunciamiento respecto e impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. IV.- Con independencia de la multa, requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que le ordene cumplir con aquélla, bajo el apercibimiento al superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, además de hacerle saber que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. V.- Con independencia de lo anterior, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Conviene precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No obstante, el tercer párrafo del citado artículo 193, prevé que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Con relación a lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J.8/2003 -que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece- tenemos que habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. La jurisprudencia 1a./J.8/2003, es del tenor literal siguiente: Tesis: 1a./J. 8/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184882 1 de 1 PRIMERA SALA Tomo XVII, Febrero de 2003 Pág. 144 Jurisprudencia(Común) INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Amparo prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Una vez definido el actuar del juez de Distrito para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el suscrito provee: En el caso, mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil quince, el Presidente y Representante legal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, así como por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en atención al requerimiento de diecisiete de febrero de dos mil quince, informó que no les es posible cubrir con todas las obligaciones, en virtud que no cuentan con los recursos económicos suficientes en la partida de presupuesto de egresos en el rubro de pasivos, por lo que solicitaron de nueva cuenta prórroga para dar el debido cumplimiento; y toda vez que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, además, de que ha solicitado diversas prórrogas, y este juzgado ha otorgado las mismas, para que envíe copia certificada del cheque correspondiente a nombre de la parte quejosa, lo anterior para que este juzgado tenga la certeza de que dicha autoridad está en vías de cumplimiento, sin que haya enviado la citada copia certificada. Por lo que, fuera de acreditar que está en vías de cumplimiento, sólo realiza manifestaciones y actos que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, como lo son las referidas prórrogas que solicita sin enviar alguna constancia con la que justifique su solicitud, ocasionando con ello retraso en la impartición de justicia. Asimismo, se advierte que incluso el veintiséis de marzo de dos mil catorce, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en turno, para la substanciación de la inejecución de sentencia respectiva, por lo que mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número 5/2014, y en sesión de dieciséis de mayo de dos mil catorce, resolvió como fundado e incidente de mérito, por lo que ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó dejar sin efectos la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, y no aplicar por el momento las sanciones establecidas; por tanto, el doce de marzo de dos mil quince, se concedió el por última ocasión al Tesorero de dicho Municipio, un término de VEINTICUATRO HORAS para que diera debido cumplimiento de la sentencia de amparo. Sin embargo, toda vez que de la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cosas, se determinó que se debe proceder a determinar qué cantidad corresponde devolver al quejoso, a partir de que se separó de su funciones hasta el momento que se le pague mes con mes la pensión otorgada mediante Decreto impugnado. Y como se explicó en párrafos que anteceden, el artículo 193 de la Ley de Amparo establece que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, el órgano judicial puede ordenar de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para tal efecto. Bajo ese contexto, y toda vez que así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesaria la apertura de un incidente para determinar el monto y las prestaciones que la autoridad responsable debe pagar al quejoso en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El trámite de ese incidente persigue a la vez, lograr la plena ejecución del fallo dictado por este juzgador. A mayor abundamiento, la necesidad de abrir un incidente de liquidación descansa en el hecho de que el cumplimiento de la sentencia de amparo, requiere el pago de una cantidad cuyo monto no fue determinado en ella. Así, para dilucidar el debate que existe en torno al monto y las prestaciones que la autoridad responsable debe cubrir al quejoso; con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de cuantificación en ejecución sentencia, el que será substanciado en términos de los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º y en la misma pieza de autos, pues tiene por objeto resolver una cuestión que debe quedar establecida para poder continuar la secuela en lo principal. Son aplicables las siguientes tesis: Tesis: 2a. CVII/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005151 1 de 1 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pág. 733 Tesis Aislada(Común) Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I INCIDENTE INNOMINADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). PROCEDE ORDENAR SU APERTURA CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU DESACUERDO CON LAS CANTIDADES PRECISADAS UNILATERALMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El recurso de inconformidad previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo se circunscribe a resolver si el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo se efectuó en términos de lo establecido en el diverso artículo 196; es decir, que esté debidamente acatada sin defectos ni excesos. En tal virtud, si al momento de resolverlo se advierte que el quejoso manifestó su desacuerdo con la cantidad que fijó unilateralmente la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector es necesario que los órganos de amparo antes de pronunciarse sobre su ejecución ordenen la apertura del incidente innominado previsto en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, puesto que, de otra manera provocaría la ilegalidad de su pronunciamiento al no contar con los elementos suficientes para determinar si se encuentra totalmente cumplida o si existe un defecto o exceso con el acto exhibido por la autoridad responsable. Con motivo de la apertura del incidente, dése vista a las partes por el término de tres días hábiles que será computado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo (fracciones I y II según corresponda), la notificación que se les practique de este auto, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que en desahogo de esa vista pueden ofrecer pruebas, sin perjuicio que realicen tal ofrecimiento en el posterior término probatorio. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado el doce de marzo de dos mil quince; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y dígase que se esté a lo acordado en lo dictado en el presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del despacho por licencia de carácter oficial del Titular, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 2246/2015 de seis de abril de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Jfcc .
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil quince. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que autoriza y da fe.
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