Pablo Ezequiel Domínguez Porras

Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
619/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Pablo Ezequiel Domínguez Porras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo **********/2021-II, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, **********, promovió demanda de amparo en contra del Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, a quienes reclamó en el ámbito de su competencia, todo lo actuado en el juicio de origen, a partir del emplazamiento a juicio; así como la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración y posterior admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (foja 27), se mandó aclarar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en un término de cinco días, computados legalmente, manifieste a qué Oficial Notificador o fedatario diverso, atribuye el emplazamiento reclamado y en caso de señalarlo como responsable, presente la copia de traslado de la demanda de amparo, necesaria. No se pierde de vista que el quejoso señaló como autoridad responsable a la Central de Actuarios del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; sin embargo, señalada en abstracto, no puede considerarse que esa Oficina haya llevado a cabo diligencia alguna, y el Encargado de la misma, en todo caso, tiene funciones meramente administrativas. Enseguida, en proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno (foja 37), al haberse cumplido con la aclaración de referencia, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: 1. Del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: Todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil **********/2019, a partir del emplazamiento practicado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve; de forma destacada, la sentencia emitida y su ejecución. 2. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos y del Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos: - La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Tercero. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación, lo negó categóricamente. Ello, pues como se desprende del artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, dicha autoridad desarrolla únicamente funciones administrativas y no tiene a su cargo encomiendas tales como diligencias, de ninguna índole. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad apuntada en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 54) y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos (foja 139), ambos en sus denominaciones correctas, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo que se corrobora con las constancias con que acompañó el Juez responsable a su informe, de las que se desprende, primero, la existencia del asunto de origen, en el cual, se admitió a trámite el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; se emplazó al aquí quejoso en diligencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se emitió sentencia el diecisiete de enero de dos mil veinte, misma que quedó firme en proveído de veinticuatro de febrero de esa anualidad. Las constancias remitidas por dichas autoridades, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado responsable. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a dichas autoridades. Quinto. Procedencia e innecesaria transcripción de conceptos de violación. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional de los actos reclamados. Como ya fue acotado, el quejoso reclama todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil **********/2019 del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; a partir del emplazamiento practicado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve; de forma destacada, la sentencia emitida y su ejecución. Ahora bien, se estima oportuno efectuar un relato de los antecedentes más destacados que se desprenden del juicio natural: Mediante escrito presentado en la oficialía de turnos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve **********, sociedad anónima de capital variable, por conducto de ********** y **********, sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso. Tal demanda se admitió a trámite el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, identificándose como el juicio ejecutivo mercantil **********/2019 del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; momento en el cual se emitió auto de exequendo, con la finalidad de que se requiriera en la diligencia respectiva, el pago adeudado por el demandado (1), se procediera -en su caso- al embargo de bienes propiedad de éste (2) y enseguida, se realizara su emplazamiento a juicio (3). Mediante diligencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la Actuaria asentó haberse constituido en el domicilio del demandado, aquí quejoso, ubicado en calle **********, en esta ciudad, y encontrando presente a la persona dentro del inmueble en cuestión que le manifestó ser Pablo Ezequiel Domínguez Porras, de quien acotó su media filiación al referirle no contar con identificación oficial en ese momento, le requirió el pago adeudado o bien, que señalara bienes para embargo; a lo que, el demandado, al negarse a pagar y a señalar bienes para embargo, concedió el uso de la palabra a **********, endosatario en procuración de la parte actora, quien designó para embargo un vehículo automotor que se encontraba en el domicilio del demandado, **********, mismo que se declaró embargado, declarando como depositario a **********, sin ponerlo en posesión material. Finalmente, emplazó a juicio al demandado, quien se negó a estampar su firma, signando el acta únicamente la Actuaria y el depositario. Con relación al embargo de dicho automotor -que, el quejoso no señaló como acto reclamado en este juicio, pues manifestó -bajo protesta de decir verdad- en su ocurso de demanda, que es propiedad de su madre, de nombre Margarita Porras Landeros- conviene precisar que se tramita en este juzgado el diverso expediente 594/2021-V, en el que, entre otras cosas, dicha persona reclama el embargo, el remate y adjudicación del bien mueble en comento, aduciendo ser tercero extraña stricto sensu al juicio ejecutivo mercantil **********/2019 del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. En auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se declaró la rebeldía del demandado, aquí quejoso. El diecisiete de enero de dos mil veinte, se emitió sentencia, en la que se resolvió lo siguiente: PRIMERO: Ha procedido la Vía Ejecutiva Mercantil. SEGUNDO: La parte actora acreditó la procedencia de su acción, y el demandado, ********** no se excepcionó; en consecuencia: TERCERO: Se condena a ********** a pagar (.) $********** (********** MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses legales reclamados, conforme a la tasa consistente en el 4.06% (..). Determinación que quedó firme en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Finalmente, en diligencia de cinco de agosto de dos mil veintiuno, la Actuaria responsable, acompañada de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de ********** endosatario en procuración de la actora, se constituyó nuevamente en el domicilio señalado en autos como del demandado (aquí quejoso) en calle **********, en esta ciudad, encontrando presente al referido vehículo automotor embargado, se puso en posesión legal y material al endosatario en procuración de la actora, quien lo recibió de conformidad. Sentado lo anterior, procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primero, el quejoso aduce como concepto de violación que la diligencia de dieciocho de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, donde aparentemente se logró su emplazamiento al juicio natural, resulta ilegal, porque la actuaria responsable no asentó su nombre, sino únicamente su calidad como funcionaria. Es infundado tal concepto de violación. A efecto de corroborar el anterior aserto, se transcribe la parte conducente de la mencionada diligencia: En Ciudad Juárez Chihuahua; siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día veintinueve de abril del año dos mil diecinueve, el (la) suscrito(a) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, adscrito a la oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, Licenciado(a) ********** me constituyo en compañía de ********** (.). Como se desprende, adverso a lo manifestado por el quejoso, la Oficial Notificadora responsable, sí apuntó de forma completa su nombre, de modo que, lo alegado por el quejoso en el primer motivo de disenso, resulta infundado. Enseguida, como segundo concepto de violación el quejoso argumenta que la Actuaria responsable omitió anotar los datos de la persona que la acompañó a la diligencia en cuestión. Es infundado el previo motivo de disenso. Se asevera lo anterior, ya que, como se desprende de la transcripción arriba inserta, tal fedataria sí asentó estar constituida en el inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, señalado en los autos del juicio de origen como el domicilio particular del demandado, aquí quejoso, en compañía de **********, endosatario en procuración de **********, sociedad anónima de capital variable; quien, al final de la diligencia, inclusive estampó su firma, junto a la de la citada Actuaria. De modo que, tampoco le asiste la razón en tal punto, al aquí quejoso. Luego, en su tercer motivo de disenso, el accionante del amparo aduce que en la diligencia de emplazamiento que le practicó el Actuario responsable, es ilegal, pues al estar constituido en el bien inmueble señalado en los autos del juicio natural para emplazarlo y al responder al llamado la persona que dijo ser el demandado, aquí quejoso, al interior de tal domicilio; aduciendo que no contaba en ese momento con identificación oficial a la mano, debió cuestionarlo sobre si contaba con una credencial de trabajo, por ejemplo, para identificarlo; asimismo, que ante dicha situación, estima que debió cuestionar a los vecinos de los domicilios contiguos, quienes lo conocen ampliamente, sobre si la persona que le refirió ser el demandado, efectivamente lo era, o no. Asimismo, aduce que tal fedatario omitió solicitarle la firma a la persona que dijo ser el demandado, al finalizar tal diligencia. Es infundado en su totalidad dicho concepto de violación. Primero, respecto a las formalidades que deben observarse para realizar una diligencia de emplazamiento en un juicio como el de la índole del de origen, en los artículos 1393 y 1394, del Código de Comercio, se dispone lo siguiente: Artículo 1393.- No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. De tales numerales se advierte que: Si no se encuentra al demandado a la primera busqueda en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor; enseguida, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará al demandado o a quien entienda la diligencia, cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 del Código de Comercio. Que deberá asentar razón de todo lo ocurrido en la diligencia. Ahora bien, de la Contradicción de tesis 68/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el Más Alto Tribunal, al analizar las tesis contendientes, concluyó que el cerioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que, en el evento de que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente con quien le refiera ser el demandado, por manifestación propia ante el fedatario de quien dice ser el buscado, con ello se satisface el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede cumplido, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en que se encuentra radicado el juicio y del número de asunto que le haya correspondido. Así, la Primera Sala refirió que el principio de certidumbre queda colmado desde el momento en que el actuario, al constituirse -precisamente- en el domicilio señalado en autos como del demandado, logra comunicar directamente a quien, ante su fe pública, dice ser éste, de la existencia del juicio seguido en su contra; y, que el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia del demandado, de ser él la persona buscada, y de ser su domicilio precisamente el lugar en que se encuentra constituido el notificador, señalado en autos de esa forma. Aunado a lo previo, refirió también el Alto Tribunal que no resulta menester hacer alusión a persona intermediaria a quien, previamente, se le hubiere requerido la información acerca de la presencia del demandado o de la exactitud del domicilio, porque la presencia de éste, dentro del propio domicilio señalado en autos para emplazarlo, al así manifestarlo ante un funcionario público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, constituye el mejor medio de cercioramiento. Derivado de ello, surgió la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 55/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, con número de registro 195122, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Pues bien, aunque el análisis de la normatividad que originó tal contradicción de tesis, fue del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al analizar los dispositivos relativos al tópico, del Código de Comercio -particularmente del juicio ejecutivo mercantil, como el de la especie- concluyó que su contenido es equivalente y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido, arribando a idéntica conclusión: Que el principio de certidumbre queda actualizado de forma simultánea, desde el momento en que el notificador, al constituirse precisamente en el domicilio señalado en autos como del demandado, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública de dicho funcionario manifiesta ser el demandado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario. Así como, que ello excluye la necesidad de servirse de otros medios previo a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios -como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, o que éste, localizado espacialmente en tal inmueble, sea quien dice ser- pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra. En efecto, lo anterior, como se colige de la tesis VI.2o.C. J/15 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de do mil quince, con número de registro 2008598, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar. Determinado lo anterior, la diligencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, es del siguiente contenido: En Ciudad Juárez, Chihuahua; siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día veintinueve de abril del año dos mil diecinueve; el (la) suscrito (a) Oficial Notificador (a) y Ministro(a) Ejecutor, adscrito (a) a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, Licenciado (a) **********, me constituyo en compañía de ********** en el domicilio señalado en autos, ubicado en calle ********** de esta ciudad, y cerciorado (a) de que es el domicilio correcto, ya que la numeración del inmueble y la nomenclatura de la calle así me lo demuestra, y coincide con el señalado en autos, en busca de ********** y encontrándolo presente el cual no exhibe identificación pues dice no tener pero manifiesta de viva y propia voz ser el que buscó por lo que asiento su media filiación: complexión delgada, tez morena, cabello corto y castaño, de aproximadamente 35 años de edad y 1.75 metros de estatura aproximadamente. Acto seguido, me identifico ante la persona que me atiende y procedo a notificarle íntegramente el (los) auto (s) de fecha (s) veintiocho de febrero de año dos mil diecinueve, emitido (s) por el Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, dentro del expediente número **********/2019 requiriéndole para que a nombre de la parte demandada, haga el pago al actor, de la cantidad de $********** (********** moneda nacional), como suerte principal, más los accesorios del juicio o en su defecto señale bienes para embargo propiedad del demandado, suficientes para garantizar las prestaciones que se le reclaman, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, lo hará la parte actora que me acompaña, a lo cual la persona que me atiende manifiesta que reconoce su firma la que obra en el documento base de la acción que le pongo a la vista en copia certificada, que no va a pagar por un servicio que no utilizó y tampoco señala bienes que haga lo que quiera le dice al que me acompaña refiriéndose a que señale sus bienes para embargo; siendo todo lo que dijo al respecto; por lo que concedo el uso de la voz al que me acompaña Daniel Rodríguez Mata, quien manifiesta que bajo su responsabilidad señala como bien propiedad del demandado un vehículo el cual se encuentra a la vista en este domicilio vehículo marca**********, siendo todo lo que señala. Y se nombra como depositario a ********** quien presente acepta el cargo, protestando su fiel legal desempeño, señalando como lugar de guarda y custodia en calle ********** de esta ciudad. Asimismo el (la) suscrito (a) si teniendo a la vista lo señalado lo declaro legal y formalmente embargado, tan solo en cuanto baste a cubrir el monto de lo reclamado, y no lo pongo en posesión legal y material al depositario designado, quien no lo recibe de conformidad en virtud de la manifiesta oposición del demandado. Acto seguido, con las copias simples selladas y cotejadas por el juzgado en 6 (seis) fojas útiles, más cédula de notificación de embargo y copia al carbón de la presente diligencia, lo emplazo a juicio y le corro traslado al demandado, haciendo saber que el Juzgado antes mencionado, le concede un término de 8 (OCHO) DÍAS HÁBILES para que haga el pago o se oponga a la ejecución si tuviere excepciones que hacer valer, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 1391, 1392, 1394, 1396 y conducentes del Código de Comercio; con lo cual se da por terminada la presente diligencia, firmado quienes intervinieron y desearon hacerlo, manifestado la parte demandada que no firma hasta consultar con su abogado. DOY FE. (Dos firmas ilegibles al calce). De la aludida transcripción, se desprende que la actuaria responsable, acompañada del endosatario en procuración de la parte actora, señaló que se constituyeron en el inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, señalado en los autos del juicio de origen como el domicilio particular del demandado, aquí quejoso. Enseguida, acotó que una vez cerciorada de encontrarse espacialmente en la ubicación de referencia, al hallar presente dentro del inmueble en cuestión a la persona que le manifestó ser ********** (demandado en el juicio natural y quejoso en este juicio de amparo biinstancial) éste le refirió que no tenía identificación oficial, pero le manifestó de viva y propia voz ser a quien buscaba; asentando ante tal situación, su media filiación (complexión delgada, tez morena, cabello corto y castaño, de aproximadamente treinta y cinco años de edad y 1.75 metros de estatura). Luego de identificarse ante el demandado, la Fedataria en cuestión le notificó el acuerdo de admisión en el juicio natural, informándole que fue emitido por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el expediente **********/2019 de su índice; requiriéndolo para que hiciera el pago de la cantidad de ********** moneda nacional, como suerte principal. Posteriormente, luego de señalar expresamente que aunque reconocía su firma como la estampada en el documento base de la acción, pero negarse a pagar "por un servicio que no recibió" es decir, tras no pagar ni designar bienes para embargo, su contraparte señaló el vehículo automotor ya indicado, mismo que se embargó en ese momento (que, como se resaltó previamente, el quejoso no señaló como acto reclamado en este asunto su embargo, pues manifestó, bajo protesta de decir verdad, que es propiedad de su madre, de nombre ********** respecto al cual se tramita en este juzgado el diverso expediente **********/2021-V, en el que, entre otras cosas, ésta reclamó el embargo, el remate y adjudicación del mueble en comento, aduciendo ser tercero extraña stricto sensu, al juicio de origen; expediente que se encuentra aún en trámite). Luego, la Actuaria responsable lo emplazó a juicio, acotando su negativa a firmar el acta respectiva. Pues bien, en mérito de lo previamente expuesto, no le asiste la razón al quejoso, en el sentido de que el actuario responsable debió cuestionarlo sobre si contaba con diversa identificación, tal como una credencial de trabajo; ni cuestionar a los vecinos de los domicilios contiguos, sobre si la persona que le refirió ser el demandado, efectivamente lo era, o no. Lo previo es así, pues al haber entendido la diligencia con la persona que le manifestó, a la luz de su fe pública, que era el demandado, a quien encontró precisamente en el domicilio acotado en autos del juicio de origen, para emplazarlo, se cumplió el objetivo de que el emplazamiento quedara satisfecho, al ser enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra el juicio y del número de expediente, con lo cual, sin lugar a dudas, se surte el principio de certidumbre. Así, desde el momento en que el Actuario responsable logró comunicar directamente a quien afirmó ser el demandado, aquí quejoso, dentro del propio inmueble señalado en los autos del juicio natural como su domicilio particular para localizarlo, el cercioramiento surgió de manera simultánea ante la manifestación propia de quien, ante la fe pública del notificador, declaró ser el demandado, y que, en el caso, el lugar en el que se constituyó el actuario es el sitio señalado en autos, lo que excluyó la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en su propio domicilio. Esa razón merece pleno valor de convicción dada la fe pública de que se haya investido el funcionario que la practicó; y dado que el quejoso no aportó prueba eficaz alguna en este juicio de amparo biinstancial, que destruyera el contenido de la misma; pues la facultad conferida al servidor público en comento, en el ejercicio de sus funciones, se traduce en que los hechos de los que da cuenta se consideran verídicos, salvo prueba en contrario; esto es, para ello es necesario que existan pruebas fehacientes y contundentes, que lleven al juzgador a ese convencimiento, las cuales no fueron ofertadas en la especie. En efecto, el aquí quejoso únicamente exhibió como pruebas: Copia simple de diversos comprobantes de envío de dinero en efectivo, aparentemente realizados por el aquí quejoso, en favor de la persona de nombre Karen Jaqueline López Rojas, en fechas diecisiete y veintiuno de junio de dos mil diecinueve; diez, trece, diecinueve, veintiséis, veintiocho y treinta de julio de dos mil diecinueve. Copia simple de la cédula profesional del licenciado **********, autorizado en términos amplios del quejoso. Seis documentales privadas consistentes en recibos de renta, en el que el aquí quejoso aparece como arrendador de un inmueble, aparentemente en Colorado, Estados Unidos de América. Credencial de elector original del aquí quejoso, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector **********, de donde se desprende como su domicilio el ubicado en calle **********, en esta ciudad, es decir, el señalado en autos del juicio de origen como su domicilio y donde se practicó la diligencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Pues bien, dichas pruebas no son idóneas para menoscabar la fe pública del actuario responsable. Ello, ya que, en cuanto a las primeras documentales en copia simple, quien suscribe no puede cerciorarse de su contenido; la copia simple de la cédula profesional de su autorizado, en nada abona al punto en cuestión; las documentales privadas, consistentes en los recibos de renta en el que el aquí quejoso aparece como arrendador de un inmueble, aparentemente en Colorado, Estados Unidos de América, por sí mismas, son insuficientes para desvirtuar la fe pública de que goza el actuario responsable; mientras que, la credencial de elector original del aquí quejoso, expedida por el Instituto Nacional Electoral de donde se desprende como su domicilio el ubicado en calle **********, en esta ciudad -es decir, el señalado en autos del juicio de origen como su domicilio y justamente donde se practicó la diligencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve- únicamente robustece la actuación que pretende combatir, pues el domicilio que en dicho documento obra, es precisamente donde se practicó el emplazamiento y además, de donde se sustrajo el vehículo automotor embargado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, al ponerlo en posesión legal y material del depositario. Es así, el quejoso no aportó medios de convicción idóneos para desvirtuar la fe pública del actuario que realizó dicha diligencia, ni probó que el lugar en el que se practicó ésta no corresponde a su domicilio, pues tal persona, tenía la carga de justificar con probanzas idóneas y suficientes, cúal era su verdadero domicilio. Adverso a ello, como ya se destacó, con su credencial de elector original, expedida por el Instituto Nacional Electoral, se desprendió que su domicilio sí es el ubicado en calle **********, en esta ciudad, es decir, el señalado en autos del juicio de origen como su domicilio y justamente donde se practicó la diligencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve; lo que, únicamente fortalece la determinación que pretende combatir. En torno a la fe pública del Actuario responsable, aludida en los párrafos previos, por identidad jurídica y de razones, se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo II, segunda parte, materia civil, página 55, del contenido siguiente: ACTUARIO, FE PÚBLICA DEL, NO PUEDE DESVIRTUARSE SINO CON PRUEBAS FEHACIENTES Y CONTUNDENTES. Si bien es cierto que la fe pública de que está investido un actuario judicial no convalida las marcadas alteraciones y contradicciones en que incurra, también lo es que no puede aceptarse que esa fe quede desvirtuada con pruebas que no demuestren en forma fehaciente y contundente las respectivas alteraciones o contradicciones en que haya podido incurrir ese funcionario, por lo que si se toma en cuenta lo antes asentado, resulta incuestionable que no puede estimarse que un simple informe del centro de trabajo del arrendatario y su respectiva tarjeta de control de asistencia, sean suficientes para desvirtuar la fe pública con que cuenta el actuario que llevó a efecto la notificación para manifestarle a la demandada la voluntad del arrendador de dar por terminado el contrato respectivo. Así como la jurisprudencia IV.2o. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 205152, tomo: I, mayo de 1995, materia común, página 265, del contenido siguiente: NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario. Así como la diversa tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro: 230868, tomo I, segunda parte, materia civil, página: 57, del texto siguiente: ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia. De tal suerte que, si el emplazamiento se entendió directamente con quien, ante la fe del notificador señaló ser el demandado, en el domicilio acotado para su emplazamiento, debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio y de la persona en cuestión; sin ser necesario que el actuario asentara en las actas correspondientes, como pretendió el quejoso, los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio demandado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era donde habita la persona a quien se debía emplazar y que, al así haberlo confesado, se trataba del demandado. Lo que, como ya se apuntó, excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra. Enseguida, en el momento del emplazamiento, el Actuario responsable asentó que notificaba al aquí quejoso copia sellada y cotejada por el juzgado, relativas a la demanda y anexos, el auto de admisión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en seis fojas útiles; más la cedula de notificación de embargo y copia al carbón de la diligencia donde ello se desarrolló. Finalmente, contrario a lo manifestado por el quejoso, expuso de manera clara e indubitable el hecho de que el demandado no firmó el acta correspondiente, haciendo constar la circunstancia de dicha negativa, al acotar que le manifestó tal negativa y adicionó que ello era "hasta consultar a su abogado". Así, al gozar el actuario judicial de fe pública, debe prevalecer como cierto lo que asentó en cuanto a que entendió la diligencia de notificación con la persona buscada, aún y cuando ésta no haya firmado dicha actuación; máxime que, como ya se dijo, no ofreció prueba eficaz alguna para demostrar que ella no era la persona con quien se practicó. De tal suerte que, al resultar infundados los conceptos de violación del quejoso, sin advertir queja que suplir, lo procedente es negar a Pablo Ezequiel Domínguez Porras, el amparo y protección de la Justicia Federal instados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto del acto precisado en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí esgrimidos. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible localizar al tercero interesado *******, en su carácter de endosatario en procuración de la moral *******, toda vez que actualmente no labora para ésta, según lo informó el referido tercero *******. Ahora bien, de las constancias que integran este asunto se obtiene el informe justificado rendido por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, quien informó que el expediente natural se originó con motivo de la demanda promovida por ******* y *******, en su carácter de endosatarios en procuración de la moral *******, en contra del aquí quejoso. De tal forma, dado que la moral en cita, representada por ******* y *******, es la parte contraria del peticionario de amparo, por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se les reconoció el carácter de terceros interesados, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues promovieron la demanda de origen en defensa de los intereses de dicha moral. Intereses que ya no son representados por *******, toda vez que a la fecha no trabaja para la empresa *******, circunstancia que lo hace ajeno al juicio de origen y por ende a este juicio de amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se desconoce el carácter de tercero interesado a *******, sin que ello afecte a la moral *******, en virtud de que será emplazada pro conducto de su endosatario en procuración *******, quien a la fecha tiene conocimiento de la existencia de este juicio, pues se le dejó citatorio para realizar la diligencia de emplazamiento, según lo asentó la Actuaria Judicial adscrita, en su constancia de cuenta. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintiuno. Súmese a los autos el oficio de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, con el cual el Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, informa que en el el Sistema de Digital de Procedimientos Oral Civil y Familiar se localizó, a nombre del licenciado *******, los siguientes datos: Domicilio: Calle *******, número *******, ********, de esta ciudad. Número de teléfono: ************* Correo electrónico: ************ Consecuentemente, se comisiona a la Actuaria Judicial las actuaciones que a continuación se señalan: Se comunique al número de teléfono asentado y verifique estar hablando con el tercero interesado ************; De ser el caso, le cuestione si en el nuevo domicilio proporcionado por el juez responsable puede ser localizado; De ser así, se constituya en dicho domicilio y lleve a cabo la diligencia de emplazamiento ordenada en proveído de trece se septiembre de dos mil veintiuno, en los términos ahí establecidos, debiéndole entregar, además, copia simple del auto de uno de los actuales, por el que se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, deberá cuestionar al referido tercero sobre algún domicilio en el que *********, en su carácter de endosatario en procuración de la moral *****************, pueda ser emplazado a este juicio de amparo. En caso de que le sea informado algún domicilio a nombre de ************, practique la diligencia de emplazamiento en las mismas condiciones en que llevó a cabo la del diverso tercero interesado. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *****************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.****

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano