Pablo Rodríguez Chavez

Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
448/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Pablo Rodríguez Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, hace partícipe a este juzgado el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el cual asumió la competencia legal para conocer del juicio de amparo 448/2020-II del índice de este juzgado, mismo que registró bajo el consecutivo 177/2021-IV, de su estadística. Lo anterior, en cumplimiento a la resolución de alzada donde declaró fundado el impedimento planteado por esta juzgadora, para excusarse de seguir conociendo y resolver el citado juicio de amparo. Ahora, en relación a lo que solicita el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remítase el original y duplicado de los cuadernillos formados con motivo de la suspensión solicitada por la parte quejosa; se solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente cuadernillo. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, el cuadernillo en que se actúa es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el cuadernillo deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vistos el oficio y testimonio que remite el del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, agréguense al cuadernillo para que consten como legalmente corresponda. Ahora bien, del testimonio de la resolución aprobada en sesión de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el impedimento administrativo 7/2020, formulado por la Jueza Séptimo de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, se advierte que se resolvió: PRIMERO. Se declara fundado el impedimento planteado. SEGUNDO. Remítase el juicio de amparo indirecto 448/2020 a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, para que realice el turno correspondiente, en términos de la última parte del considerando tercero de este fallo. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósese al cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos de este cuadernillo el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual acusa recibo del diverso enviado por este Juzgado, al que se acompañó el juicio de amparo 448/2020, ante el impedimento decretado por esta juzgadora en auto de uno de diciembre del presente año, por virtud del cual se excusó para seguir conociendo y resolver el referido asunto. Asimismo, comunica que la Superioridad admitió y registró dicho impedimento bajo el número 7/2020. Lo previo, acorde a lo dispuesto por el arábigo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos en el presente asunto, específicamente la demanda de amparo que dio origen a este contradictorio federal, donde se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS De las autoridades creadores de la norma, por lo que a cada uno compete dentro de sus respectivas atribuciones de ley, se les reclama: Al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director de Talleres Gráficos, todos del Estado de Chihuahua, se les reclama la aprobación, promulgación, refrendo y publicación respectivamente, del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, divulgado en el periódico oficial del Estado, el 21 de marzo de 2020. En particular, se reclaman en su calidad de AUTOAPLICATIVOS los artículos 43, incisos I a) y b), 77, 80, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 99, 108 fracción IX, 120, 146, 147, 150, fracción II, 151 fracción I, así como LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO todos de la nueva LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. En su calidad de HETEROAPLICATIVOS se combaten los numerales 110 fracción III y 112 de la Ley De Transporte del Estado de Chihuahua, a las mismas autoridades legislativas. De las autoridades ejecutoras se reclama: La aplicación de los numerales que hoy se impugnan. Por lo que hace a los numerales 110 fracción III y 112 de la Ley De Transporte del Estado de Chihuahua, toda vez que se reclaman en su calidad de HETEROAPLICATIVOS, en virtud de su primer acto de aplicación, consistente en la emisión del ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA se atribuye a las autoridades responsables SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ambas del ESTADO DE CHIHUAHUA; acto de aplicación de los numerales impugnados que se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 5 de septiembre de 2020, esto con relación a las concesiones 3612008108, 3612008067, 3612008061, 3612016775, 3612008075. A virtud de que los consideró violatorio en su perjuicio de los artículos 1, 5, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, en atención al acto reclamado en este contradictorio federal, esta Juzgadora se excusa para conocer y resolver el presente asunto al actualizarse una hipótesis de impedimento que me obliga a inhibirme de conocer y resolver el presente asunto. Para sustento de la determinación que antecede, es oportuno señalar que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En relación con el derecho fundamental de impartición de justicia tutelado por el indicado precepto constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, que señala: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De dicho criterio se colige que las notas que caracterizan la impartición de justicia, tienen las siguientes connotaciones: Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y. Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio. Así, en cuanto a este tópico, también conviene señalar que, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término, por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera, asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse. En atención al mandato constitucional dirigido a los juzgadores, en el sentido de que la justicia que impartan debe ser imparcial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino que debe ser imparcial, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Así la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. Además, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Amparo en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), determinó que el principio de imparcialidad, se debe entender en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual, en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca que de actualizarse, lo obligan a inhibirse en el conocimiento del negocio sometido a su jurisdicción; y, b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. De lo expuesto se colige que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia acorde con el mandato constitucional contenido en el artículo 17 constitucional, es la audiencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo. Para salvaguardar ese principio, el legislador federal estableció una serie de causas denominadas impedimentos, por virtud de las cuales, los operadores del derecho, en caso de ubicarse en alguna de ellas debe manifestarlo y excusarse para conocer del asunto, pues ello constituye una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional, virtud que al actualizarse cualquiera de esos supuestos, lleva a presumir su parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión o incluso, un interés directo en el asunto. En esas condiciones, el impedimento se configura como un mecanismo a través del cual el legislador aspira a preservar el derecho al juez imparcial del justiciable, así como la confianza pública en la imparcialidad judicial. Tales supuestos se enumeran en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: Impedimentos, Excusas y Recusaciones Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. En tanto, que el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: DE LOS IMPEDIMENTOS ARTÍCULO 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados; V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I; VIII. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador; IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos; X. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados; XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos; XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados; XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título; XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido; XV. Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados; XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es motivo de impedimento para magistrado de los tribunales unitarios el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones I a IX y XI del artículo 467, y fracción I del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados. Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo; y XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores. En el caso, y como se anunció, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo, de íntima relación con el supuesto contenido en la fracción VII, del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a virtud que mi esposo **, como titular de varias concesiones y/o permisos de transporte de personal autorizadas por el Secretario General de Gobierno del Estado y Director de Transporte en el Estado, mediante escrito de nueve de septiembre de la anualidad en curso, promovió demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen ese carácter: 1. EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en la torre legislativa ubicada en calle ** e ** de la colonia centro de la ciudad de Chihuahua, Chih. 2. C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio ubicado en palacio de gobierno calle **, a cargo del C. LIC. **. 3. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en palacio de gobierno ubicado en calle ** ciudad Chihuahua, Chih., a cargo del C. LIC. **. 4. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DE ECOLOGÍA, con domicilio en el edificio Héroes de la Revolución, mismo que se encuentra ubicado en calle ** de la ciudad de Chihuahua, Chih., a cargo del Dr. **. 5., DIRECTOR DE TRANPOSTE (sic) EN EL ESTADO, con domicilio ubicado en el edificio Libra, ubicado en la calle **, a cargo del C. ** 6.. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ZONA NORTE, con domicilio en ** s/n, en el edificio administrativo, de la colonia **, en ciudad Juárez Chihuahua, a cargo de la C. Maestra ** IV. LEY O ACTO RECLAMADO QUE SE LE RECLAMA A CADA AUTORIDAD. A- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la APROBACIÓN y EXPEDICIÓN de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por lo que respecta a la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 10, 30 al 42, 52, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 108, fracciones IV y IX, 120, 150, 153, 155, 156, 157, QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO TRANSITORIO Y SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Transporte impugnada y la derogación del artículo 1637 J del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, misma que se publicó en el periódico oficial del Estado de Chihuahua de fecha 21 de marzo del 2020 B. DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por lo que respecta a la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 10, 30 al 42, 52, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 108, fracciones IV y IX, 120, 150, 153, 155, 156, 157, QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO TRANSITORIO Y SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Transporte impugnada y la derogación del artículo 1637 J del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, misma que se publicara en el periódico oficial de fecha 21 de marzo del 2020. C. DEL C SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama EL REFRENDO en la APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por lo que respecta a la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 10, 30 al 42, 52, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 108, fracciones IV y IX, 120, 150, 153, 155, 156, 157, QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO TRANSITORIO Y SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Transporte impugnada y la derogación del artículo 1637 J del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, misma que se publicara en el periódico oficial de fecha 21 de marzo del 2020. D. DEL C SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, LA APLICACIÓN INMINENTE DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONSIDERADAS COMO INCONSTITUCIONALES EN ESTE AMPARO, EN LOS ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES QUE SE APLIQUEN AL HOY QUEJOSO. E. DEL C DIRECTOR DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, LA APLICACIÓN INMINENTE DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONSIDERADAS COMO INCONSTITUCIONALES EN ESTE AMPARO, EN LOS ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES QUE SE APLIQUEN AL HOY QUEJOSO. F. DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE, se le reclama EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, LA APLICACIÓN INMINENTE DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONSIDERADAS COMO INCONSTITUCIONALES EN ESTE AMPARO, EN LOS ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES QUE SE APLIQUEN AL HOY QUEJOSO. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, donde quedó registrado como juicio de amparo indirecto 387/2020, misma que se admitió y se encuentra en trámite. De lo anterior se colige, que el señor **, cónyuge de esta Juzgadora Federal promovió demanda de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad de varios numerales de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintiuno de marzo de dos mil veinte. Al igual que acontece en la demanda origen de este contradictorio, por lo que se estima, existen elementos objetivos que ponen en riesgo la parcialidad de esta juzgadora al resolver el presente asunto; de ahí que se considere actualizada la hipótesis de impedimento contenida en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, obligándome a hacerlo del conocimiento de la superioridad e inhibirme en el conocimiento del mismo. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, 37, fracción VII y 146, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase de inmediato el presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo circuito, en turno, con sede en esta ciudad, previo cuadernillo que se forme, para la calificación de la causa de impedimento que se propone, solicitando tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Se ordena notificar por lista a las partes, entre ellas a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Finalmente, agréguese a los autos para que obre solo como antecedente, el escrito signado electrónicamente por el licenciado **, en virtud de que del sumario se advierte que no es parte en el juicio y tampoco le reviste el carácter de autorizado que refiere. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano