Pablo Alberto Nuñez Robles
Expediente 776/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Pablo Alberto Nuñez Robles
- Pablo Alberto Nuñez Robles y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se recibió la demanda que dio origen al juicio, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito el mismo día. En el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien reclamó el auto de vinculación a proceso de dos de agosto de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal *******, por su probable participación en hechos que encuadran en el delito de extorsión agravada. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados y al fiscal que actuó en el expediente de origen y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Mediante sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el treinta del mismo mes y anualidad, se negó la protección de la justicia federal en el juicio. En auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, la parte quejosa ******* interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, para lo cual se ordenó remitir el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, para la substanciación del recurso de mérito, órgano pluripersonal que admitió el recurso y lo registró como amparo en revisión ******* de su índice. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil diecisiete, se recibió copia certificada de la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el trece de julio de dos mil diecisiete, órgano pluripersonal quien revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento dentro del presente juicio. En el mismo auto, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se reanudó el procedimiento y se giró oficio al tercero interesado agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de donde derivó el acto reclamado, se le dio vista con el informe justificado del juez responsable y con el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil dieciséis dictado en el presente juicio de amparo y se señalo fecha para la celebración de la audiencia. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, el auto de vinculación a proceso de dos de agosto de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal *******, por su probable participación en hechos que encuadran en el delito de extorsión agravada. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, indicó que es cierto que en audiencia de dos de agosto de dos mil dieciséis decretó auto de vinculación a proceso en la causa penal *******, al considerar al quejoso partícipe en la comisión del hecho que la legislación tipifica como extorsión agravada. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable exhibió los discos versátiles que contienen video grabadas las audiencias en las que se nombró defensor, se formuló imputación, se fijó fecha y hora para audiencia, se realizó el control de medidas cautelares, así como, la audiencia de desahogo de pruebas y la diversa de vinculación a proceso (foja 33); además, la documental consistente en transcripción del auto de vinculación a proceso que se reclama (fojas 23 a 31), probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164618, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación hechos valer por el agraviado son infundados. El quejoso aduce que el auto de vinculación a proceso que reclama es ilegal debido a que la autoridad responsable no fundó, ni motivó su determinación. Además, señala que la resolución de vincularlo a proceso se emitió sin que exista algún dato de prueba que corrobore o haga probable su responsabilidad. Considera que no se acredita el delito de extorsión, pues sus elementos tales como la intimidación y la afectación emocional a la víctima, la entrega del dinero, la agravante y el dolo, no se corroboraron. También indica que el juez omitió expresar el valor que confería a las pruebas de descargo que ofertó para acreditar su versión defensiva. Así, estima que correspondía al fiscal acreditar que cometió un hecho que la ley castiga como delito y su participación en el mismo, señala que en el caso no ocurrió y se le vinculó a proceso vulnerando el principio de presunción de inocencia. Como se adelantó los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso resultan infundados. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, será estudiado a la luz del artículo 19 constitucional, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, con registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales el agente Ministerio Público formuló imputación contra el accionante del amparo. En la misma audiencia ******* manifestó su deseo de no rendir declaración preparatoria, en uso del derecho conferido por el artículo 20 Constitucional, aunque posteriormente en la audiencia de vinculación decidió emitir su versión defensiva. El Fiscal al formular imputación consideró que los hechos delictivos que se atribuyen al peticionario del amparo se sancionan con pena de prisión por encuadrar en el delito de extorsión agravada, que estimó previsto en el dispositivo 204 bis, fracciones I y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que dispone: 204 Bis. A quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o de algún tercero, se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y de cien a ochocientos días multa. Se impondrá prisión de treinta a setenta años, cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades: I. Se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero o algún bien u objeto para evitar el daño con que se amenaza; [.] III. Intervengan dos o más personas; [.] En el auto de vinculación que se reclama, el juez de control estableció que para la actualización del hecho delictivo debe acreditarse que el activo obligó a otro con ánimo de lucro y valiéndose de la intimidación o violencia moral y que este medio se utilizó para que la víctima realizara, omitiera o tolerara algún acto en su contra o de algún tercero. De igual manera, señaló que el delito de extorsión se agrava cuando se logra que la víctima o un tercero entreguen alguna cantidad de dinero para evitar el daño que se le amenaza y cuando intervengan en la acción dos o más personas. Con la finalidad de evidenciar si los hechos imputados al aquí quejoso encuadran en la conducta típica que prevé la norma, el juez tomó en consideración los antecedentes de prueba reseñados por el fiscal. Así, primeramente consideró las declaraciones de la víctima de iníciales J.V.O.C y del esposo de ella, el testigo protegido J.G.H.L., quienes ante los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado fueron coincidentes en indicar que el catorce de julio de dos mil dieciséis recibieron una serie de mensajes escritos de manera intimidatoria a través de la red social Facebook de un perfil a nombre *******, que en esos mensajes se les exigía la cantidad de $******* con la amenaza que de no hacerlo revelarían una serie de sesenta y un imágenes en las cuales aparecía la víctima con poca ropa o desnuda, la víctima y su esposo ignoraron la amenaza, pero, por el mismo medio la parte activa remitió una fotografía de la pasivo en ropa interior como muestra de su poder de acción. En vista de su denuncia, los agentes Ministeriales les proporcionaron el número telefónico al que podían llamar en caso que recibieran más mensajes extorsionadores, razón por la cual, a las dieciséis horas con treinta minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciséis la agente ******* recibió una llamada del testigo protegido J.G.H.L., quien le informó que habían entablado comunicación con las personas extorsionadoras y les exigieron la entrega del dinero solicitado, citándolo en un negocio cerca de la ******* ubicado en la *******, que ahí dejarían el sobre cerrado. Con los datos proporcionados, los agentes decidieron montar un operativo, se ubicaron en un lugar estratégico fuera de las desponchadora y a las diecisiete horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, llegó un automóvil marca ******* color ******* de cuatro puertas del cual descendió la víctima y como se le indicó dejó el sobre con el numerario en la llanta que se encontraba en el exterior de la desponchadora. Enseguida, subió al vehículo y se retiró del lugar. A las diecisiete horas con diez minutos de esa misma data, a la llanta que estaba en la parte de afuera de la desponchadora se acercaron dos personas del sexo masculino y uno de ellos se dirigió a la misma para tomar el dinero, mientras que el otro sujeto lo esperó para brindar seguridad y vigilancia a distancia, ante ese actuar, los agentes intentaron su aprehensión, los activos huyeron, arrojaron el sobre, pero enseguida se aseguró el sobre que tomaron de la llanta del tractor y detuvieron a los sujetos, uno de ellos menor de edad de nombre ******* menor de edad y el otro *******. A lo manifestado por la víctima y el testigo, el natural les reconoció valor probatorio y sumó diversos antecedentes, como son: el acta de aviso redactada por los agentes ******* y *******, de veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, el acta de entrevista de la víctima y el testigo ante el Agente del Ministerio Público, el acta de aseguramiento de objetos (teléfono blanco y negro) realizado por la agente policiaca, el acta de aseguramiento de numerario realizado al menor de edad de nombre *******. A tales antecedentes de prueba expuestos ante el juzgador como datos les reconoció valor indiciario por provenir servidores públicos que actuaron en un ejercicio y con atención a las funciones o atribuciones que les confiere el numeral 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control además tomó en consideración una serie de doce fotografías en las que se aprecian los detenidos, el lugar de detención, el objeto y el dinero asegurado y otra serie fotográfica de los mensajes extorsivos, dato de prueba al que el juzgador confirió valor probatorio en términos de lo que se dispone en el numeral 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, con los antecedentes expuestos el a quo estimó que se acreditaba el hecho que la ley tipifica como delito de extorsión, ello, al señalar que el catorce de julio de dos mil dieciséis, la víctima recibió una amenaza en el sentido que de no pagar cinco mil pesos, sacarían a la luz una serie de imágenes en las cuales aparece en ropa interior o desnuda, fotografías que le causarían vergüenza y una afectación moral, por lo cual, el día veinticinco de julio siguiente entregó el dinero, para lo cual lo depositó en una llanta al exterior de una desponchadora ubicada en ******* de esta ciudad, lugar del cual uno de los activos recogió el numerario mientras el otro lo apoyaba con acción de vigilancia. Así, el natural consideró que los activos con ánimo de lucro, mediante intimidación, obligaron a la víctima a entregar una cantidad de dinero; también estimó acreditadas las agravantes, la relativa a la entrega de dinero con el dicho de la víctima -quien adujo que decidió dar el numerario para no ser expuesta- y con el acta de aviso de los agentes aprehensores que aseguraron el sobre amarillo que contenía los cinco mil pesos; luego por lo que hace a la diversa calificativa consistente en que participen dos o más personas en el evento delictivo también la tuvo acreditada con lo expuesto por los agentes captores quienes indicaron que dos personas participaron, un menor que recogió el dinero y un adulto que hacía funciones de vigilancia y protección. Por cuanto hace a la probable responsabilidad del aquí accionante del amparo, el juez consideró lo manifestado en el parte informativo por los agentes captores ******* y *******, en el sentido de que el aquí peticionario del amparo brindaba vigilancia y protección al menor de edad que recogió el sobre con el dinero que había dejado la víctima en una llanta. Para demostrar su participación en el evento delictivo el juez también consideró el dicho de los testigos de descargo, por ubicar al activo cerca del lugar y del momento en que ocurrieron los hechos, sin que su declaración ayude a su defensa, pues ******* adujo haberlo perdido de vista cuando ocurrieron los hechos y ******* indicó que sólo vio a lo lejos cuando lo detuvieron. Enseguida el juez se ocupó de los argumentos del defensor del quejoso, por cuanto hace al hecho de que no se acreditó la violencia porque los activos no estaban armados, el natural explicó que la violencia contra la víctima fue de carácter moral pues fue amenazada con la publicación de imágenes donde se ponía al descubierto su pudor, le causó vergüenza que las fotografías se develaran ante la sociedad y temía el rechazo. Por lo que hace al diverso alegato en el sentido de que la víctima no hizo un reconocimiento directo del imputado, el juez consideró que ello era imposible pues el medio para intimidar a la víctima y obtener un lucro fue una red social, además, de que era innecesario ese reconocimiento si fue detenido en el momento de los hechos, mientras brindaba ayuda al diverso actor que recogió el dinero. En cuanto a la diversa alegación por la que el defensor aduce que el aquí quejoso sufrió tortura por parte de los agentes captores, el juzgador ordenó que se enviasen los comunicados a las autoridades encargadas de investigar ese hecho, pero consideró que aun cuando quedase demostrado, ello no varía su determinación, pues la entrevista del detenido no se desahogó en términos del artículo 114 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y dicho antecedente o entrevista no fue expuesto por el Fiscal, de manera que escapa de su valoración. Luego, por lo que hace al argumento de que no fue asegurado algún equipo de cómputo que corrobore el envío de los mensajes y así el hecho que la ley tipifica como delito de extorsión, el natural señaló que sin esos datos de prueba quedaba acreditada su participación ya que la detención tuvo lugar cuando sucedían los hechos. Finalmente, el juez atendió lo manifestado por el propio inculpado y consideró que su dicho no es suficiente para acreditar su versión defensiva sino por el contrario para demostrar su ubicación en el momento de los hechos, al aducir que cerca del lugar se citó con una expareja. Así, para la emisión del auto de vinculación el juez de garantía tomó en cuenta los antecedentes de prueba expuestos por el fiscal, los valoró y ponderó conforme al artículo 20 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los numerales 265, 356, 357 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al no estar acreditada más allá de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación que favoreciera a ******* el juez de garantía dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el hecho típico señalado por la ley como delito de extorsión agravada. Sentado lo anterior, conviene dar contestación a los conceptos de violación hechos valer por el inconforme. El quejoso aduce que el auto de vinculación a proceso que reclama es ilegal debido a que la autoridad responsable no fundó, ni motivó su determinación. No asiste la razón al accionante del amparo, pues del reseñado acto reclamado, este juzgador advierte que el natural señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida al enjuiciado se subsume en la hipótesis normativa prevista por el dispositivo 204 bis, fracciones I y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, el juez de control estableció puntualmente cuál es el hecho que se imputa al quejoso y que éste se considera como delito (extorsión agravada), con pena privativa de libertad. Tal circunstancia, es en específico acorde con la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10a), expuesta por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de dos mil trece, Materia Penal, que se puede consultar en la página 757, con registro 2004857, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Además, la autoridad responsable estimó que en la comisión de los hechos se acreditó la agravante que se contiene en las fracciones I y III del artículo 204 bis del ordenamiento sustantivo penal para la entidad, ello al considerar que el autor material obtuvo una cantidad de dinero y cometió el hecho en compañía de otra persona. Ello, en específico es acorde con la jurisprudencia 13/2003, expuesta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Materia Penal, que se puede consultar en la página 9, con registro 184531, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE. El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establece que: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.". Ahora bien, del análisis de tal precepto constitucional se concluye que para que el inculpado tenga certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, la autoridad judicial, al dictar un auto de formal prisión, no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino que debe analizar las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo anterior no es obstáculo para que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión. Aunado a lo anterior, el juzgador precisó que la hipótesis de participación (coautor) que se actualizaba es la prevista en el numeral 21, fracción III, del código en cita; también plasmó los razonamientos que permiten determinar cuál fue la intervención concreta del inconforme en la comisión de los hechos que le imputa el representante social, al ser labor del juzgador primigenio determinar sobre la autoría o participación del infractor, con el objeto de que el inculpado conozca a ciencia cierta, cuál es la forma de ejecución de la conducta que se le imputa. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego a la garantía de fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 de la Constitución Federal, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por lo expuesto, es válido concluir que en la resolución que se combate sí se cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en los aspectos señalados por la accionante del amparo. Como otro motivo de inconformidad, el quejoso aduce que el auto de vinculación a proceso que reclama es ilegal debido a que se dictó, sin que exista algún dato de prueba que corrobore el delito y su comisión. Considera que no se acredita el delito de extorsión, pues sus elementos tales como la intimidación y la afectación emocional a la víctima, la imputación directa, la entrega del dinero, la agravante y el dolo, no se corroboraron. También indica que el juez omitió expresar la valoración de las pruebas de descargo que se desahogaron ante su presencia. Carece de razón el quejoso, pues la autoridad responsable en principio reseñó las pruebas que fueron aportadas por el fiscal, hizo una valoración de las mismas e indicó porqué son validas para corroborar el hecho que la ley prevé como delito y la participación probable del quejoso en su comisión. En efecto, el juez del proceso, no sólo consideró la declaración de la víctima sino tomó en cuenta el dicho del testigo (esposo de la afectada), el parte informativo, las actas de hechos, cadenas de custodia, aseguramiento de objetos, series fotográficas y testimonios de descargo. Tampoco es veraz el hecho de que el juzgador de primera instancia haya soslayado su valoración, pues se encargó del análisis de los datos de prueba y les reconoció valor en términos de los artículos 20 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los numerales 265, 356, 357 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al hecho de que el juez omitió hacer una valoración de los medios de convicción que se desahogaron para acreditar su versión defensiva, también resulta infundado, debido a que, el juez analizó los testimonios de ******* y *******, los que le fueron útiles para evidenciar su participación en el evento delictivo, pues dichos atestes ubicaron al activo cerca del lugar y del momento en que ocurrieron los hechos. También, debe recordarse que para el dictado de un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio no se exige que se analicen los elementos del tipo penal, se haga una relación pormenorizada de las pruebas que sirven para su acreditación, sino que basta, como lo estatuye el artículo 19 Constitucional que se exprese el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De tal suerte que, en la especie, no se puede exigir al juez de la causa que haga un estudio de los elementos del delito para la emisión del auto de vinculación, basta que cumpla con el mandato constitucional para su dictado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de dos mil doce, Tomo 3, Materia(s): Penal, con registro 160330, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El quejoso asegura que la autoridad responsable no estaba en posibilidad de sujetarlo a proceso, pues no existe una imputación directa en su contra por parte de la víctima. Carece de razón el inconforme pues debe recordarse que los hechos de extorsión ocurrieron bajo el anonimato que permiten las redes sociales, de manera que, es inconcuso que la víctima desconocía quien era la persona que amenazó con mostrar fotografías intimas si no accedía a entregar la cantidad de cinco mil pesos; de tal suerte que, el reconocimiento de persona por parte de la víctima no podría efectuarse si ella no sabía la identidad de su agresor. Además, debe recordarse que el juez de control tomó en consideración otros antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, de los que desprendió datos de prueba con los que estimó probable que el imputado participó en la comisión de un hecho que la ley señala como delito (extorsión agravada). El quejoso también se duele del hecho de que no estaban acreditadas las agravantes del delito, empero, en ese aspecto el juez fue claro en mencionar que existía no sólo el dicho de la víctima, sino también del testigo protegido y de los agentes aprehensores, y que de tales datos de prueba se corroboraba la participación del quejoso y de otro sujeto, así como la entrega del dinero. En suma, si el juez valoró los antecedentes de prueba que le fueron presentados por el fiscal, sin que la defensa aportara algún medio de convicción eficaz para desvirtuarlos, y ello lo hizo con apego a la ley, el hecho de que el valor otorgado al material probatorio no sea favorable a los intereses del quejoso, no resulta violatorio de sus derechos, siempre y cuando el juez de primera instancia haya expresado las consideraciones jurídicas que tomó en cuenta para ello. Sobre el particular, cabe invocar la jurisprudencia II.2o.P.A. J/3 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, página 441, Novena Época, con registro 201059, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS, SU CORRECTA APRECIACIÓN NO IMPLICA EL QUE SE LES OTORGUE LA EFICACIA PRETENDIDA POR LOS OFERENTES. Si la autoridad responsable no hizo alusión específica a alguna de las pruebas consideradas por la defensa como de descargo, pero que en realidad son irrelevantes por no desvirtuar a aquellas que sirvieron para la configuración del hecho típico y de la culpabilidad del agente, tal omisión no representa una violación de garantías, pues los medios de prueba aportados al proceso pueden ser analizados ya sea en forma individualizada o en su conjunto; razonando en cada caso los motivos que justifiquen el otorgamiento del valor convictivo que les corresponda, no obstante que ese estudio sólo incida sobre aquellas constancias esenciales o fundamentales en función de su irrefutabilidad, ya que si el juzgador no asigna a determinadas pruebas el valor demostrativo pretendido por su oferente, esto no significa que se dejaran de tomar en cuenta por parte de la autoridad al momento de emitir su juicio. También, el criterio expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia VIII.4o. J/1 del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, página 1181, Novena Época, con registro 184255, que a la letra dice: TRIBUNALES DE AMPARO. LÍMITES EN EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Cuando en el juicio de garantías no se advierte que la autoridad responsable en el ejercicio de sus atribuciones se haya apartado de la razón y la sana lógica, ni infringió la ley al interpretarla, valorar la prueba o apreciar los hechos, los tribunales federales no deben invadir el arbitrio que les corresponde, pues su tarea no es la de sustituirse en la esfera de competencia que a ellas atribuye la Carta Magna, sino precisamente vigilar que se ajusten a sus mandamientos, es decir, aunque en un momento dado no se coincida del todo con el criterio sostenido en el acto reclamado, si no existe desvío de poder, debe respetarse tal actuación. Finalmente el garante aduce que debe respetarse su derecho a considerarlo inocente pues corresponde al fiscal en su caso demostrar que se cometió un hecho que la ley castiga como delito y que fue quien probablemente participó en el mismo, además, debió restarse valor a su confesión en la medida que para obtenerla fue sometido a tortura. En cuanto a la presunción de inocencia, tal principio no se estima violentado en la especie, toda vez que del conjunto de circunstancias y pruebas reseñadas por el juez de garantía se desprenden datos que hacen probable la participación del procesado en la comisión del hecho que la ley castiga como delito con pena privativa de libertad, por tanto, se desvirtuó la presunción de inocencia que se deducía en su favor, quien ahora rechaza las imputaciones y niega haber cometido el delito, por tanto, necesariamente debe probar los hechos en que descansa su postura defensiva, sin que baste su declaración en el sentido de que no estaba en la ciudad al momento de los hechos, no corroborada con elementos de convicción eficaces. Apoya la anterior consideración, en lo que interesa, la Jurisprudencia V.4º.J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177945, que a la letra dice: INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. En efecto, si con los datos de prueba que obran en autos de la causa penal de origen, se demostraron los hechos delictuosos que se le imputan al aquí quejoso, así como su probable participación en la comisión de éstos; el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional y 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual no se transgrede lo estipulado en la Carta Magna o en algún Tratado Internacional en el cual el Estado Mexicano sea parte, que proteja los derechos a la integridad de la persona, a la libertad personal y los derechos humanos. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia II.2º.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175111, que a la letra dice: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. Finalmente, por cuanto hace al argumento del quejoso en el sentido que la declaración en la que confesó no debió tomarse en consideración porque fue víctima de tortura. Tal motivo de inconformidad resulta infundado, debido a que el fiscal no hizo mención de dicho antecedente de investigación y el juez al contestar la postura defensiva de su abogado manifestó que no podía considerar dato de prueba que no fuese expuesto ante su presencia. Además, consideró la declaración del imputado en la que sostuvo que fue objeto de diversas vejaciones y por ello, denunció tales circunstancias ante el Ministerio Público, quien se encargará de llevar a cabo la investigación y proceder conforme a sus obligaciones y sus indagaciones para saber si se cometió un hecho ilícito o no en contra el imputado. El juez de control consideró, que el dicho del imputado no demeritaba el resto de los antecedentes de investigación que si fueron expuestos por el fiscal y de los que obtuvo datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un hecho que encuadra en el delito de extorsión y que existen datos para considerar que el quejoso probablemente participó en su comisión, de modo que, el argumento defensivo de que fue objeto de tortura hasta este momento procesal es insuficiente para que modificar el sentido de la determinación que se combate. Con base en lo antes expuesto, se obtiene que el auto de vinculación a proceso que se reclama, satisface las exigencias contempladas en el artículo 19 constitucional, por lo que su dictado no resulta violatorio de derechos humanos. Máxime que para motivar un auto de vinculación, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo, sino únicamente que los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión Sobre el particular, sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia VI.1o. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 222763, que expresa: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76, 77, 79 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* respecto del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el dos de agosto de dos mil dieciséis, en la causa penal *******, que reclama del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, domiciliado en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio *******, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, el trece de julio del año en curso, en el amparo en revisión penal ******* y los autos originales del juicio de amparo *******, promovido por *******, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto, se revoca la sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria, se ordena al Juez Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, reponer el procedimiento en el juicio de amparo *******. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En la resolución antes referida, se revocó la sentencia dictada en el presente asunto, y se ordenó reponer el procedimiento para que el Juez de Distrito realice lo siguiente: Se notifique mediante oficio, al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación y Combate de Extorsión, en su carácter de tercero interesado, el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Por lo tanto, y en atención a lo ordenado por el Tribunal, se ordena girar oficio al tercero interesado de referencia, y se da vista con el informe justificado del juez responsable, y con el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil dieciséis dictado en el presente juicio de amparo, lo anterior de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con veinte minutos del seis de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada *******. Doy fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Oswaldo Humberto Rodarte Duarte787/2023
- Oswaldo Kuchle Lopez365/2014
- Oswaldo Muñoz González546/2015
- Otoniel Galaviz Ortiz977/2023
- Oyuky Gabriela Chavira Viezca274/2016
- Ozlem Patricia Sepúlveda Dozal938/2019
- Pablo Ángeles Ríos344/2018
- Pablo Carranza Lagos743/2018
- Pablo Emiliano Álvarez Martínez y Otros.362/2018
- Pablo Esteban Gonzalez Zamora417/2015
- Pablo Ezequiel Domínguez Porras619/2021
- Pablo Fernández Salas637/2022