Pablo Enriquez González y Otros.

Expediente 115/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
115/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Pablo Enriquez González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. Por otra parte, al resultar innecesario conservar la copia certificada del expediente *** (un tomo) que remitieron el 1. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 2. Actuarios adscritos, con residencia en esta ciudad (en sus denominaciones correctas); devuélvase a las autoridades responsables indicadas, sin necesidad de que acusen recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 2. Actuarios de dicha adscripción, remitieron copia certificada del juicio ordinario civil ***, de su índice, relativo a la pérdida de la patria potestad de la menor de iniciales ***, en apoyo a su informe con justificación. Al respecto, de la copia certificada del juicio de origen en cita, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, el catorce de abril de dos mil dieciséis, ***, demandó al aquí quejoso ***, la perdida de la patria potestad de éste último sobre la menor de iniciales ***; la guarda y custodia provisional y definitiva de la menor en cita y el pago de gastos y costas. De dicha demanda conoció por razón de turno el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta localidad, mismo que la admitió a trámite mediante proveído de veinte de abril siguiente, la registró con el número de expediente ***; asimismo, ordenó el emplazamiento del demandado aquí quejoso, sin que de autos se desprenda que se haya dictado sentencia definitiva en el juicio de referencia. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se colige que el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño por equiparación, y señala como acto reclamado el emplazamiento al juicio natural, que considera ilegal, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa, así como sus consecuencias jurídicas. Resulta conveniente precisar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el máximo tribunal ha determinado que la persona extraña a juicio es, en principio, aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (tercero extraño por equiparación). Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese tenor, quien ahora resuelve se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. vi. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vii. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En la especie, el acto combatido en esta vía constitucional lo es el emplazamiento al juicio ordinario civil ***, relativo relativo a la pérdida de la patria potestad de la menor de iniciales ***, así como sus consecuencias. En contra de dicha determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, el inconforme debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 76 y 78, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; normatividad que rige el procedimiento de donde emana el acto combatido; precepto que establece: "ART. 76.- LAS NOTIFICACIONES HECHAS EN FORMA DISTINTA A LA PREVENIDA EN EL CAPITULO V DEL TITULO SEGUNDO, SERAN NULAS; PERO SI LA PERSONA NOTIFICADA SE HUBIERE MANIFESTADO EN JUICIO SABEDORA DE LA PROVIDENCIA, LA NOTIFICACION SURTIRA DESDE ENTONCES SUS EFECTOS COMO SI ESTUVIESE LEGITIMAMENTE HECHA. (.) ART. 78.- SOLO FORMARA ARTICULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. LOS INCIDENTES QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE OTRAS NULIDADES DE ACTUACIONES O DE NOTIFICACIONES SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN EN FORMA INCIDENTAL, SIN SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO". De la transcripción del primer numeral, se colige que las notificaciones realizadas en contravención a las formalidades establecidas en el Capítulo V del Título Segundo del código adjetivo supracitado, serán nulas; no obstante, si la persona notificada se manifiesta en el procedimiento sabedora de la providencia, la notificación surte efectos desde entonces como si se hubiese realizado en forma legítima. Por su parte, el segundo ordinal refiere que el incidente de nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento es de los considerados como de los de previo y especial pronunciamiento; asimismo, que los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitaran y resolverán en forma incidental, sin suspensión del procedimiento En el caso concreto, el acto impugnado lo constituye el emplazamiento al procedimiento natural. Al respecto, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del juicio en el que figuraba como parte demandada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, lo que constituye una confesión expresa, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, evidencia que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia respectiva, lo que se corrobora del informe justificado rendido por las responsables y la documental que en apoyo a esté remitió a este órgano de control constitucional. En ese sentido, lo que resulta inconcuso que por ese solo hecho pierde el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. De ahí que, si se acreditó que el peticionario de amparo tuvo conocimiento del juicio de origen seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia definitiva, pierde el carácter de persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento; sino que, como se indicó, tuvo conocimiento del juicio natural, así como la oportunidad de agotar el recurso o medio ordinario de defensa. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable, por el espíritu que informa, la jurisprudencia 2a./J.198/2008, por dicha Sala del Máximo Tribunal del país, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, al carecer del carácter con el que se ostenta el quejoso en el juicio de amparo (tercero extraño por equiparación), y en observancia al principio de definitividad, tenía la obligación de agotar el incidente de nulidad de notificaciones en contra del emplazamiento al procedimiento de origen que combate en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del seis de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 2. Actuarios adscritos, con residencia en esta ciudad (en sus denominaciones correctas). De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el precepto 119 y 123, de la Ley de la Materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que remiten las autoridades de cuenta, consistente en copia certificada del expediente ***, y tomando en consideración el volumen de la misma, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contiene; el cual queda en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido; misma que será valorada en el momento procesal oportuno. Finalmente, toda vez que en proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 16 a 20), este juzgado se reservó de proveer respecto de las copias certificadas del expediente ***, hasta en tanto se recibieran, lo que ya aconteció, por lo tanto, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental de referencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada ***, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de seis de febrero de dos mil diecinueve (foja 16 a 20), dictado en el presente juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados y realiza manifestaciones; en consecuencia, se provee: En primer término, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada a ***, al presente juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos del precepto 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en esta instancia constitucional. Notifíquese.

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