Pablo Cigarroa Cruz

Expediente 1530/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1530/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Pablo Cigarroa Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto del Presidente. Anexo al informe que se recibe, la autoridad señalada como responsable remite copia certificada del auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ***, en el que declaró cerrada la instrucción. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: "la paralización total de procedimiento por la falta de emitir el laudo ya que han transcurrido más de 45 días naturales desde la fecha en el que concluyo el plazo en el que legalmente debió pronunciarse la autoridad responsable." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica formal o adjetiva. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Ahora, como se advierte del escrito de demanda, el acto reclamado se hace consistir en la dilación por parte de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ***; sin embargo, de la documental que anexó la responsable a su informe justificado se observa que el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen. En ese contexto, esta juzgadora, estima que se actualiza la causal de improcedencia antes referida, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se advierte que exista una abierta dilación dentro del juicio de origen, y que con ello se trasgreda un derecho sustantivo al peticionario del amparo, ya que aún no ha transcurrido un lapso que supere sobremanera el término previsto en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 , de la Ley Federal del Trabajo para la emisión del laudo en los juicios ventilados ante la responsable 1. Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por conducto del Presidente. Se afirma lo anterior, pues de los artículos citados se desprende lo siguiente:  Una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, se formulara por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta para que sea votado.  Los integrantes de la Junta cuentan con cinco días para solicitar que se practiquen diligencias para mejor proveer, en cuyo caso se desahogará dentro del término de ocho días.  Hecho lo anterior, en un plazo de diez días se discutirá y votará el laudo respectivo. Así, las Juntas están obligadas a emitir los laudos en los asuntos de su competencia, en un plazo máximo de treinta y tres días hábiles contados a partir del cierre de instrucción, ello, siempre y cuando con posterioridad a dicho evento, surja la necesidad de desahogar diligencias para el esclarecimiento de la verdad; de no ser así, el plazo se reduce a veinticinco días hábiles. Ahora, si la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ésta tenía hasta el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, para dictar el laudo respectivo. Entonces, es dable asegurar que la dilación que reclama la parte quejosa comenzó a transcurrir a partir seis de noviembre de la presente anualidad, por lo que, es evidente que a la fecha de la presentación del escrito inicial de demanda, que fue el trece de noviembre del año en curso, no había transcurrido el término de cuarenta y cinco días, para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden de ideas, se reitera que en la especie no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que de la fecha en que la responsable tuvo que dictar el laudo en el juicio de origen a la de la presentación de la demanda sólo habían transcurrido ocho días naturales. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de noviembre de dos mil diecinueve. ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la misma, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1530/2019-3-A. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cumplimiento con lo previsto en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no es el caso tramitar por cuerda separada los cuadernos incidentales, toda vez que la parte quejosa no solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Hágase del conocimiento de las partes, que se estima innecesario emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación de este proveído, el cual deberá remitir refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado, por lo que se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no remitir su informe justificado en los términos precisados se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberá: a) Manifestar si es cierto o no el acto reclamado, en el entendido de que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos del acto reclamado o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a la autoridad responsable que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d) antes precisados, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 64, 237, fracción I, 251, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Toda vez que aún no se encuentra integrada la litis constitucional, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto a la parte tercero interesada y su respectivo emplazamiento, en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados a las personas que indican, en los términos solicitados, sin que sea necesario realizar la consulta, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, respecto de la persona que autoriza en términos amplios, ya que el quejoso es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, por lo que no es necesario que se encuentre registrado en dicho sistema electrónico. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese.

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