Pablo González Sánchez

Expediente 408/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
408/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Pablo González Sánchez
  • Pablo González Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de junio de dos mil veintiuno. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, por medio del cual, transcribe el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno dictado en el juicio de amparo 566/2021-VI de su índice, promovido por ***, quien se ostenta como defensor de ***, en el que determinó declararse incompetente para conocer de dicho expediente. Con apoyo en los artículos 35, 37 y 38, de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese de recibo. Ahora, vista la demanda promovida por ***, quien se ostenta como defensor de ***, contra los actos reclamados de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez de Control de la Región III Palenque Catazajá, con sede en Catazajá, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 408/2021-2-B. DESECHAMIENTO Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que éste consiste en la determinación de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del quejoso, dentro de la causa penal ***, en el que se resolvió que no hubo lugar a revocar el proveído de once del mes y año en cita, en el que se declaró cerrada la investigación complementaria. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; precepto que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que la quejosa hubiese reclamado el mismo acto atribuido a la misma autoridad, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, la quejosa conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y la misma autoridad, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia de la quejosa dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. Cabe precisar que el legislador secundario dispuso como excepción a la actualización de la causa de improcedencia examinada, que el acto reclamado consistiera en normas generales con motivo de actos de aplicación distintos, supuesto en el cual únicamente podría operar la figura de la litispendencia cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en el que se analice la constitucionalidad de la norma, empero, de declararse que ésta es constitucional, la improcedencia no alcanza a los actos de aplicación que fueron impugnados por vicios propios, habida cuenta que no se surte el presupuesto de identidad en los actos que requiere la litispendencia. Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir, esencialmente, en la determinación de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del quejoso, dentro de la causa penal ***, en el que se resolvió que no hubo lugar a revocar el proveído de once del mes y año en cita, en el que se declaró cerrada la investigación complementaria. Ahora bien, de las constancias relativas al juicio de amparo ***, del índice de este mismo juzgado, el cual se invoca como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia aplicada por analogía, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en página 2026, del tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.", se advierte que el carácter de quejoso le reviste a la misma persona, esto es, ***, en la que señaló como autoridad responsable al 1. Juez de Control de la Región III Palenque Catazajá, con sede en Catazajá, Chiapas, atribuyéndole como acto reclamado la determinación de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del quejoso, dentro de la causa penal ***, en el que se resolvió que no hubo lugar a revocar el proveído de once del mes y año en cita, en el que se declaró cerrada la investigación complementaria. Demanda que fue admitida en proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno; empero, la presentación de la presente demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, fue recibido a las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos del dieciocho de junio actual, y registrado en la Oficialía de Partes de este juzgado, a las nueve horas con cero minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, según consta de la papeleta con número de registro *** y el diverso juicio ***, se tuvo por recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el siete de junio de dos mil veintiuno, a las once horas con treinta y cuatro minutos. En ese sentido, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia que alude a la litispendencia existente entre dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad, y por el propio acto reclamado, siendo que el primero, esto es, el que se formó con la demanda más antigua, ya fue admitida, y fue recibida primero, e interpuesta por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, como se precisa en los párrafos que anteceden. Sin que pase desapercibida para quien aquí resuelve la existencia de la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS, ya que, en el caso no se estima aplicable. Lo anterior, toda vez que, de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 307/2012, que dio origen a la tesis mencionada en el párrafo que antecede, se desprende que los criterios que contendieron resolvían asuntos sobre la procedencia de la causa de improcedencia de litispendencia respecto de juicios de amparo que eran promovidos por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y mismas autoridades responsables, pero radicados en diversos órgano jurisdiccionales, de los cuales no se tenía conocimiento si ambos juicios se iban a sobreseer por la misma causal de improcedencia de litispendencia, dejando en estado de indefensión a la parte quejosa. Empero, en el caso concreto, es de resaltar que la demanda de amparo relativa al juicio de amparo ***, fue promovida, por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad, y por el propio acto reclamado, y se recibió la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el siete de junio de dos mil veintiuno, a las once horas con treinta y cuatro minutos, mientras que la que dio origen al presente expediente, a las nueve horas con cero minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, según consta en las papeletas con números de registro *** y ***, respectivamente, es evidente que quien esto determina, no tendrá por actualizada la causa de improcedencia de litispendencia en dicho juicio por haberse promovido el juicio de amparo 408/2021. En ese sentido, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia que alude a la litispendencia existente entre dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad, y por el propio acto reclamado, siendo que el primero, esto es, el que se formó con la demanda más antigua, que a la presentación de este asunto, aún se encuentra pendiente de resolver. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa solicite la suspensión del acto reclamado, toda vez que en el diverso juicio ***, solicitó la suspensión del acto reclamado, y se concedió la medida provisional para los efectos ahí precisados, y a la fecha en que emite el presente proveído se encuentra pendiente de resolver sobre la suspensión definitiva del mismo, de ahí que la conclusión a la que se llega con la presente determinación es en aras de una justicia pronta en observancia al artículo 17 constitucional. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos del citado numeral a ***, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Además, como lo solicita la promovente, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al asesor jurídico con el nombre de usuario "***", para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, de cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Sin que haya lugar a tener el número telefónico y los correos electrónicos que proporciona para oír y recibir citas y notificaciones, ya que esos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocidos por la Ley de Amparo, para tales efectos. No obstante, se hace del conocimiento del promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberá sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del número telefónico y correos electrónicos que proporciona para, en su caso, brindar atención respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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