Pablo Alberto Rivera Negrete

Expediente 936/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
936/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Pablo Alberto Rivera Negrete

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, en contra de los actos del Gobierno del Estado de Chihuahua y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veinte de junio de dos mil veintitrés, ********************, promovió demanda de amparo, en contra de los actos de las autoridades Gobierno del Estado de Chihuahua a través de su representante legal, Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua y Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, consistente en: "1.- La perturbación de la posesión y de la propiedad del inmueble de mi propiedad identificado como lote ******************** de la manzana ********************de la ******************** (también conocida como el ********************), de esta ciudad Juárez, Chihuahua, con una superficie de ********************con las siguientes medidas y colindancias: (.). Inmueble que carece de nomenclatura pero que se encuentra entre los inmuebles con números ******************** y ******************** de la calle ******************** de la Colonia El ********************, de esta ciudad. 2.- La desposesión que sufrí del bien inmueble consistente en terreno identificado como como lote ******************** de la manzana ********************de la ******************** (también conocida como el ********************), de esta ciudad Juárez, Chihuahua, con una superficie de ********************con las siguientes medidas y colindancias: (.). Inmueble que carece de nomenclatura pero que se encuentra entre los inmuebles con números ******************** y ******************** de la calle ******************** de la Colonia El ********************, de esta ciudad. 3.- El ilegal proyecto y obra que las autoridades señaladas como responsables y los terceros interesados, se encuentran ejecutando en el inmueble de mi propiedad, identificado como lote ******************** de la manzana ********************de la ******************** (también conocida como el ********************), de esta ciudad Juárez, Chihuahua, con una superficie de ********************con las siguientes medidas y colindancias, Inmueble que carece de nomenclatura pero que se encuentra entre los inmuebles con números ******************** y ******************** de la calle ******************** de la Colonia El ********************, de esta ciudad. 4.- La destrucción y remoción de la malla ciclónica que delimitaba y resguardaba el inmueble de mi propiedad, mencionado en los puntos anteriores." SEGUNDO. Preceptos constitucionales. La parte quejosa considera que el acto reclamado vulneró en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se registró bajo el expediente ********************; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Negativa de los actos reclamados. Las autoridades el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos y apoderado legal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, el representante legal de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, el Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, y el Subsecretario de Representación de Gobierno del Estado, en Ciudad Juárez, perteneciente a la Subsecretaría de Gobernación de Gabinete, negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, el segundo, precisó que no tiene relación con los actos que se le reclaman, ya que no participó, emitió, ordenó o ejecutó ninguno de los actos referidos. Sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No se soslaya que la parte quejosa precisa diversos actos en contra de las autoridades señaladas como responsables; sin embargo, cuando las autoridades niegan un acto no se está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del controvertido, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; es decir, no se releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo Es aplicable a lo razonado, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, sustentado en la y tesis del rubro y contenido siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades indicadas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe. En cumplimiento al artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, hace constar y certifica: Que la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia en razón de que se firmó electrónicamente una vez que las labores del juzgado, así lo permitieron, en su misma fecha. Doy Fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegato ministerial, el cual, será tomado en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y en relación a la copia que solicita, expídanse la misma una vez que se emita la resolución relativa, de conformidad con el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su artículo 2. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo y anexos que acompaña, promovida por ********************, contra actos del CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA y otra autoridad, residentes en la ciudad de Chihuahua; es que, al tenor de los arábigos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Fórmense expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el libro electrónico correspondiente; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el orden 936/2023-I-B. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Por otra parte, a las autoridades señaladas como responsables se les requiere su INFORME CON JUSTIFICACIÓN, que deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibidas que de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley, según lo dispuesto en el numeral 117 de la ley de la materia; asimismo, se le apercibe que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como acorde a lo estipulado en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso arábigo 260, fracción II, de la ley federal que rige en la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando el domicilio ubicado en Avenida Tomas Fernández, número siete mil setecientos sesenta, local F, colonia Partido Doblado, en esta ciudad; asimismo, se le tiene designando en términos amplios del arábigo 12, de la Ley de Amparo; al licenciado Juan Tapia Alfaro, y para oír y recibir notificaciones a los C. Vanely Guadalupe Jacquez Talamantes y/o Karla Angélica Gutiérrez Muñiz y/o Feiman Jesus Pang Chávez. En atención a su solicitud se autoriza acceso al expediente electrónico del presente juicio; por ende, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario que proporciona el promovente "JTAPIA", para la consulta del presente expediente vía electrónica y la práctica de las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, por esa vía; lo anterior, de conformidad con la fracción IV del artículo 26, fracción VI, de la Ley de Amparo y artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, ofreciendo como pruebas, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, DOCUMENTALES PÚBLICAS, PRESUNCIONAL, las cuales serán tomadas en consideración y valoradas en la etapa procesal correspondiente al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo y 124, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales desarrollados por el propio Consejo a través del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo" publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022/pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf . En ese tenor, a partir del siete de noviembre del presente año, el público en general puede acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consultar el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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