Pablo González Hernández
Expediente 471/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua
- Pablo González Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, desahogando el requerimiento hecho mediante proveído de dos de febrero del año en curso, informando que aceptó la competencia planteada por este juzgado federal del juicio de amparo 471/2020; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que declinó la competencia de la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veinte, este juzgado federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Pablo González Hernández, a la cual le correspondió el número de expediente 471/2020-V-A de nuestro índice, misma que fue remitida al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, por medio de Oficialía de Partes Común. En consecuencia, en virtud de que a la fecha no obra en autos el acuse correspondiente, se requiere a la autoridad jurisdiccional descrita, para que de no tener inconveniente envíe el acuse de recibido. CÚMPLASE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, sin que sea el caso proveer en relación a su contenido, en virtud de que el siete del mes y año en curso, se remitió mediante el oficio 14803/2020, los autos originales del juicio de amparo 471/2020. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo promovida por Pablo González Hernández, contra actos de los Jueces Cuarto, Quinto y Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, incluyendo al suscrito Juez Sexto de Distrito, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, los que a continuación se transcriben: "...IV.- ACTOS RECLAMADOS A).- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO LA ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y/O DETENCIÓN, GIRADA EN CONTRA DEL SUSCRITO. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO Y LA INMINENTE EJECUCIÓN QUE SE PRETENDE DAR A DICHA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN, EN CONTRA DE LA LIBERTAD PERSONAL DEL SUSCRITO QUEJOSO." (sic). Así, en principio, debe citarse el artículo 48, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Bajo ese contexto, debe decirse que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Pablo González Hernández, y que la misma se surte a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en virtud de que, los Jueces Cuarto, Quinto y Noveno de Distrito, residentes en la localidad, también fueron señalados por el quejoso como autoridades responsables ordenadoras, por lo que, dicho Juez Federal, resulta ser la autoridad jurisdiccional más inmediata dentro de la jurisdicción que ejercen los Tribunales Colegiados del Décimo Séptimo Circuito, en esta Entidad Federativa; en consecuencia, previa formación del cuadernillo de antecedentes respectivo, se ordena remitirle a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, la demanda de amparo de referencia, para el efecto de que se sirva compensar las cargas de trabajo correspondientes y realice las gestiones necesarias a fin de que turne el presente asunto al Juez de Distrito que no fue señalado como autoridad responsable en esta ciudad, y esté en aptitud de decidir lo correspondiente a la cuestión de competencia que se le propone. Sobre el tema tratado, es atinente, la tesis de Séptima Época, pronunciada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 108, del tomo 181-186, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez". Lo anterior, sin que sea el caso proveer lo relativo a la suspensión del acto que se reclama, toda vez que el mismo no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de la Materia y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que siendo los actos, una orden de detención y/o aprehensión o cualquier otra que pretenda privar de la libertad, como lo refiere la parte quejosa, no se trata de actos que impliquen un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 48, de la ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como autorizados para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que indica en su ocurso y como domicilio para tales efectos, el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado HILARIO QUINTERO TORRES, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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