Pablo Adán Rojas Enriquez
Expediente 756/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Pablo Adán Rojas Enriquez
- Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos de los cuales se advierte que el medio de impugnación interpuesto se encuentra debidamente integrado, remítase el presente expediente al Tribunal de Alzada, a fin de que se substancie dicho recurso. Cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene al quejoso Pablo Adán Rojas Enríquez, interponiendo recurso de revisión, en contra de la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales del presente juicio de amparo, así como del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de éste último para el Agente del Ministerio Público de la Federación y las restantes copias de dicho escrito distribúyanse entre las demás partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 756/2023-IV, promovido por su propio derecho por ********************, contra actos del Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, con residencia en la localidad y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el siete de agosto de dos mil veintitrés, y turnado a este juzgado al siguiente día hábil, ********************, promovió juicio de amparo contra las autoridades, Presidente Municipal de Juárez,, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, Director de Regulación Comercial del Municipio de Juárez, Chihuahua, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Tesorero Municipal, a quienes reclamó lo siguiente: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades señaladas reclamo: 1. - LA ILEGAL CLAUSURA DE MI LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO ********************, UBICADO EN EL ********************, DE FECHA 20 DE JULIO DELAÑO EN CURSO, QUE ME DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN E INCERTIDUMBRE AL NO SER CLARA LA AUTORIDAD SI SE TRATA DE UN ACTO PRECAUTORIO, CAUTELAR O DEFINITIVO QUE COMO SANCIÓN ESTÁ PREVISTA EN EL REGLAMENTO RESPECTIVO COMO CLAUSURA DEFINITIVA, YA QUE EN ESTE SUPUESTO, LA AUTORIDAD YA PROCEDIÓ AL ROMPIMIENTO DE CANDADOS, VIOLACIÓN DE SELLOS Y COLOCACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE RECLAMA EL CESE DE LA CLAUSURA, COMO ACTO DE AUTORIDAD. 2.- LA OMISIÓN DE NOTIFICAR EL ACTO DE CLAUSURA, VIOLENTANDO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE NOTIFICARME EL QUEBRANTAMIENTO DE CANDADOS Y ROMPIMIENTO DE SELLOS PARA DECOMISAR O DESTRUIR MERCANCÍA E INSUMOS, LOCALIZADOS EN EL INTERIOR DEL LOCAL. 3. - LA FALTA DE ADMITIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS ALEGATOS DEFENSIVOS Y DESAHOGO DE PRUEBAS REQUERIDOS, CON EL DEBIDO PROCESO Y DILIGENCIA, INTERPUESTOS EN CONTRA DEL ACTO DE CLAUSURA Y LA IMPUGNACIÓN DEL MISMO, POR LO QUE SE RECLAMA LA DILIGENCIA DEL DEBIDO PROCESO, COMO ACTO DE AUTORIDAD. 4 - EL ACTO VIOLENTO POR MEDIO DEL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EL DÍA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, HA ROTO LOS CANDADOS MOTIVO DE CLAUSURA, QUEBRANTANDO SELLOS SIN PREVIA PARA HACERLO, DESTRUYENDO INSUMOS Y MERCANCÍAS, COMO PARTE DE MI PATRIMONIO. 5. - OMISIÓN E IMPEDIMENTO A RECIBIR EL PAGO DE LA RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE, DESDE HACE VARIOS MESES EN QUE HE INTENTADO, SIENDO LA ÚLTIMA OCASIÓN LOS DÍAS 20 Y 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ENTRE OTROS DÍAS RECIENTES, POR LO QUE SE RECLAMA LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS DE RENTA, EN CONSECUENCIA, LA REAPERTURA DE MI NEGOCIO, PUES HE CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS Y CON EL INTERÉS DE EFECTUAR LOS PAGOS. 6. - LA FALTA DE RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y CONDICIONES DEL LOCAL Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL, POR LO QUE SE RECLAMA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y DEMÁS AUTORIZACIONES. 7.- EL ILEGAL ACTO DE AUTORIDAD QUE ME IMPIDE DEDICARME AL OFICIO, PROFESIÓN O ARTE DE MI PREFERENCIA, COMO LO ES EL COMERCIO, QUE COMO DERECHO HUMANO ESTÁ PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES, ACTIVIDAD LÍCITA, HONORABLE Y NECESARIA COMO MEDIO DE SOBREVIVENCIA DE MIS DEPENDIENTES ECONÓMICOS FAMILIARES Y DE LA PARTE HOY QUEJOSA, ACTIVIDAD QUE VENGO REALIZANDO YA DESDE VARIOS AÑOS EN DICHO ********************. 8.- EL ACTO DE AUTORIDAD QUE CONCULCA EL DERECHO AL PATRIMONIO, AL DESTRUIRSE BIENES DESTINADOS AL COMERCIO, SIN UNA ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE Y SIN EMPLAZARME O NOTIFICARME PARA EJERCER MIS DERECHOS, O BIEN, RESCATAR PARTE DE MI PATRIMONIO, DE ACUERDO AL ACTO QUE SE RECLAMA REALIZADO EL DÍA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 9. LA CLAUSURA DEFINITIVA Y DESALOJO DEL LOCAL COMERCIAL QUE OCUPO, SIN MEDIAR EL DEBIDO PROCESO, BAJO LAS ARBITRARIEDADES QUE SE MENCIONAN A LO LARGO DEL PRESENTE ESCRITO". (sic) Segundo. Por auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 756/2023-IV, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia, se requirieron a las autoridades responsables sus informes justificados y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y la audiencia inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde tuvieron ejecución los actos reclamados. Segundo. Fijación de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: a) A las autoridades, Secretario de Seguridad Pública Municipal Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, Tesorera del Municipio de Juárez, Secretario de la Presidencia y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director de Regulación Comercial del Municipio de Juárez, Chihuahua, en esta localidad. 1. La clausura del local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************, de veinte de julio del año en curso. 2.- La omisión de notificar tanto la clausura de veinte de julio del año en curso, como el quebrantamiento de candados y rompimiento de sellos para decomisar o destruir mercancía e insumos, localizados en el interior del local, esto último el veintisiete de julio del año en curso. 3. La omisión de admitir, tramitar y resolver los alegatos defensivos y desahogo de pruebas formulado por la quejosa, con el debido proceso y diligencia, interpuesto en contra del acto de clausura y la impugnación del mismo ante la autoridad, Director de Regulación Comercial de la Secretaria de Ayuntamiento del Municipio de Juárez. 4. La negativa a recibir el pago de la renta mensual correspondiente, desde hace varios meses, siendo la última ocasión el veinte y veintisiete de julio del presente año. 6. La negativa de renovación de los permisos y autorizaciones necesarias para el funcionamiento y regularización de la actividad comercial y condiciones del local y la actividad comercial, por lo que se reclama la renovación de permisos, contrato de arrendamiento y demás autorizaciones. 7. El ilegal acto de autoridad que me impide dedicarme al oficio, profesión o arte de mi preferencia, como lo es el comercio. 8. La destrucción de bienes destinados al comercio, sin una orden de autoridad competente y sin emplazarlo o notificarle para ejercer sus derechos, o bien, rescatar parte de su patrimonio. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. La existencia de algunos de los actos reclamados no quedó plenamente probada en el presente juicio de amparo. En efecto, no resultan ciertos los actos reclamados de las autoridades, Secretario de Seguridad Pública Municipal Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, Tesorera del Municipio de Juárez, Secretario de la Presidencia y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director de Regulación Comercial del Municipio de Juárez, Chihuahua, en esta localidad, con residencia en esta ciudad, negaron los actos reclamados que la quejosa hizo consistir en la ilegal clausura, así como la omisión de notificar dicha clausura respecto del local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************, de veinte de julio del presente año, el quebrantamiento de candados y rompimiento de sellos para decomisar o destruir mercancía e insumos, localizados en el interior del local, esto último el veintisiete de julio de la presente anualidad, la omisión de admitir, tramitar y resolver los alegatos defensivos y desahogo de pruebas formulados ante la autoridad Director de Regulación Comercial de la Secretaria de Ayuntamiento del Municipio de Juárez, con el debido proceso y diligencia, interpuesto en contra del acto de clausura y la impugnación del mismo; la negativa a recibir el pago de la renta mensual correspondiente al local comercial en cita; la negativa de renovación de los permisos y autorizaciones necesarias para el funcionamiento, regularización de la actividad comercial y condiciones del local, así como la negativa a renovar el contrato de arrendamiento; el impedimento al quejoso de dedicarse al oficio, profesión o arte de mi preferencia, como lo es el comercio, la destrucción de bienes destinados al comercio, sin una orden de autoridad competente y sin emplazarlo o notificarle para ejercer sus derechos, porque al rendir el informe justificado negaron expresamente su existencia. Ante la negativa especifica externada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado en torno a tales actos reclamados, a la parte impetrante toca demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones las autoridades se hallan frente a la imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." A juicio de este juzgador, los medios de prueba propuestos por la impetrante en este juicio, aunque adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, resultan insuficientes para acreditar la existencia de los actos atribuidos a las autoridades que nos ocupan, pues, en ellos, no hay dato o elemento alguno del cual se advierta, siquiera de manera indiciaria, la participación o intervención de dichas autoridades en los propios actos, lo que se estima así en virtud de que no acredita una afectación real y actual, puesto que a la presente fecha no se advierte que las autoridades hayan ejecutado dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º, fracción II, interpretada en sentido contrario, pues a las autoridades señaladas como responsables a que se refiere en este considerando, no les resulta tal carácter. Luego, si, aparte de que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, la quejosa no desvirtuó dicha negativa, por resultar insuficientes los medios de prueba exhibidos en este juicio, lo procedente en este caso es sobreseer en el presente juicio en los términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Cuarto. Existencia de actos reclamados. Las autoridad responsable, Director de Regulación Comercial del Municipio de Juárez, Chihuahua, en esta localidad, en el informe justificado que rindió, negó la existencia de la ilegal clausura reclamada, sin embargo, conviene en que el local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************, fue clausurado el veinte de julio próximo pasado, en virtud de que el locatario omitió cumplir con las obligaciones relativas a su actividad comercial, en el caso el cubrir oportunamente y estrictamente con los impuestos y derechos que señala la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal en curso, en virtud que desde dos mil veintidós la parte quejosa dejo de cumplir con sus dichas obligaciones, asimismo, precisó que respecto al pago de renta respecto al arrendamiento del módulo "********************" ubicado en el parque ********************, el quejoso dejo de dar cumplimiento con dicha obligación fiscal desde octubre de dos mil veintidós, por lo que al que constituir dichas omisiones faltas reglamento, con fundamento a los artículos 13, 14, 15 y 25 fracciones I y 11 del Reglamento para el Ejercicio del Comercio, artículo 41 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, del Municipio de Juárez y artículo 88, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se verificó la clausura del citado comercio. Así, queda acreditada la existencia de la clausura reclamada por la parte quejosa, pues de lo precisado en el párrafo precedente, se tiene que el Director de Regulación Comercial del Municipio de Juárez, Chihuahua, en esta localidad, reconoció expresamente su existencia, sosteniendo su legalidad, lo cual, sin duda, constituye una confesión con valor probatorio pleno para tener demostrado dicho acto, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, al queda acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Quinto. Análisis de causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este resolutor advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no acredita fehacientemente su interés jurídico respecto al acto reclamado que hace consistir en la clausura del local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************, verificada el veinte de julio de este año, mismo del que se ostenta como arrendatario y del cual refiere subsistir. Para mejor comprensión a lo anterior premisa, es oportuno traer a este apartado el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De dicho precepto legal deviene, que el interés jurídico en el juicio de amparo constituye un derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad que tiene todo gobernado de acudir a la instancia constitucional con el objeto de que se anule, cercene o se deje sin efecto un específico acto de autoridad que está afectando, de manera negativa, un derecho individualizado y legítimo del que dicho gobernado es titular, y que considera violatorio de alguna garantía consagrada y protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con lo anterior, se deben considerar presupuestos del interés jurídico en el juicio de amparo, los siguientes: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Entonces, siempre que quien ejercita la acción de amparo se ostente como titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, y por ende, solicita la protección de la justicia federal, debe justificarlo plenamente, lo que significa que el agravio, perjuicio o menoscabo debe ser real, personal y directo. Con base en lo expuesto, este juzgado determina que el quejoso no acredito interés jurídico para impugnar el acto reclamado, dado que no ofreció medio de convicción alguno que demuestre fehacientemente que tiene algún tipo de autorización o licencia vigente expedida por cualquier autoridad, municipal, estatal o federal, para ejercer actos de comercio en el local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************ni tampoco que se encuentre al corriente del pago de la renta que debió erogar a favor del Municipio de Juárez, de conformidad con lo previsto por el artículo 88, inciso h, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año en curso. Lo anterior es así, ya que en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, aduce que desde dos mil veintiuno, desempeña como comerciante en el giro de alimentos y bebidas preparadas, siendo el sustento de su familiar, lo que realiza en un local comercial del denominado ********************por lo que arguye que con la clausura de dicho local se viola en su perjuicio el derecho a la libertad de comercio. Sin embargo, el quejoso fue omiso en acreditar que se ubica en esos supuestos, ya que no exhibió constancia alguna que acredite que cuenta la licencia de funcionamiento, o permisos vigentes para ejercer actos de comercio en dicho local. Ello es así, en razón de que se limitó a exhibir como pruebas, las siguientes: --- El Acta notarial de fecha 27 de julio del año en curso. --- Documental, consistente en el escrito de pruebas y alegatos presentado el veintisiete de julio ante la Dirección de Regulación Comercial o tras autoridades, así como sus anexos en su mayoría originales. --- La documental privada consistente en las notas periodísticas de los siguientes periódicos digitales que indica. ---La documental consistente copia certificada de la recepción del escrito de pruebas y alegatos presentados ante la Dirección de Regulación Comercial del Municipio de Juárez. Documentales, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Medios de convicción que, a criterio de este juzgador, son insuficientes para acreditar el interés jurídico, pues de ninguna de ellas se advierte que cuente con un permiso para ejercer actos de comercio en el local cuya clausura reclama, tampoco acredito el carácter de arrendatario del citado local, ni estar al corriente en el pago de la rentas, por lo que dichos documentos devienen insuficientes para demostrar la afectación a su esfera de derechos. Ahora, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a efecto de demostrar el interés jurídico de un giro mercantil en el amparo, deberá exhibir el permiso de comercio vigente. Además, tal discernimiento deriva de que en la legislación aplicable exista una obligación del gobernado que pretenda tener un giro comercial de obtener una licencia de funcionamiento. Orienta, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 264896, visible en el Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, página 45 del Semanario Judicial de la Federación, que informa: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido." También, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 193741, tesis 1a. XVII/99, consultable en el Tomo X, Julio de 1999, página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CLAUSURA DE GIROS COMERCIALES REGLAMENTADOS. NO SE ACREDITA INTERÉS JURÍDICO CON LA SOLICITUD DE LICENCIA DE AÑOS ANTERIORES (ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN EL DISTRITO FEDERAL). De conformidad con el artículo 23 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, la licencia de funcionamiento para los establecimientos mercantiles que la requieran, debe revalidarse cada año en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y para ese efecto los interesados deberán presentar anualmente un aviso a la delegación acompañando los documentos y datos que en el mismo se mencionan. Por tal motivo, si el interesado sólo acompaña una solicitud de licencia de años anteriores, no acredita por este motivo su interés jurídico para acudir al juicio de garantías, ya que la clausura no conculca su derecho de propiedad, sino el de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente o con las constancias que apoyan que operó en favor del interesado la positiva ficta, que son las que engendran la titularidad de ese derecho." En el mismo sentido, el diverso de la otrora Cuarta Sala del Supremo Tribunal, con registro 207956, consultable en el Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 265 del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "GIROS REGLAMENTADOS. INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS. De lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1981, se desprende que la licencia de funcionamiento de un giro reglamentado se otorga por la autoridad administrativa cuando el gobernado acredita el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, entre los que destacan las condiciones sanitarias, de seguridad y de construcción del local donde pretende establecerse el giro, de suerte que la licencia no otorga a su titular el derecho a ejercer el comercio en cualquier local de la ciudad, sino en uno determinado, perfectamente identificado e inspeccionado por las autoridades, quienes han verificado que reúne las condiciones fijadas para cada giro. Consecuentemente, la protección jurídica nacida de la licencia se produce y agota exclusivamente respecto del local que aparece señalado en la licencia, de modo que no puede hacerse extensiva a cualquier otro lugar elegido libremente por el titular de la misma, pues ello haría nugatoria la facultad de la autoridad administrativa de verificar, previamente a la apertura al público de un giro determinado, que el local cumpla con todas las especificaciones exigidas por los reglamentos aplicables." Empero, de las probanzas en cita no se desprende que la persona quejosa, cuente, contaba o sea titular de un permiso de comercio otorgado por la autoridad administrativa competente que la autorice a desarrollar sus actividades económicas, como lo es, en lo particular, la el comercio de alimentos en puesto fijo. En ese tenor, al no haber exhibido el documento idóneo para demostrar la afectación a su esfera jurídica derivado de la clausura del local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************este juzgador concluye que la parte quejosa carece de interés jurídico para la promoción del juicio de amparo indirecto. Además, ese interés se debe acreditar de forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, octubre de 1994, página 17, con registro electrónico 206338, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por otro lado, la parte quejosa tampoco demostró que cuente con algún interés legítimo que pudiera resultar afectado por el acto en análisis. Ello es así, porque los elementos del interés legítimo consisten en: i) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; ii) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, iii) que el promovente pertenezca a esa colectividad. Sin embargo, en el presente caso, no se considera que se afecte un interés legítimo de la quejosa, porque no acudió a defender algún derecho difuso de carácter individual o colectivo; sino más bien, esgrimió la afectación directa en sus derechos de igualdad y la libertad de comercio, en relación con la clausura del local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************que dice arrendaba al Municipio de Juárez, Chihuahua, desde el año dos mil uno. Es decir, la impetrante debió demostrar la afectación de su interés jurídico (ser titular de esos derechos subjetivos); lo que, como se dijo, no está acreditado. Incluso, este juzgador no advierte que la disidente hubiere alegado pertenecer a algún grupo que defienda algún interés individual o colectivo; mucho menos existen en el sumario evidencias que así lo revelen. De ahí que tampoco pueda ponderarse la naturaleza de ese derecho, ni la gradualidad o intensidad de su afectación. En consecuencia, derivad que la parte quejosa no acreditó sufrir alguna afectación con motivo de la clausura del local comercial identificado como ********************, ubicado en el ********************, es menester concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en la fracción V del artículo 63, de la ley en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario abordar el estudio de las diversas causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, en virtud de que, al decretarse el sobreseimiento del presente juicio, en razón de la actualización de la causal de improcedencia analizada, es evidente que en nada variaría el sentido del presente fallo si las causales por ellas invocadas se actualizan o no. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contraponerse a la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En el mismo tenor, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que lo resuelto en este fallo implique una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas; toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban de resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de la Décima Época, con registro digital 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Así como en la diversa 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, de la Décima Época, con registro digital 2002359, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Conviene precisar que algunos de los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto. Sostiene lo anterior, por su contenido jurídico, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190663, tesis P./J. 145/2000, consultable en el Tomo XII, Diciembre de 2000, página 16 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que, al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional." Asimismo, la diversa jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010982, tesis 2a./J. 10/2016 (10a.), visible en el Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 705 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en relación a las autoridades precisadas, por las razones y fundamentos contenidos en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy seis de octubre de dos mil veintitrés en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
- Principal
se tiene al Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, remitiendo el escrito y anexo presentados por el quejoso Pablo Adán Rojas Enríquez, toda vez que de la lectura íntegra del ocurso se desprende que corresponde a este órgano jurisdiccional. En atención al escrito presentado por el quejoso Pablo Adán Rojas Enríquez, téngasele ofreciendo como prueba de su parte la documental que exhibe en su escrito de cuenta de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, la cual se pone a la vista de las partes para que de su contenido se enteren, sin perjuicio de relacionarla al celebrar la audiencia constitucional en el sumario en que se actúa. Notifíquese.
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