Oswaldo Humberto Rodarte Duarte
Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Oswaldo Humberto Rodarte Duarte
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo *** 2023-IV, promovido por ***. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del XVII Circuito, en Ciudad Juárez, le remitió el auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictado en el impedimento 7/2023, así como la resolución aprobada en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, en dicho impedimento, mediante la cual se calificó de legal el impedimento planteado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para resolver el juicio de amparo indirecto 277/2023, de su índice, promovido por ***. La demanda promovida por el quejoso, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil veintitrés, turnada el mismo día al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y posteriormente, el dieciséis de agosto del mismo año, a este Juzgado, con motivo del citado impedimento calificado de legal. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, previo registró la demanda bajo el consecutivo 787/2023-IV, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: Decreto LXVII/APLIM/0440/2022 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, específicamente sus artículos 12, inciso b), 18 y 20, así como los artículos transitorios primero, segundo y tercero. Decreto LXVII/APTVV/0404/2022 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinticuatro de diciembre de dos mil veintitrés, que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que sirven de base para el cálculo del impuesto predial. Del Gobernador del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la promulgación de los ordenamientos legales reclamados. De la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua: La aplicación de los ordenamientos legales reclamados, mediante el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Tercero. En su informe justificado la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, manifestó que es cierto el acto de aplicación que se les atribuye; sin embargo, dicha afirmativa se desvirtúa, pues el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, no se le puede atribuir a dicha autoridad, ya que el quejoso realizó dicho pago de forma espontánea, no en virtud de un requerimiento expreso en ese sentido por parte de tal autoridad, esto es, se autoliquidó tal contribución. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, ante su inexistencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, la Gobernadora y el Congreso, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que respectivamente se les reclamaron, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los Decretos reclamados. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. 1. La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado adujo que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XX, al estimar que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio de amparo. La causal de improcedencia alegada resulta infundada. Con el propósito de evidenciar lo anterior, conviene precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Dicha norma prevé el principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo será procedente, cuando previamente a su promoción, se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Sin embargo, con relación al principio de definitividad, la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Esto es, cuando contra el primer acto de aplicación de una norma de carácter general proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley, a través del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues a través del juicio de amparo se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición de observancia general, para lo cual el juzgador deberá estudiar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado. Por lo tanto, no se está en el caso de agotar recurso ordinario alguno, dado que, a través de este juicio de amparo, se combate la constitucionalidad de disposiciones de observancia general, cuya trascendencia a la esfera jurídica del gobernado y generación de un perjuicio en su esfera jurídica, será materia del estudio de fondo, en el considerando correspondiente. En esas condiciones, la causal de improcedencia invocada por las citadas autoridades responsables se desestima por infundada. Apoya lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 351, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, séptima época, tomo I, materia constitucional, página 405, registro 900351, del tenor siguiente: LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUANDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el Decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. 2. El Congreso del Estado de Chihuahua, en su informe justificado, adujo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos, pues la normatividad relativa a ejercicios anteriores, ya no está vigente. Sin embargo, dicha causal de desestima, sencillamente porque el quejoso reclamó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, esto es, reclamó la legislación vigente que prevé el cobro y cálculo del impuesto predial. No existiendo diversas causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer, o que de oficio advierta este Juzgado Federal, se procede al estudio del fondo del asunto. Séptimo. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, pues la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Octavo. Estudio de Fondo. En contra de los actos reclamados, el quejoso, en vía de concepto de violación, argumenta en esencia que las normas tildadas de inconstitucionales, son violatorias de la garantía de legalidad tributaria, consagrada por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, puesto que ni aun en su conjunto, se encuentran previstos todos los parámetros legales para la determinación de la base del impuesto predial, por lo que, estima, se deja a la autoridad municipal la libre determinación del valor catastral de los inmuebles, ya que no existe disposición que indique de manera cierta, cómo o con base en qué se determinará o asignará un valor unitario al suelo y a las construcciones de los predios agrupados, por lo que el contribuyente no puede conocer la manera de fijar la base del impuesto. Dicho concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Como ya se dijo previamente, la accionante del amparo demostró la aplicación de las restantes normas tildadas de inconstitucionales, mediante la documental ya descrita y debidamente valorada, en el considerando tercero de este fallo. En principio, se destaca que el sistema normativo, en el cual se encuentra enmarcado el impuesto predial, se ubica en el contenido de los artículos 27, 31, fracción IV, 36, fracción IV, 115, fracción IV, y 121, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que a continuación se reproduce: Artículo. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b). Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Los preceptos constitucionales transcritos, establecen la obligación correspondiente a todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la Federación, sus entidades federativas, la Ciudad de México y del Municipio, fijando como elementos de validez constitucional para ello, que el tributo esté establecido por ley, sea proporcional y equitativo. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria en las consideraciones plasmadas a través de sus criterios jurisprudenciales, en los que ha señalado que el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las razones siguientes: Para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. Para evitar el cobro de impuestos imprevisibles. Para evitar el cobro de impuestos a título particular. Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano, quien precise los elementos del tributo. Por tanto, conforme al principio de legalidad, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, lo cual también está reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la arbitrariedad en la imposición de contribuciones, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el motivo con que pretenda justificárseles. Tales consideraciones dieron origen a las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcriben a continuación: IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos 'contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. Enseguida, es preciso acotar que el tributo es una prestación patrimonial de carácter coactivo y a título definitivo, que de manera unilateral fija el Estado a cargo de las personas que realizan determinada conducta lícita, definida legalmente mediante una hipótesis jurídica o de hecho que es reflejo de capacidad económica, y cuyo destino es financiar el gasto público. Así, la contribución se configura por elementos cualitativos y elementos cuantitativos, relacionados lógicamente. Los primeros son: 1) el hecho imponible y 2) el sujeto pasivo; calificados así por la doctrina en atención a que acotan o definen el campo de aplicación de cada contribución. Junto a estos elementos cualitativos existen otros denominados mesurables o cuantitativos, pues tienen como objeto fijar los parámetros para determinar el monto de la deuda tributaria para cada caso concreto: a) la base imponible y b) el tipo, tasa o tarifa aplicable a la base. Ahora, el hecho imponible es la hipótesis jurídica o de hecho que el legislador elige como generadora del tributo, es decir, el conjunto de presupuestos abstractos contenidos en una ley, de cuya concreta existencia derivan determinadas consecuencias jurídicas, principalmente, la obligación tributaria. En otras palabras, el hecho imponible se constituye por las situaciones jurídicas o de facto previstas por el legislador en la ley, cuya actualización causa la contribución relativa. Además, la creación del hecho imponible es, por excelencia, la forma por la cual se ejerce la potestad tributaria del Estado; por lo que la delimitación de su estructura queda al total arbitrio del legislador -siempre y cuando respete los principios constitucionales relativos-. Por tales razones, el titular de la potestad tributaria normativa puede tipificar en la ley, como hecho imponible, cualquier manifestación de riqueza, es decir, todo acto, situación, calidad o hecho lícitos, siempre y cuando respete, entre otras exigencias, la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, que implica la necesidad de que aquéllos han de revestir, explícita o implícitamente, naturaleza económica. Determinado lo anterior, es preciso establecer que en términos del artículo 145 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el objeto del impuesto predial, es el siguiente: Artículo 145.- Es objeto de este impuesto: I. La propiedad o posesión de predios urbanos y rústicos; De conformidad con el artículo 146 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, los sujetos determinados del impuesto son, entre otros, los que a continuación se detallan: Artículo 146. Son sujetos de este impuesto: I. Con responsabilidad directa: a). Los propietarios y poseedores de predios urbanos y rústicos; b). Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; En cuanto a la base del impuesto, según se establece en el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades. Asimismo, acorde al contenido del artículo 149 del Código Municipal para el Estado, el impuesto se determinará anualmente, conforme a las siguientes tarifas: I.- Predios urbanos LÍMITES DE RANGO DE LA BASE DEL IMPUESTO (Valor en moneda nacional) TASA DE RANGO (aplicable sobre la porción del valor de la base que exceda del límite inferior del rango de que se trate) CUOTA FIJA MONEDA NACIONAL (suma fija a pagar) 0 2 al millar 0 183,240 3 al millar 366,48 366,480 4 al millar 916.2 641,340 5 al millar 2,015.64 1,282,680 6 al millar 5,222.34 (VALOR CATASTRAL - LÍMITE MENOR MÁS PRÓXIMO EN MONEDA NACIONAL) * TASA DE RANGO + CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL = IMPUESTO PREDIAL DIRECTO ANUAL. El Impuesto Predial se calculará con el siguiente procedimiento aritmético: Al resultado de la diferencia del valor catastral del predio y el límite de rango menor más próximo en moneda nacional, se le aplicará la tasa correspondiente al excedente de ese límite inferior y se le adicionará la cuota fija del mismo rango, en moneda nacional. II. Para los predios rústicos la tasa de 2 al millar. III. Para los fundos mineros la tasa de 5 al millar. (.) Por su parte, los artículos 3º, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, que el quejoso también tildó de inconstitucionales en su concepto de violación y que contemplan el sistema normativo que establece el cálculo del impuesto predial respectivo, son del siguiente tenor: ARTÍCULO 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: I. Catastro Municipal: El censo técnico analítico de los predios, ubicados en el territorio de los Municipios que conforma su sistema de información catastral, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; II. Catastro Estatal: El Sistema de Información Catastral del Estado de Chihuahua, que se sustenta y actualiza con los catastros municipales para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; III. Cédula Catastral: El documento oficial que contiene la información general de un predio; IV. Centro de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos; V. Construcción: La edificación de cualquier tipo, los equipos e instalaciones especiales adheridos de manera permanente al predio, clasificándose de la siguiente forma: CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES.- Es la agrupación e identificación de las construcciones de acuerdo a la tipología y el uso de las mismas. USO.- Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, comercial e Industrial. HABITACIONAL.- Se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente, las personas y comprende todo tipo de vivienda. COMERCIAL.- Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de consumo y servicios. INDUSTRIAL.- Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de utilidad concreta. TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN.- Corresponde a la clasificación de la construcción dependiendo de las características que la constituyen, las cuales son: HABITACIONAL POPULAR.- Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar: cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, techos de madera, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles. HABITACIONAL ECONÓMICO.- Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional. Espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanería metálica, techos de concreto armado o lámina galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas). HABITACIONAL MEDIO.- Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanería metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos recubiertos con losetas de vinil, cerámica, alfombra o piso laminado, instalaciones completas ocultas. HABITACIONAL BUENO.- Vivienda con características ente las que se pueden considerar: acabados de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pinturas de buena calidad o tapiz, ventanería de perfil de aluminio, ventanería integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción. HABITACIONAL DE LUJO.- Residencias con características constructivas entre las que se puedan considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con vestidor y closet integrado en una o más recamaras, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanería de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y sistema de riego. HABITACIONES DE SUPERLUJO.- Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recamaras o más, con baño, y alcoba definida con baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional. COMERCIAL ECONÓMICO.- Construcción básica con características de baja calidad entre las que se pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanería metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros de hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas de vinil o de mosaico, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, herrerías, etc.). COMERCIAL MEDIO.- Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. Acabados en muros yeso y texturizados, ventanería de aluminio, techo de concreto armado con claros mayores de 4.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería y vidriería). COMERCIAL BUENO.- Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabaos de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamientos, circulación peatonal y áreas jardinadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanería de aluminio anodizado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con claros hasta de 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hidrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación. INDUSTRIAL LIGERO.- Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanería metálica perfil tubular, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concretos reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga. INDUSTRIAL MEDIANO.- Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanería metálica de perfiles tubular o de aluminio, techumbres de lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, plantas de tratamientos de aguas residuales para reutilizar en sistemas de riego, instalaciones deportivas y recreativas. Estas a su vez se podrán subclasificar, de acuerdo al estado de conservación o las condiciones en las que se encuentren, conforme a las constancias que obren en los archivos de los catastros municipales, estableciéndose en las tablas de cada municipio dichas subclasificaciones. CLASE.- Es el grupo al que pertenece un tipo de construcción de acuerdo a su estado de conservación; VI. Construcción permanente: La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o del predio, o aquella que considerándose provisional tenga un uso de carácter permanente; VII. Construcción provisional: La que por su estructura puede ser desmontable sin deterioro del predio ni de sí misma, adquiriendo el carácter de permanente al año de su instalación; VIII. Construcción ruinosa: La que por su deterioro físico no pueda tener un uso normal o constituya un riesgo de seguridad para la población; IX. Instalaciones especiales: Aquellas que complementan en servicios y funcionamiento a un inmueble; X. Límite de Centro de Población: La línea que envuelve las áreas que conforman un centro de población; XI. Predio: a) El terreno urbano, suburbano o rústico, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad; b) Cada una de las unidades que integran un condominio; XII. Predio edificado: El que tenga construcción permanente; XIII. Predio no edificado: Predios urbanos sin construcción, a excepción de: a) Los inmuebles que se ubiquen en las zonas designadas para la protección ecológica; b) Las áreas verdes y espacios abiertos de uso público; c) Aquellos que de acuerdo con el plan Director Urbano o la autoridad competente se declaren como zonas de reserva para uso habitacional; d) Los campos deportivos o recreativos funcionando como tales; e) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación; f) Los que por su topografía extremadamente accidentada tengan un aprovechamiento restringido, y g) Las superficies dedicadas primordialmente a explotación agropecuaria; XIV. Predio ocioso: Aquel que encontrándose dentro o fuera del límite del centro de población tenga un uso o aprovechamiento distinto al que señala el Plan Director Urbano o la autoridad competente; XV. Predio rústico: El que se encuentre ubicado fuera del límite del centro de población, y su destino sea de producción agropecuaria, forestal, frutícola, minera o actividades equiparables; XVI. Predio urbano: a) El que se encuentre ubicado dentro de los límites de algún centro de población; y b) Los que encontrándose fuera de los límites de algún centro de población, por su uso de suelo y que cuente con más de dos servicios. XVII. Predio Suburbano: Los bienes inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores de mercado intermedios entre los urbanos y los rústicos, determinados por su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aún cuando estén destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. Quedarán también comprendidos dentro de esta clasificación, los predios destinados a fraccionamientos denominados "campestres" o "granjas", o cualquier otro que sea fraccionado o lotificado y, en general, todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales donde se presten los servicios municipales de agua potable y energía eléctrica como máximo. XVIII. Sistema de Información Catastral. Elemento fundamental de validación e información jurídica, social y económica respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria en el territorio estatal, con sus consiguientes efectos informativos, fiscales, administrativas y civiles; XIX. Valor de Mercado. Es la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada. XX. Valor Unitario. El determinado por unidad de medida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el H. Congreso del Estado. XXI. Valor Unitario. El que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie; XXII. Sistema de Información Catastral. Conjunto de procesos y datos, respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria, que deberán instrumentar los catastros municipales y concentrar en el catastro estatal. XXIII. Sector Catastral. La división geográfica que establece la autoridad catastral municipal con respecto de su territorio y que agrupa a un número determinado de predios en función de su ubicación. XXIV. Zona Homogénea de valor. Es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en el valor de la zona homogénea. XXV. Valuación Directa. Es el procedimiento utilizado por la Autoridad Catastral Municipal para determinar el valor catastral de un predio con base a la información y a los elementos técnicos con que cuente. 21. Las Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado. Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas. Para la definición de las áreas homogéneas se tomará en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios. Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso de suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en una zona homogénea de valor y se le asignará un valor unitario de suelo. Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor. Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea. Para determinar un corredor de valor se considerarán: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea. Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificarán en urbanos, suburbanos y rústicos. Las construcciones se clasificarán de acuerdo a su vocación o uso preponderante en: Habitacionales, comerciales e industriales; éstas a su vez se clasificarán de acuerdo a su tipología de construcción y a su estado de conservación, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijarán por metro cuadrado y en zona rústica por hectárea. Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 22. De conformidad con la presente ley y las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos, enviarán anualmente al H. Congreso del Estado, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, las Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, que servirán para determinar los valores Catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal siguiente. En caso de no cumplirse con oportunidad, lo previsto en este artículo, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, en caso de omisión por parte de los Ayuntamientos de presentarlas en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que correspondan por el incumplimiento conforme a los artículos 23, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. 23. Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente fórmula: VCAT = VT + VC Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VCAT = Valor Catastral VT = Valor del Terreno VC = Valor de la Construcción El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la fórmula siguiente: VT = ST x VUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VT = Valor de Terreno ST = Superficie del Terreno VUS = Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC = SC x VUC + VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC = Valor de la Construcción SC = Superficie de la Construcción VUC = Valor Unitario de la Construcción VIE = Valor de las Instalaciones Especiales Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. 24. El valor catastral será el que resulte de sumar el valor del terreno y el de la construcción, obtenidos conforme lo señala el artículo anterior. 25. La asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y con apoyo en la Información resultante de los siguientes procedimientos: I. Por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal; II. Por avalúo directo realizado por un perito valuador debidamente registrado o autorizado ante el Departamento Estatal de Profesiones. III. Valuación directa en base a la información recabada por la Autoridad Catastral Municipal, mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital. IV. Con base en la documentación oficial que emitan las Autoridades Catastrales, tomando en consideración la información proporcionada al catastro por los propietarios o poseedores de predios, o con base en los registros de información con que cuenten las mismas Autoridades. De la transcripción de los numerales anteriores se evidencia, que la autoridad legislativa estatal intentó establecer los mecanismos para la determinación de la base gravable del impuesto predial, consistente ésta, según el artículo 148 del Código Municipal, en el valor catastral del inmueble, el cual debe de reflejar, además, el valor de mercado de las propiedades. Al respecto, el artículo 23 de la Ley de Catastro, dispone que para obtener el valor del terreno de un inmueble, deberá multiplicarse su superficie por el valor unitario del suelo que se contiene en las Tablas de Valores de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio, en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente: VT = ST x VUS VT = Valor de Terreno ST = Superficie del Terreno VUS = Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En adición a lo anterior, es necesario tener presente que el artículo 21 del mismo ordenamiento legal -que forma parte del mismo esquema tributario aplicado al quejoso y se impugna en el concepto de violación- establece que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, deben reflejar el valor de mercado, pero no fija con claridad los criterios que se utilizarán para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, únicamente indica que se deben agrupar los predios que tengan características similares; esto es, una agrupación de predios y construcciones, en zonas homogéneas, áreas con características homogéneas y en corredores de valor. De hecho, los preceptos mencionados no indican cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para determinar un valor unitario al suelo y a las construcciones o para asignar determinado valor a un predio, es decir, dichos artículos no permiten que el contribuyente conozca la manera de determinar la base, puesto que el valor catastral es determinado conforme a los valores unitarios del suelo y construcción. Es cierto que el artículo 21 enfatiza que para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de zona y por vialidad, el territorio de los Municipios se dividirá en áreas con características homogéneas; que para la definición de esas áreas homogéneas se tomará en consideración lo dispuesto en los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos; así como el tipo de construcción y "demás factores" que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios; no obstante, no se advierte que el legislador haya fijado o delimitado un parámetro dentro del cual pueda desplegar su actuar la autoridad recaudadora, a fin de establecer cuándo un factor incrementa o demerita el valor de las zonas y predios. En cuanto a la zona homogénea y los valores unitarios del terreno, el referido numeral 21 de la Ley de Catastro dispone que para determinarlos se deben considerar planes y programas de desarrollo urbano y rural, la existencia, disponibilidad, características del equipamiento y servicios públicos, tipo de construcción, como ya se puso de manifiesto; pero, no precisa con exactitud cuáles programas o planes de desarrollo. Asimismo, la ley no establece las bases o parámetros que habrán de tomarse en cuenta para concluir que un inmueble se encuentra dentro de un corredor de valor y que, por tanto, le corresponda un valor unitario de suelo diferente dentro de la propia zona homogénea, pues se desconocen cuáles son esas condiciones o factores que hacen que una franja dentro de una zona homogénea, pueda tener un valor unitario distinto de suelo; tan es así, que en la ley sólo se dispone que para determinar un corredor de valor se considerarán las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea, sin que tales condiciones o factores estén especificados. Luego, en la fracción XXIV del artículo 3 de la Ley de Catastro, se indica que la zona homogénea de valor, es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y -cualquier otro elemento relacionado que incida en dicho concepto-; lo que da margen a la arbitrariedad, al no prever en forma enunciativa cada uno de los elementos que pueden influir en ese valor. A lo anterior, la autoridad legislativa estima que se solucionó dicha problemática al haberse realizado una gran zonificación en zonas habitacional, comercial e industrial, vialidades y zona homogénea; sin embargo, contrario a lo que arguye, la legislación no prevé, se repite, en forma enunciativa cada uno de los elementos que pueden influir en ese valor. De igual forma que, la ley dispone que para determinar el valor unitario de suelo y construcción, se deben considerar tres clasificaciones de predios: urbano, suburbano y rústico; mientras que las construcciones, serán determinadas de acuerdo a su vocación o uso, pudiendo ser: habitacional, comercial e industrial, mismas que se subdividen de acuerdo a la tipología y estado de conservación; no obstante, en las fracciones XX y XXI del mencionado cardinal 3 de la Ley de Catastro, se establece que es el determinado por unidad de medida en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobadas por el Congreso del Estado; y, en la diversa fracción, que es el que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie; sin distinguir la diferencia expresamente en la ley, esto es, en qué operación se aplica en uno u otro, cómo se obtiene o a cuánto equivale la unidad de medida y la unidad de superficie. Del mismo modo, por lo que hace al valor del mercado de la propiedad, el artículo 3, fracción XIX, lo describe como la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada, sin que se advierta cuáles son esos elementos cualitativos y cuantitativos que habrán de considerarse, tampoco qué autoridad debe determinarlos, provocando incertidumbre en el contribuyente, ya que permite su aplicación discrecional por parte de la autoridad exactora. Ahora bien, respecto de las Tablas de Valores Unitarios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado los aspectos jurídicos siguientes: 1. Las Tablas de Valores Unitarios del impuesto predial, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que lo conforman, ya que impactan sobre la base gravable de la contribución. 2. Las normas que contengan las citadas Tablas de Valores Unitarios deben respetar los principios constitucionales de justicia tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional. 3. La base gravable representa una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo cual se concreta en las denominadas Tablas de Valores Unitarios. 4. Los criterios para clasificar un bien inmueble, deben encontrarse establecidos en la ley, pues en su defecto, quedan al arbitrio de la autoridad, quebrantando el principio de legalidad tributaria, al permitir un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad en lo relativo a la base gravable del impuesto. 5. Cuando no se establecen los parámetros que debe observar la autoridad administrativa, para clasificar determinado bien en su categoría, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad. Ahora, el Decreto mediante el cual se autorizó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés del Municipio de Juárez, Chihuahua, se advierte que éstas son genéricas y en ellas no se precisan los criterios que el legislador tuvo para ubicar el inmueble (terreno con construcción) acorde a su valor; ni existe dato para establecer conforme a su construcción en los rubros que se identificaron como habitacional, comercial e industrial, dejando a criterio de la autoridad administrativa la determinación de la base del impuesto que deben pagar los contribuyentes. Las Tablas de Valores Unitarios reclamadas, son del siguiente tenor: / De su contenido se desprende que, de igual forma, transgreden los derechos fundamentales de la parte quejosa, porque no establecen los parámetros que debe observar la autoridad administrativa, para clasificar determinado bien en su categoría, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa y no por la legislativa. Por todo lo expuesto, debe concluirse que los artículos impugnados son inconstitucionales por transgredir el principio de legalidad en materia tributaria, al no estar definidos en la Ley de Catastro ni en las Tablas de Valores Unitarios la totalidad de los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinado bien en su categoría, atendiendo a su clase o estado de conservación, ni cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para establecer tales categorías y los valores que se les asignaron; lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al destinatario de la norma, pues provoca que uno de los elementos (base) de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa. Luego, no se soslaya que el Congreso del Estado adujo que a fin de subsanar lo anterior, se emitieron Lineamientos de Asignación de Factores de Incremento y Demérito en la gaceta municipal; sin embargo, las Tablas de Valores no señalan de manera clara y precisa que deba acudirse a tales lineamientos a efecto de determinar la forma en que se aplicaran los citados factores. Además, según el artículo 25, fracción I, de la Ley de Catastro, la asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, así como a la información proporcionada por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal, empero, no se da a conocer qué información debe el sujeto pasivo del impuesto proporcionar y cuáles son los criterios de la autoridad para aprobarla. Por su parte, el artículo 28 de la Ley de Catastro dispone que los predios a los cuales ya se le hubiera fijado un valor catastral, serán revaluados de manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate, o bien, cuando el predio sufra un cambio físico o de urbanización que afecte su valor. No obstante lo anterior, las Tablas no se adecúan a dicha revaluación, dado que nada mencionan respecto a dicho tópico, por lo que se desconoce la forma en que se revaluaran en ambos casos, ya que si bien la Ley de Catastro establece que se tomara en cuenta la información proporcionada por declaración de contribuyente, la cual está sujeta a la aprobación de la autoridad municipal, como se señaló párrafos precedentes, no se da a conocer cuáles son los criterios de la autoridad para aprobarla. Por tanto, lo anterior da margen al comportamiento arbitrario de la autoridad exactora, pues provoca confusión de la forma en que se actualizará el valor del inmueble. Luego, no se soslaya que la autoridad manifiesta que se delimitó cuando es una revaluación general y una directa, en la inteligencia de que en una directa por cambios físicos o se apliquen las Tablas de Valores, se tiene que notificar personalmente a la parte interesada siguiendo las formalidades del procedimiento; sin embargo, dicha cuestión no se advierte de las legislaciones en consulta, así como tampoco de las Tablas. Por tanto, se concluye que las normas analizadas no prevén con claridad los elementos necesarios para poder determinar el valor unitario de suelo y construcción de los inmuebles; por lo que se deja en un estado grave de inseguridad jurídica al gobernado causante de ese tributo, ya que carece de la información necesaria que le permita conocer el fundamento legal en que la autoridad apoya su actuación, para determinar el valor catastral de su inmueble y, en consecuencia, el impuesto predial controvertido, lo que es evidente, vulnera en perjuicio del quejoso, la garantía de legalidad tributaria, prevista en el numeral 31, fracción IV, constitucional. Fijadas las premisas anteriores, quien resuelve estima que en el caso particular, es patente la transgresión al principio de legalidad tributaria por las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, del Municipio de Juárez, por idénticas razones a lo expuesto, debido a que de su lectura e imposición, se desprende que adolecen de los criterios que el Congreso del Estado de Chihuahua consideró para establecer conforme al uso de suelo y por su construcción en los rubros que se precisaron como habitacional, comercial, industrial y rústico o suburbano, pues si bien se establecen algunos criterios para su aplicación, no fueron definidos en su totalidad. Lo anterior, acorde a las directrices precisadas con antelación, deja a libertad de la autoridad la determinación de la base del impuesto que deben pagar los contribuyentes; de ahí lo fundado del concepto de violación esgrimido por el quejoso. En el particular, a propósito de la anterior conclusión, el Pleno del Decimoséptimo Circuito, con sede en la ciudad de Chihuahua, al resolver la contradicción de tesis 6/2020, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Decimoséptimo Circuito, con sede en aquélla localidad, al analizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve del Municipio de Chihuahua, respecto al impuesto predial, arribó a la conclusión de que transgreden el principio de legalidad tributaria. Lo anterior, atento a los argumentos siguientes: 25. Ahora bien, este Pleno advierte que, pese al esquema establecido para la obtención del impuesto predial, no se cumple con el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Ello, ya que si bien los artículos 148 y 149 del Código Municipal el Estado, establecen como base del impuesto predial, el valor catastral, que debe reflejar el valor del mercado, además, el mecanismo para calcular la tasa, para lo cual se remite a los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de la Ley de Catastro, y ésta a su vez, a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que contemplan los conceptos que conforman las operaciones aritméticas, no fijan con claridad los criterios que se utilizarán para la determinación de los mismos. 26. Cierto, dicho mecanismo debe ser interpretado en forma vinculada, con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Catastro, en el que se establecen las definiciones de los valores o factores que conforman el cálculo del impuesto predial, no obstante, resulta insuficiente para clarificar al contribuyente cuáles son las bases que tomaron en cuenta o cómo es que el legislador los definió. Dicho numeral establece: Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entiende por: I. Catastro municipal: El censo técnico analítico de los predios, ubicados en el territorio de los Municipios, que conforma su sistema de información catastral, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; II. Catastro estatal: El Sistema de Información Catastral del Estado de Chihuahua, que se sustenta y actualiza con los catastros municipales, para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; III. Cédula catastral: El documento oficial que contiene la información general de un predio; IV. Centro de población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos; V. Construcción: La edificación de cualquier tipo, los equipos e instalaciones especiales adheridas de manera permanente al predio, clasificándose de la siguiente forma: Clasificación de las construcciones. Es la agrupación e identificación de las construcciones de acuerdo a la tipología y el uso de las mismas. Uso. Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, comercial e industrial. Habitacional. Se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente, las personas y comprende todo tipo de vivienda. Comercial. Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de consumo y servicios. Industrial. Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de utilidad concreta. Tipología de construcción. Corresponde a la clasificación de la construcción dependiendo de las características que la constituyen, las cuales son: Habitacional popular. Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar: cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, techos de madera, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles. Habitacional económico. Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional. Espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanería metálica, techos de concreto armado o lámina galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas). Habitacional medio. Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanería metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos recubiertos con losetas de vinil, cerámica, alfombra o piso laminado, instalaciones completas ocultas. Habitacional bueno. Vivienda con características entre las que se pueden considerar: acabados de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pinturas de buena calidad o tapiz, ventanearía de perfil de aluminio, ventanería integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción. Habitacional de lujo. Residencias con características constructivas entre las que se pueden considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con vestidor y closet integrado en una o más recámaras, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanería de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y sistema de riego. Habitaciones de superlujo. Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recámaras o más, con baño, y alcoba definida con baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional. Comercial económico. Construcción básica con características de baja calidad entre las que se pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanería metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas de vinil o de mosaico, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, herrería, etcétera). Comercial medio. Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. Acabados en muros yeso y texturizados, ventanería de aluminio, techo de concreto armado con claros mayores de 4.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería y vidriería). Comercial bueno. Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabados de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamiento, circulación peatonal y áreas jardinadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanería de aluminio anodizado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con claros hasta 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hídrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación. Industrial ligero. Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanería metálica perfil tubular, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga. Industrial mediano. Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanería metálica de perfiles tubular o de aluminio, techumbres de lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, plantas de tratamientos de aguas residuales para reutilizar en sistemas de riego, instalaciones deportivas y recreativas. Estas a su vez se podrán subclasificar, de acuerdo al estado de conservación o las condiciones en las que se encuentren, conforme a las constancias que obren en los archivos de los catastros municipales, estableciéndose en las tablas de cada Municipio dichas subclasificaciones. Clase. Es el grupo al que pertenece un tipo de construcción de acuerdo a su estado de conservación; VI. Construcción permanente: La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o del predio, o aquella que considerándose provisional tenga un uso de carácter permanente; VII. Construcción provisional: La que por su estructura puede ser desmontable sin deterioro del predio ni de sí misma, adquiriendo el carácter de permanente al año de su instalación; VIII. Construcción ruinosa: La que por su deterioro físico no pueda tener un uso normal o constituya un riesgo de seguridad para la población; IX. Instalaciones especiales: Aquellas que complementan en servicios y funcionamiento a un inmueble; X. Límite de Centro de Población: La línea que envuelve las áreas que conforman un centro de población; XI. Predio. 27. De lo anterior, se advierte que, en cuanto a la zona homogénea y los valores unitarios del terreno, el numeral 21 de la Ley de Catastro dispone que para determinarlos se deben considerar planes y programas de desarrollo urbano y rural, la existencia, disponibilidad, características del equipamiento y servicios públicos, tipo de construcción; pero, el numeral no precisa con exactitud cuáles programas o planes de desarrollo. Tales referentes tampoco se revelan en las tablas de valores, pues si bien es cierto, en la parte final del folleto anexo, en el rubro: "Criterios importantes a considerar en la valuación de predios urbanos, suburbanos y rústicos.", se dispone: Este valor unitario será determinado en función de la vocación del suelo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano 2040, o bien, la determinación en un plan parcial autorizado, así como en función de la zona homogénea de valor correspondiente, de acuerdo a la tabla de valores vigente. Lo que no esclarece cuál de los dos planes se va a considerar, porqué uno u otro, a qué autoridad corresponde aprobar el plan parcial y en qué momento. 28. Aunado a que las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, incluye un rubro o columna que no define ni se conceptualiza en la Ley de Catastro, correspondiente a: "jerarquía vial", que se distingue en tres categorías, según se lee en la columna: a) primaria; b) secundaria; y, c) primer orden, y una más que señala: "no aplica", sin que se permita conocer cuáles son cada una de ellas, y en qué casos no aplican y porqué. 29. Por otra parte, en la fracción XXIV del artículo 3 de la Ley de Catastro, se indica que la zona homogénea de valor, es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en dicho concepto, lo que da margen a la arbitrariedad, al no prever en forma enunciativa cada uno de los elementos que pueden influir en ese valor. 30. Asimismo, se establece que en cada zona homogénea pueden existir franjas o corredores de valor que pueden hacer que el valor unitario del inmueble sea diferente al de la propia zona homogénea, empero, no se define qué son éstas -las franjas o corredores de valor- ni en qué medida o proporción pueden variar el valor unitario del suelo, por lo que el destinatario del impuesto no está en condiciones de saber cuáles son los constituyentes que hacen que una franja dentro de una zona homogénea, pueda tener un valor unitario distinto de suelo; tan es así, que en la ley sólo se dispone que para determinar un corredor de valor se considerarán las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea, sin que tales condiciones o factores estén especificados. 31. Asimismo, la ley dispone que para determinar el valor unitario de suelo y construcción, se deben considerar tres clasificaciones de predios: urbano, suburbano y rústico; mientras que las construcciones, serán determinadas de acuerdo a su vocación o uso, pudiendo ser: habitacional, comercial e industrial, mismas que se subdividen de acuerdo a la tipología y estado de conservación; empero, en las fracciones XX y XXI del mencionado cardinal 3 de la Ley de Catastro, se establece que es el determinado por unidad de medida en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobadas por el Congreso del Estado; y, en la diversa fracción, que es el que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie, sin distinguir la diferencia expresamente en la ley, esto es, en qué operación se aplica en uno u otro, cómo se obtiene o a cuánto equivale la unidad de medida y la unidad de superficie. Luego, en las tablas de valores existen subclasificaciones en la categoría de habitacional, que se dividen en: horizontal y vertical, mismas que no se contemplan en la ley, asimismo, las subclasificaciones de súper lujo, lujo, bueno, medio, económico y popular, no corresponden exactamente a las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley de Catastro, sino que se pormenorizan en A-1, A-2 y A-2 interés social; y lo mismo sucede con los rubros: "comercial e industrial" pues en las tablas de valores se identifican diferente a los conceptos establecidos en el citado numeral. 32. Del mismo modo, por lo que hace al valor del mercado de la propiedad, el artículo 3, fracción XIX, lo describe como la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada, sin que se advierta cuáles son esos elementos cualitativos y cuantitativos que habrán de considerarse, tampoco qué autoridad debe determinarlos, provocando incertidumbre en el contribuyente, ya que permite su aplicación discrecional por parte de la autoridad exactora. 33. Similar situación sucede con la operación matemática que tiene que realizarse para obtener los valores del terreno y de la construcción, que se requieren para calcular el valor catastral de los predios, según la fórmula prevista en el artículo 23 de la Ley de Catastro, pues en ambos (valor del terreno [VT] y valor de la construcción [VC]), la legislación dispone que se deben tomar en cuenta los factores de incremento y demérito previstos en las tablas, pero en esta ley no se establece la forma de hacerlo. 34. Mientras que en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobadas para el Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se contemplan los parámetros que se deben tomar en cuenta para asignarle al bien inmueble los factores de incremento y demérito, de acuerdo a su topografía, ubicación dentro de la manzana, forma, superficie, valor residual y factor de giro; sin embargo, para obtener estos valores o porcentajes, como la pendiente, elevación o hundimiento del predio, forma y longitud, la ubicación en la manzana, si está en esquina, y si lo está que no se apliquen cuando sea en un ángulo de 45º o mayor a 135º, este Pleno observa que no se establece en dichas tablas a qué dependencia o autoridad le corresponde determinarlos o realizar tales procedimientos de medición y verificación, ni el mecanismo o la fuente para obtener esta información. 35. De igual modo, no puede dejar de mencionarse que según el artículo 25, fracción I, de la Ley de Catastro, la asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, así como a la información proporcionada por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal, empero, no se da a conocer qué información debe el sujeto pasivo del impuesto proporcionar y cuáles son los criterios de la autoridad para aprobarla. 36. Por su parte, los artículos segundo y tercero del folleto anexo que contiene las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Municipio de Chihuahua, disponen: Artículo segundo. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, a partir del 1o. de enero del año 2019, deberán actualizarse el valor de cada una de las cuentas del patrón catastral con base en las tablas autorizadas, sujetándose a las reglas establecidas en la referida ley y este decreto. Tercero. Para efectos del cálculo del impuesto predial, la autoridad catastral, aplicará una actualización del 5.02 % a la base gravable o calificación registrada al 31 de diciembre de 2018, aplicable a todos los inmuebles ubicados en el Municipio de Chihuahua. 37. Esto es, mientras que en la Ley de Catastro, la actualización del valor catastral de los inmuebles, se determina con información del contribuyente, entre otros datos, en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, se indica que las cuentas del padrón catastral deberán actualizarse conforme a las mismas, y que se aplicará una tasa fija del 5.02% a la base gravable registrada en el año anterior, lo que da margen al comportamiento arbitrario de la autoridad exactora, pues provoca confusión lo expuesto en ambos ordenamientos para la actualización del valor del inmueble. 38. Por todo lo hasta aquí explicado, es que se concluye que las normas analizadas no prevén con claridad los elementos necesarios para poder determinar el valor unitario de suelo y construcción de los inmuebles, que conforman la base y tasa sobre las que se genera el valor catastral, por lo que se deja en un estado grave de inseguridad jurídica al gobernado causante de ese tributo, ya que carece de la información necesaria que le permita conocer el fundamento legal en que la autoridad apoya su actuación, para determinar el valor catastral de su inmueble y, en consecuencia, el impuesto predial controvertido, lo que es evidente, vulnera en perjuicio de la quejosa, la garantía de legalidad tributaria, prevista en el numeral 31, fracción IV, constitucional. Ello no implica que el contribuyente, deje de pagar el impuesto predial relativo al ejercicio fiscal correspondiente, sino por el contrario, atendiendo a que las violaciones constitucionales se generan en virtud de la falta de certeza, en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste únicamente en que se le aplique el rubro que le corresponda de la tabla de valores; es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial, industrial, especial, bodegas y talleres; esto es, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, por contradicción de tesis) PC.XVII. J/33 A (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de dos mil veintiuno, con el registro digital 2022721, Décima Época, de rubro y texto siguientes: IMPUESTO PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron el mecanismo para la determinación del impuesto predial contemplado en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, en la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2019, y en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Chihuahua, a fin de establecer si cumple o no con el principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sostuvieron posturas diferentes. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que los artículos 7, apartado 1, inciso a), y 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2019, 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, así como las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Chihuahua, no contienen los elementos necesarios para la fijación del valor catastral de un bien inmueble, por lo que transgreden el principio de legalidad tributaria. Justificación: Lo anterior es así, porque las normas referidas no prevén con claridad los elementos necesarios para poder determinar el valor unitario de suelo y construcción de los inmuebles, que conforman la base y tasa sobre las que se genera el valor catastral, por lo que se deja en un estado grave de inseguridad jurídica al causante de ese tributo, ya que carece de la información necesaria que le permita conocer el fundamento legal en que la autoridad apoya su actuación, para determinar el valor catastral de su inmueble y, en consecuencia, el impuesto predial respectivo, lo que vulnera en su perjuicio el principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional. El subrayado es nuestro. Bajo ese esquema de consideraciones, quien resuelve estima que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, contenidas en el Decreto arriba indicado, acorde con la jurisprudencia citada, de igual manera transgrede el principio de legalidad tributaria, por idénticas razones a lo expuesto por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, capital, debido a que de su lectura íntegra, como ya fue destacado, se desprende que adolecen de claridad los elementos necesarios para poder determinar el valor unitario de suelo y construcción de los inmuebles; situación que genera inseguridad jurídica al gobernado causante de ese tributo, ya que, se insiste, carece de la información necesaria que le permita conocer el fundamento legal en que la autoridad apoya su actuación, para determinar el valor catastral de su inmueble y, en consecuencia, el impuesto predial controvertido. No es inadvertido para quien resuelve que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la facultad otorgada a la autoridad administrativa para obtener un valor que incide en la base del impuesto, no implica una violación al principio de legalidad tributaria; empero, tal actividad deberá realizarse siempre que se trate de un valor que debe ser obtenido por un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y mediante un análisis comparativo, tal como se indicó en la jurisprudencia 2a./J.155/2006, consultable en la página 196, tomo XXIV, noviembre de 2006, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. Para verificar el apego al principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los actos formal y materialmente legislativos en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o tiene algún efecto sobre una obligación tributaria accesoria, pero constituye un parámetro que debe tomarse en cuenta por todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo, resulta relevante distinguir si la actividad encomendada a quien la aplica, se limita a recabar un dato que deriva del mercado, o bien constituye un valor que por la naturaleza del fenómeno a cuantificar implica, necesariamente, que un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo, y del análisis comparativo que realice de éstos, obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligación tributaria. En el primer supuesto, si la ley únicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturarlo de la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una apreciación equivocada de esa realidad. En cambio, en el segundo supuesto, como sucede por ejemplo con el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sí es necesario que el legislador prevea qué procedimiento debe seguir el órgano técnico para obtener dicho valor, pues éste deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del tiempo y para obtenerlo no basta con levantar datos del mercado relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valores (precios del mes base y del mes al que se refiere el Índice), y es la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparación, en aras de respetar el principio de legalidad tributaria, lo que torna indispensable prever en un acto formal y materialmente legislativo el procedimiento al cual debe sujetarse el órgano técnico que lleve a cabo la cuantificación y comparación de los valores observados en diversos momentos, de manera que se impida su actuación arbitraria y, además, se genere certidumbre a los gobernados sobre los factores que inciden en la cuantía de sus cargas tributarias. En otras palabras, el esquema normativo impugnado genera inseguridad jurídica al contribuyente, en la medida que provoca que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa, debido a que el legislador estableció una variedad de posibles bases gravables atendiendo a las diversas clasificaciones establecidas en las tablas (habitacional, comercial e industrial), pero no estableció los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para efecto de clasificar las tipologías, tal como se encuentran en la Tabla de Valores Unitarios de Construcción. Para arribar a esta conclusión, resulta orientador el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J.65/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de mayo de 2011, materia constitucional, página 376, del tenor: IMPUESTO PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 Y EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las Tablas de Valores Unitarios contenidas en los decretos referidos establecen en la segunda columna la descripción del tipo de construcción adherida al suelo objeto del impuesto predial, de cuyo estudio se advierte que se trata de cuatro categorías básicas, a saber: rudimentario, industrial, antiguo y moderno; así como una subclasificación respecto de las tres clases mencionadas en último lugar, que corresponde a condiciones que van entre un mínimo y un máximo, y a revelación de capacidad contributiva; mientras que en la tercera columna se señala el valor unitario por metro cuadrado de construcción que corresponde al bien respectivo. Sin embargo, los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinado bien en los cuatro tipos básicos de construcción no están establecidos en la norma, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, circunstancia que se agrava, pues los tipos de construcción industrial, antiguo y moderno a su vez son subclasificados, sin que se hubieran establecido en la ley los factores necesarios para determinar a qué categoría corresponde la edificación de que se trate, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda elegirse discrecionalmente por la autoridad administrativa, lo que transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se permite un margen de arbitrariedad a la autoridad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado tipo de construcción, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que se aplique el monto de menor cuantía de la tercera columna, es decir, el que corresponde al tipo 01, descrito como rudimentario provisional. De ahí lo fundado del concepto de violación esgrimido por el quejoso. Consecuentemente, procede conceder al quejoso, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra los actos que reclamó del Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, que hizo consistir en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Determinación que se extiende a las diversas normas del Código Municipal del Estado de Chihuahua y Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, toda vez que dichas legislaciones se combaten como parte de un mismo sistema normativo, a fin de impugnar el impuesto predial cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada conforme las consideraciones que sostienen el presente fallo. Sin que sea necesario analizar los diversos conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, pues el sentido de esta sentencia y los efectos de la concesión del amparo, que se fijan a continuación, no variarían. Noveno. Efectos. Previo a fijar los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, debe decirse que la inconstitucionalidad mencionada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte peticionaria de amparo el rubro que le corresponda de la tabla de valores, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial o industrial, según le concierna; es decir, atendiendo al uso, tipología y sector, aplicando el monto de menor cuantía, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria del contribuyente. Consecuentemente, aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango revelan la capacidad contributiva mínima establecida en la categoría de menor cuantía. Por ello, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga al quejoso al pago de la categoría establecida como de menor cuantía, resulta inconcuso que en cumplimiento de la ejecutoria las autoridades responsables deberán, restituirle la diferencia que exista entre el total de la cantidad que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Consecuentemente, lo procedente es conceder al quejoso, el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó, para los siguientes efectos: Se deje sin efectos el cobro realizado mediante el certificado de ingresos DM-8650-2023, de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, relativo al inmueble ubicado en la calle Musette, número 1528 30, colonia Dalia Residencial, en esta ciudad, con clave catastral 01-039-081-030-0000. En su lugar, se realice el cálculo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en el cual se aplique al inmueble de la promovente, el monto de menor cuantía previsto en las diversas Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo a la tipología del inmueble a su nombre, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado. Se reintegre a la peticionaria la diferencia de la cantidad de dinero que cubrió por concepto del impuesto predial correspondiente al citado ejercicio fiscal, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquél se efectuó y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Lo anterior, tomando en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente municipal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Tesorería del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, para que proceda a dar cumplimiento a la presente ejecutoria en los términos precisados. Lo anterior, porque sólo a través de la actualización se devolverá a la parte peticionaria de amparo la cantidad que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogó. Es aplicable al caso la jurisprudencia 188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido. Así como la jurisprudencia 13/2008 de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, que dice: LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. Así mismo es aplicable, la jurisprudencia 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Además, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso. Se destaca que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual el Congreso y la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, quedan exentas de cumplimiento de este fallo, atento al contenido de la tesis CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, por los motivos y fundamentos expuestos acotados en el considerando octavo y para los efectos señalados en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia la ciudad del mismo nombre; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Domicilio y delegados De conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe. Estado de autos Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte que a las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional en el presente asunto. Sin embargo, también se advierte que aún no han transcurrido los ocho días para que las partes se impongan de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, Tesorera Municipal de Juárez y Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a efecto de que aquéllas puedan ofrecer pruebas y formular alegatos; esto, de conformidad con el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Notificación a autoridades responsables Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Valor Probatorio El valor probatorio del informe de cuenta, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, se adquiere de conformidad con las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Tesorera Municipal de Juárez; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Pruebas En relación con las pruebas documentales que la autoridad oficiante anexa, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dado que así lo permite su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. En cuanto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que ofrece, se tienen por admitidas y desahogadas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma la juzgadora tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/LRV
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