Pablo Aguillón Rodríguez

Expediente 1248/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1248/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Pablo Aguillón Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con asentamiento en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, este Juzgador establece que en el presente juicio biisntancial, sobreviene la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Para fijar el alcance de la disposición transcrita, conviene tener presente que, de acuerdo a su naturaleza, el juicio de amparo se caracteriza por ser un instrumento que busca controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad, reparando las violaciones de garantías que un determinado acto genera sobre la esfera jurídica de la agraviada, con el fin de restituirla en el goce pleno de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el legislador ha establecido y la Jurisprudencia ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En la fracción XXI del artículo 61, antes transcrita, se advierte que el legislador tomó en cuenta que al ocurrir alguna situación mediante la cual desaparezcan las consecuencias que genera el acto reclamado, hace que el juicio de amparo quede sin objeto y consecuentemente sea jurídicamente imposible analizar la constitucionalidad de éste. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque los actos reclamados, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, cuya esencia, de acuerdo a la naturaleza del acto que se reclama, conforme al artículo 77, fracción II del propio ordenamiento legal, es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página setenta y uno, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENIAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como ya se dijo, en el caso a estudio, debe resaltarse que ********************, reclamó de la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con asentamiento en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito que presentó el tres de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente administrativo laboral ******************** de su índice, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cargo que ostenta la licenciada Angélica Sofía Lira López, como presidenta de la mencionada dependencia. Empero, del propio informe justificado que ahora se recibe y de las constancias que se acompañaron para apoyar el mismo, se desprende que dicha omisión ya fue subsanada, pues en proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente mencionado en el párrafo que antecede, la responsable, acordó lo conducente en relación a lo solicitado por la parte agraviada en su escrito de tres de mayo del año actual, tal como si se hubiera concedido en forma lisa y llana la protección constitucional. En tales condiciones, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado a tal autoridad y, como consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia del juicio biinstancial, contemplada en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual, resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada Ley. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Corrobora lo anterior por contener consideraciones inherentes la tesis XIV.1o.13 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 1235, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, correspondiente al mes de Agosto de 2000, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que la autoridad de trato en su informe justificado, hace manifestaciones en relación al acto reclamado por la parte quejosa marcado con el punto número 2, consistente en la falsedad en declaraciones incurrida por la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con asentamiento en esta ciudad; empero, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que en el auto admisorio de diez de noviembre del año actual (fojas 10 a 12), se centró la litis únicamente en la omisión de dar contestación al ocurso presentado el día tres de mayo de dos mil veintitrés, circunstancia que ya fue subsanada, tal y como se advierte en el cuerpo de este auto. Por los motivos expuestos, déjese sin efectos la audiencia constitucional que está programada para las diez horas con treinta y tres minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, además conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se admite a trámite la misma mediante juicio en línea; regístrese en el libro respectivo con el número 1248/2023-I y con independencia de ello intégrese el expediente impreso de que se trata. En la inteligencia que, atendiendo las manifestaciones vertidas por ********************, en el libelo de cuenta, este Tribunal Federal centra la litis de este asunto únicamente en la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dar contestación a su ocurso presentado el día tres de mayo de dos mil veintitrés, ante la misma; de ahí que, será precisamente por tal acto reclamado que se tramitará y resolverá. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde a la fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este órgano jurisdiccional, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia; con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta y tres minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Tocante a las documentales que anexó el promovente a su escrito de demanda, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, se tiene como domicilio del agraviado para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda. Por otra parte, no pasa desapercibido para este Órgano de Control Constitucional, la solicitud de la parte agraviada en relación a las leyendas "c.c.p." (con copia para), ello para hacer de conocimiento a diversas autoridades y dependencias de gobierno; sin embargo, este Juzgado de Distrito no realiza mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que no es clara y entendible su petición; por lo que se dejan salvo sus derechos para de estimarlo conducente acuda hacer valer sus pretensiones ante las dependencias correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano