Pablo Aguillón Rodríguez

Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
584/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Pablo Aguillón Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, en atención a que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida por este órgano jurisdiccional, por la que se sobreseyó en el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A: Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 584/2020-II, promovido por ********************contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, ********************promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la autoridad y actos que a continuación se mencionan: Autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Actos reclamados: "1. La revocación de sus propias resoluciones de fechas 18 de octubre de 2019, en la cual señalaba fecha y hora para el desahogo de las pruebas testimoniales en fecha 29 de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 461/6/2017, consignados en los artículos 838, 848 de la Ley Federal del Trabajo, en franca violación de la garantía de audiencia establecida en el numeral 14 de la Constitución Federal. 2. La omisión de emitir el acuerdo legal y fundado por la cual no se practicó la audiencia de fecha 29 de noviembre de 2019, consignados en el artículo 718, 719, 720, 721 de la Ley Federal del Trabajo, y en franca violación de la garantía establecida en el numeral 8, 14 y 16 de la Constitución Federal. 3. Faltas especiales de su secretaria adscrita en retardar en exceso (por tercera ocasión), la celebración de la audiencia del desahogo de pruebas testimoniales dentro del expediente 461/6/2017, consignados en el artículo 641, Frac. I, IV, XII, 718, 719, 721 de la Ley Federal del Trabajo, y en franca violación de la garantía establecida en el numeral 8, 14 16 de la Constitución Federal. 4. Faltas especiales de su presidente adscrito, en retardas en exceso (por tercera ocasión) la celebración de la audiencia del desahogo de pruebas testimoniales dentro del expediente 461/6/2017, consignados en el artículo 642, Frac. II, VI, VIII, 771, 772 de la Ley Federal del Trabajo, y en franca violación de la garantía establecida en el numeral 8, 14 16 de la Constitución Federal." (Sic). Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 584/2020-II, pidió el informe justificado a la responsable, dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este asunto, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así se tiene que de acuerdo al análisis integral de las constancias del juicio de amparo, los actos reclamados por la quejosa, se hacen consistir en: "La omisión del H. Junta responsable, para emitir el acuerdo de pruebas, lo que ocasiona la tardanza del procedimiento, dentro del expediente laboral número 461/E06/2017". Tercero. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que no eran ciertos los actos reclamados por el agraviado, consistente en la omisión atribuida a dicha autoridad; agregando, que en data catorce de septiembre de dos mil veinte, dictó el acuerdo de pruebas solicitadas dentro del expediente administrativo laboral ********************, promovido por el aquí agraviado (fojas 20 a 22); esto es, la autoridad responsable en comento hizo manifestaciones que entrañan la certeza del acto reclamado. Por tanto, se tienen como ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa a la responsable aludida en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima actualizada, de oficio, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, ya que cesaron en sus efectos los actos reclamados consistentes en la omisión de emitir el acuerdo de pruebas planteadas dentro del expediente administrativo laboral 270/E06/2015. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria en consulta, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado y se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. De los autos del presente juicio de garantías se observa que el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, exhibió copia certificada del acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veinte, en el que se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas dentro del expediente administrativo laboral 461/E06/2017, promovido por el aquí agraviado (fojas 20 a 22). Documental a la que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. Aquí, es de destacarse que el quejoso mediante escrito recibido en este juzgado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, manifestó que se actualizaba la causal de sobreseimiento ya que la autoridad responsable le notificó el proveído de catorce de septiembre del año en curso, en el cual se le señaló fecha y hora para al desahogo de las pruebas ofrecidas (foja 41). Luego, como el promovente tacha de inconstitucional la omisión de la responsable de dictar el acuerdo respectivo en cuanto a las pruebas ofrecidas dentro del citado expediente administrativo laboral y como la responsable justificó haber subsanado dicha omisión, entonces, tal circunstancia evidencia la actualización del motivo de improcedencia previsto en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues se destruyó definitivamente la situación que motivó el presente juicio biinstancial (omisión de emitir acuerdo de pruebas) restituyendo a la quejosa en el goce de los derechos violados; por tanto, cualquier juicio biinstancial que se promueva contra dicha omisión, es improcedente por haber cesado los efectos de dicho acto. Con ello, sin duda, se subsanó la omisión que se le reclama a la autoridad responsable; por estas razones, se concluye que todos los efectos de los actos han desaparecido o se han destruido en forma total e incondicional, de manera que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, tal y como si se hubiera otorgado el amparo. Resulta aplicable a los razonamientos que preceden el criterio jurisprudencial 2a./J.59/99, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 38, tomo IX, del mes de junio de 1999, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas consideraciones, se sobresee en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75, 108, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************por propio derecho, en contra de los actos que atribuyó a la autoridad responsable precisada en el resultando primero de esta resolución y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se desprende que mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se tuvo por recibido y se ordenó poner a la vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; por lo que no se cuenta con la anticipación de los ocho días establecidos en dicho numeral, a fin de que las partes se impongan del contenido del citado informe. Por tanto, a efecto de no transgredir la garantía de defensa que le asiste a las partes, además de propiciar una mejor aplicación de la ley de la materia, con la finalidad de que el juicio de amparo se constituya en un medio de control de la constitucionalidad eficaz, se hace necesario diferir la audiencia que se encuentra señalada para esta propia fecha y se fijan de nueva cuenta las once horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de noviembre de dos mi veinte, para que tenga verificativo la misma. Tiene aplicación al respecto, la tesis 1.7oP.17K, visible en la página 2280, del mes de septiembre de dos mil dieciocho, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CELEBRARLA ANTES DE QUE CONCLUYA EL PLAZO DE OCHO DÍAS ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO DENTRO DE ÉSTE, EL QUEJOSO HAYA DESAHOGADO LA VISTA QUE SE LE DIO CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con el segundo párrafo del precepto mencionado, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos, debe mediar un plazo mínimo de 8 días entre la fecha de notificación del informe justificado y la diversa para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual no autoriza a que el órgano de control la celebre antes de fenecido ese término, no obstante que se haya desahogado la vista con respecto al informe pues, de lo contrario, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento de amparo que amerita su reposición, ya que esa temporalidad se prevé necesaria para garantizar el efectivo acceso a la justicia, ya que es potestad del quejoso presentar argumentos que desvirtúen las afirmaciones de las autoridades responsables al rendir sus informes, más aún, si ese periodo fue previsto para recabar y presentar pruebas que acrediten la existencia del acto reclamado. De ahí que no pueda considerarse que el hecho de que el quejoso haga manifestaciones en torno al desahogo de la vista antes de que concluya el plazo que se le otorgó, signifique que precluye su derecho para formular más alegaciones o probar lo conducente dentro del plazo respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    ...Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido...

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano