Pablo Aguillón Rodriguez

Expediente 105/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
105/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Pablo Aguillón Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda promovida por Pablo Aguillón Rodríguez; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el escrito de demanda de amparo y dos copias del mismo, en el cual aparece como nombre del promovente, el de Pablo Aguillón Rodríguez, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; consecuentemente, regístrese en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Tribunal, bajo el número 105/2022-II. Ahora bien, este Tribunal Federal conviene desechar de plano la demanda de amparo sin su previo análisis; lo anterior es así, pues los ocursos de cuentan adolece de la firma del promovente, dado que únicamente aparece su nombre; de ahí que se considere que no se instó a este Juzgado de Distrito para que conociera de la contienda constitucional, al estar los documentos de mérito desprovistos de la voluntad del accionante de presentarlo, y tal deficiencia no puede ser corregida mediante prevención; de ahí que en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo. En este contexto resulta necesario transcribir en su parte conducente el contenido del numeral 6 de la Ley de Amparo, que dice: "ARTICULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que este Ley lo permita." Así, para el caso concreto, y ante la circunstancia de que los líbelos de cuenta adolecen de la firma del promovente, es dable para este juzgador concluir válidamente que existe ausencia de voluntad de éste para lograr la acción de tutela constitucional; pues ante tal omisión no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional. En efecto, el arábigo anteriormente trascrito establece que el juicio de garantías puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, de igual manera, cuando derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, por conducto de su defensor o de cualquier persona, en los casos en que la Ley lo permita; de ahí que, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, como se adelantó, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Sobre estas bases, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo y; por ende, se desecha de plano la demanda de garantías en la cual aparece como nombre del promovente Pablo Aguillón Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La anterior determinación descansa en el contenido de la Tesis Aislada número VI.1o.151K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, del mes de Febrero de 1995, Octava Época, Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal". No sobra decir que la oficial de partes de este Juzgado de Distrito, al recibir el escrito de demanda asentó lo siguiente: "sin firma", lo cual da certeza a este órgano de control constitucional de que la demanda de amparo al momento de ser presentada no contaba con firma autógrafa. Tiene apoyo a lo anterior a contrario sensu la jurisprudencia 2a./J.32/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3632, del Libro IV, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. En otro orden de ideas, se tiene al quien dice ser el promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que asentó en sus escritos de cuenta. Finalmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    II...De conformidad con el artículo 27, inciso b) y c) y 29 ambos de la Ley de Amparo notifico a la parte quejosa el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por medio de lista, en virtud de no haber acudido a este órgano jurisdiccional a recibir la notificación de referencia de manera personal.

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