Pablo Abundio Jimenez
Expediente 1340/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pablo Abundio Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla (anexo I) las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Visto, el escrito de cuenta signado por el quejoso Pablo Abundio Jiménez, agréguese a los autos para que surta los efectos a que haya lugar y, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele copia fotostática de las constancias que indica, autorizando a para recibirlas a la persona que menciona, previa identificación y firma que se otorgue en autos, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto, el escrito de cuenta signado por el quejoso Pablo Abundio Jiménez, agréguese a los autos para que surta los efectos a que haya lugar y, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo abrogada, expídasele copia fotostática de las constancias que indica, autorizando a para recibirlas a la persona que menciona, previa identificación y firma que se otorgue en autos, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, como lo dispone el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias que remite la autoridad oficiante que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, conservando el folio de origen. En ese supuesto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente (también se transcribe la fracción X del precepto invocado para un mejor entendimiento del motivo de inviabilidad que se analiza): Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) De la interpretación sistemática de las fracciones anteriormente transcritas, se arriba a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente cuando en éste se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Ahora bien, para que la referida causa de improcedencia se actualice es necesario que en el juicio de derechos fundamentales que ya está resuelto se haya efectuado un pronunciamiento respecto al fondo de la litis constitucional, o bien, se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado a través del juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo (a manera de ejemplo cuando se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, han cesado sus efectos o ha sido consentido). Como se ve, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo salvaguarda la figura jurídica de cosa juzgada, en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (1) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (2) obtener el respeto de la autoridad de cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. En ese sentido, resulta pertinente reiterar que el quejoso Pablo Abundio Jiménez acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, destacamentado en Tepeaca, consistentes en la orden de reaprehensión dictada en su contra dentro de la causa penal 115/2009 mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, así como su ejecución. Lo anterior, resulta de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, resulta indispensable destacar que dentro del juicio de derechos fundamentales 1868/2015 del índice de este juzgado de distrito, el cual se tiene a la vista, se advierten los siguientes puntos a destacar: 1. Los actos reclamados en ese sumario constitucional (1868/2015) los constituyen el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 115/2009 del índice del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, mismo que ordena la reaprehensión en contra de Pablo Abundio Jiménez, así como su ejecución. 2. El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis se dictó sentencia dentro del juicio de amparo 1868/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, en la que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo a la quejosa Pablo Abundio Jiménez. 3. Posteriormente, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis se declaró que la aludida sentencia había causado ejecutoria. Información que se obtiene del juicio de amparo 1868/2015, hechos que se invocan en su calidad de notorios de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ilustra el tema la jurisprudencia 2a./J. 27/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial. Así las cosas, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en nos ocupa (1340/2016-III-B) y el diverso 1868/2015, se advierte que existe identidad de partes, de autoridad responsable ordenadora y de actos reclamados en tales juicios. Por tanto, en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues resulta evidente que la orden de reaprehensión dictada en contra de Pablo Abundio Jiménez el veintiuno de septiembre de dos mil quince dentro de la causa penal 115/2009 del índice del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, así como su ejecución, fue materia de estudio en la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 1868/2015. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 40/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro texto y datos de localización siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Lo anterior es así, con base en las consideraciones y razonamientos expresados; en tal sentido, no resulta necesario esperar a que llegue la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en este sumario constitucional se actualiza una causal de improcedencia notoria e indudable, de manera que, con ningún medio de convicción puede desvirtuarse; por lo que, con fundamento en los artículos 61, fracción XI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, respecto del acto antes citado y por los motivos expuestos. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace al acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, destacamentado en Tepeaca, ya que el acto que se le imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de reaprehensión materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No se soslaya que la parte agraviada dentro del proceso penal de origen no fue emplazada al presente juicio de derechos fundamentales con el carácter de tercero interesada, sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado del presente acuerdo, pues al haberse sobreseído, es inconcuso que dicha resolución no les causa ningún perjuicio a dichas partes. Cobra aplicación al caso la tesis aislada P. V/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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