Pablo Hernandez Cruz
Expediente 1306/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pablo Hernandez Cruz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos la razón de cuenta, asentada por el Actuario adscrito a este juzgado, en la cual hizo constar que no le fue posible notificar en forma personal, aún en horas inhábiles, a la parte quejosa lo actuado el catorce y veintiséis de diciembre del año pasado, ya que nadie dio contestación a su llamado, sin poder dejar aviso de notificación por las razones expuestas. En consecuencia, háganse por lista las notificaciones ordenadas para dicha parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo vigente. EL PROVEÍDO DE CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa Pablo Hernández Cruz, para que diera cumplimiento al requerimiento preventivo que se le formuló el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, sin que al efecto lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo, y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). " EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil diecisiete; ya que, al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, en distintos días hábiles, nadie acudió a su llamado y no pudo ingresar al interior correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 21 y 27, fracción I de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que lleve a cabo la citada notificación en días y horas inhábiles."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil diecisiete; ya que, al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, en distintos días hábiles, nadie acudió a su llamado y no pudo ingresar al interior correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 21 y 27, fracción I de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que lleve a cabo la citada notificación en días y horas inhábiles
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa Pablo Hernández Cruz, para que diera cumplimiento al requerimiento preventivo que se le formuló el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, sin que al efecto lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo, y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por Pablo Hernández Cruz, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y de otras autoridades; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1306/2017-E. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer respecto a la admisión de la demanda, con apoyo en los artículos 108, fracción III y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: ÚNICO. Precise cuál es la denominación correcta de las autoridades responsables que señaló como: "Agente del Ministerio Público Segunda Delegación, Agente del Ministerio Público Primera Delegación, Agente del Ministerio Público Tercera Delegación, Agente del Ministerio Público Cuarta Delegación, Agente del Ministerio Público Quinta Delegación, Agente del Ministerio Público Sexta Delegación, Agente del Ministerio Público Séptima Delegación, Agente del Ministerio Público Octava Delegación, y Agente del Ministerio Público Novena Delegación"; pues es un hecho notorio que dichas Agencias ya no existen con esa denominación, ya que con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en este Distrito Judicial, dejaron de existir las Delegaciones. Por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables sus informes y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él y no por conducto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo, y por autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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