Ovidio Hernandez Miguel
Expediente 182/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ovidio Hernandez Miguel
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil dieciséis (fojas 296 a 304), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Ovidio Hernández Miguel, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 76/2012/RVTEZ. Con plenitud de jurisdicción dicte un nuevo acuerdo en el cual : Funde y motive sí el ahora quejoso acredita o no la propiedad del vehículo del cual solicita la devolución. Funde y motive que existe otro posible propietario, en el cual deberá determinar sí de ahí deviene la negativa de la devolución, o bien, porque el vehículo fue asegurado y constituye el objeto del delito denunciado por éste tercero. Funde y motive su decisión, en el cual deberá citar los artículos aplicables a su determinación, dejando de observar los artículos invocados en el acto reclamado, con la cual pretendió fundamentar su actuación y además, deberá resaltar la transcendencia del aseguramiento." (foja 303 vuelta). Resolución que el catorce de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 357 a 359). Por lo anterior, mediante oficio sin número de diecinueve de julio de dos mil dieciséis (fojas 366 a 379), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, Primera Mesa de Trámite Par de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la averiguación previa 76/2012/RVTEZ/RVPUE, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el acuerdo reclamado de tres de agosto de dos mil quince (foja 368). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, mediante auto de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, determinó que el ahora quejoso Ovidio Hernández Miguel, no acreditó fehacientemente la propiedad del vehículo afecto, al establecer lo siguiente: "Con respecto a la titularidad que argumenta dentro de la presente indagatoria el ahora quejoso de garantías de nombre Ovidio Hernández Miguel con respecto del bien inmueble asegurado consistente en el automotor. dentro de la presente indagatoria, esta agencia del Ministerio Público considera que no acredita la propiedad fehacientemente de la unidad automotriz referida, con la exhibición de la copia certificada de la factura número 34229 de fecha 18 de diciembre de 1991, expedida por automotriz Lindavista S.A. de C.V., a favor de Raymundo Olvera Hernández y al reverso se aprecia una serie de cinco cesiones de derechos, siendo la última de fecha 22 de mayo de 2010, misma que se encuentra a favor de Ovidio Hernández Miguel, apareciendo una firma ilegible, misma que se exhibió en certificada notarialmente. En atención al siguiente criterio. .del escrito referido se desprende que exhibe copia certificada de la factura número 34229 de fecha 18 de diciembre de 1991, expedida por automotriz Lindavista S.A. de C.V., a favor de Raymundo Olvera Hernández, documento que se le debe conceder valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 fracción VI, 163 y 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en relación con el diverso 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Sin embargo, el discurso por parte de la autoridad ministerial no versa en el valor probatorio del documento en sí, mismo que fue exhibido en copia certificada de la factura multimencionada, ya que la misma como se ha establecido tiene pleno valor probatorio, sino que la misma acota el valor probatorio del documento en cuanto a la secciones de derechos ya que esta parte es modificativa o alterada constantemente en cuanto al tiempo dependiendo de las necesidades económicas de los particulares, pues como se puede apreciar en su reverso existe una serie de cinco cesiones de derechos, siendo la última de fecha 22 de mayo de 2010, misma que se encuentra a favor Ovidio Hernández Miguel, apareciendo una forma ilegible, por lo que la validez del documento en cuanto a la transmisión de los derechos de propiedad que ampara el mismo, se limita a la fecha de certificación ante notario público. Atendiendo a que el original de la factura número 34229 de fecha 18 de diciembre de 1991, expedida por automotriz Lindavista S.A. de C.V., a favor de Raymundo Olvera Hernández a la fecha en que se realiza el presente acuerdo puede contener otras cesiones de derechos, posteriores a la del hoy quejoso de garantías de nombre Ovidio Hernández Miguel, por lo que queda en duda quién sea el titular en cuanto a la propiedad del bien mueble que ampara dicho documento específicamente en cuanto a las series de cesiones de derechos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 aplicado en amplio sentido del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, en conclusión de este tema se puede decir que es indispensable comparezca el promovente ante esta autoridad ministerial para que exhiba la factura original y se pueda cotejar con la copia certificada que corre agregada en el sumario ministerial y hecho lo anterior se despeje la duda de la titularidad del bien mueble consistente en la unida automotriz." (fojas 368 y 369). Por otro lado, el fiscal responsable estableció que respecto del vehículo afecto existe otro posible propietario; así como que en virtud de que dicho vehículo fue asegurado y constituye el objeto del delito denunciado, es la causa por la cual es improcedente la devolución que solicita el aquí amparista, resaltando la transcendencia de su aseguramiento, al referir lo siguiente: "2. Es importante por parte de la autoridad ministerial establecer que la causa por la que se originó la pretensión para que la autoridad ministerial investigara en cuanto a la unidad automotriz marca Volkswagen. fue la denuncia de robo de vehículo formulada por parte del ciudadano Juan Hernández Martínez, ante esta fiscalía estatal en fecha 16 de mayo de 2012, en la ciudad de Teziutlán, Puebla, y del contenido de la denuncia formulada por esta persona en lo esencial en cuanto a justificar la titularidad del bien mueble por parte de Juan Hernández Martínez, indica en sus hechos lo siguiente: 'Del que acreditaré la propiedad posteriormente´, por lo que existe la posibilidad de que esta persona sea el legal propietario del automotor de referencia al argumentar directamente ante la autoridad ministerial de referencia que es el propietario del mismo, en atención a este argumento del denunciante la autoridad ministerial no puede infringir el principio de legalidad establecido en el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "De lo expuesto con antelación esta autoridad ministerial debe enlazar este argumento con la petición del ahora peticionario, en cuanto a la devolución de la unidad automotriz, es consecuencia lógica jurídica no es posible en este momento su devolución por parte de esta autoridad ministerial en atención a que el vehículo. tiene la calidad de objeto del delito por lo tanto, la naturaleza intrínseca del concepto de propiedad es decir (usar, gozar y disponer) del bien inmueble (automotor), se encuentra limitada o restringida por la ley (artículos 52 y 52 Bis del Código Penal para el Estado, hasta tanto en cuanto se le quite la calidad de objeto del delito, en consecuencia de lo anterior es procedente para poder esta autoridad ministerial determinar si continua con el aseguramiento y con la calidad de objeto del delito con respecto del automotor. es procedente notificar personalmente al denunciante de nombre Juan Hernández Martínez, para que comparezca ante esta autoridad ministerial y justifique con el medio idóneo de prueba que es titular del bien mueble denunciado." (fojas 369 y 370). Y, finalmente ha de indicarse que el fiscal responsable, funda su decisión en lo dispuesto por los artículos 52 y 52 Bis del Código Penal del Estado de Puebla (foja 370), artículos que son diferentes de los que había citado en el auto reclamado de tres de agosto de dos mil quince (siendo los artículos 73, 83 y 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla -foja 302 vuelta-). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Agente del Ministerio Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, Primera Mesa de Trámite Par, de la ciudad de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." No pasa inadvertido para la suscrita Secretaria encargada del despacho que en el oficio de cuenta la autoridad responsable dijo haber dejado insubsistente el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo de la copia certificada de la determinación de dieciocho de julio del actual, se aprecia que dejó insubsistente el acuerdo de tres de agosto de dos mil quince siendo éste el acto reclamado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, en contra de la sentencia engrosada el catorce de junio de dos mil dieciséis, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Primera Mesa de Trámite Par de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: " Deje insubsistente el acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 76/2012/RVTEZ. Con plenitud de jurisdicción dicte un nuevo acuerdo en el cual : 1. Funde y motive sí el ahora quejoso acredita o no la propiedad del vehículo del cual solicita la devolución. 2. Funde y motive que existe otro posible propietario, en el cual deberá determinar sí de ahí deviene la negativa de la devolución, o bien, porque el vehículo fue asegurado y constituye el objeto del delito denunciado por éste tercero. 3. Funde y motive su decisión, en el cual deberá citar los artículos aplicables a su determinación, dejando de observar los artículos invocados en el acto reclamado, con la cual pretendió fundamentar su actuación y además, deberá resaltar la transcendencia del aseguramiento." Así mismo, con fundamento el artículo 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Primera Mesa de Trámite Par de la ciudad de Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden. Para dar margen a lo anterior, dicho superior jerárquico podrá decretar las medidas necesarias y hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a su subalterno. Se apercibe a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico) que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se les concedió, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las mencionadas autoridades que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse las multas con las que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por otro lado, dígase a las autoridades requeridas, que incurren en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y último párrafo y 269 de la Ley de Amparo.
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