Overath Siddharta Barragán Ibañez

Expediente 43/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
43/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
08/09/2016

Partes del expediente

  • Overath Siddharta Barragán Ibañez
  • Juez de Garantía de Puerto Escondido, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso Overath Siddharta Barragan Ibañez, por acuerdo de fecha treinta de agosto del año en curso, el que se le notificó el treinta y uno siguiente, transcurrió del dos al seis de septiembre del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad judicial responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro: 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 123 a 142), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Overath Siddharta Barragán Ibáñez, para el efecto de que el Juez de Garantía en materia penal, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, realizara lo siguiente: 1. Dajara insubsistente la resolución de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, dictada en contra del quejoso OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, en la causa penal número 369/2015 de su índice 2. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual, podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de mérito. Cabe precisar que la concesión del amparo se otorgó en consideración a lo que se expuso en la sentencia respectiva, que es de tenor literal siguiente (fojas 137 a 141): "En este orden de ideas, a juicio del que ahora resuelve, el auto de vinculación a proceso reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que el Juez responsable no precisó cuáles son las circunstancias de lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, del delito que se le imputa al aquí quejoso, de igual modo al explicar la clasificación jurídica la tuvo por acreditada de forma genérica por todas las hipótesis contenidas en el tipo penal, pero no dijo o individualizó la hipótesis que se tuvo por demostrada. En primer lugar, conforme al artículo 19 Constitucional, para emitir un auto de vinculación a proceso, se debe expresar el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así de la recta lectura del acto reclamado se inadvierte que la autoridad responsable haya expresado cuáles fueron esas circunstancias, pues para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debió explicar de forma individualizada, la circunstancia de lugar, tiempo y sobre todo el modo de ejecución. En segundo lugar el tipo penal exige que una vez acreditada la calidad del activo, éste sea responsable de cualquier entidad, organismo, empresa, o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, no obstante a ello la autoridad responsable no precisó en cuál de ellas pertenecía el activo. En ese mismo orden de ideas, la autoridad responsable fue omisa en precisar (una vez acreditada la calidad del sujeto activo y de la institución a la que pertenecía, en cualquiera de sus hipótesis y no en todas de manera conjunta como lo hizo), si ésta era una persona moral o ente que se dedicara a actividades financieras de ahorro o inversión. Similar caso resulta al acreditar el segundo elemento del delito, el cual la autoridad responsable acreditó de la siguiente manera: "En ese sentido, entonces también tenemos que el segundo elemento es que sin ninguna causa legal, por sí o por sus subordinados se nieguen a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas, a quien tenga derecho a ello, o que el local, oficinas, sucursal destinados a la atención del público, se encuentre temporal o definitivamente, cerrado clausurado, este elemento se acredita con las declaraciones de Cecilia Quintas Velasco así también como con su escrito de denuncia de Cecilia Quintas Velasco, con la ratificación de ese escrito de denuncia realizado por la víctima ante el representante social, así también con la declaración del testigo Ismael Flores Carmona, con la diligencia de traslado del personal e inspección del lugar de los hechos en el que dan cuenta de que se encuentra cerrado y que ya incluso hay un nuevo giro comercial en el lugar en el que señala la víctima se encontraba instalada la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V.; así también, tenemos que se encuentra acreditado con el contrato de depósito a plazo fijo expedido por la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V. con número PI-1184 a favor de la señora Cecilia Díaz Quintas y la ficha de depósito de fecha cinco de octubre del año dos mil trece, que ampara la cantidad de quince mil pesos y con motivo del cual se generó el contrato de depósito PI-1184 antes mencionado, así también con la ficha de depósito de fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce" (sic). De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable fue omisa en precisar en qué hipótesis exigida por el tipo penal actualizaba el segundo elemento del delito, pues nada dijo respecto a que si esa conducta se perpetró en un local, oficinas, sucursal, y si este se encontraba temporal o definitivamente cerrado, pues no debe quedar implícita ni tener como obvia su acreditamiento, por tanto, esa subsunción de acuerdo al principio de taxatividad, debió quedar bien definida por el Juez de Garantía. Se invoca para ello la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), con registro: 2006867, emitida por la Primera Sala del máximo Tribunal del País, publicada en la página 131, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.- (se transcribe). De igual forma la autoridad responsable de manera genérica concluyó que la calidad del sujeto pasivo era en las tres hipótesis, esto es, como ahorrador, inversionista o depositante, sin embargo esas calidades son distintas entre sí, por ello debió explicar cuál se actualizaba o en su caso por qué se acreditaron esos tres supuestos. Finalmente nada dijo si la calidad del sujeto activo era como dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, pues faltó explicar en cuál de esas calidades se ubica el aquí quejoso y explicar con qué dato de prueba se demuestra. Lo expuesto se considera así pues, de la lectura del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se advierte que es claro que dentro del mismo se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 74/2002, con registro 185051, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 131, Tomo XVII, de Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ROBO CALIFICADO. LOS MEDIOS COMISIVOS "DE NOCHE", "LLEVANDO ARMAS", "CON FRACTURA", "EXCAVACIÓN" O "ESCALAMIENTO" CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 380, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUEDEN CONFIGURARLO INDISTINTAMENTE.- (se transcribe). De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio del hoy quejoso. Además para que el delito exista basta una sola de las maneras de comisión delictiva a que se refiere, pues en el tipo penal en estudio, el legislador empleó la conjunción disyuntiva "o" que gramaticalmente significa alternativa entre personas, cosas o ideas. Precisado lo anterior, se puede concluir válidamente que, en el caso, la autoridad responsable omitió establecer con precisión en cuál de las hipótesis que establece el numeral que invoca se ubica la conducta del quejoso. Por ende, dicha autoridad al emitir el acto reclamado, analizó los elementos del tipo penal de manera genérica, conforme a lo estipulado en el citado precepto legal, pasando inadvertido de que en el mismo artículo se señalan diversas hipótesis o formas de comisión del hecho delictivo en estudio, pues al hacerlo de esa manera, no cumplió con la obligación constitucional de establecer de manera particular y precisar adecuadamente la conducta ilícita en la cual incurrió el quejoso, tanto en el delito como en la probable responsabilidad en la comisión del mismo, toda vez que no basta, como lo hizo la autoridad responsable el estudio conjunto de los elementos del tipo penal, en forma genérica, sino en establecer cuál de las conductas o formas de comisión de ese hecho, fue la que cometió el sujeto activo, esto es, precisar en qué hipótesis que prevé el citado precepto legal, se ubica la conducta del quejoso, ya que al no hacerlo, se traduce en el incumplimiento a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, y debida fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal; además el de la exacta aplicación de la ley penal, pues al no hacerlo, le causaría un estado de incertidumbre jurídica al quejoso al desconocer la hipótesis por el que se dictó auto de vinculación a proceso y con ello afectaría su derecho a tener una defensa adecuada". Al causar ejecutoria la sentencia por auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (fojas 155 y 156), se requirió al Juez responsable su cumplimiento. Razón por la cual dicha autoridad judicial mediante oficio número CJ/JGPPE/1004/2016-J, remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la causa penal número 369/2015 de su índice (fojas 179 a 191), en la que dejó insubsistente la resolución reclamada de fecha doce de enero de dos mil dieciséis y, con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, dictó nuevamente auto de vinculación a proceso contra el quejoso Overath Siddharta Barragan Ibañez, como probable responsable de los hechos que la ley señala como constitutivos del delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Cecilia Quintas Velasco. En dicha resolución el Juez responsable expuso literalmente lo siguiente (fojas 186 vuelta a 190): "FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA SEXTO. Estos hechos a criterio del de la voz constituyen el hecho que la ley señala como delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado, el cual a la letra dice: "Artículo 379.- Se equipara al delito de retenci6n y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión, al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerir judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporalmente o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años" De dicho precepto, se advierte que para la acreditación del delito en estudio, se requiere de la existencia de los siguientes elementos: 1. Que exista una entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido. 2. Que el dueño, directivo, Socio, gerente, empleado o responsable de aquella, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas. 3. Que dicha negativa sea sin causa Justificada. El primer elemento, se colma en la hipótesis consistente en la existencia de una empresa dedicada a actividades financiera de inversión; que el caso lo es la sociedad mercantil denominada "SOLUPRENDA" S.A. DE C.V.". Ello es así, ya puesto que como se precisó en el hecho número uno, en el acta de asamblea general ordinaria de accionistas y constitutiva número 6993, de fecha dieciocho de agosto del año dos mil cuatro, se estableció que con la misma se estaba creando o formando una empresa como sociedad mercantil anónima de capital variable, bajo la denominación de "SOLUPRENDA" seguida de las abreviaturas S.A. de C.V., y por ende, es que dicha sociedad mercantil a juicio de este resolutor encaja correctamente en la hipótesis de una empresa, a que se refiere el primer elemento en estudio. Máxime que gramaticalmente la palabra "empresa" de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española significa "Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos", y también es un sinónimo de la palabra sociedad; luego, al ser SOLUPRENDA S.A. DE C.V., una sociedad mercantil, es incuestionable que es una organización dedicada a actividades mercantiles con fines lucrativos, tal y como lo dispone el artículo 411 que la Ley General de Sociedades Mercantiles, y por ende es considerada válidamente como una empresa. Asimismo, este juzgados considera que la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V., sí se dedica a actividades financieras de inversión, puesto, que como se precisó anteriormente, dentro del objeto social se estableció, que sus actividades serian entre otras, la celebración de contratos permitidos por la ley; contratos, que como el que celebró con la señora CECILIA QUINTAS VELASCO, son de depósito a plazo en los que la depositante obtendrá no un préstamo sino una ganancia o interés una vez vencido el plazo, siendo por ello que al celebrar ese tipo de contratos LA EMPRESA SOLUPRENDA S.A. DE C. V., es evidente que la misma sí se dedica o dedicaba a realizar actividades de inversión, puesto que una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia futura, lo que antecede en el caso con la celebración de un contrato de depositito a plazo fijo con la señora CECILIA QUINTAS VELASCO. Por lo anterior, resulta improcedente lo argumentado por el defensor del imputado en el sentido de que el Ministerio Público únicamente acreditó la existencia de una persona moral, pero no acreditó que la empresa se dedique a actividades financieras de ahorro o inversión. Por otra parte, el segundo elemento en estudio también se colma en su hipótesis consistente en que el directivo y también socio de dicha empresa, por medio de sus subordinados se niegue a devolver las cantidades invertidas a quien tenga derecho a ellas. Lo anterior es así, ya que en el presente asunto y como se advierte de los hechos probados, la calidad especifica del sujeto activo se actualiza en las hipótesis de directivo y socio del elemento en estudio, puesto que está acreditado con el acta, constitutiva de la empresa de referencia, que el señor OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, es socio y también fue nombrado administrador general único de la sociedad mercantil denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V., estando por ello a su cargo la dirección y administración de la citada empresa, lo cual es acorde a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Del mismo modo, se actualiza la negativa del directivo y socio de referencia por medio de sus subordinados a devolver las cantidades invertidas a quien tenga derecho a ellas. en términos de lo dispuesto por la ultima parte del tercer párrafo del artículo 379 del Código Penal Vigente en el Estado, que establece que "se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinado a la atención al público se encuentre temporalmente o definitivamente cerrado o clausurado". Pues, en el caso, estableció en el hecho probado número dos y tres, quedó acreditado que la sucursal de la empresa denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.v., ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza sin número, Barrio San Antonio, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, destinada a la atención al público con fecha siete de julio del año dos mil catorce, se encontraba permanentemente cerrada; pues en dicha sucursal fue atendida en diversas ocasiones la señora Cecilia Quintas Velasco, por ende se infiere que en la misma se atendía al público y el cierre fue permanente puesto que incluso en el domicilio en que se encontraba la sucursal de SOLUPRENDA S.A. DE C.V., en la fecha en que se realizó la inspección del lugar ya se encontraba otra negociación con la leyenda de 'Restaurante Sarita". Ahora bien, y toda vez que la señora Cecilia Quintas Velasco refirió que en la citada sucursal era atendida por el encargado de la misma de nombre MISAEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, y por la cajera OLlVIA JIMÉNEZ REYES, quienes evidentemente son subordinados del señor OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, ya que este último es socio y también administrador general único de la sociedad mercantil denominada SOLUPRENSA S.A. DE C.V., estamos por ello a su cargo la dirección y administración de la citada empresa, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; luego entonces, de lo anterior válidamente se puede inferir que el cierre de la sucursal fue realizado por dichos subordinados y no por el directivo y socio de la empresa Asimismo, se colma la calidad específica del sujeto pasivo Cecilia Quintas Velasco, consistente en que tenga derecho a la devolución de la cantidad invertida; puesto que dicha pasivo, fue precisamente la persona que invirtió la cantidad de quince mil pesos cero centavos moneda nacional, en la sucursal de la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V. ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza sin número, en el Barrio de San Antonio, en la población de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, en virtud de que suscribió con dicha empresa un contrato de depósito a plazo fijo con fecha de vencimiento después de trescientos sesenta y cuatro días, lo que le generaría un interés del 13 % (trece por ciento) anual y por ende, es incuestionable que es ella quien tiene el derecho a la devolución de la cantidad invertida, así como a los intereses generados. Finalmente, el tercer elemento del delito en estudio también se satisface puesto que en el caso la negativa antes analizada es sin causa justificada. Ya que hasta este momento no existe ningún dato de prueba del que se advierta que exista alguna causa justificada para que la sucursal de la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C,V. ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza sin número, en el Barrio de San Antonio, en la población de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, haya cerrado sus oficinas permanentemente a partir del día siete de julio de dos mil catorce, y por ende se infiere que ,dicho cierre, constitutivo de la negativa actualizada, es injustificado hasta este momento; pues al ser un hecho negativo, la carga de la prueba se revierte en su caso al imputado y defensor para acreditar alguna causa justificada del cierre de la sucursal de mérito, lo que en el caso no acontece. "(PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO LO COMETIDO O PARTICIPIO EN SU COMISIÓN). La probable responsabilidad penal de OVERATH SIDDHARTA BARRAGAN IBAÑEZ se acredita hasta el momento como socio y también como directivo de la empresa denominada SOLUPRENDA S.S. DE C.V., ya que en atención a la naturaleza del delito atribuido, este requiere que el sujeto activo tenga calidad especifica de dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de la citada empresa. Y en este caso, como ya se ha venido precisando está acreditado con el acta constituva de la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V., que el imputado es socio y también fue nombrado administrador general único de la sociedad mercantil denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V., dese el día dieciocho de agosto de dos mil catorce, estando por ello a su cargo la dirección y administración de la citada empresa desde esa fecha, máxime que en término de lo dispuesto por el artículo 2° y 10 de la Ley General de Sociedad Mercantiles, la representación de toda sociedad mercantil corresponde a su administrador, y estos son plenamente responsables de los actos jurídicos que realicen cuando terceros resulten perjudicados; en el caso el acto jurídico que realizó fue el contrato a depósito a plazo fijo en el que resulto perjudicada la señora Cecilia Quinta Velasco, al negarse la devolución de su inversión. Negativa que el imputado realizo en término de los dispuesto por la última parte del tercer párrafo del artículo 379 del Código Penal Vigente en el Estado, que establece "que se considera como negativa el hecho de que el local oficina o sucursal destinado a la atención al público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado", en virtud de que las sucursal de la empresa denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V., ubicada en avenida Ignacio Zaragoza sin número, Barrio San Antonio, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, destinada a la atención al público, con fecha siete de julio de dos mil catorce, se encontraba permanentemente cerrado; pues en dicha sucursal fue atendida en diversas ocaciones anteriores a esa fecha la señora Cecilia Quintas Velasco, por ende se infiere que en la misma se atiende al público y que el cierre fue permanente puesto que incluso en el domicilio en que se encontraba la sucursal de SOLUPRENDA S.A. DE C.V., en la fecha en que se realizó la inspección del lugar ya se encontraba otra negociación con la leyenda "Restaurante Sarita". Realizando el cierre de dicha sucursal el imputado por medio de sus subordinados, ya que como lo refirió la señora Cecilia Quintas Velasco, en la citada sucursal era atendida por el encargado de la misma de nombre MISAEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, y por OLIVA JIMÉNEZ REYES como cajera, personas que evidentemente eran subordinados del imputado; porque al ser el imputado socio y también administrador general único de la sociedad mercantil denominada SOLUPRENSA S.A. DE C.V., válidamentese puede inferir que por ello, tanto el citado encargado de la sucursal, como la cajera, tenía una relación de trabajo con el imputado como sus empleados y por ende se puede presumir que las actividades que estos realizaban en la sucursal, era en cumplimiento a las órdenes que se les diera por parte del imputado como administrador único y patrón de los mismo, dentro de las cuales evidentemente fue la de cerrar la sucursal en forma en que se ha venido precisando. Por tanto, el actuar del imputado OVERATH SIDDHARTA BARRAGAN IBAÑEZ, fue a título de coautor material, en términos del artículo 11 en su fracción III del Código Penal, ya que como se ha venido diciendo los hechos atribuidos los ejecutó conjuntamente en sus subordinados de referencia, teniendo el codominio funcional del hecho, pues que al ser impuesto el administrador único de SOLUPRENSA S.A. DE C.V., puede ordenar a sus subordinados que abrieran la sucursal que se ha venido mencionado y devolvieran el dinero a las personas que tuvieran derecho a ello, lo cual hasta el momento no ha realizado"(sic). De lo anterior, se advierte que el Juez responsable cumplió en sus términos con la ejecutoria de mérito, en virtud de que dejó insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, subsanando los vicios formales por los que se otorgó el amparo, dictó nuevamente auto de vinculación a proceso contra el quejoso Overath Siddharta Barragan Ibañez, como probable responsable en la comisión de hecho que la ley señala como equipado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de Cecilia Quintas Velasco, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de la autoridad judicial responsable para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, glósese únicamente para que obre como corresponda la copia simple del oficio número TSJ/P/414/2016, signado por el Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, del que se advierte que solicita a la autoridad responsable dé cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, misma que ya se tuvo por cumplida en el párrafo que antecede. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercera interesada en cumplimiento a lo ordeno por acuerdos de fechas veintinueve de enero y veinticinco de abril del año en curso. IIIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio número CJ/JGPPE/1004/2016-J, signado por el Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, por el que informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución que dictó el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la causa penal 369/2015 y copia certificada del audio y video de la audiencia en que dio cumplimiento a dicha concesión; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Guárdense en la Secretaría de este Juzgado, el disco que la autoridad judicial remitió. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio número TSJ/P/414/2016, remitido vía fax, signado por el Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, del que se advierte que ordenó al Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, para que cumpla con la ejecutoria de amparo y remita las constancias respectiva. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo, por identidad de razones jurídicas, en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". Notifíquese. IIIB

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio número CJ/JGPPE/1004/2016-J, remitido vía fax por el Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, por el que informa que se dictó la resolución correspondiente en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos señalados en la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, precisando que vía ordinaria hará llegar las copias autorizadas de la transcripción de la resolución correspondiente y de la videograbación en formato DVD; reservándose acordar lo que en derecho proceda una vez que se reciba la resolución y el audio DVD de mérito. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo, por identidad de razones jurídicas, en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". Notifíquese. IIIB

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