Overath Siddharta Barragan Ibañez
Expediente 554/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Overath Siddharta Barragan Ibañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso Overath Siddharta Barragan Ibañez, por acuerdo de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, el que se le notificó el veintidós siguiente, transcurrió del veintiséis al veintiocho de septiembre del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad judicial responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro: 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 118 a 140), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Overath Siddharta Barragán Ibáñez, para el efecto de que el Juez de Garantía en materia penal, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, realizara lo siguiente: 1. Dajara insubsistente la resolución de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, dictada en contra del quejoso OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, en la causa penal número 295/2015 de su índice 2. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual, podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de mérito. Cabe precisar que la concesión del amparo se otorgó en consideración a lo que se expuso en la sentencia respectiva, que es de tenor literal siguiente (fojas 134 a 139): "En este orden de ideas, a juicio del que ahora resuelve, el auto de vinculación a proceso reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que el Juez responsable no precisó cuáles son las circunstancias de lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, del delito que se le imputa al aquí quejoso, de igual modo al explicar la clasificación jurídica la tuvo por acreditada de forma genérica por todas las hipótesis contenidas en el tipo penal, pero no dijo o individualizó la hipótesis que se tuvo por demostrada. En primer lugar, conforme al artículo 19 Constitucional, para emitir un auto de vinculación a proceso, se debe expresar el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así de la recta lectura del acto reclamado se inadvierte que la autoridad responsable haya expresado cuáles fueron esas circunstancias, pues para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debió explicar de forma individualizada, la circunstancia de lugar, tiempo y sobre todo el modo de ejecución. En segundo lugar de la transcripción que antecede, se desprende que en relación al análisis del primer elemento el tipo penal, se exige que se acredite la calidad especifica del sujeto activo, es decir como dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio Calidad que la autoridad responsable no acreditó, de forma clara y precisa pues solo se limitó a establecer que el hoy quejoso de acuerdo al acta constitutiva 6993, de dieciocho de agosto de dos mil cuatro, levantada por el Notario Público número 28, entre otras se advertía en unas de sus cláusulas que se establecía la constitución de la sociedad anónima de capital variable denomina Soluprenda, y que Overath Siddhartha Barragán, es administrador general único. Sin embargo dicha calidad (administrador único) no se encuentra dentro de los supuestos exigidos por el tipo penal, motivo por el cual, la autoridad responsable debió explicar si el ser administrador único se puede considerar como dueño, directivo, socio agente, empleado o responsable; es decir de su redacción se deriva que son calidades especiales diferentes, por tanto, debió exponer en cual de ellas se ubica el sujeto activo. De igual manera el tipo penal exige que una vez acreditada la calidad del activo, éste sea responsable de cualquier entidad, organismo, empresa, o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, no obstante a ello la autoridad responsable fue genérico y no precisó en cual de ellas pertenecía el activo. En ese mismo orden de ideas, la autoridad responsable fue omisa en precisar (una vez acreditada la calidad del sujeto activo y de la institución a la que pertenecía, en cualquiera de sus hipótesis y no en todas de manera conjunta como lo hizo), si ésta era una persona moral o ente que se dedicara a actividades financieras de ahorro o inversión. Similar caso resulta al acreditar el segundo elemento del delito, el cual la autoridad responsable acreditó de la siguiente manera: "El segundo elemento consistente en que sea una causa legal, en que sí o por subordinados se nieguen a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas, o el local, oficinas, sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado, este elemento se acredita con la denuncia de la víctima Maurilia Velasco Salinas, corroborado por la inspección realizada por el agente estatal de investigaciones José Eladio Pinelo Zavaleta, es decir la víctima se constituyó en el lugar donde había depositado su dinero, a solicitar la devolución del mismo, o mejor dicho a cobrar el vencimiento de sus contratos, encontrándose que la misma se encontraba cerrada, es decir, ya no se encontraba operando como tal, tan es así que gracias a la inspección ocular practicada por el agente estatal de investigaciones y a las fotografías exhibidas dentro de su investigación, se logra establecer que dicho inmueble, ya tiene incluso logra establecer que el inmueble ya tiene otro giro comercial, toda vez que en las fotos se logra establecer que en el inmueble opera un restaurant denominado "Sarita". De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable fue omisa en precisar que hipótesis exigida por el tipo penal actualizaba el segundo elemento del delito, pues resultó genérica su consideración al establecer que era local, oficinas, sucursal, y si este se encontraba temporal o definitivamente cerrado, pues no debe quedar implícita ni tener como obvia su acreditamiento, por tanto, esa subsunción de acuerdo al principio de taxatividad, debió quedar bien definida por el Juez de Garantía. Se invoca para ello la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), con registro Registro: 2006867 , emitida por la Primera Sala del máximo tribunal del país, publicada en la página 131, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.-El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas". Lo expuesto se considera así pues, de la lectura del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se advierte que es claro que dentro del mismo se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 74/2002, con registro 185051, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 131, Tomo XVII, de Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ROBO CALIFICADO. LOS MEDIOS COMISIVOS "DE NOCHE", "LLEVANDO ARMAS", "CON FRACTURA", "EXCAVACIÓN" O "ESCALAMIENTO" CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 380, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUEDEN CONFIGURARLO INDISTINTAMENTE.- La citada disposición previene que además de la sanción que corresponda al delincuente, conforme al artículo 374 de dicho ordenamiento sustantivo, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión cuando se cometa "de noche, llevando armas, con fractura, excavación o escalamiento". Tales medios comisivos lo configuran indistintamente. En efecto, de la lectura del artículo cuestionado se aprecia claramente la utilización de la coma, así como de una conjunción. De conformidad con el libro "Ortografía de la Lengua Española", propiedad de la Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, la coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado, separa las partes de éste salvo las que vengan presididas por alguna conjunción, se usa para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, tópico que acontece en el caso que se estudia al quedar escrito "se cometa de noche, llevando armas, con fractura, excavación ...". En ese orden de ideas, se tiene en primer término el hecho de que la coma está separando miembros gramaticalmente equivalentes "de noche", "llevando armas", "con fractura", "excavación", para luego encontrar la conjunción "o". Por conjunción se entiende a la palabra o conjunto de ellas que enlaza enunciados o palabras mismas; cum con, y jungo juntar, por lo tanto, que enlaza o une con. En el caso, y como segundo término, se observa que se tiene una conjunción disyuntiva, es decir, la que indica alternancia exclusiva o excluyente (a diferencia de las conjunciones copulativas que sirven para reunir en una sola unidad funcional dos o más elementos e indican su adición). Esta conjunción "o", entendido lo asentado sobre la coma (pausa breve), no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas en el artículo 380, fracción X, mencionado y, como tercer y último término, otra situación trascendental es que no existe una coma delante de la conjunción, encontramos escrito "o escalamiento ...". Lo anterior denota, sin lugar a dudas, que la palabra escalamiento en su secuencia con las demás no expresa un contenido distinto al elemento o elementos que la preceden, de lo contrario tendría que decir ", o escalamiento". Bajo estas consideraciones, relativas a la utilización correcta de la puntuación en los textos escritos, que pretenden reproducir la entonación de la lengua oral, se refuerza la aseveración a la que esta Primera Sala concluye, estableciendo que los medios comisivos señalados en el artículo 380, fracción X, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, deben atenderse, de conformidad con la alternancia señalada en líneas anteriores, en forma singular para acreditar esa calificativa al delito de robo. A mayor abundamiento, el propio numeral que ahora se analiza categóricamente establece: "Además de la sanción que le corresponda al delincuente, conforme al artículo 374, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión, en los casos siguientes: ...", lo que denota el hecho de que al realizar la lectura continua con la fracción X, corrobora la conclusión a la que se llega en el sentido de establecer la alternancia en forma singular de los medios comisivos contenidos en la misma". De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN AGRAVADO, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio del hoy quejoso. Además para que el delito exista basta una sola de las maneras de comisión delictiva a que se refiere, pues en el tipo penal en estudio, el legislador empleó la conjunción disyuntiva "o" que gramaticalmente significa alternativa entre personas, cosas o ideas. Precisado lo anterior, se puede concluir válidamente que, en el caso, la autoridad responsable omitió establecer con precisión en cuál de las hipótesis que establece el numeral que invoca se ubica la conducta del quejoso. Por ende, dicha autoridad al emitir el acto reclamado, analizó los elementos del tipo penal de manera genérica, conforme a lo estipulado en el citado precepto legal, pasando inadvertido de que en el mismo artículo se señalan diversas hipótesis o formas de comisión del hecho delictivo en estudio, pues al hacerlo de esa manera, no cumplió con la obligación constitucional de establecer de manera particular y precisar adecuadamente la conducta ilícita en la cual incurrió el quejoso, tanto en el delito como en la probable responsabilidad en la comisión del mismo, toda vez que no basta, como lo hizo la autoridad responsable el estudio conjunto de los elementos del tipo penal, en forma genérica, sino en establecer cuál de las conductas o formas de comisión de ese hecho, fue la que cometió el sujeto activo, esto es, precisar en qué hipótesis que prevé el citado precepto legal, se ubica la conducta del quejoso, ya que al no hacerlo, se traduce en el incumplimiento a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, y debida fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal; además el de la exacta aplicación de la ley penal, pues al no hacerlo, le causaría un estado de incertidumbre jurídica al quejoso al desconocer la hipótesis por el que se dictó auto de vinculación a proceso y con ello afectaría su derecho a tener una defensa adecuada". Al causar ejecutoria la sentencia por auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis (fojas 151 y 152), se requirió al Juez responsable su cumplimiento. Razón por la cual dicha autoridad judicial mediante oficio número PJEO/JGMPPE/1102/2016-J, remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal número 295/2015 de su índice (fojas 173 a 186), en la que dejó insubsistente la resolución reclamada de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince y, con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, dictó nuevamente auto de vinculación a proceso contra el quejoso Overath Siddharta Barragan Ibañez, como probable responsable de los hechos que la ley señala como constitutivos del delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Maurilia Velasco Salinas. En dicha resolución el Juez responsable expuso literalmente lo siguiente (fojas 181 vuelta a 184): "ADECUACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS" SEXTO. Ahora bien una vez que fueron acreditados los hechos anteriormente narrados a criterio de quien resuelve, hasta este momento procesal, dichos hechos acreditan el delito de EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado. Dicho precepto penal dice: "Artículo 379.- Se equipara al delito de retenci6n y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión, al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerir judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporalmente o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años." En cuanto a la descripción típica del anterior tipo penal se establecen que deben acreditarse los siguientes elementos: 1. Que un sujeto activo tenga la calidad especifica de dueño, directivo, socio, gerente , empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se hay constituido. 2. Que con la aludida calidad se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas (sujeto pasivo), sin causa legal, ya sea, ya sea por sí o a través de sus subordinados. 3. Que la entidad, organismo, empresa o negocio no cuente con registro de las autoridades correspondientes, o no haya concluido o iniciado sus trámites de regularización. El primer elemento, consistente, que el sujeto activo con calidad especifica de dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier identidad de un organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica a criterio de esta Autoridad Judicial, se acredita principalmente, con el acta constitutiva número 6993 de fecha dieciocho de agosto del año dos mil cuatro, levantada ante la fe del Notario Público número veintiocho, Licenciado Juan Manuel Cruz Acevedo, respecto a la constitución de la Sociedad Anónima de Capital variable denominada "SOLUPRENDA", y en donde en su clausulado, específicamente en la Séptima, se establece que la "dirección y administración" de la sociedad quedará a cargo de un administrador general unico, que es la persona de nombre Overath Siddharta Barragan Ibañez, hoy imputado. Por lo que para el suscrito debe considerar al imputado como directivo de la empresa constituida cono sociedad anónima, independiente del nombre o cargo con el que se ostente, por las serie de facultades que se le otorgan al otorgarle la representación jurídica de la sociedad. Esto independientemente de que también tenga el carácter de dueño, ya que conforme a las clausulas transitorias se advierte que el hoy imputado controla o tiene dieciocho acciones de veinte, que constituyen la sociedad; y que es de explorado derecho que toda sociedad anónima, como la constituida, debe tener cuando menos dos socios, por lo que se aprecia que en realidad el imputado también es dueño de la empresa. En la inteligencia que para el suscrito no es aplicable la jurisprudencia con número de registro 200687, respecto del principio de legalidad, ya que del texto de la misma se desprende que no se puede imponer una pena, que no esté decretada por una ley exactamente aplicable y dado el estado procesal en que nos encontramos con esta resolución no se impone pena alguna, sólo se formaliza una investigación en contra del imputado, por lo que se considera que aplica mejor al caso y se invoca la jurisprudencia 1ª /J.24/2016, con registro 2011693, emitido por la primera sala del máximo Tribunal del país, publicada el 27 de mayo de 2016, con el rubro: TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO EN LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. Razón por la cual, se debe atender al fijo o bien jurídicamente tutelado que se pretende proteger en el tipo penal, respecto de las figuras legales o elementos normativos que lo comprenden, pero NO de una lectura textual de la ley, sino de una interpretación en contraste con las figuras que se manejan, en ese sentido, el suscrito considera que el legislador al señalar que se requiere una calidad específica, de dueño, directivo o cualquier otro de los supuestos, es que tenga la posibilidad real de con eso calidad se niegue a devolver (verbo nuclear) sin causa legal o justificada las cantidades depositadas para su ahorro o inversión. Hay que tomar en cuenta que el tipo penal en análisis, se crea con motivo del quebranto cometido por los dueños, directivos y responsables de las sociedades y asociaciones que realizan algún tipo de operación financiera indistintamente de que sean legalmente reconocidas como tal, ello al fin de que no queden impunes los actos realizados por los mismos en perjuicio de que no queden impunes los actos realizados por los mismos en perjuicio de los clientes, ahorradores o socios que depositaron su dinero en dichas instituciones, tal como ocurre en el presente caso. No pasa desapercibido que anteriormente este tipo de conductas delictivas se trataban de castigar mediante la figura de Fraude, ante los innumerables casos que se reportaba, la Comisión de Administración de Justicia del Congreso del Estado efectuó a la legislación penal vigente un análisis en donde entró que a nivel estatal actualmente dos son los tipos penales que podrían dar cabida a las conductas delictivas cometidas por dueños y responsables de las entidades de ahorro y préstamo: el delito de retención y el de fraude, en este entendido, determinaron que, en torno al primero existía ya un criterio de las autoridades Jurisdiccionales en el sentido de que las cantidades en numerario, a pesar de ser un bien fungible, no están protegidas por dicha figura delictiva; y por lo que se refiere al segundo, que cuenta con una larga tradición en el derecho penal mexicano, la mayor dificultad de las víctimas reside en la comprobación del engaño como elemento sine qua non de tal figura delictiva la que la convertí en un mecanismo de difícil operatividad, máxime que como se ha dicho, los delincuentes de cuello blanco operan con enorme sutileza y se aprovechan de las condiciones vulnerabilidad de los afectados . Ahora bien, se tiene también acreditado para el suscrito que el Imputado con el carácter de administrador general único de una sociedad anónima de capital variable, como se constituyó lo empresa "Soluprenda" y estaba dedicada o actividades financieras, específicamente de inversión, lo cual se acredito con el Acta notarial número 6993 de fecha dieciocho de marzo protocolizada ante el notario público veintiocho en el estado de Oaxaca, ya que se en la misma se estableció que el objeto social lo seria "asistir a las personas de bajos recursos, aquellas que requieren de recursos monetarios Inmediatos y en general a la sociedad que no tiene acceso a créditos bancarios, hipotecarlos, inversiones y cuentas debido a las condiciones propias del sistema flnandero ..." por lo que se aprecia que lo empresa estaba encaminado o prestar o realizar actividades financieras a aquellos estratos sociales a los que el sistema financiero clásico no atiende, sin que pose por desapercibido paro este resolutor que por los demás fines descritos en su objeto social se advierte que esta "empresa" "Soluprenda" se debió constituir como una Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de conformidad con el artículo 2, fracción X de la ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Que son sociedades constituidas y organizadas conforme a la ley General de Sociedades Cooperativas, (en vez de una sociedad anónima, que se rige por la ley de sociedades mercantiles y que tiene como fin perseguir un lucro, sin contenido social), esto independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que adopten, que tengan por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus Socios, y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de Integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que son intermediarios financieros con fines de lucro. El segundo elemento consistente en que sin una causa legal, por sí o por subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas la negativa se acredita con una presunción legal, estipulada en la parte final del tercer párrafo del propio artículo 379 del código Penal del Estado, en el sentido, en este caso que la sucursal de santos Reyes Nopala, así mencionada en la denuncia, encuentre cerrada de manera temporal o definitiva, ya que en la denuncia de la víctima Maurilia Velasco Salinas, manifiesta que el día quince de julio de dos mil catorce, se constituyó en el lugar donde había depositado según ella invertido su dinero, a solicitar la devolución del mismo, o mejor dicho a cobrar el vencimiento de sus contratos, encontrándose que la misma se encontraba cerrada, es decir, ya no se encontraba operando como tal, tas es así que gracias a la inspección ocular practicada por el agente estatal de investigaciones y a las fotografías exhibidas dentro de su investigación, se logra establecer que dicho inmueble, ya tiene otro giro comercial, toda vez que en las fotos se logra establecer que en el inmueble opera un restaurant denominado "sarita", luego entonces se advierte que al realizarse esta inspección el día veinticinco de abril de dos mil quince, el cierre de la sucursal ya no sólo es temporal sino que es definitivo. Luego entonces, lo que se le imputa a la procesada es la negativa de devolver a la pasivo, sin causa legal, las cantidades de dinero que está invirtió en dicha empresa sin que exista alguna causa legal que lo justifique, en los términos ya expuestos, lo que hace imposible que la pasivo disponga libremente de la cantidad de dinero que le corresponde. De esta manera es obligación del estado, tutelar todo atentado a la propiedad cometido por sustracción, engaño o deslealtad e inclusive dinero en efectivo y es ahí cuando abandona el derecho civil, ello en virtud de proteger a la sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, por lo cual se crean tipos de delito que protejan a la sociedad y reprimen esas agresiones, aún y cuando se utilicen sistemas contractuales, como ocurrió en el presente caso. Por otra parte, a juicio del suscrito, hasta este momento con los elementos de convicción vertidos oralmente se advierte que la presunción de la negativa a devolver ciertas cantidades a la víctima, son por el concepto de depositadas", porque de los contratos de depósito a plazo fijo con números PI-923 y PI1048, no se especifica si son inversiones o ahorro, pero es innecesario precisarlo en este momento procesal, máxime que el tipo penal es esta parte también maneja el concepto de "cantidades depositadas" y lo trascendente es que si existieron dos depósitos por las cantidades de $ 13,150 y $11,000 respectivamente, realizados por la víctima a la empresa soluprenda, tan es así que también le fueron expedidos a la víctima sus respectivas fichas de depósito de fechas dos de julio de dos mil doce y once de enero de dos mil trece, con el sello de la empresa, por lo que también se acredita que quien tenía el derecho de exigir la devolución de esas cantidades loes Maurilia Velasco Salinas. El tercero y último elemento, se acredita con el oficio número DEOAX-939/2015, fechado el quince de mayo del año dos mil quince, suscrito y firmado por el subdelegado Estatal en Oaxaca, la Comisión de la Protección Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Oswaldo León Ibarra, en donde informa que la empresa denominada Soluprenda, no se encuentra en la base de datos de dicha institución nacional, es decir, no aparece debidamente registrada como una empresa, dedicada a ahorro, préstamo o inversión. Por lo tanto, a juicio de quien resuelve, hasta este momento procesal y en relación con lo señalado con el artículo 19 Constitucional, al cual me referí al inicio de esta resolución, bastan simples datos para acreditar la existencia de un hecho con carácter de delito, este es el ilícito establecido en el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado, denominado Equiparado a la retención agravada, del cual se desprende que alguien realizó una conducta consistente en cerrar la sucursal de Soluprenda S.A. de C.V. en Santos Reyes Nopal, con lo que se le causo un perjuicio patrimonial a la víctima Maurilia Velasco Salinas, al no poder recuperar las cantidades de dinero depositadas en dicha sucursal hasta la fecha. SÉPTIMO: Ahora, respecto a la responsabilidad probable de Overath Siddharta Barragán Ibáñez, esta autoridad Judicial hasta este momento la tiene por acreditada, esto en atención, primero a la denuncia presentada y debidamente ratificada ante la Autoridad Ministerial, por Maurilia Velasco Salinas, apoya por el testimonia de Angélica Jiménez Velasco, hija de la propia víctima, quienes manifiestan las cantidades que fueron depositadas por la víctima en la empresa Soluprenda, además también apoyado, con los contratos de depósitos y fichas expedidas, por la misma empresa denominada Soluprenda S.A. de C.V., de la cual es administrador general único el imputado de referencia, ya que sí existe un documento pasado ante la fe del Notario Público en donde se constituyó una empresa mercantil y en esa acta constitutiva, se acredita quien o quienes pueden ser el concepto de administración, socios, etcétera, pero en esta se estableció al caso concreto, que el imputado Overath Siddharta Barragán Ibáñez , es el administrador General único, luego entonces, se considera que la probable participación hasta este momento, se acredita en términos del artículo 11 fracción II del código penal vigente en el Estado, es decir como autor material ya que Overath Siddharta Barragán Ibáñez, es parte integrante de esa empresa, como ya se estableció anteriormente y en el contexto de los hechos, es obvio que sólo él puede haber determinado cerrar la sucursal en Santos Reyes Nopala y a la fecha persiste en si negativa de reintegrar el dinero depositado en una sucursal de la empresa en la que es administrador general único." (sic). De lo anterior, se advierte que el Juez responsable cumplió en sus términos con la ejecutoria de mérito, en virtud de que dejó insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, subsanando los vicios formales por los que se otorgó el amparo, dictó nuevamente auto de vinculación a proceso contra el quejoso Overath Siddharta Barragán Ibáñez, como probable responsable en la comisión de hecho que la ley señala como equipado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de Cecilia Quintas Velasco, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de la autoridad judicial responsable para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercera interesada en cumplimiento a lo ordeno por acuerdos de fechas nueve de noviembre de dos mil quince y dieciséis de de marzo del año en curso. II-B
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Salina Cruz, Oaxaca, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, remite copias certificadas de la resolución de auto de vinculación decretada con fecha ocho del actual. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de fecha trece del actual, se reservó acordar este oficio recibido vía fax, hasta en tanto obrara el original del mismo y las constancias a que hace referencia y como dicha circunstancia ya aconteció, consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese. IIB
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Salina Cruz, Oaxaca, a trece de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo aduce remitir copias certificadas de la resolución de auto de vinculación decretada con fecha trece del actual. En su atención se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto llegue las constancias que refiere. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del oficio PJEO/JGMPPE/1102/2016-J, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Notifíquese. IIB
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Salina Cruz, Oaxaca, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; en atención a su contenido, por los motivos que expone, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le otorga un plazo legal de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede legamente notificado de este proveído, a fin de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del oficio PJEO/JGMPPE/1054/2016-J, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Notifíquese. IIB
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