Overath Siddharta Barragán Ibañez
Expediente 42/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Overath Siddharta Barragán Ibañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso Overath Siddharta Barragan Ibañez, por acuerdo de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, el que se le notificó el veintidós siguiente, transcurrió del veintiséis al veintiocho de septiembre del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad judicial responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro: 192174, cuyo rubro y texto son: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Para ello se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 70 a 96), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Overath Siddharta Barragán Ibáñez, para el efecto de que el Juez de Garantía en materia penal, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, realizara lo siguiente: 1. Dajara insubsistente la resolución de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, dictada en contra del quejoso OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, en la causa penal número 371/2015 de su índice 2. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual, podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de mérito. Cabe precisar que la concesión del amparo se otorgó en consideración a lo que se expuso en la sentencia respectiva, que es de tenor literal siguiente (fojas 88 vuelta a 94): En este orden de ideas, a juicio del que ahora resuelve, el auto de vinculación a proceso reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que la Juez responsable no precisó cuáles son las circunstancias de lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, del delito que se le imputa al aquí quejoso, de igual modo al explicar la clasificación jurídica la tuvo por acreditada de forma genérica por todas las hipótesis contenidas en el tipo penal, pero no dijo o individualizó la hipótesis que se tuvo por demostrada. En primer lugar, conforme al artículo 19 Constitucional, para emitir un auto de vinculación a proceso, se debe expresar el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así de la recta lectura del acto reclamado se inadvierte que la autoridad responsable haya expresado cuáles fueron esos circunstancias, pues para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debió explicar de forma individualizada, la circunstancia de lugar, tiempo y sobre todo el modo de ejecución. En segundo lugar el tipo penal exige que una vez acreditada la calidad del activo, éste sea responsable de cualquier entidad, organismo, empresa, o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, no obstante a ello la autoridad responsable no precisó en cuál de ellas pertenecía el activo. En ese mismo orden de ideas, la autoridad responsable fue omisa en precisar (una vez acreditada la calidad del sujeto activo y de la institución a la que pertenecía, en cualquiera de sus hipótesis y no en todas de manera conjunta como lo hizo), si ésta era una persona moral o ente que se dedicara a actividades financieras de ahorro o inversión. Similar caso resulta al acreditar el segundo elemento del delito, el cual la autoridad responsable acreditó de la siguiente manera: .Ahora bien, en cuanto al segundo elemento que consiste en que sin causa legal, en que por sí o por subordinados se nieguen a devolver las cantidades ahorradas, invertidas, o depositadas, a quien tenga derecho a ellas, o que el local, oficinas o sucursal destinados a la atención del público, se encuentren temporal o definitivamente cerrado o clausurado, en este sentido tenemos, que esta se corrobora con la declaración del señor Paulino Velasco, así también con la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, así también da cuenta del depósito realizado y del contrato suscrito ante el depósito de la cantidad de cien mil pesos realizado por el señor Paulino Velasco, ante la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V. quien le otorgó ante este depósito realizado el contrato a plazo fijo con número PI-1176 con fecha veinte de septiembre del año dos mil trece, en ese sentido tenemos que el señor Paulino nos hace la narración de la mecánica de los hechos, de cómo es que él acude a la sucursal a depositar este numerario que ya se ha mencionado, así también que posteriormente se entera de que ha cerrado ya sus puertas para atención al público la empresa SOLUPRENDA sin darle un aviso oportuno en ese momento a la víctima Paulino Velasco al ser también socio de esta empresa denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V. así también tenemos que nos dice de cómo se entera de que ha cerrado sus actividades de trabajo estas oficinas ubicadas en la población de Santo Reyes Nopala.." (sic). De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable fue omisa en precisar en qué hipótesis exigida por el tipo penal actualizaba el segundo elemento del delito, pues nada dijo respecto a que si esa conducta se perpetró en un local, oficinas, sucursal, y si este se encontraba temporal o definitivamente cerrado, pues no debe quedar implícita ni tener como obvia su acreditamiento, por tanto, esa subsunción de acuerdo al principio de taxatividad, debió quedar bien definida por el Juez de Garantía. Se invoca para ello la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), con registro: 2006867, emitida por la Primera Sala del máximo Tribunal del País, publicada en la página 131, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.-El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. De igual forma la autoridad responsable de manera genérica concluyó que la calidad del sujeto pasivo era en las tres hipótesis, esto es, como ahorrador, inversionista o depositante, sin embargo esas calidades son distintas entre sí, por ello debió explicar cuál se actualizaba o en su caso porque se actualizan esos tres supuestos. Lo expuesto se considera así pues, de la lectura del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se advierte que es claro que dentro del mismo se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 74/2002, con registro 185051, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 131, Tomo XVII, de Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ROBO CALIFICADO. LOS MEDIOS COMISIVOS "DE NOCHE", "LLEVANDO ARMAS", "CON FRACTURA", "EXCAVACIÓN" O "ESCALAMIENTO" CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 380, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUEDEN CONFIGURARLO INDISTINTAMENTE.- La citada disposición previene que además de la sanción que corresponda al delincuente, conforme al artículo 374 de dicho ordenamiento sustantivo, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión cuando se cometa "de noche, llevando armas, con fractura, excavación o escalamiento". Tales medios comisivos lo configuran indistintamente. En efecto, de la lectura del artículo cuestionado se aprecia claramente la utilización de la coma, así como de una conjunción. De conformidad con el libro "Ortografía de la Lengua Española", propiedad de la Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, la coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado, separa las partes de éste salvo las que vengan presididas por alguna conjunción, se usa para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, tópico que acontece en el caso que se estudia al quedar escrito "se cometa de noche, llevando armas, con fractura, excavación ...". En ese orden de ideas, se tiene en primer término el hecho de que la coma está separando miembros gramaticalmente equivalentes "de noche", "llevando armas", "con fractura", "excavación", para luego encontrar la conjunción "o". Por conjunción se entiende a la palabra o conjunto de ellas que enlaza enunciados o palabras mismas; cum con, y jungo juntar, por lo tanto, que enlaza o une con. En el caso, y como segundo término, se observa que se tiene una conjunción disyuntiva, es decir, la que indica alternancia exclusiva o excluyente (a diferencia de las conjunciones copulativas que sirven para reunir en una sola unidad funcional dos o más elementos e indican su adición). Esta conjunción "o", entendido lo asentado sobre la coma (pausa breve), no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas en el artículo 380, fracción X, mencionado y, como tercer y último término, otra situación trascendental es que no existe una coma delante de la conjunción, encontramos escrito "o escalamiento ...". Lo anterior denota, sin lugar a dudas, que la palabra escalamiento en su secuencia con las demás no expresa un contenido distinto al elemento o elementos que la preceden, de lo contrario tendría que decir ", o escalamiento". Bajo estas consideraciones, relativas a la utilización correcta de la puntuación en los textos escritos, que pretenden reproducir la entonación de la lengua oral, se refuerza la aseveración a la que esta Primera Sala concluye, estableciendo que los medios comisivos señalados en el artículo 380, fracción X, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, deben atenderse, de conformidad con la alternancia señalada en líneas anteriores, en forma singular para acreditar esa calificativa al delito de robo. A mayor abundamiento, el propio numeral que ahora se analiza categóricamente establece: "Además de la sanción que le corresponda al delincuente, conforme al artículo 374, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión, en los casos siguientes: ...", lo que denota el hecho de que al realizar la lectura continua con la fracción X, corrobora la conclusión a la que se llega en el sentido de establecer la alternancia en forma singular de los medios comisivos contenidos en la misma". De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio del hoy quejoso. Además para que el delito exista basta una sola de las maneras de comisión delictiva a que se refiere, pues en el tipo penal en estudio, el legislador empleó la conjunción disyuntiva "o" que gramaticalmente significa alternativa entre personas, cosas o ideas. Precisado lo anterior, se puede concluir válidamente que, en el caso, la autoridad responsable omitió establecer con precisión en cuál de las hipótesis que establece el numeral que invoca se ubica la conducta del quejoso. Por ende, dicha autoridad al emitir el acto reclamado, analizó los elementos del tipo penal de manera genérica, conforme a lo estipulado en el citado precepto legal, pasando inadvertido de que en el mismo artículo se señalan diversas hipótesis o formas de comisión del hecho delictivo en estudio, pues al hacerlo de esa manera, no cumplió con la obligación constitucional de establecer de manera particular y precisar adecuadamente la conducta ilícita en la cual incurrió el quejoso, tanto en el delito como en la probable responsabilidad en la comisión del mismo, toda vez que no basta, como lo hizo la autoridad responsable el estudio conjunto de los elementos del tipo penal, en forma genérica, sino en establecer cuál de las conductas o formas de comisión de ese hecho, fue la que cometió el sujeto activo, esto es, precisar en qué hipótesis que prevé el citado precepto legal, se ubica la conducta del quejoso, ya que al no hacerlo, se traduce en el incumplimiento a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, y debida fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal; además el de la exacta aplicación de la ley penal, pues al no hacerlo, le causaría un estado de incertidumbre jurídica al quejoso al desconocer la hipótesis por el que se dictó auto de vinculación a proceso y con ello afectaría su derecho a tener una defensa adecuada. Al causar ejecutoria la sentencia por auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis (fojas 107 y 108), se requirió al Juez responsable su cumplimiento. Razón por la cual dicha autoridad judicial mediante oficio número PJEO/JGPPE/1009/2016-J, remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal número 371/2015 de su índice (fojas 127 a 140), en la que dejó insubsistente la resolución reclamada de fecha doce de enero de dos mil dieciséis y, con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, dictó nuevamente auto de vinculación a proceso contra el quejoso Overath Siddharta Barragan Ibañez, como probable responsable de los hechos que la ley señala como constitutivos del delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Paulino Velasco. En dicha resolución el Juez responsable expuso literalmente lo siguiente (fojas 135 vuelta a 140): FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA SEXTO. Estos hechos a criterio del de la voz constituyen el hecho que la ley señala como delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado, el cual a la letra dice: "Artículo 379.- Se equipara al delito de retenci6n y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión, al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerir judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporalmente o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años" De dicho precepto, se advierte que para la acreditación del delito en estudio, se requiere de la existencia de los siguientes elementos: 1. Que exista una entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido. 2. Que el dueño, directivo, Socio, gerente, empleado o responsable de aquella, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas, o que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporalmente o definitivamente cerrado o clausurado. 3. Que dicha negativa sea sin causa Justificada. Asimismo y para que el delito en estudio sea AGRAVADO, se requiere además de los citados elementos del tipo base, que se acrediten un elemento más que es: 4 Que la entidad, organismo, empresa o negocio no cuente con registro de las autoridades correspondientes, o no haya concluido o iniciado sus trámites de regularización. El primer elemento, consistente en "Que exista una entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido", se colma en la hipótesis consistente en la existencia de una empresa dedicada a actividades financieras de inversión, y que en el caso lo es bajo la figura legal de una sociedad mercantil denominada "SOLUPRENDA S.A. DE C.V.". Ello es así, ya que como se precisó en el hecho número uno, en el acta de asamblea general ordinaria de accionistas y constitutiva número 6993, de fecha dieciocho de agosto del año dos mil cuatro, se estableció que con la misma se estaba creando o formando una empresa bajo la figura legal de una sociedad mercantil, consistente en una sociedad anónima de capital variable, bajo la denominación de "SOLUPRENDA" seguida de las abreviaturas S.A. de C.V., y por ende, es que dicha sociedad mercantil a juicio de este resolutor encaja correctamente en la hipótesis normativa del elemento en estudio consistente en la existencia de una empresa. Máxime que gramaticalmente de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española la palabra "empresa" significa: "Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos", y también es un sinónimo de la palabra "sociedad"; luego entonces, al ser SOLUPRENDA S.A. DE C.V., una sociedad mercantil, es incuestionable que la misma reviste el carácter de empresa que se requiere el tipo penal en estudio, pues además, por una sociedad mercantil existe la presunción legal de que la misma se dedica a realizar actos de comercio necesarios para cumplir su objeto social, entiéndase por acto de comercio toda actividad mercantil con fin lucrativo tal como lo dispone el artículo 4° de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, este juzgador considera que la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V., sí se dedica a actividades financieras de inversión, puesto, que como se precisó anteriormente, dentro del objeto social se estableció, que sus actividades serian entre otras, la celebración de contratos permitidos por la ley; es decir el objeto social quedo establecido en sentido amplio, y por ende válidamente pude incluirse en si objeto social la celebración de contratos, tales como el celebró con el señor PAULINO VELASCO, con fecha veinte de septiembre de dos mil trece, el cual fue un contrato de depósito a plazo fijo en el que el depositante obtendrá no un préstamo sino una ganancia o interés o lucro, una vez vencido el plazo, siendo por ello que al celebrar ese tipo de contratos LA EMPRESA SOLUPRENDA S.A. DE C. V., es evidente que la misma sí se dedica o dedicaba a realizar actividades financieras de inversión, puesto que una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia futura, lo que antecede en el caso con la celebración de un contrato de depositito a plazo fijo puesto que la colocación de capital lo es el depósito a plazo fijo, y la ganancia futura lo es el interés que se obtendrá una vez vencido el plazo. Consuetamente, se colma el primer elemento del delito en estudio, en la hipótesis consistente en la existencia de una empresa dedicada a actividades financieras de inversión, y que en el caso lo es bajo la figura de una sociedad mercantil denominada SOLUPRENDA S.A. DE C. V".. Por otra parte, el segundo elemento en estudio consistente en "Que el dueño directivo gerente empleado o responsable de aquella, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas invertidas o depositadas a quienes tenga derecho a ellas o que el local oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado", también se colma, por las siguientes razones. Primeramente es menester precisar que este segundo elemento del delito en estudio, de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 379 del Código Penal del Estado, establece dos hipótesis normativas que constituyen la negativa que se refiere este segundo elemento, las cuales son las siguientes: a) La |acción propiamente del suejto activo por sí o por medio de sus subordinados de negar a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas y; b) Que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado. Dichas hipótesis normativas, son autónomos e independientes y por ello, para acreditar la negativa del elemento en estudio, basta que se actualice una sola de ellas, ya que por la propia naturaleza de las mismas, estas no pueden coexistir, pues una excluye necesariamente a la otra. Lo anterior es así en virtud de que por lógica si se actualiza la primer hipótesis consistente en la acción de sujeto activo en negar la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, ello implica que dicha acción debe ser desplegada propiamente por el sujeto activo o por medio de sus subordinados en el local, oficina o sucursal correspondiente; lo que no puede acontecer cuando estos se encuentran cerrados. Siendo por ello, que el legislador estableció en la segunda parte del tercer párrafo del artículo 379 Del Código Penal del Estado de Oaxaca, la ficción Jurídica a que se refiere la Segunda hipótesis mencionada estableciendo por ello la presunción legal consistente en que también se considerará como negativa por parte del sujeto activo a devolver las cantidades reclamadas por la víctima, cuando se acredite el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado; puesto que dicha ficción jurídica se estableció en la Ley Penal, para dar por cierta la negativa de que se viene hablando por parte del sujeto activo cuando esté cerrado el local, oficina o sucursal correspondiente relevando así la necesidad de acreditar como un elemento del delito en estudio la existencia de una conducta específica del sujeto activo puesto que ellos sólo se debe acreditar cuando la negativa se base en la primer hipótesis mencionada, en virtud de que la misma implica una acción consistente en una interacción o dialogo personal entre el sujeto activo y pasivo, que puede desplegar el sujeto activo por sí o por medio de sus subordinados, lo que no puede acontecer en la segunda hipótesis del elemento en estudio pues precisamente esa fue la razón por la que se estableció la ficción jurídica de se viene hablando, por medio de la cual únicamente basta acreditar temporal o definitivamente cerrado o clausurado para que cobre aplicación la presunción legal referida, y se dé por cierta la negativa del sujeto activo a devolver al pasivo la cantidad ahorrada o invertida a qye tenga derecho, sin necesidad de precisar acción alguna por parte del sujeto activo. Ello es así, en virtud de que una ficción jurídica es una técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir, pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho, que deja de ser ficción para confirmar una realidad juradla. Sentado lo anterior, en el presente asunto el segundo elemento del delito en estudio se satisface con base en la segunda hipótesis antes precisada, consistente en que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado; precisamente en el supuesto consistente en que la sucursal destinada a la atención del público se encuentre definitivamente cerrada; puesto que en el caso, este elemento se colma en atención a que con los hechos probados se estableció que la sucursal de la empresa denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V., ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza sin número, Barrio San Antonio, Santos Reyes Nopala, Juqulia, Oaxaca, destinada a la atención al público con fecha quince de a agosto do dos mil catorce, se encontraba definitivamente cerrada. Siendo por ello que en esa fecha se actualiza la ficción jurídica antes precisada y con fundamento en el artículo 379, tercer párrafo, segunda parte, del Código Penal del Estado, se presume legalmente que se encuentra acreditado que el directivo de la empresa denominada SOLUPRENDA S.A. DE C. V., con fecha quince de agosto de dos mil catorce, se negó a devolver las cantidades invertidas a quien tenga derecho a ellas. Se afirma lo anterior, en virtud de que en la citada sucursal fue atendido en diversas ocasiones el señor PAULINO VELASCO, pues fue precisamente ahí en donde realizó el contrato de depósito a plazo fijo por la cantidad de cien mil pesos cero centavos, y que es la cantidad de la que se duele y que refiere no le ha sido devuelta, por ende se infiere que en la sucursal de mérito evidentemente se atendía al público; del mismo modo, se establece que el cierre de la sucursal referida fue permanente o definitivo, ya que el día quince de agosto de dos mil catorce, el señor PAULINO VELASCO, encontró cerrada la sucursal y la misma no ha vuelto a abrirse, tan es así que incluso en el domicilio en que se encontraba la sucursal de SOLUPRENDA S.A. DE C.V., en la fecha en que se realizó la inspección del lugar que fue el día veintiséis de abril de dos mil quince, ya se encontraba otra negociación con la leyenda de "Restaurant Sarita", lo que lógicamente toma el cierre de la sucursal como definitivo. Del mismo modo, de los hechos probados se acredita la calidad especifica del sujeto activo en las hipótesis de directivo, quien además también resulta ser socio; puesto que con el acta constitutiva de fa empresa de referencia, se acredite que el señor OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, es socio y que en esa misma acta también consta que fue nombrado administrador general ÚNICO de la sociedad mercantil denominada SOLUPRENDA S.A DE C.V, estando por ello a su cargo la dirección y administración de la citada empresa, desde que se constituyó la misma, esto es desde el día dieciocho de agosto del dos mil cuatro, lo cual es acorde a lo dispuesto por el artículo 10 y 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, se acredita que del sujeto pasivo PAULINO VELASCO, tenga derecho a la devolución de la cantidad Invertida; puesto que dicho pasivo, fue precisamente la persona que invirtió cantidad de cien mil pesos cero centavos moneda nacional, en la sucursal de la empresa SOLUPRENDA S.A de C.V. ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza sin número, en el Barrio de San Antonio, en la población de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, en virtud de que con fecha veinte de septiembre de dos mil trece, suscribió con dicha empresa un contrato de depósito a plazo fijo con fecha de vencimiento después de trescientos sesenta y cuatro días, lo que le generaría un interés del 13 % (trece por ciento) anual, y por ende, es Incuestionable que es él que tiene el derecho a la devolución de la cantidad invertida, así como de los intereses generados, por ser inversionista. Por otra parte, el tercer elemento del delito en estudio consistente en que dicha negativa sea sin causa Justificada, también se satisface, ya que hasta éste momento no existe ningún dato de prueba del que se advierta que exista alguna causa justificada para que la sucursal de la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V. ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza sin número, en el Barrio de San Antonio en la Población de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, haya cerrado sus oficinas permanentes el día quince de agosto de dos mil catorce, ya que se infiere que dicho cierre constitutivo de la negativa actualizada, es injustificado hasta este momento; pues al ser un hecho negativo, la carga de la prueba se revierte en su caso al Imputado defensor para acreditar alguna causa justificada del cierre de la sucursal de mérito, lo que en el caso no acontece. Finalmente, debe decirse que el delito en estudio es AGRAVADO, en virtud de que además de los elementos en Virtud de que además de los elementos base del tipo, también está acreditado con el ultimo hecho probado que la empresa SOLUPRENDA S.A DE C.V, no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, que en el caso lo es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Se afirma lo anterior, ya que con el informe rendido por el Licenciado Oswaldo León lbarra, Subdelegado Estatal en Oaxaca, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante oficio número DEOAX-974/2015, se advierte que la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V. no cuenta legalmente con el carácter de institución financiera, por no estar Inscrita en los registros con que cuenta la citada Comisión Nacional de prestadores de servicios financieros; registros en lo que debería estar inscrita SOLUPRENDA S.A. DE C.V., al ser una empresa que se dedica como ya se precisó a realizar actividades financieras de Inversión, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; puesto que en dichos registros se encuentran inscritas todas las Instituciones o sociedades autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o cualquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como instituciones financieras y ofrecer productos o servicios financieros a los usuarios. Y al no estar Inscrita la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.v., en dicha Comisión Nacional (CONDUSEF), ello significa que la misma no Inició o no concluyó sus trámites de regularización ante la misma, y por ello es que no cuenta con el registro correspondiente ante dicha autoridad; pero por lo anterior, de ninguna manera se puede establecer como lo refiere la defensa, que por no estar Inscrita la empresa en dicha Comisión Nacional, sea porque no es una institución financiera; puesto que como ya se dijo hace un momento, al realizar contratos de depósito a plazo fijo, estos constituyen actividades financieras de inversión. "(PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO LO COMETIDO O PARTICIPIO EN SU COMISIÓN). Ahora bien, respecto a la probable responsabilidad de que el imputado OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, cometió o participo en la comisión del hecho ilícito antes analizado, se acredita hasta el momento como directivo de la empresa denominada SOLUPRENDA S.S. DE C.V., ya que en atención a la naturaleza del delito atribuido, este requiere que el sujeto activo tenga calidad especifica de dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de la citada empresa. Y en este caso, está acreditado que el imputado de mérito probablemente cometió el hecho que se le imputa, ya que como se ha venido precisando, con el acta constitutiva de la empresa SOLUPRENDA S.A. DE C.V., está aprobado que el imputado OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, es socio y también fue nombrado administrador general único de la sociedad mercantil denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V., dese el día dieciocho de agosto de dos mil catorce, estando por ello a su cargo la dirección y administración de la citada empresa desde esa fecha, máxime que en término de lo dispuesto por el artículo 2° , 10 y 142 de la Ley General de Sociedad Mercantiles, la representación de toda sociedad mercantil corresponde a su administrador, y estos son plenamente responsables de los actos jurídicos que realicen cuando un tercero resulte perjudicado; en el caso el acto jurídico que realizó OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, como directivo de la empresa denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V. fue el contrato a de depósito a plazo fijo que realizó por conducto de Misael González Hernández, encargado de la sucursal de SOLUPRENDA S.A. DE C.V., de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, con el señor PAULINO VELASCO, en el que resulto perjudicado este último al negarle al activo la devolución de su inversión, por cerrar la sucursal mencionada de forma definitiva con fecha quince de agosto de dos mil catorce. Negativa que el imputado realizo en término de los dispuesto por la última parte del tercer párrafo del artículo 379 del Código Penal Vigente en el Estado, que establece "que se considera como negativa el hecho de que el local oficina o sucursal destinado a la atención al público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado", en virtud de que las sucursal de la empresa denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V., ubicada en avenida Ignacio Zaragoza sin número, Barrio San Antonio, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, destinada a la atención al público, con fecha quince de agosto de dos mil catorce, se encontraba definitivamente cerrado; pues en dicha sucursal fue atendida en anteriores ocasiones a esa fecha el señor PAULINO VELASCO, por ende se infiere que en la misma se atendía al público y que el cierre fue definitivo o permanente puesto que incluso en el domicilio en que se encontraba la sucursal de SOLUPRENDA S.A. DE C.V., en la fecha en que se realizó la inspección del lugar que fue el día veintiséis de abril de dos mil quince, ya se encontraba otra negociación con la leyenda "Restaurant Sarita". Por lo que al actualizarse la negativa de la devolución de la cantidad Invertida por la víctima con base en la ficción jurídica prevista en la segunda parte del tercer párrafo del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, debe decirse que para acreditar la probabilidad de que el imputado OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, cometió el hecho Ilícito antes analizado, únicamente se requiere probar que el sujeto activo tiene la calidad especifica de directivo de la empresa de que se trata, puesto que el cierre de la sucursal el día quince de agosto de dos mil catorce, constituye la ficción jurídica que da por acreditada la acción en esta fecha de la negativa del delito en estudio que s ele imputa al sujeto activo la cual se robustece con la presunción legal de responsabilidad penal que tienen los administradores únicos o representantes de las sociedades Mercantiles, presunción, que revela la necesidad de que exista un señalamiento directo hacia el imputado por parte de persona alguna, puesto que para acreditar la responsabilidad del delito en estudio con base en la ficción jurídica actualizada, la ley sólo impone la necesidad de acreditar la calidad especifica del sujeto activo en la forma ya precisada. Pues por la naturaleza del delito y del caso en concreto, el sujeto activo técnicamente es la persona moral denominada SOLUPRENDA S.A. DE C.V., y por tanto la responsabilidad penal recae en la persona o personas físicas que tengan su representación legal. Que en el caso lo es el imputado SIDDHARTA BARRAGÁN lBAÑEZ por estar acreditado que es el administrador general único de dicha empresa; ello es así en virtud de que el propio artículo 379 del Código Penal del Estado contempla que el delito de equiparado a la retención sea agravado o no únicamente puede ser cometido por el "dueño directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido es decir, establece la calidad especifica del sujeto activo estableciendo distintas denominaciones que legalmente se le puedan dar a las personas físicas que legalmente representen a una persona moral pues como se ha precisado, el representante legal de las sociedades mercantiles es penalmente responsable de los actos jurídicas que realicen las empresas o sociedades que representan cuando terceros resulten perjudicados, como en el presente asunto tal y como así lo indica el artículo 2° párrafo sexto, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consecuentemente, en este momento se acredita la probabilidad de que el imputado OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, cometido el hecho ilícito antes analizado. En ese orden de Ideas, debe decirse que el actuar del imputado OVERATH SIDDHARTA BARRAGÁN IBÁÑEZ, fue a título de autor material, en términos del artículo 11 en su fracción II del Código Penal y no como coautor material corno lo refirió el ministerio público, ya que la dirección de la empresa SOLUPRENDA SA DE C.V,, la tenía a su cargo el imputado como administrador general único es decir la representación legal de la citada empresa era exclusiva de una sola persona y no de varias, y por ende no se puede establecer una responsabilidad conjunta de directivos, ni conjunta con subordinados como lo refirió el ministerio público, ya que la negativa atribuida al imputado quedó acreditada bajo la ficción jurídica de la cierre de la sucursal de la empresa en mención, máxime que como se ha venido diciendo la naturaleza del delito en estudio únicamente puede ser cometido por el dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de aquella". (sic). De lo anterior, se advierte que el Juez responsable cumplió en sus términos con la ejecutoria de mérito, en virtud de que dejó insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, subsanando los vicios formales por los que se otorgó el amparo, dictó nuevamente auto de vinculación a proceso contra el quejoso Overath Siddharta Barragán Ibáñez, como probable responsable en la comisión de hecho que la ley señala como equipado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de Cecilia Quintas Velasco, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de la autoridad judicial responsable para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercera interesada en cumplimiento a lo ordeno por acuerdos de fechas veintiocho de marzo del año en curso. II-B
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Salina Cruz, Oaxaca, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, remiten copias certificadas de la resolución de auto de vinculación decretada con fecha nueve del actual, así como un DVD, que contiene el registro audiovisual correspondiente a la audiencia desahogada. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de fecha trece del actual, se reservó acordar este oficio recibido vía fax, hasta en tanto obrara el original del mismo y las constancias a que hace referencia y como dicha circunstancia ya aconteció, consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese. IIB
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Salina Cruz, Oaxaca, a trece de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo aduce remitir copias certificadas de la resolución de auto de vinculación decretada con fecha nueve del actual. En su atención se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto llegue las constancias que refiere. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del oficio PJEO/JGMPPE/1109/2016-J, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Notifíquese. IIB
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Salina Cruz, Oaxaca, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; en atención a su contenido, por los motivos que expone, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le otorga un plazo legal de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede legamente notificado de este proveído, a fin de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del oficio PJEO/JGMPPE/1050/2016-J, signado por el Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Notifíquese. IIB
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