Otoniel Morales Hurtado
Expediente 1029/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Otoniel Morales Hurtado
Actuaciones
- Principal
En veintinueve de agosto de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el once de agosto de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del diecinueve al veinticinco de agosto del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de once de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
CUENTA. El once de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Otoniel Morales Hurtado, registrada con el folio 15111. Con la circunstancia de que Arturo Baltierra Santos, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Osvaldo Edwin Morales Hurtado, y J. Santos Cortes Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Otoniel Morales Hurtado, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1029/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. DESECHAMIENTO. Conviene precisar que este Juzgado de Distrito debe analizar de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo. Entonces, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se advierte que, se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. A su vez, el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, establece excepciones para presentar demanda en la temporalidad antes señalada, en las cuales no encuadra la presente demanda, dado que la parte quejosa no reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa; un procedimiento de extradición; un proceso penal en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas. En efecto, el quejoso Otoniel Morales Hurtado reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, el cual aunque se trata de un ataque a su libertad, ésta se dicta dentro de un proceso penal, ya que incluso señaló como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas; entonces, la fracción IV, del numeral 17, de la Ley de Amparo en comento, es clara al establecer que para que se actualice la excepción de los quince días para instar juicio constitucional, el ataque a la libertad personal deberá ser fuera de procedimiento, esto es, por autoridades que no están facultadas para detener y/o retener a una persona, ni que exista un proceso o causa penal en su contra, o dicho de otra forma, autoridades que no están facultadas constitucionalmente a interferir en la libertad personal del gobernado, sin un mandamiento judicial que motive ese actuar. Entonces, el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, se atribuye a una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, precisamente al Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. En ese sentido, queda claro que la parte quejosa no se encuentra en las excepciones previstas en el propio numeral 17 en comento, de ahí que el plazo para promover juicio de amparo es de quince días. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente saber del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el reproche. 1) La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; y el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) Por su parte, el conocimiento del acto reclamado se refiere a los diversos procedimientos donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido parte, no podrían ser notificadas o, bien, cuando por cualquier medio se obtiene el conocimiento pleno del acto, ya que éste no siempre proviene de una notificación, se trate o no de un procedimiento con formalidades legales. 3) La confesión acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el peticionario del amparo precisa en el capítulo de antecedentes, refiere lo siguiente: "5. Por lo cual temo el que sea cierta la supuesta orden de aprehensión en mi contra, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, como autoridad responsable y por lo anterior tantas molestias en cuanto a mi persona, después del 7 y 8 de julio del año en curso. De ahí que, se insiste, la quejosa conoció de los actos que reclama el siete de julio de dos mil veintidós. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa refiere que conoció de los actos reclamados el siete de julio del presente año, por lo que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del ocho al veintiocho de julio de dos mil veintidós, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de julio de este año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el diez de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo la tesis aislada IV.3o.78 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Cabe agregar que la particular circunstancia de que se considere actualizada la causal de improcedencia examinada, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador estableció los plazos en que se debe solicitar la protección de la justicia federal; de tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo considera que dicha acción se ejerció en forma extemporánea, sí imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo; ni se deja en estado de indefensión al promovente, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Baltierra Santos toda vez que cuenta con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos a Osvaldo Edwin Morales Hurtado, y J. Santos Cortes, por no contar con dicho registro; además, se tiene como como domicilio para recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El once de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Otoniel Morales Hurtado, registrada con el folio 15111. Con la circunstancia de que Arturo Baltierra Santos, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Osvaldo Edwin Morales Hurtado, y J. Santos Cortes Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Otoniel Morales Hurtado, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1029/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. DESECHAMIENTO. Conviene precisar que este Juzgado de Distrito debe analizar de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo. Entonces, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se advierte que, se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. A su vez, el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, establece excepciones para presentar demanda en la temporalidad antes señalada, en las cuales no encuadra la presente demanda, dado que la parte quejosa no reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa; un procedimiento de extradición; un proceso penal en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas. En efecto, el quejoso Otoniel Morales Hurtado reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, el cual aunque se trata de un ataque a su libertad, ésta se dicta dentro de un proceso penal, ya que incluso señaló como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas; entonces, la fracción IV, del numeral 17, de la Ley de Amparo en comento, es clara al establecer que para que se actualice la excepción de los quince días para instar juicio constitucional, el ataque a la libertad personal deberá ser fuera de procedimiento, esto es, por autoridades que no están facultadas para detener y/o retener a una persona, ni que exista un proceso o causa penal en su contra, o dicho de otra forma, autoridades que no están facultadas constitucionalmente a interferir en la libertad personal del gobernado, sin un mandamiento judicial que motive ese actuar. Entonces, el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, se atribuye a una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, precisamente al Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. En ese sentido, queda claro que la parte quejosa no se encuentra en las excepciones previstas en el propio numeral 17 en comento, de ahí que el plazo para promover juicio de amparo es de quince días. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente saber del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el reproche. 1) La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; y el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) Por su parte, el conocimiento del acto reclamado se refiere a los diversos procedimientos donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido parte, no podrían ser notificadas o, bien, cuando por cualquier medio se obtiene el conocimiento pleno del acto, ya que éste no siempre proviene de una notificación, se trate o no de un procedimiento con formalidades legales. 3) La confesión acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el peticionario del amparo precisa en el capítulo de antecedentes, refiere lo siguiente: "5. Por lo cual temo el que sea cierta la supuesta orden de aprehensión en mi contra, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, como autoridad responsable y por lo anterior tantas molestias en cuanto a mi persona, después del 7 y 8 de julio del año en curso. De ahí que, se insiste, la quejosa conoció de los actos que reclama el siete de julio de dos mil veintidós. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa refiere que conoció de los actos reclamados el siete de julio del presente año, por lo que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del ocho al veintiocho de julio de dos mil veintidós, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de julio de este año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el diez de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo la tesis aislada IV.3o.78 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Cabe agregar que la particular circunstancia de que se considere actualizada la causal de improcedencia examinada, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador estableció los plazos en que se debe solicitar la protección de la justicia federal; de tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo considera que dicha acción se ejerció en forma extemporánea, sí imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo; ni se deja en estado de indefensión al promovente, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Baltierra Santos toda vez que cuenta con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos a Osvaldo Edwin Morales Hurtado, y J. Santos Cortes, por no contar con dicho registro; además, se tiene como como domicilio para recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Otilia Rodríguez Ortiz620/2019
- Otilia Sánchez López723/2019
- Otilio Dimas Ambriz943/2018
- Otilio Domínguez Muñoz595/2022
- Otoniel Ambriz Díaz975/2021
- Otoniel Escalante Cordero956/2017
- Owen Saul Bernal Rivera554/2023
- Oyenis Labaut García677/2022
- Pablo Ali García159/2023
- Pablo Antonio Aguilera Ceballos417/2015
- Pablo Antonio Aguilera Ceballos668/2015
- Pablo Arellano Robles118/2022