Otilia Sánchez López

Expediente 723/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
723/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Otilia Sánchez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El seis de mayo de dos mil veintiuno, Juan García Trejo secretario de juzgado certifica: Que el término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del doce de marzo al dieciocho de agosto, ambos de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; dada la suspensión de plazos y términos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante la contingencia por el virus Covid-19, y toda vez que mediante Acuerdo General 21/2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio pasado, el referido Pleno decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a partir del tres de agosto del año próximo pasado. Que se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de seis de marzo de dos mil veinte, que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no son de relevancia documental; se determina que es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda, de las resoluciones recurridas y de la sentencia que puso fin al asunto, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo; y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente, que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 723/2019, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de en el Estado de Zacatecas, asistido del secretario Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 6), a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 15, 16, 29, 30 y 32 a 37, respectivamente); y al pedimento 1054/2019 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (fojas 19 a 21). A lo anterior, el secretario encargado del despacho provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al secretario encargado del despacho con las documentales que adjuntó la quejosa a su demanda (foja 7), la documental aportada por la responsable Director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua (foja 17), así como la presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas la aludida autoridad (fojas 15 y 16), así como por el gerente del registro Público de Derechos del Agua, con sede en la ciudad de México, a través de la subgerente de Juicios Fiscales (fojas 32 a 37). A lo que el secretario encargado del despacho provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: El secretario da cuenta con los formulados por Cuauhtémoc Espinoza Pantoja autorizado de la parte quejosa (fojas 42 a 45), así como por la representante social en su pedimento 1054/2019 (fojas 19 a 21). A lo que el encargado del despacho dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 723/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Otilia Sánchez López, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por el acto que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, las garantías consagradas en el artículo 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado y formuló los motivos de disenso que consideró pertinentes. TERCERO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en ese sentido, por auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió y registró bajo el número de expediente ya precisado; al respecto, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en párrafos precedentes, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una omisión a una autoridad que surte efectos en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar el acto que se reclama, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de garantías, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, de un análisis acucioso al libelo de garantías se permite precisar que el acto reclamado a las autoridades responsables Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México y gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, se hace consistir en el siguiente: La omisión de resolver la solicitud formulada en catorce de marzo de dos mil diecinueve por Otilia Sánchez López, aquí quejosa, substanciada en el expediente administrativo ZAC-L-0708-14-03-19, del índice de la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua. Precisándose que la delimitación de la litis constitucional realizada en los términos citados con antelación, se considera adecuada, al encontrarse encaminada a privilegiar una recta administración de justicia que permita dictar una sentencia con la fijación clara y precisa del acto reclamado, atendiendo a la intención del promovente, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto, la tesis jurisprudencial 40/2000, con número de registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro y texto se reproduce a continuación. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua; consistente en la omisión de resolver la solicitud formulada en catorce de marzo de dos mil diecinueve por Otilia Sánchez López, aquí quejosa, substanciada en el expediente administrativo ZAC-L-0708-14-03-19; lo anterior, en virtud de que así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 15 y 16). Apoya esa conclusión la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Del mismo modo se tiene como cierto el acto reclamado en este juicio, en lo que concierne al Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México; lo anterior es así, pues no obstante que la responsable antes citada negó el acto en su informe justificado (fojas 29, 30 y 32 a 37); sin embargo, la existencia del acto que se tilda de inconstitucional se estima acreditada, en razón de lo que se procede a exponer. De la documental aportada por la quejosa consistente en la copia del acuse de recibo del trámite presentado ante la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua en catorce de marzo de dos mil diecinueve (foja 7), que acorde a lo dispuesto por el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquiere valor probatorio indiciario, al hacer fe de la existencia del original, máxime que dicho comprobante no fue objetado por las partes; permite acreditar la petición que dio origen al expediente administrativo ZAC-L-0708-14-03-19. En esa guisa, atento al contenido del artículo 26, en sus fracciones II, incisos a), c), y e) y V, inciso b), del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, resulta evidente que el Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, conforme a las atribuciones que le corresponden, tiene intervención en el trámite de la solicitud que dio origen al expediente administrativo en comento, de ahí que este órgano de control constitucional deba tener por cierto el acto reclamado a la misma. Para mejor ilustración conviene transcribir, en lo conducente, el contenido del precepto que sirven de sustento a lo anterior, el cual establece: "Artículo 26.- Corresponde a la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua el ejercicio de las siguientes atribuciones: (.) II. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 24, fracción II, de este Reglamento en materia de: a) Reconocimiento de los derechos que se constituyan sobre las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes en los términos de los títulos de concesión, asignación o permisos que se expidan; (.) c) Actos que deban inscribirse en el Registro Público de Derechos de Agua. (.) e) integración, resguardo de expedientes y respaldo de la información electrónica relativa a los actos inscritos en el Registro, y (.) V. Realizar o negar la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua de los siguientes actos: (.) b) Los que de conformidad con las disposiciones aplicables sean susceptibles de inscribirse." Por los motivos antes expuestos, quedan desvirtuadas las manifestaciones hechas por la responsable Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México (a través de la subgerente de Juicios Fiscales) al momento de rendir su informe con justificación, en la parte que sostiene la inexistencia del acto que se le atribuye. CUARTO. No advirtiéndose a petición de parte ni aun de oficio, la actualización de alguna causal de improcedencia, este juzgado entra al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se efectúe su transcripción, en obvio de repetición innecesaria; lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, mayo de 2010, página: 830, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese orden de ideas, son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa Otilia Sánchez López, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. En la especie, la parte quejosa reclama de las responsables la omisión de resolver la solicitud formulada por el aquí disidente que dio origen al expediente administrativo ZAC-L-0708-14-03-19; no obstante haber presentado la petición correspondiente desde el catorce de marzo de dos mil diecinueve, tal y como se advierte del acuse de recibo del citado trámite (foja 7); sin que a la fecha se le haya hecho de su conocimiento resolución alguna recaída en ese expediente ni mucho menos se le haya entregado el títulos de concesión respectivo; contraviniendo con lo anterior, el derecho fundamental contenido en el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa modo, el artículo 8º de la carta magna, reconoce a favor de los gobernados el derecho de petición, el cual se instituye como una prerrogativa del gobernado frente a la autoridad, dotada ésta ultima de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, y en consecuencia, obligada como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste; por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. A su vez, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución prevé la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, los principios de prontitud, eficacia y expedites que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra carta magna, resultan atribuibles tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que se localiza en la página 1691, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008230, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos". Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la pretensión de la parte quejosa es que la autoridad concluya el procedimiento correspondiente y le entregue el título y registro correspondientes, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; por lo que se reitera, atendiendo la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, por las razones que a continuación se expresan. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester transcribir el artículo 17 constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto transcrito con antelación, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos; igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Por su parte, los artículos 22, 30 y 30 bis, todos de la Ley de Aguas Nacionales, disponen lo que sigue: Artículo 22.- "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Artículo 30.- "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: I. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos de descargas de aguas residuales señalados en la presente Ley y sus reglamentos; (.) IV. La transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente Ley y sus reglamentos; Artículo 30 bis.- El Registro Público de Derechos de Agua es competente para: I. Autorizar la apertura y cierre de los libros o folios, así como las inscripciones que se efectúen; II. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, así como atender y resolver las consultas que en materia registral se presenten; III. Efectuar las anotaciones preventivas; IV. Producir la información estadística y cartográfica sobre los derechos inscritos; V. Resguardar las copias de los títulos inscritos, y VI. Las demás que específicamente le asignen las disposiciones reglamentarias. De dichos numerales se desprende que corresponde a las responsables, en el ámbito de su respectiva esfera competencial, conocer de entre otros trámites, las solicitudes relativas a los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales; al efecto deberán expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, acorde a los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, lo anterior, a fin de garantizar el principio de legalidad. De igual manera, los preceptos antes invocados, señalan que la autoridad del agua (de cuyo carácter se revisten las responsables conforme a las leyes aplicables), deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, de la solicitud (catorce de marzo de dos mil diecinueve) que dio origen al expediente administrativo ZAC-L-0708-14-03-19, a la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo, ya ha transcurrido más de nueve meses, en el expediente tramitado, esto es, más de sesenta días hábiles, ello significa que se ha excedido el término que alude el numeral 22 de la Ley de Aguas Nacionales, para la respuesta de la solicitud presentada y en su caso, para la inscripción de los actos que son materia del expediente administrativo; por lo que es incuestionable que las autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio del peticionario de amparo, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días hábiles que prevé el aludido precepto legal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua (por conducto de la jefa de la unidad de Asuntos Jurídicos) al rendir su informe justificado, en cuanto a que si bien es cierto que dicha autoridad cuenta con las facultades para resolver la petición hecha por la parte quejosa, también lo es que para que ésta se encuentre en condiciones de dar contestación, es indispensable que en su caso, sea procedente la inscripción de dicho trámite ante el Registro Público de Derechos del Agua de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con los artículos "30, fracción I,3 (sic), fracción XLIV de la Ley de Aguas Nacionales y Fracción I inciso C Fracción V inciso B del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, los Títulos de Concesión debe estar inscritos ante dicha autoridad", por lo que la resolución que en su caso se emita puede variar el sentido de la respuesta, dependiendo de la si la contestación es susceptible de su registro; puesto que las omisiones en que incurren las responsables de resolver la mencionada petición formulada por Otilia Sánchez López, aquí quejosa, substanciada en el expediente administrativo ZAC-L-0708-14-03-19, aún subsisten y no son atribuibles al promovente, y por lo tanto, no puede servir de excusa para no cumplir con lo ordenado en la ley, ya que en todo caso las autoridades responsables deben coordinarse a fin de resolver en los plazos legalmente determinados para ese efecto, las peticiones planteadas por los gobernados. Por consiguiente, ante la acreditación de la omisión reclamada a las autoridades, así como la demostración de la inconstitucionalidad de la misma, se concede la protección constitucional instada, para que las autoridades responsables Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México y Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se les requiera el cumplimiento, realicen lo siguiente: Para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de inmediato resuelvan por escrito y de manera fundada y motivada, acerca de lo cual no se prejuzga, las solicitud formulada en catorce de marzo de dos mil diecinueve por Otilia Sánchez López, aquí quejosa, substanciada en el expediente administrativo ZAC-L-0708-14-03-19, y además le notifiquen a la impetrante del amparo dicha resolución conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable. En el entendido de que el cumplimiento al fallo protector por parte de las responsables no podrá ser justificado en término o plazo alguno, bajo el argumento de excesiva carga de trabajo o causa diversa análoga, dado que por ese motivo se ha concedido el amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Otilia Sánchez López, contra las autoridades y acto señalado en la última consideración de esta sentencia, por las razones y para los efectos precisados en dicho considerando. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante en el Estado de Zacatecas, asistido del secretario Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  3. Principal

    El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17775. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la promoción de cuenta firmada por ********************autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en auto de quince del mes y año que transcurre, con el informe justificado rendido por el gerente del Registro Público de Derechos del Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la subgerente de Juicios Fiscales; y en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su libelo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente sumario, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable gerente del Registro Público de Derechos del Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la subgerente de Juicios Fiscales. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano