Pablo Antonio Aguilera Ceballos
Expediente 668/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Pablo Antonio Aguilera Ceballos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, del que se advierte, acusa recibo del oficio 7741/2015 y, asume la competencia planteada. En tal virtud, no habiendo actuaciones pendientes por realizar, se ordena el archivo definitivo del cuaderno de antecedentes en que se actúa, como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que del contenido del cuaderno de antecedentes en que se actúa se advierte que el mismo es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto, denominado "De la Depuración y Destrucción de Expedientes Judiciales", del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.*mash
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En veinte de mayo de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, zacatecas, a veinte de mayo de dos mil quince. Visto el contenido de la demanda de garantías promovida por Pablo Antonio Aguilera Ceballos, así como del escrito presentado por el aludido quejoso el once de los corrientes, en la especie, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Que María de Jesús Santillán Palacios en representación de su menor hija Fátima Guadalupe Aguilera Santillán, promovió en contra del ahora quejoso Pablo Antonio Aguilera Ceballos, ante el Juez Tercero de lo Familiar de la Capital, demanda por la vía oral respecto de alimentos definitivos, la cual quedó registrada con el número 118/2013 2. Posteriormente, el treinta y uno de enero de dos mil catorce, se dictó resolución dentro del juicio de alimentos definitivos 118/2013 y, se condenó a la parte demandada al pago de una cuota de salario mínimo vigente en la región. 3. Inconforme con tal determinación, interpuso recurso de apelación, que por razón de turno correspondió conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, quedando registrado con el Toca A.C.-191/2014, quien confirmó la sentencia recurrida. Esta es la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. A fin de determinar el motivo de la incompetencia de este Tribunal Federal, lo procedente es destacar el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Pues bien, conforme a lo anterior, tenemos que en el presente asunto el acto reclamado lo es la resolución, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del Toca A.C.-191/2014, que confirmó la sentencia que condenó al demandado al pago de una cuota de salario mínimo vigente en la región, es decir, se está en presencia de una sentencia definitiva. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza de la resolución que se impugna en esta vía constitucional, el suscrito resolutor considera que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el invocado artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, sino que se trata de una sentencia definitiva que confirmó la diversa resolución de primera instancia que condenó al demandado al pago de una cuota de salario mínimo vigente en la región y respecto de la cual no procede ya recurso ordinario, mediante el que pueda ser modificado o revocado, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En atención a las consideraciones expuestas, éste órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo número 668/2015, promovido por Pablo Antonio Aguilera Ceballos, lo anterior, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que sea dicho Órgano Colegiado quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, debiendo formarse el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el juicio en que se actúa, no se encuentre debidamente integrado, toda vez que la Superioridad, si decide aceptar la competencia planteada, dará trámite al expediente y otorgará un plazo a la autoridad responsable para la rendición del informe correspondiente, acorde a lo previsto por el primer párrafo, del artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, máxime que dicho precepto obliga a quien resuelve a declararse incompetente de plano, y remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el contenido de la demanda de garantías promovida por Pablo Antonio Aguilera Ceballos, así como del escrito presentado por el aludido quejoso el once de los corrientes, en la especie, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Que María de Jesús Santillán Palacios en representación de su menor hija Fátima Guadalupe Aguilera Santillán, promovió en contra del ahora quejoso Pablo Antonio Aguilera Ceballos, ante el Juez Tercero de lo Familiar de la Capital, demanda por la vía oral respecto de alimentos definitivos, la cual quedó registrada con el número 118/2013 2. Posteriormente, el treinta y uno de enero de dos mil catorce, se dictó resolución dentro del juicio de alimentos definitivos 118/2013 y, se condenó a la parte demandada al pago de una cuota de salario mínimo vigente en la región. 3. Inconforme con tal determinación, interpuso recurso de apelación, que por razón de turno correspondió conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, quedando registrado con el Toca A.C.-191/2014, quien confirmó la sentencia recurrida. Esta es la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. A fin de determinar el motivo de la incompetencia de este Tribunal Federal, lo procedente es destacar el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Pues bien, conforme a lo anterior, tenemos que en el presente asunto el acto reclamado lo es la resolución, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del Toca A.C.-191/2014, que confirmó la sentencia que condenó al demandado al pago de una cuota de salario mínimo vigente en la región, es decir, se está en presencia de una sentencia definitiva. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza de la resolución que se impugna en esta vía constitucional, el suscrito resolutor considera que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el invocado artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, sino que se trata de una sentencia definitiva que confirmó la diversa resolución de primera instancia que condenó al demandado al pago de una cuota de salario mínimo vigente en la región y respecto de la cual no procede ya recurso ordinario, mediante el que pueda ser modificado o revocado, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En atención a las consideraciones expuestas, éste órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo número 668/2015, promovido por Pablo Antonio Aguilera Ceballos, lo anterior, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que sea dicho Órgano Colegiado quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, debiendo formarse el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el juicio en que se actúa, no se encuentre debidamente integrado, toda vez que la Superioridad, si decide aceptar la competencia planteada, dará trámite al expediente y otorgará un plazo a la autoridad responsable para la rendición del informe correspondiente, acorde a lo previsto por el primer párrafo, del artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, máxime que dicho precepto obliga a quien resuelve a declararse incompetente de plano, y remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito.".
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En doce de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 8437.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Artemio Sandoval Villaseñor, a través del cual solicita la devolución del billete de depósito número N 496853, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; en tal virtud, como lo solicita la promovente, por carecer de objeto la garantía de que se trata, devuélvasele el mencionado billete de depósito debidamente requisitado a favor del impetrante, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
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