Oswaldo Zavala Olvera

Expediente 147/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
147/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Oswaldo Zavala Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil número 34/2019 de su índice, interpuesto por el quejoso **********, en contra del auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso **********, contra el auto de doce de los actuales.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ****************; en atención a su contenido y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de doce de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de las constancias que obran en el expediente y de la resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, todo ello para la substanciación del recurso interpuesto. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó el doce de marzo de dos mil diecinueve, un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida por *********.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **************; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintiocho de febrero del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII-, en relación con el diverso 107 -fracciones IV y V- ambos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." "(.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, las últimas interpretadas en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio, cuando sus efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conviene destacar que sobre esta línea de pensamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, esto es, de los dictados después de concluido el juicio -fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo-, operara la excepción de la procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en la fracción V del citado artículo 107 de la mencionada legislación, la cual establece su procedencia siempre y cuando se trate de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece. Por ello, de no actualizarse alguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dictados después de concluido el juicio serán improcedentes. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del ******************** de su índice, que confirma la improcedencia del incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso en contra de: 1) El auto de treinta de enero del dos mil dieciocho -mediante el cual se tuvo a su contraparte Carlos Guzmán Camarena por señalando nuevo domicilio procesal y autorizados-; 2) El auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho -que solicitó a su contraparte ******************* el señalamiento del domicilio particular del demandado incidentista ahora quejoso-; 3) El auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho -con el cual se ordenó regularizar el procedimiento para notificar a la actora incidentista ************** el auto de veintiuno del mismo mes y año-, y 4) El proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho -que tuvo a los actores incidentistas por cumpliendo con el requerimiento de domicilio y ordeno correr traslado al ahora quejoso-, todo ello dentro del incidente de liquidación de pago de gastos y costas procesales acaecido en el juicio 219/2015 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, Entonces se puede observar, dicha resolución no constituye un acto cuyo efecto sea de imposible reparación, que por su naturaleza afecte directa y materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, pues su efecto sólo podría, en determinado caso, traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracciones IV y V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

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