Oswaldo León Bárcena

Expediente 728/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Oswaldo León Bárcena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Oswaldo León Bárcena, en contra del acto reclamado a la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable: Dejara insubsistente el auto dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio oral familiar F-2235/2020, única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia. Con libertad de jurisdicción, pero acatando en lo conducente las consideraciones de la sentencia, resolviera en consecuencia. Al cumplimentar la sentencia debería fundar y motivar debidamente, y resolver a cabalidad los aspectos sometidos a su potestad. En cumplimiento a lo anterior, la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió diversas constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido en su totalidad, por lo que se requirió a la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo anterior, la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio JOFAC/5040/2021, al que adjuntó la determinación de seis de julio del año en curso; constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Ordenó dejar insubsistente el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, citando que lo hacía única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia; Con libertad de jurisdicción, pero acatando en lo conducente las consideraciones de la sentencia, entre otras: i) considerar la capacidad del deudor y la necesidad del acreedor, ii) el entorno social las costumbres y demás particularidades que le permitan seguir, a la adolescente desenvolviéndose satisfactoriamente, dictó otra respecto a la parte conducente a la determinación de la pensión alimenticia, fundándola y motivándola y resolviendo a cabalidad con aspectos sometidos a su potestad. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Oswaldo León Bárcena, en contra del acto reclamado a la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable: Dejara insubsistente el auto dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio oral familiar F-2235/2020, única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia. Con libertad de jurisdicción, pero acatando en lo conducente las consideraciones de la sentencia, resolviera en consecuencia. Al cumplimentar la sentencia debería fundar y motivar debidamente, y resolver a cabalidad los aspectos sometidos a su potestad. En cumplimiento a lo anterior, la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió diversas constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido en su totalidad, por lo que se requirió a la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo anterior, la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio JOFAC/5040/2021, al que adjuntó la determinación de seis de julio del año en curso; constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Ordenó dejar insubsistente el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, citando que lo hacía única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia; Con libertad de jurisdicción, pero acatando en lo conducente las consideraciones de la sentencia, entre otras: i) considerar la capacidad del deudor y la necesidad del acreedor, ii) el entorno social las costumbres y demás particularidades que le permitan seguir, a la adolescente desenvolviéndose satisfactoriamente, dictó otra respecto a la parte conducente a la determinación de la pensión alimenticia, fundándola y motivándola y resolviendo a cabalidad con aspectos sometidos a su potestad. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que suscribe la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió haciendo sólo uso de ese derecho la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *************, en contra del acto reclamado a la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable: Dejara insubsistente el auto dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio oral familiar ********************, única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia. Con libertad de jurisdicción, pero acatando en lo conducente las consideración de la sentencia, resolviera en consecuencia. Al cumplimentar la sentencia debería fundar y motivar debidamente, y resolver a cabalidad los aspectos sometidos a su potestad. En cumplimiento a lo anterior, la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio JOFAC/4544/2021, al que adjuntó la determinación de veintiuno de junio del año en curso; constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de la constancia remitidas por la responsable, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Ordenó dejar insubsistente el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, citando que lo hacía única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación de la pensión alimenticia; Dictó otra respecto a la parte conducente a la determinación de la pensión alimenticia, citando que lo hacía purgando los vicios formales destacados en la sentencia y resolviendo con libertad de jurisdicción. En ese sentido, al dar lectura íntegra a la determinación que emitió la responsable, se considera que el pretendido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se apartó de las consideraciones materia de la concesión. Es así, según se destaca a continuación: En primer lugar, en el fallo protector se ordenó dejar sin efecto el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia. No obstante, en la providencia, cuya copia se certificada se analiza, consta que emitió nuevamente la totalidad del auto que contenía el acto reclamado. Se considera de esa manera, pues el auto en mención es una determinación compleja que contiene diversos pronunciamientos; entre otras: i) ofrecimiento de pruebas; ii) el acto aquí reclamado; así como, iii) las medidas de separación de cónyuges y la de restricción, sin dejar de mencionar iv) la orden de emplazamiento. Por tanto, deberá dejar sin efecto alguno esa providencia y pronunciarse única y exclusivamente en lo que se corresponda a la medida provisional de alimentos. Por otra parte, en el fallo protector se establecieron diversas directrices a seguir, entre otras: i) que debe considerar la capacidad del deudor y la necesidad del acreedor; así como ii) el entorno social las costumbres y demás particularidades que le permitan seguir, a la adolescente, desenvolviéndose satisfactoriamente. No obstante, para poder seguir esas directrices, primero debe establecerse qué conceptos abarcan los alimentos, pues éstos constituyen la materia prima del acto reclamado y, por ende, del cumplimiento de la ejecutoria. En el fallo protector se precisó que por fundamentación del acto de autoridad debe entenderse que éste tiene asidero en una disposición normativa de carácter general, esto es que ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente la emisión del acto reclamado. Tal concepto permite establecer la existencia de una disposición legal que permita a la autoridad proceder de cierta manera. Asimismo, que la motivación, se refiere a la exposición de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad emitente del acto de molestia. Y, que era necesario precisar la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que los hechos puestos en su conocimiento permitieran emitir el acto autoritario, porque mostraran una hipótesis prevista en la ley, que justificara la emisión del acto reclamado. Ahora, el examen del pretendido cumplimiento muestra que si bien en su afán de acatar la sentencia protectora, la autoridad responsable analizó la petición que efectuó la tercera interesada en el juicio de origen y tuvo por demostrado su derecho, así como el de la menor involucrada, para recibir alimentos, con las actas del registro civil, al acreditarse la relación jurídica de cónyuges y padres de la adolescente; además, invocó los preceptos que prevén la obligación de dar alimentos y quiénes deben cumplirla. En cuanto a la necesidad de los alimentos, apuntó que derivaba de la constancia de que la adolescente involucrada estudia la preparatoria en la Universidad de Celaya; y, por otra, que del dicho de la actora se evidenciaba la posibilidad del quejoso para darlos, ya que tenía un negocio de venta de comida. A ese argumento se sumó el certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que evidenciaba que es propietario de dos inmuebles. No obstante, la responsable dejó de razonar porque la circunstancia de que la menor involucrada estudiara en un colegio privado, el certificado de bienes inmuebles del quejoso y el dicho de la actora en el juicio natural, evidenciara la capacidad económica del deudor. Es importante señalar que para dilucidar este aspecto, deberá señalar qué método produjo convicción en su ánimo, es decir, si la conclusión a la que llegue se sustenta en las meras pruebas señaladas, si se inspiró en alguna jurisprudencia, en máximas de la experiencia o, incluso, si se trata de una presunción o en el sentido común, pero en todo caso deberá describir su conclusión. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, para lo cual deberá tomar en cuenta las acotaciones realizadas en el presente proveído, y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, agréguese el escrito de cuenta que suscribe el quejoso *************; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden.

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