Oswaldo Zavala Olvera
Expediente 244/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 25/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Oswaldo Zavala Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Con la finalidad de establecer si el fallo protector fue acatado a cabalidad, se procede a establecer los siguientes antecedentes: 1) El veintinueve de mayo de dos mil quince, se dictó sentencia en el presente juicio, misma que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para el efecto de que: 1.- Se dejara insubsistente la resolución reclamada, y 2.- En su lugar, se emitiera otra en la que se subsanara el vicio de indebida fundamentación y motivación destacado, y con libertad de jurisdicción resolviera lo conducente en el recurso de apelación, en la inteligencia de que debería abstenerse de considerar que la facultad del juzgador para pedir aclaraciones sobre las conclusiones acusatorias del Ministerio Público, conforme a la tesis de rubro: "CONCLUSIONES DEFICIENTES O NO ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. LOS ARTÍCULOS 259 Y 260 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO (ABROGADO), VULNERAN LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 16, 17 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"; la facultaba en el caso concreto a ordenar la reposición del procedimiento para aclarar la pretensión punitiva en cuanto al verbo rector de la descripción típica del delito de fraude procesal. 2) Inconforme con tal determinación la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mismo que determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta resolución. El amparo se concede para el efecto que se precisa en la sentencia materia de revisión." 3) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, quien en acatamiento a ello, remitió copia certificada de la resolución emitida el once de los actuales, dentro del toca 284/2014 de su índice. 4) Con la constancia remitida por la responsable, se procedió a dar vista a las partes, para que manifestarán lo que a su interés conviniera, vista que no fue desahogada por ninguna de las mencionadas. 5) Ahora, del examen de la constancia remitida, misma que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector fue cumplido cabalmente. Se afirma lo anterior, en virtud de que el Magistrado Propietario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, al dictar la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis: Dejó sin efectos la resolución de veintisiete de febrero de dos mil quince, pronunciada dentro del toca 284/2014 de su índice; y, Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción resolvió lo conducente respecto al recurso de apelación ante el interpuesto, mediante la determinación de once de los actuales. En esas condiciones, se estima que mediante la resolución de once de febrero del año en curso, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, dentro del toca 284/2014 de su índice, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, y respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al Magistrado Propietario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, y al Juez Único Penal de Partido de Uriangato, Guanajuato, los tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitieron. Finalmente, en virtud de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Con la finalidad de establecer si el fallo protector fue acatado a cabalidad, se procede a establecer los siguientes antecedentes: 1) El veintinueve de mayo de dos mil quince, se dictó sentencia en el presente juicio, misma que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para el efecto de que: 1.- Se dejara insubsistente la resolución reclamada, y 2.- En su lugar, se emitiera otra en la que se subsanara el vicio de indebida fundamentación y motivación destacado, y con libertad de jurisdicción resolviera lo conducente en el recurso de apelación, en la inteligencia de que debería abstenerse de considerar que la facultad del juzgador para pedir aclaraciones sobre las conclusiones acusatorias del Ministerio Público, conforme a la tesis de rubro: "CONCLUSIONES DEFICIENTES O NO ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. LOS ARTÍCULOS 259 Y 260 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO (ABROGADO), VULNERAN LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 16, 17 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"; la facultaba en el caso concreto a ordenar la reposición del procedimiento para aclarar la pretensión punitiva en cuanto al verbo rector de la descripción típica del delito de fraude procesal. 2) Inconforme con tal determinación la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mismo que determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta resolución. El amparo se concede para el efecto que se precisa en la sentencia materia de revisión." 3) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, quien en acatamiento a ello, remitió copia certificada de la resolución emitida el once de los actuales, dentro del toca 284/2014 de su índice. 4) Con la constancia remitida por la responsable, se procedió a dar vista a las partes, para que manifestarán lo que a su interés conviniera, vista que no fue desahogada por ninguna de las mencionadas. 5) Ahora, del examen de la constancia remitida, misma que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector fue cumplido cabalmente. Se afirma lo anterior, en virtud de que el Magistrado Propietario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, al dictar la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis: Dejó sin efectos la resolución de veintisiete de febrero de dos mil quince, pronunciada dentro del toca 284/2014 de su índice; y, Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción resolvió lo conducente respecto al recurso de apelación ante el interpuesto, mediante la determinación de once de los actuales. En esas condiciones, se estima que mediante la resolución de once de febrero del año en curso, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, dentro del toca 284/2014 de su índice, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, y respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al Magistrado Propietario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, y al Juez Único Penal de Partido de Uriangato, Guanajuato, los tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitieron. Finalmente, en virtud de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso **********; atento a su contenido, expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica, previa razón de entrega que se deje asentada en autos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio y anexo que remite el Magistrado Propietario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, mediante los cuales aduce cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso y a la parte tercera interesada, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
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