Oswaldo Morales Zepeda
Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Oswaldo Morales Zepeda
- Nadia Guadalupe Sánchez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En cinco de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al juez, con un oficio, registrado bajo el folio 10474, dentro del juicio de amparo indirecto número 276/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Autoridad responsable acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en su atención se le tiene acusando recibo del oficio, mediante el cual se le devolvió los autos originales del juicio número 118/2027, y un disco compacto, de su índice. Cúmplase.
- Principal
En veintisiete de julio de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió para las partes del trece al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por lista el nueve del mismo mes y año, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta al Juez. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que negó el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el juicio principal conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, del estado de autos, se desprende que se formó un tomo de prueba, con motivo de las constancias que fueron acompañadas al informe justificado rendido por la autoridad responsable; toda vez que las mismas resultan innecesarias, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 276/2022, promovido por Oswaldo Morales Zepeda, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en la vía directa, en el Buzón Judicial de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, remitido a este Juzgado en cumplimiento al proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, por el cual, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, Oswaldo Morales Zepeda, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es el Magistrado de la Séptima Sala Civil, con domicilio en la Calzada la Huerta número 400 de la colonia Nueva Valladolid de Morelia, Michoacán. IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la sentencia de fecha 30 de marzo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del toca I- 51/2022 emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil, con motivo del origen del juicio Ordinario Familiar número 118/2017, al no estar fundada y motivada, sin que dicha decisión este respaldada en nuestra codificación, por lo que el ad quem no puede distinguir la ley donde esta no lo hace." El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en el artículo 1°, 4°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El once de mayo de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de doce de mayo siguiente, se registró con número de expediente 276/2022; se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud que la parte quejosa reclama actos con ejecución en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción . SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo: La resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca I-51/2022, que confirmó la diversa de catorce de enero de dos mil veintidós, emitida dentro del incidente de liquidación de convenio, dentro del juicio ordinario oral familiar 118/2017, promovido por Nadia Guadalupe Sánchez Moreno, por sí, y en representación de sus hijos, contra Marco Aurelio Morales Moreno, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil de Los Reyes, Michoacán de Ocampo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; lo anterior, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con diversas constancias que exhibió el Magistrado responsable, relativas al toca de apelación subyacente, la cuales tienen valor probatorio, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del estudio oficioso de las causas de improcedencia, que exige el artículo 62 de la Ley de Amparo , en el presente asunto no se advierte actualizada ninguna de ellas, ni tampoco fueron hechas valer por las partes. Tiene sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Virtud a lo anterior, procede analizar los conceptos de violación expuestos. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso refiere que el juzgador de origen, no vigiló el procedimiento, ya que nunca tuvo conocimiento de incidente planteado por la actora natural, porque no se le corrió traslado como lo ordena la ley; lo cual, era necesario al tratarse de un asunto concluido que se dejó de actuar por dos meses y no se le notificó personalmente para estar enterado del trámite, y de la devolución del archivo judicial; con lo cual se vulneraron los artículos 14 y 16 constitucionales, por no haber tenido oportunidad de hacer valer su derechos de audiencia ni sus defensas. Asimismo, señala que de conformidad con los artículos 741, 747 y 748 del Código Familiar del Estado prevén la obligaciones de las autoridades de notificar personalmente la resolución que se dicte después de dejar de actuar por más de dos meses, lo cual se inobservó por la autoridad responsable. Que la notificación personal que se realizó en el domicilio procesal, no se especificó que se hubiera corrido traslado con las copias del incidente sino que únicamente se dio vista con éste, lo contravino el contenido del artículo 1102 del Código Familiar relativo. Lo anterior es inoperante. Para una mejor comprensión del asunto, es relevante resaltar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del juicio de origen: 1. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda promovida por Nadia Guadalupe Sánchez Moreno, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, bajo el número 118/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán de Ocampo; quien demandó, en la vía ordinaria oral familiar, de Oswaldo Morales Zepéda, la pérdida de la patria potestad y diversas prestaciones; asimismo, se ordenó el emplazamiento del referido demandado. 2. Una vez tramitada la secuela procesal correspondiente, el trece de septiembre de dos mil diecisiete, se celebró audiencia de juicio, en la que las partes ratificaron el convenio celebrado ante el Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial; el cual se aprobó por el juez natural y se elevó a la categoría de cosa juzgada. 3. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la parte actora (aquí tercera interesada), promovió incidente de liquidación de convenio; mismo que se admitió por auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, y se ordenó dar vista, mediante notificación personal a la parte actora; el cual se resolvió por interlocutoria de catorce de enero de dos mil veintidós, aprobándose parcialmente y se condenó al demandado a pagar a la actora la cantidad de $260,981.01 (doscientos sesenta mil novecientos ochenta y un pesos 01/100 moneda nacional). 4. Inconforme con la referida resolución, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se admitió en efecto devolutivo y se resolvió bajo el toca I-51/2022 de la Séptima Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual, ante lo inoperante e infundado de los agravios expresados, confirmó la interlocutoria recurrida. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora, el quejoso, en vía de agravio (en la segunda instancia), hizo valer ante el Magistrado responsable: a) Que el sentenciador de origen no vigiló el procedimiento, ya que nunca tuvo conocimiento del incidente planteado por la parte actora, lo que vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud que nunca se le corrió traslado como ordena la ley, y se trata de un asunto concluido el cual se dejó de actuar por más de dos meses. b) Que el juez natural no observó el contenido de los artículo 741, en relación con el 747 y 748 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, lo cuales obligan a realizar la notificación personal cuando se deje de actuar por dos meses o más. c) Que no tuvo oportunidad de ser oído ni vencido en el incidente de origen, defenderse, porque no se le corrió traslado con el escrito incidental, transgrediendo con ello el artículo 1102 del Código Familiar aplicable, por lo que no pudo controvertir lo solicitado por la actora. Ahora, para sustentar la resolución ahora reclamada, la autoridad responsable argumentó: a) Calificó inoperante el argumento del recurrente, en el sentido que se dejó de actuar por más de dos meses, por lo que se debió realizar la notificación personal al quejoso; ello, porque el recurrente omitió allegar al testimonio de apelación las constancias de las que pudiera advertirse dicha circunstancia, lo cual era su obligación de conformidad con lo establecido en el artículo 1095 de la legislación familiar aplicable. b) Declaró infundado el argumento relativo a que en el acuerdo donde se admitió el incidente, se ordenó dar vista y en la notificación no se asentó haber corrido traslado con las copias de la demanda incidental; lo anterior, porque de conformidad con el artículo 1075 de la legislación familiar se establece que en ejecución de sentencia, la parte que obtuvo sentencia favorable presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte contraria, por lo que el actuario no estaba obligado a correrle traslado con las copias de la demanda incidental, puesto que la referida codificación refiere el término "dar vista" que sólo implica que la promoción queda en los autos del juez para que se imponga el interesado de ella. c) Por otra parte, calificó inoperante el agravio del quejoso dirigido a controvertir que se encontró impedido para promover el incidente de nulidad de notificación correspondiente, porque cuando se dio cuenta de la notificación realizada incorrectamente, ya se había dictado la sentencia; en virtud que no obra en el testimonio la determinación de dos de diciembre de dos mil veintiuno, que el recurrente indica que se le notificó de manera ilegal, de conformidad con el artículo 758 del Código Familiar en la entidad. Una vez confrontados los razonamientos contenidos en la resolución reclamada con los agravios expuestos por la responsable y los conceptos de violación hecho valer por el quejoso se evidencia la inoperancia referida. De la exégesis anterior, se advierte que los conceptos de violación formulados en esta instancia constitucional, constituyen una reiteración y transcripción literal de los agravios expuestos ante la Sala responsable en la segunda instancia, que no contiene argumentos novedosos que se dirijan a controvertir lo argumentado por la responsable para confirmar la resolución combatida, pues únicamente inserta, en vía de concepto de violación, los argumentos que ya le fueron atendidos por la responsable, y no combatió lo que sustentó la decisión de la Sala, a saber: Que es inoperante lo argumentado en torno a la obligación del juez de notificar personalmente la tramitación del incidente de liquidación de convenio, ya que se había dejado de actuar en el expediente más de dos meses; ello, en virtud que el recurrente omitió ingresar al testimonio de apelación las constancias de las que se advirtiera lo referido; así con el argumento que en el propio sentido vertió la autoridad responsable en torno a que no pudo impugnar, mediante el incidente de nulidad, la notificación del auto de dos de noviembre. Además, que es infundado el diverso razonamiento contenido en la interlocutoria impugnada consistente en que no existía obligación de la responsable de ordenar que se le entregaran copias de la demanda incidental, virtud a que la legislación aplicable indica que se dé vista con dicho escrito, lo que no implica, más allá, que quedan los autos en la juzgado para que se imponga de la promoción. En ese sentido, el promovente no evidenció a través de argumentos jurídicos por qué resultaba contrario a derecho lo que la Sala responsable determinó, ni controvirtió ninguno de sus argumentos, pues únicamente reiteró, en esta instancia, lo que ya había sido materia de estudio por la Sala responsable; por lo que al no haber manifestado a través de razonamientos lógico jurídicos, dichos conceptos de violación son inoperantes. Tiene puntual aplicación, la jurisprudencia V.2o. J/100 de la Octava Época, con registro 210743, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 57, número 80, agosto de 1994, que indica: "AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido." De igual manera, la tesis IV.3o.A.42 K, con registro 170955, de la Novena Época, consultable en el tomo XXVI, noviembre de 2007, página 724, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, del texto literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE EN LUGAR DE CONTROVERTIR LA OMISIÓN O INEXACTITUD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN SEGUNDA INSTANCIA, REPRODUCEN EL ARGUMENTO PLASMADO EN LA DEMANDA INICIAL. Los conceptos de violación en el amparo directo son inoperantes si lo alegado en ellos se limita a reproducir el planteamiento originario que se esbozó en la demanda inicial, en vez de controvertir la omisión o inexactitud de la autoridad responsable en el análisis de los agravios formulados en segunda instancia, pues el examen de la constitucionalidad de la determinación en esta etapa constituye la litis en el juicio de garantías, y no el tema controvertido en el contexto primario que se plasmó en la demanda inicial ante el juzgador natural." Y, la tesis XV.2o.33 K, con registro 161707, Novena Época, publicada en la página 1954, tomo XXXIV, julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS QUE REITERAN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SIN CONTROVERTIR CONSIDERACIONES DEL PROVEÍDO QUE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Si lo que se alega para impugnar el desechamiento de la demanda de garantías resulta una repetición de lo expuesto a manera de conceptos de violación, tales agravios son inoperantes al no exponer argumentación alguna que controvierta las consideraciones del Juez de Distrito que motivaron su determinación y, en consecuencia, debe confirmarse en sus términos la resolución recurrida." Es así, porque a la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios o conceptos de violación correspondientes, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violación reiterativos al ser necesario que se impugne el soporte jurídico de la resolución reclamada, so pena que tales consideraciones continúen rigiendo el sentido de la misma en caso contrario Sirve de apoyo, la tesis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando éstos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar supliendo la deficiencia de la queja en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho". Así como, la tesis : "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya". Por ende, ante lo inoperante de los conceptos de violación, procede NEGAR al quejoso la protección constitucional. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Oswaldo Morales Zepeda, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
En ocho de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio y anexos registrado bajo el folio 7802. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Agréguese el oficio 2951, signado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo primer Circuito, mediante el cual, sobrecarta el oficio y anexo, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán de Ocampo. Acúsese recibo. Del oficio que se remite, se advierte que el mencionado juez de lo civil, hace llegar un escrito signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, del cual se desprende que ésta última, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. En atención a lo anterior, dígasele a la representante social en cita, que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, las citadas manifestaciones que vierte, las realizó con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes
- Oscar Velázquez Cornejo554/2022
- Oscar Yamin Miranda Villalpando319/2021
- Oscar Yamin Miranda Villalpando y Otros.631/2021
- Osvaldo Cristian Olivo Sotelo205/2021
- Osvaldo López Uribe78/2021
- Osvaldo Rodríguez González216/2022
- Oziel Cárdenas Patiño311/2019
- Pablo Gamiño Padilla62/2022
- Pablo Nuñez Chávez243/2022
- Pablo Porfirio Bautista López500/2018
- Pablo Roberto Rendón Domínguez381/2023
- Pablo Roberto Rendón Domínguez490/2023