Oscar Velázquez Cornejo

Expediente 554/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
554/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Oscar Velázquez Cornejo
  • Director General del Cefereso Número 17 "Cps" Michoacán de Ocampo, Buenavista, Tomatlán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En catorce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un oficio, registrado bajo el folio 16032, dentro del juicio de amparo indirecto 554/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, en el que se encuentra reproducido el acuerdo emitido por su Magistrado Presidente el doce de diciembre del año en curso, del cual se advierte el trámite dado al recurso de revisión en la forma que ahí se indica, mismo que se registró bajo el número 390/2022; asimismo, acusa recibo de las constancias que refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6573/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En cinco de diciembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 15684, dentro del juicio de amparo indirecto ********************. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de diciembre de dos mil veintidós. 1. SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, mediante el cual acusa recibo del oficio 20168/2022, con el que se le informó que el quejoso ********************, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 2. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo en que se actúa, del cual se advierte que, se recabaron electrónicamente las constancias de notificación practicadas a las partes en el presente asunto, relativas al auto que tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa en contra de la sentencia emitida por este juzgado. 3. Se ordena remitir expediente. En mérito de lo anterior y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase el juicio original en que se actúa, tomos de prueba y escrito de agravios, VÍA ESTAFETA, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, para lo que tenga a bien determinar. Asimismo, de no tener inconveniente alguno, remita el acuse de recibo respectivo; para el efecto legal conducente. De igual manera, con copia del oficio que se remita al mencionado Tribunal, fórmese cuaderno de antecedentes. 3.1. Expediente Electrónico. No obstante lo anterior, infórmese al Tribunal de Alzada que se encuentra disponible el expediente electrónico, a fin de que proceda a realizar su vinculación correspondiente, y ver su consulta; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

  3. Principal

    En veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con una notificación practicada por el actuario de la adscripción, registrada bajo el folio 15421, dentro del juicio de amparo indirecto 554/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recurso de revisión contra sentencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la notificación practicada, por el actuario de la adscripción el veinticinco de noviembre de este año al quejoso ********************, mediante la cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada el veintitrés de noviembre pasado. En atención a su contenido y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con apoyo en el numeral 89 de la ley antes citada, en relación con el 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, distribúyanse entre las partes, copia de la notificación y, una vez que se recabe constancia de la notificación a las partes de este auto, de inmediato remítase el original del juicio de amparo en que se actúa, así como de dicha notificación y póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. 2. Se requieren acuses de recibo. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir del momento en que reciba la comunicación del presente proveído, acuse el recibo de este auto, asentando la hora y fecha de su recepción; lo que deberán hacer por una sola vía, al correo electrónico institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. 3. Se ordena notificar al quejoso. Finalmente, dado que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por lo que se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique el presente auto al aludido impetrante de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA. En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con catorce minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda, Informes justificados, y Emplazamiento al representante especial; Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsable. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no los formularon; a lo que el Juez acuerda: téngase por precluido el derecho de las partes de formular alegatos, por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número diecisiete "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondiente Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, Óscar Velázquez Cornejo solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades que hizo consistir en: "III. AUTORIDADES RESPOSABLES 1.- DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL C.P.S. No. 17. MICHOACÁN. 2. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA COMANDANTE SISNEROS DE ESTE C.P.S. NO. 17 MICHOACÁN. 3. SUBDIRECTOR DE GUARDIA COMANDANTE ALEJANDRO ROBLEDO FLORES DE ESTE C.P.S. NO.17 MICHOACÁN, CON DOMICILIO EXPRESO CON ANTELACIÓN Y SUBORDIINADOS. 4. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL FUERON COMÚN CON SEDE EN APATZIGÁN, MICHOACÁN. IV. ACTOS QUE A CADA AUTORIDAD SE LE RECLAMAN. . CON RELACIÓN A LOS DIRECTORES GENERAL DE SEGURIDAD Y SUBDIRECTOR DE GUARDIA CON LA NUMERACIÓN RESPETIVA EN EL APARTADO DE AUTORIDADES RESPONSABLES 1, 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE. SE LES RECLAMA EL ACTO DE TORUTRA PERPETRADO EL PASADO 11-JUNIO-2020 POR ORDENES DE ESTOS RESPONSABLES ALREDEDOR DE LAS 03:00 HRS. DE LA MADRUGADA. CAUSANDO AFECTACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA AL QUEJOSO DESPOJÁNDOLO DE SUS PERTENENCIAS PERSONALES Y DE SU PROPIEDAD COMO LAS INSTITUCIONALES PARA USO DE VESTIMENTA Y ROPA DE CAMA, INDUMENTARIA INSTITUCIONAL DEJANDOLO SIN NADA HASTA POSTERIOR A DOS SEMANAS SE LE PROPORCIÓNÓ UNA COSA DE CADA UNA SIN CAMBIOS NI TENIS DEPORTIVOS QUE UN DÍA ANTES LE HABÍAN DADO NUEVOS Y LOS RETIRARON DE MANERA ARBITRARIA, EN SINTESIS TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA Y DESPOJO DE PERTENENCIAS DE SU PROPIEDAD. CON RELACIÓN A LA AUTORIDAD JUDICIAL JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN APATZINGÁN MICHOACÁN ENUMERADO EN LA LISTA DEL APARTADO DE AUTORIDADES RESPONSABLES CON EL NO.4, ASÍ COMO LA DIVERSA RELATIVA AUTORIDAD NUMERADA EN EL APARTADO DE AUTORIDADES RESPONSABLES CON EL NO. 1 SIENDO EN ESTE CASO CONCRETO DIRECTOR GENERAL DEL C.P.S. NO. 17 MICHOACÁN, SE LES ATRIBUYE LA NEGATIVA DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA SIENDO ESTA AL DIRECTOR GENERAL DE C.P.S. NO. 17 EN CITA Y EN LO POSTERIOR A LA DIVERSA AUTORIDAD JUDICIAL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL CON SEDE EN APATZINGÁN, MICHOACÁN, JUEZ DE CAUSA QUE SE LE INSTRUYE AL SUSCRITO DENTRO DE EXP 03/2019 DEL ÍNDICE DE DICHO JUZGADO A QUIEN SE LE ATRIBUYE EL DESECHAMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL DE CONDICIONES DE INTERMIENTO. QUE DEBE CONOCER YA QUE EL SUSCRITO SE ENCUENTRA A SU DISPOSCIÓN Y CON POSTERIORIDAD EL DESECHAMIENTO Y CON POSTERIORIDAD EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN (APELACIÓN). . POR ÚLTIMO ACTO RECLAMADO 25-JULIO-2022 APROXIMANDAMENTE A LAS 11:00 HRS DEL DÍA EN PASE DE LISTA POR LA OFICIAL ENCARGADA RECIBI LAS ORDENES DE PREVENIR MIS PERTENENCIAS PERSONALIES EN VIRTUD DE QUE IBA A SER TRASLADADO DE MANERA DEFINITIVA DE ESTE CENTRO DE RECLUISIÓN A OTRO DIVERSO Y MUY LEJANO A MI NUCLEO FAMILIAR POR SEGUIR DEMANDANDO A LOS DIRECTORES. ." El promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que la registró con el número ********************, se desechó la demanda respecto de los actos consistentes en el despojo de pertenencias por parte del personal del centro penitenciario; se concedió la suspensión de los actos reclamados consistentes en las amenazas y gritos bajo un grupo de antimotines, así como del traslado que reclama. De igual forma se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo como inexistente a la autoridad señalada como Subdirector de Guardia Comandante del CEFERESO número Diecisiete "CPS" Michoacán, y se ordenó suspender toda comunicación con ella. Por lo que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACAN", Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; y, Director de Seguridad y Custodia, Comandante del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACAN", Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. A) Las amenazas y tortura psicológica. Del Juez de Primera Instancia Penal de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Los autos de veintisiete de junio y doce de julio de dos mil veintidós, relativos a la negativa de tramitar la controversia judicial y el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra dicha negativa dentro del proceso penal 3/2019, respectivamente. De todas las autoridades antes referidas: La orden de traslado a diverso centro de reclusión. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LOS INCISOS A) Y C). Respecto de los actos reclamados precisados en los incisos A) y C) consistente las amenazas que se traduce en tortura psicológica, así como la orden de traslado, las autoridades responsables, al rendir su informe de ley, negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman. Ahora, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, como se ve las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, en razón de que fueron coincidentes en referir que no se ha ordenado el traslado del quejoso; asimismo, que no ha sido víctima de malos tratos, ni amenazas, ni de las constancias de autos se adviertan datos objetivos que revelen la existencia de alguno de dichos reclamos. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Como corolario tenemos, de que el quejoso no aportó medios de convicción alguno, a fin de comprobar la existencia de los referidos actos reclamados. Si bien, pudiera estimarse que correspondía a las autoridades responsables acreditar la inexistencia del acto reclamados consistente en las amenazas y tortura psicológica que el quejoso refiere se le están causando por la presencia de grupos antimotines que resguardan el centro de reclusión; del análisis de las constancias antes precisadas y las diversas que integran el presente juicio de amparo, en forma alguna, se pone en evidencia aun de manera indiciaria, que el quejoso esté siendo objeto de amenazas o algún tipo de tortura física o psicológica, ni de su expediente clínico se arroja algún indicio. En esa tesitura, no hay indicio alguno, de que el quejoso esté siendo objeto de amenazas o malos tratos por parte de las autoridades responsables, pues éstos los hace consistir en la presencia de grupos antimotines en el centro de reclusión, así como en el retiro de sus pertenencias, lo que no son acciones que los constituyan; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos del numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." Así como, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL DESECHAMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL PROMOVIDA POR EL QUEJOSO Y DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA DICHA DETERMINACIÓN. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en materia Penal de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, pues así lo refirió al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe de ley consistentes en las principales constancias del proceso penal 3/2019, que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia de los actos reclamados consistentes en el desechamiento de la controversia judicial promovida por el quejoso y del recurso de apelación interpuesto contra dicha determinación, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de la citada Ley, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los citados preceptos, se obtiene, en lo que aquí interesa, que el juicio constitucional debe instarse en el plazo de quince días, que se contabilizará de la siguiente manera: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame; A partir del día siguiente al en que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; A partir del día siguiente al en que la parte quejosa se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Ahora, de la constancias que exhibió la autoridad judicial en referencia, se desprende que los autos de veintisiete de junio y doce de julio de este año, dictados en la causa penal 9/2019, en los cuales se determinó que no era procedente la controversia judicial sobre cuestiones de internamiento y se declaró improcedente la admisión del recurso de apelación intentado contra dicho auto, respectivamente, fueron notificados al quejoso el siete de julio actual (respecto del auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós) y quince de julio de dos mil veintidós (respecto del auto de doce de julio de este año). En ese sentido, el término de quince días que disponía el peticionario del amparo para presentar su demanda inició, por lo que ve al auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, el ocho de julio siguiente y del auto de doce de julio de dos mil veintidós inició el dieciocho de ese mes y año. Entonces, si como lo refirió y acreditó el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 117 "CPS MICHOACÁN" el quejoso presentó la demanda de amparo en estudio ante la Oficialía de Partes de ese centro de reclusión el dos de septiembre de dos mil veintidós y fue depositada en Servicio Postal Mexicano, el seis de septiembre de esta año (recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el doce de septiembre de dos mil veintidós), según las constancias del propio expediente, es evidente que resulta extemporánea, pues transcurrió en exceso el plazo de quince días con que contaba el quejoso para su interposición. Lo anterior, sin que sea óbice la circunstancia que en la constancia que remitió el encargado del centro de readaptación social en el que se encuentra recluido el quejoso, se advierte el depósito de correspondencia a nombre de "Montes de Oca Gallo Pedro Gabriel". Ello, virtud a que derivado del requerimiento formulado por este órgano de control constitucional; en torno a la inconsistencia del nombre respecto del promovente del amparo, la referida autoridad informó que el quejoso cuanta con variaciones en sus nombres, entre ellos Luis Ángel Batres Campos y/o Montes de Oca Gallo Pedro Gabriel, pero que se trata de la misma persona. De ahí que, al no haber presentado el escrito de demanda dentro del plazo de quince días, el quejoso consintió tácitamente el acto que ahora reclama. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del referido acto reclamado, conforme lo previsto en el diverso numeral 63 fracción V, de la invocada Ley. Alegatos. Por otro lado, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló el fiscal federal de la adscripción, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Notificación al quejoso y al representante especial. Dado que el quejoso ******************** se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el referido centro de reclusión y le notifique personalmente al quejoso la presente sentencia. Instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo; y, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

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