Pablo Roberto Rendón Domínguez
Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Integrantes del Consejo de Honor del Veintisieteavo Batallón de Policía Militar, Uruapan, Michoacán
- Pablo Roberto Rendón Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: CAUSA EJECUTORIA Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto que sobreseyó en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la Secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal; debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Virtud a que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES CONSERVABLE, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 17, primer párrafo, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase el presente cuaderno original del incidente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 381/2023, promovido por ********************, contra un acto del Consejo de Honor del Vigésimo Séptimo Batallón de Policía Militar; y,R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el ocho de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, turnado a este Juzgado Sexto de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que se transcribe: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables, integrantes del Consejo de Honor que se constituyó en el Veintisieteavo Batallón de la Policía Militar. IV.- ACTOS RECLAMADOS: La celebración del Consejo de Honor a un elemento de Policía Militar el cual está comisionado como elemento de Guardia Nacional mismo que se desarrolló en fecha 19 de mayo del año 2023 en la que se resolvió lo siguiente: "En razón de lo expresado y con fundamento en lo establecido por los artículos 6° fracción II, 8° y 21 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército y Armada Nacionales en relación con los numerales 35° fracción I y 36 fracción III de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, este Honorable Consejo de Honor, determinó que el castigo es: solicitar su baja del ejército y fuerza aérea mexicanos, por observar mala conducta en el año 2023, para ello el ******************** PABLO ROBERTO RENDÓN DOMÍNGUEZ tiene quince días naturales para informar a la superioridad lo que en su defensa convenga." Así mismo (sic) se reclama como segundo acto reclamado la realización del consejo de honor sin la presencia del Tercer Vocal Capitán Segundo Policía Militar EDGAR DÍAZ FRÍAS, así como del Cuarto Vocal Capitán Segundo Policía Militar EFREN MAURICIO CARVAJAL XOLO. Y como tercer acto reclamado se reclama del consejo de honor la incorrecta valoración de las pruebas que realizara en no tomar en cuenta la receta médica que presentó en la misma donde se justifica la toma de dicho medicamento dando la carga de la prueba al suscrito de determinar que dicho medicamento tenía sustancias que pudieran salir en dicho examen toxicológico siento que esto lo debió descartar el órgano acusador, dado que era obligación de los encargados de dicho examen, dejando en estado de indefensión". La parte quejosa expone que se vulneran sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En proveído de nueve de junio del año en curso, este juzgado admitió la demanda; la radicó con el número de expediente 381/2023; pidió el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el asunto por su cauce legal, el treinta y uno de julio de este año se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la resolución reclamada fue emitida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, por una autoridad administrativa, la cual tiene efectos en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Consejo de Honor del Vigésimo Séptimo Batallón de Policía Militar: La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que solicitó la baja del quejoso, en su carácter de ********************, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por observar mala conducta en el año dos mil veintitrés, y le dio el plazo de quince días naturales para que manifestara ante la superioridad lo que a su interés conviniera. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, porque lo aceptó al rendir el informe justificado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente natural, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, atendiendo a su naturaleza de documentales públicas, al haber sido expedidas por personas servidoras públicas en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. A efecto de dar claridad al caso, es procedente reseñar sus antecedentes más relevantes. El dieciséis de junio de dos mil nueve, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el quejoso ********************, celebraron el contrato de reclutamiento en el que se dio de alta al impetrante en el Ejército y Fuerza Área Mexicanos, como Soldado de Infantería, en cuya cláusula segunda se comprometió a "observar en todo momento una buena conducta civil y militar". El veinte de junio de dos mil veintidós y el nueve de enero de dos mil veintitrés, el doctor Uriel Silverio Soto, con número de cédula profesional 5620660, expidió las recetas médicas 2099879 y 2099880, mediante las cuales recetó al quejoso el medicamento Tesfamex (fentermina 30 mg) cápsulas, a fin de que tomara una tableta vía oral cada setenta y dos horas por treinta días, con motivo del diagnóstico de sobrepeso. El veintiocho de enero de dos mil veintitrés, el Teniente Médico Cirujano del Ejército Mexicano, actuando como Comandante Interino del Pelotón de Sanidad del Veintisiete Batallón de Policía Militar, certificó que, previa explicación del procedimiento a seguir, de los riesgos y complicaciones de los mismos y obtención de consentimiento válidamente informado por parte del impetrante, se le practicó un examen toxicológico presuntivo en orina para detención de metabolitos de drogas de abuso (características de la prueba: Multi-Drug Screen Test Dip Car. Inmunoanálisis de flujo lateral en un solo paso para detección invitro y detección cualitativa de drogas de abuso en orina), sí (positivo), se detectó cuantitativamente la presencia de metabolitos de productos producidos por el consumo de drogas de abuso, en los términos siguientes: Estupefaciente y/o psicotrópico COC. MET. AMP. THC. Negativo Positivo Positivo Negativo Mediante oficio CSP-QF-146, de diez de marzo de dos mil veintitrés, el "Tte. Cor. J.M. y Lic. Jefe de la C.S.P. y C.F.", remitió al Comandante del Vigésimo Séptimo Batallón de la Policía Militar los resultados del estudio toxicológico confirmativo, de la muestra M-146, que fue recibida en el laboratorio el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés (sic), del quejoso ********************, en su carácter de ********************, del que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Método COC THC AMP MET BENZ OPI PCP BAR ANÁLISIS PRESUNTIVO (INMUNOCROMATOGRAFIA) NEG NEG POS. POS. NEG NEG NEG NEG ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO POR ESPECTROFOTOMETRÍA AUTOMATIZADA POSITIVO: A ANFETAMINAS (AMPH) SUPERIOR A 500 NANOGRAMOS/MILILITRO. ANÁLISIS CONFIRMATIVO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPETROSCOPIA DE MASAS SI SE CONFIRMARON LOS IONES 116, 192 Y 91 CORRESPONDIENTES AL METABOLITO DE ANFETAMINAS (AMPH). SI SE CONFIRMARON LOS IONES 130, 206 Y 91 CORRESPONDIENTES AL METABOLITO DE METANFETAMINAS (MAMPH). Con base en los resultados obtenidos emito la siguiente: CONCLUSIÓN: Única: SÍ SE CONFIRMÓ LA PRESENCIA DE LOS METABOLITOS DE ANFETAMINAS Y METANFETAMINAS, POR EL MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A ESPECTROFOTOMETRIA DE MASAS, EN LA MUESTRA DE ORINA RECIBIDA Y ETIQUETADA EN EL LABORATORIO CON NÚMERO M-146.". El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Consejo de Honor del Vigésimo Séptimo Batallón de Policía Militar, previa substanciación del procedimiento respectivo y con apoyo en la información que precede, solicitó la baja del quejoso, en su carácter de ********************, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por observar mala conducta en el año dos mil veintitrés, y le dio el plazo de quince días naturales para que manifestara ante la superioridad lo que a su interés conviniera (acto reclamado). Hasta aquí los antecedentes relevantes del asunto. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de dicho ordenamiento, aplicado en sentido contrario, debido a que el acto reclamado no es de imposible reparación, porque no constituye la resolución definitiva mediante la cual se ordene la baja del impetrante del servicio activo de las armas, toda vez que únicamente se solicitó imponer dicha medida, sin que esa decisión sea definitiva. La causal es fundada. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicha legislación. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por otra parte, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), del ordenamiento en mención, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". El normativo transcrito prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Ahora bien, el precepto en análisis regula dos supuestos en los que se puede promover el juicio contra los actos referidos, a saber: Contra la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento. En esta hipótesis, se podrán hacer valer tanto las violaciones contenidas en la resolución como las ocurridas durante el procedimiento, que dejaran sin defensa al quejoso y hubieran trascendido al resultado de dicha resolución. Contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que en el supuesto en análisis, el juicio de amparo únicamente procede en dos momentos: (I) cuando se dicta la resolución definitiva del procedimiento; y (II) cuando se emita un acto que sea de imposible reparación. Por tanto, por regla general, tratándose de actos que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo procede hasta que se dicte la resolución definitiva, con excepción de los actos intraprocesales que tengan sobre el quejoso una ejecución irreparable. En sentido contrario, si no se está en alguno de los supuestos referidos, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, como se dijo, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es aplicable, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como, la jurisprudencia 37/2014, del Pleno del Más Alto Tribunal de nuestro país, visible en la página 39, del libro 7, junio de 2014, del tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Y, la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, consultable en la página 1902, del libro 29, abril de 2016, del tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". En conclusión, los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de las personas que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al dictarse la resolución definitiva. Ahora, a fin de identificar el procedimiento del que emana el acto reclamado, es necesario traer a colación diversa normativa al respecto. Sobre el particular, los artículos 16 a 21 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército y Armada Nacionales señalan: "Iniciación de la audiencia para juzgar a un acusado ARTÍCULO 16.- Cuando el Consejo se reúna para juzgar a algún acusado, se procederá en la forma siguiente: Nombramiento de defensor Reunido el Consejo y estando presente el acusado, el Presidente le tomará sus generales, lo exhortará a producirse con verdad y le manifestará que tiene derecho a nombrar defensor a algunos de los Jefes u Oficiales de la Corporación, Dependencia, Guarnición o Unidad a que pertenezca y que se encuentre presente en la audiencia, con exclusión de los miembros del Consejo. Si el acusado no nombrare defensor, el Presidente lo designará. Exposición de cargos al acusado ARTÍCULO 17.- A continuación le hará conocer los cargos que se le imputan y si el Consejo se ha reunido por orden superior o por disposición del propio Presidente, haciendo comparecer y declarar a los peritos y testigos que fuere necesario. Acusación ARTÍCULO 18.-La voz de la acusación la llevará un Jefe u oficial nombrado por el Presidente del Consejo. Defensa ARTÍCULO 19.- Después hará uso de la palabra la defensa, para que exponga cuanto crea favorable al acusado. Una vez que hubiere terminado de hablar el defensor, el Presidente manifestará al acusado que puede usar de la palabra para hacer su descargo, sin más limitación que el respeto a la ley y a las autoridades. Votación de la culpabilidad ARTÍCULO 20.- Terminada la audiencia, el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Dicha votación deberá hacerse principiando por el de menor categoría o antigüedad. Castigos disciplinarios ARTÍCULO 21.- Si el resultado de la votación fuere condenatorio, se procederá a deliberar sobre el correctivos disciplinario que deba imponerse, con los límites prevenidos en el Capítulo III". Por su parte, el numeral 36, fracción III, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos indica: "ARTÍCULO 36o.- El Consejo de Honor tiene facultades para: (.) III.- Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar, y En caso de la fracción III se otorgará al militar un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga". Por otro lado, el numeral 170, fracción II, inciso D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala: "De las Bajas ARTÍCULO 170. La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos: (.) II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional: (.) D. Tratándose del personal de Tropa y de los militares de la clase de Auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos, siempre será oído en defensa el afectado". De la normativa transcrita se obtiene que el procedimiento para dar de baja a un militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene las siguientes etapas. a) La primera, en la cual el afectado conoce, a través del acusador, los hechos que se le imputan y que constituyen la materia sobre la cual versará el procedimiento, ante el Consejo de Honor. b) Una segunda, en la que se posibilita al acusado para que exponga, por sí y a través de su defensor, lo que a su derecho convenga para demostrar sus argumentos de descargo, con la única limitante consistente en el respeto a las normas y autoridades militares, situación que revela que cuenta con la oportunidad de ofrecer los medios de convicción que estime pertinentes para comprobar sus aseveraciones. c) La tercera, en la cual el Consejo referido, tras deliberar respecto de los argumentos expuestos por la parte acusadora y la defensa, decide respecto de la culpabilidad del acusado, proponiendo, en su caso, la imposición de la medida disciplinaria correspondiente y, en la que se otorga al acusado el plazo de quince días naturales para manifestar lo que a su interés corresponda; y, d) La cuarta, en la que el Secretario de la Defensa Nacional, después de haber oído al afectado, emitirá el acuerdo en el que determinará en definitiva si es o no procedente su baja por observar mala conducta determinada por el consejo de honor. Establecido lo anterior, se retoma que la parte quejosa reclama del Consejo de Honor del Vigésimo Séptimo Batallón de Policía Militar, la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que solicitó la baja del quejoso, en su carácter de ********************, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por observar mala conducta en el año dos mil veintitrés, y le dio el plazo de quince días naturales para que manifestara ante la superioridad lo que a su interés conviniera. Una vez examinado el caso, a la luz del marco normativo esbozado, se considera que, como asevera la autoridad responsable, sí se actualiza la causal de improcedencia que invoca. Se considera de esta manera, pues la decisión que adoptó el Consejo de Honor carece de definitividad para efecto de ser impugnada a través del presente juicio de amparo, toda vez que ésta se encuentra subjúdice a lo que resuelva el Secretario de la Defensa Nacional, en el sentido de si procede o no determinar la baja del quejoso del Ejército y Fuerza Área Mexicanos. En otras palabras, el acto que emitió el Consejo de Honor señalado como responsable no constituye la última resolución dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues únicamente solicitó la baja del quejoso, sin que dicha determinación se torne definitiva, puesto que se encuentra supeditada a la emisión del acuerdo que el Secretario de la Defensa Nacional emita al respecto, quien decidirá si es o no viable decretar la baja solicitada por el Consejo. Ello se robustece si se considera que cuando el Consejo emitió la resolución reclamada otorgó al impetrante el plazo de quince días naturales para manifestar ante la superioridad lo que a su interés conviniera, lo que implica que con el dictado de dicha resolución no concluyó el procedimiento de origen, de manera definitiva, ya que depende de la decisión que adopte el Secretario mencionado sobre el particular. Por todas las razones anteriores, se surte la causal de improcedencia en análisis y, consecuentemente, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de fondo, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que sea necesario el estudio de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, y por los terceros interesados, pues en nada variaría el sentido de la presente resolución. Atendiendo al sentido de este fallo, resulta innecesario el estudio de la diversa causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, ya que no variaría la presente resolución. Es de invocarse la jurisprudencia 54/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 414, del tomo VIII, agosto de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195744, que establece: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de dicha ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra un acto de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Raziel Alejandro Urrusquieta Flores, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
En diecisiete de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente, registrado bajo el folio 9056. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintitrés.********************AGREGA OFICIO. Incorpórese a los autos el oficio signado por el Presidente del Consejo de Honor del Veintisieteavo Batallón de Policía Militar, con sede en esta ciudad, por medio del cual, vierte diversas manifestaciones respecto de las jerarquías y subordinaciones castrenses con que cuenta esa institución; asimismo, informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En diez de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 8714 y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de julio de dos mil veintitrés.********************AGREGA OFICIO. Incorpórese a los autos el oficio signado por el Presidente del Consejo de Honor del Veintisieteavo Batallón de Policía Militar, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de julio actual y al efecto, remite copia certificada del acta de celebración de Consejo de Honor de dicho destacamento, llevada a cabo el diecinueve de mayo del año en curso; con lo que se ordena dar vista a las partes.********************ESTADO PROCESAL. Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de cinco de julio actual, se reservó acordar el escrito presentado por la parte quejosa, registrado con folio 8557, respecto del ofrecimiento de la prueba testimonial, hasta en tanto la autoridad responsable remitiera las constancias correspondientes al acto reclamado, circunstancia que ya aconteció; es ese orden de ideas, se determina lo siguiente:********************En términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, en concordancia con el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, para probar los hechos que motivaron o fueron objeto de los actos reclamados.********************SE DESECHA PRUEBA TESTIMONIAL. En consecuencia, la parte quejosa estuvo en la posibilidad de ofrecer dichos medios de convicción en el procedimiento de origen para que en su caso, cobrara relevancia en el presente asunto, sin que lo haya hecho; por tanto, se desecha la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa.********************Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia VI. 2°. J/89, visible en la página 395, Tomo VI, Segunda Parte-I, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:********************"PRUEBAS NO SON ADMISIBLES EN AMPARO. CUANDO NO FUERON OFRECIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, se apreciará el acto reclamado como aparezca probado ante la autoridad responsable y, por lo tanto, no se pueden admitir pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, pues admitirle pruebas a la quejosa implicaría necesariamente la variación de las situaciones jurídicas planteadas ante la potestad común."********************DIFERIMIENTO. Finalmente, en atención a la vista otorgada a las partes en párrafos que preceden, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, señalándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.********************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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