Osvaldo Oquedo Chávez

Expediente 261/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
261/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Osvaldo Oquedo Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito presentado por quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto. Por lo que, de conformidad con los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Cole giado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número ********************2019-IV, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente. Finalmente, con fundamento en el artículo 88 del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución entre las partes de las copias del recurso de referencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda en representación de la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que en esta fecha está determinada la celebración de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, de autos se desprende que la autoridad responsable Director de la Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad del mismo nombre, no rindió su informe con justificación, a pesar de que le fue requerido oportunamente, tal como se desprende del acuse de recibo agregado a foja 37. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Director de la Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad del mismo nombre, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, remita a este Juzgado, en copia certificada las constancias relativas al acto que reclamó el quejoso, el cual es el siguiente: - El inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual se embargó el vehículo identificado como marca *********** Se le apercibe, que en caso de no hacerlo así, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, fracción I, en relación con los diversos artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá, multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($8,449.00). En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 261/2019, promovido por *******, y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, en contra de las autoridades y actos siguientes: a) De la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre: - El procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual, se determinó el "embargo", una vez que quedó a su disposición, el vehículo identificado como ******* modelo *******, color *******, con número de serie *******, respecto del cual se ostenta propietario. b) De la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad: - La orden de despojo y/o decomiso del vehículo descrito. c) De los Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad: - La ejecución de la orden de despojo y/o decomiso descrita. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Previa aclaración de la demanda, se admitió y se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitaron informes previos a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. Los Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo (foja 38), negaron la existencia del acto que les fue reclamado, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba eficaz alguna para desvirtuar dicha negativa. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que la parte quejosa solicitó respecto del acto reclamado a dichas autoridades. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia número 1128, visible en la página 777 del Tomo IV, correspondiente a Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, que aparece publicada bajo el rubro y texto: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al rendir su informe previo no se pronunció respecto a la existencia o no del acto que le atribuyó el quejoso, consistente en el procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual, se determinó el "embargo", una vez que quedó a su disposición, el vehículo identificado como ******* modelo *******, color *******, con número de serie *******, respecto del cual se ostenta propietario. No obstante lo anterior, refirió que sí se encuentra en posesión del vehículo en comento. Por lo tanto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que le fue reclamado. Cuarto. Se resuelve sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, en principio, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por el quejoso, respecto del cual se resuelve en este momento, consiste en lo siguiente: a) De la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre: - El procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual, se determinó el "embargo", una vez que quedó a su disposición, el vehículo identificado como ******* modelo *******, color *******, con número de serie *******, respecto del cual se ostenta propietario. En el caso, el quejoso anexó los siguientes documentos, mismos que se encuentran debidamente cotejados y compulsados, respecto de sus similares, que obran en el juicio principal: a) certificado de título original del vehículo con número de serie *******, año *******, marca *******, modelo *******, en el que aparece como último propietario *******, b) traducción del certificado del título en comento, c) copia simple de una credencial de elector con número de folio *******, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de *******, y d) copia simple del pedimento de importación con número de folio *******, respecto del vehículo con número de serie *******, año *******, marca *******, modelo *******. En primer lugar, del escrito de demanda de amparo, se desprende que el quejoso solicita la suspensión "(.) Para que las cosas se mantengan en estado que actualmente guardan hasta que se resuelva el fondo del Amparo, ya que de lo contrario los daños y perjuicios causados serían de difícil e imposible reparación (.)". Respecto a la medida cautelar que solicita la parte quejosa, resulta improcedente la suspensión solicitada, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no acreditó, ni aun a nivel indiciario, la titularidad del derecho que aduce afectado. Para evidenciar el anterior aserto, es conveniente establecer que de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: a) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; b) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; c) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, d) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. A partir de esa base jurídica, como se adelantó, en el presente caso resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados que formula la parte quejosa, al no encontrarse acreditado el interés jurídico necesario para su otorgamiento. Esto es así, porque en consideración del que suscribe, con las documentales que exhibe el quejoso no demuestra tener algún interés respecto del automotor descrito, toda vez que el título que exhibe se encuentra redactado en otro idioma, distinto del castellano, del cual si bien anexa la traducción relativa, sin embargo, no cuenta con la apostilla necesaria, para poder informarse de su contenido auténtico. Asimismo, únicamente copia simple del pedimento de importación con número de folio *******, respecto del vehículo con número de serie *******, año *******, marca *******, modelo *******, en el cual aparece la leyenda "no pagado". Sin embargo, el documento en cita, por sí mismo, carece de valor probatorio al haber sido exhibido únicamente en copia simple y, por ende, es insuficiente para demostrar tanto su veracidad, como que el vehículo se introdujo de forma legal en el país, máxime que cuenta con la leyenda "no pagado". Aunado a lo previo, el quejoso en su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: CUARTO. Por lo que hace a la cuarta de las prevenciones, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el vehículo de mi propiedad objeto de la demanda de amparo identificado como *******, modelo *******, color *******, con número de serie *******, fue adquirido por el suscrito de buena fe y por ende se encontraba en proceso de importación y para lo cual me permito exhibir el pedimento de importación número *******, mismo que quedó pendiente del despacho aduanero al habérseme privado de la posesión del vehículo de mi propiedad antes descrito. Es decir, no se acredita que en el momento en el que le fue "embargado" el vehículo en comento al quejoso, se encontrara de forma legal en el país. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional. En esta tesitura, con tales documentales no se acredita, ni aún a nivel indiciario que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, ni que el acto reclamado le haya sido dirigido a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado vehículo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en el Tomo IV, noviembre de 1996, página 431, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época: DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento. A partir de esas bases, el quejoso, *******, no demostró contar con interés presuntivo, que sea susceptible de ser suspendido con motivo de la ejecución de los actos que reclama como inconstitucionales; de ahí que deba negarse la suspensión definitiva que solicitó, pues el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que cuando se reclama en el juicio de amparo el desposeimiento de un bien, el Juzgador debe partir del supuesto de que los hechos son ciertos; empero, para conceder la suspensión definitiva de un acto de tal naturaleza, es necesario de forma ineludible que la parte quejosa demuestre, al menos indiciariamente, que tal acto le causa agravio, y con ello, cumplir con el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo cual no ocurre en el caso, como fue puesto de relieve. Tal razonamiento, fue plasmado en la Jurisprudencia 96/97, que aparece publicada en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Diciembre de 1997, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. En las relacionadas condiciones, al no estar demostrado indiciariamente que el quejoso tenga la propiedad o sea poseedor del vehículo que refiere como de su propiedad y mucho menos su legal estancia en el país, se niega la suspensión definitiva de los actos de desposesión reclamados. Es aplicable al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 262 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Único. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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