Osvaldo Joel Rojas Ramírez
Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Osvaldo Joel Rojas Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de veintitrés de agosto, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan el oficio y anexo de cuenta que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con lo que refiere haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por lo tanto, con el contenido del oficio y anexo que se reciben, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida de que una vez transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución en la que declare si la sentencia se encuentra cumplida o no, en términos del artículo citado en el párrafo que antecede. Notifíquese en lista y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos como legalmente corresponda el oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje; y en atención a su petición, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 último párrafo y 193 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se otorga a la responsable, una prórroga por el plazo de diez días hábiles, contados a partir de que reciban la notificación correspondiente, a efecto de que acate a cabalidad el fallo protector; lo que deberá acreditar con las constancias conducentes. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, párrafo tercero, del ordenamiento antes invocado, esto es, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo estatuido por el artículo 258, de la ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente, al encontrarse obligado a dar cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de junio del año en curso, en la que se concedió el amparo solicitado por ***, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: [.] En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable dentro del término de diez días formule por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente 2/17/1564; y en términos de lo dispuesto por los artículos 886, 887, 888 y 889, de la Ley Federal del Trabajo, lo eleve a la categoría de laudo. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. No pasa inadvertido para el suscrito, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a una Junta, la cual para efectos del juicio de amparo no tienen superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Resulta aplicable la tesis 2ª./J.36/2011(10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, del Libro IV, Tomo 4, Enero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil vestidos, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
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