Oscar Valenzuela Gaxiola

Expediente 75/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 54 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
75/2018
Año
2018
Actuaciones
54
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Oscar Valenzuela Gaxiola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el diecinueve de julio del año en curso, se ordenó el archivo de este asunto al encontrarse definitivamente concluido; por tanto, resulta innecesario conservar las constancias originales remitidas por la licenciada Mónica Echegaray Rojas, en representación de la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, con sede en Culiacán, al rendir el informe justificado; de ahí que, acorde al artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio dichas documentales a la autoridad responsable aludida, previa copia certificada que de las mismas se deje en autos, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado el presente auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de depuración dado que, por resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del Artículo Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar, respecto de los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el auto y resolución inherentes a la suspensión provisional y definitiva concedida en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el ocho de febrero de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por el autorizado legal del quejoso Óscar Valenzuela Gaxiola, mediante el cual hace diversa manifestaciones respecto el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio suscrito por el Delegado del Secretario de Educación Pública y Cultura y Director General de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y de la Jefa del Departamento de Pagos de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se les informa que estén a lo que se diga en este proveído. Visto el estado procesal de los presentes autos, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos y las manifestaciones vertidas por las partes, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió sobreseer el juicio de amparo y conceder el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, las autoridades responsables debieron realizar, los siguientes actos: 1. Emitan de inmediato aviso de suspensión de descuentos realizados al salario de ********************, con registro federal de contribuyentes ******************** y el número de seguridad social 80997552437, quien a la fecha de presentación de la demanda laboraba para la ********************; ello con relación al crédito 03 "Préstamo a Corto Plazo". 2. Que la autoridad responsable ordene que se le devuelva al accionante del amparo todas y cada una de las cantidades que se le hayan retenido con motivo del aludido crédito, con sus correspondientes actualizaciones. Conforme lo anterior, la autoridad debió realizar dos actos en concreto: Suspender los descuentos realizados al salario del quejoso y, Ordenar la devolución las cantidades retenidas, con actualizaciones. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán allegó al sumario de amparo, el oficio UJ/2212/2019, al que adjuntó copia certificada del cheque número 0194526, el cual ampara la cantidad de $10,582.34 (diez mil quinientos ochenta y dos pesos 34/100 Moneda Nacional), por concepto de devolución de los descuentos indebidos correspondientes a las quincenas de la primera a la cuarta de dos mil dieciocho. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, efectuó actos con los que tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, se concluye que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable hizo el debido pago. No es óbice a lo anterior que la autoridad no demostrara que dejó sin efectos los descuentos realizados al salario del quejoso, pues el autorizado legal del mismo agraviado señaló en su promoción de trece de junio de dos mil diecinueve, que se dejó de realizar ese acto, argumento que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio firmado por la Delegada Autorizada del ISSSTE en Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y anexa documentales que así lo acreditan; agréguese para que obre como legalmente corresponda. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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