Oscar Rafael Guerrero Alvarez

Expediente 329/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
329/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Oscar Rafael Guerrero Alvarez
  • Titular de la Dirección de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veintitrés de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual modo, acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el licenciado Víctor Hugo Rodríguez Tiznado, en su carácter de Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y en representación de la Dirección de Comercio Exterior del referido Servicio de Administración, con el cual rinde informe justificado, señala domicilio, correo electrónico y nombra delegados; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Por lo que hace al informe justificado que rinde la autoridad de mérito, no ha lugar a acordar al respecto, toda vez que el pasado veintitrés de junio, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo cual le fue comunicado a la responsable mediante oficio 9309/2022-4B. Por otra parte, se tiene a la autoridad responsable, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, como delegados a los profesionistas que indican, y como medio de contacto el correo electrónico brenda.armenta@sinaloa.gob.mx.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante el cual formula pedimento legal y solicita copia de la resolución que se pronuncie en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos. Por lo que hace al pedimento que formula la Fiscal Federal, dígasele que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, toda vez que mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la promovente copia certificada del acuerdo dictado el pasado veintitrés de junio, y entréguese, previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto, el escrito signado por Luis Javier Jiménez González, autorizado legal del quejoso ********************, por medio del cual informa que la autoridad responsable le notificó informo que el veintiuno de junio de dos mil veintidós fue notificado la respuesta al escrito de petición del quejoso, cuya omisión generó la interposición de la demanda de amparo en el presente juicio, asimismo anexa el original digitalizado del oficio SATES DCE-DPL-05546/2022, de dieciséis de junio del año en curso y su constancia de notificación, así como la resolución administrativa que contiene la resolución al procedimiento administrativo en materia aduanera del cual surgió el escrito de petición y que ahora es razón por la que se considera que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, actualiza una causal de sobreseimiento, por lo que remite documentales; agréguense para que obren como legalmente correspondan. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia se tienen por recibidas en este acto las documentales que anexa. Ahora, del estado que guardan los presentes autos se advierte que el quejoso ********************, reclama de la autoridad responsable Titular de la Dirección de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, lo siguiente: ".ACTO RECLAMADO: La omisión de emitir resolución completa, congruente, fundada y motivada en términos de lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la solicitud de entrega del vehículo de mi propiedad que presenté ante la ahora responsable desde el pasado 04 de mayo de 2022". En el caso, el autorizado legal de la parte quejosa, en su escrito recibido el veintidós de junio del año en curso, refiere que han cesado los efectos del acto reclamado en virtud de que la autoridad responsable el pasado veintiuno de junio dio contestación a la solicitud del quejoso, la cual fue en los términos siguientes: Atento lo anterior, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De la interpretación literal del enunciado normativo tenemos que según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra cesar significa: suspenderse o acabarse. Así las cosas se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando se suspenden o acaban los efectos del acto reclamado. Los efectos del acto reclamado pueden suspenderse o acabarse por: a) revocación y b) sustitución. La cesación por revocación se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ahora bien, en ambos supuestos, es necesario que la cesación de efectos sea de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que restablezca de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la ley de amparo. Así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, tenemos que el acto reclamado del quejoso ********************, consistió en la omisión de emitir resolución completa, congruente, fundada y motivada en términos de lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la solicitud de entrega del vehículo de su propiedad que presentó ante la responsable el cuatro de mayo de dos mil veintidós, ante la Titular de la Dirección de Comeítio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; sin embargo, como se hace constar en el escrito de la parte quejosa, mediante el cual informó que con fecha veintiuno de junio de este año, se le notificó legalmente a la quejosa la contestación de dicha petición de inconformidad, anexando copia de la respuesta y notificación a la misma, donde se le hace del conocimiento al quejoso de lo indicado, documental que valorada al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere valor probatorio pleno. En ese contexto se advierte que la omisión reclamada a la autoridad responsable Titular de la Dirección de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, fue en resolver la solicitud realizada por el quejoso el cuatro de mayo de dos mil veintidós. En esa virtud, se concluye que en el presente juicio biinstancial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia. Se sostiene lo anterior, porque de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se tiene que, para que se surta la causal de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto de autoridad no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que el motivo que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, pues la omisión ya fue subsanada y no deja pendiente afectación alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reivindicada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado, deviene improcedente el juicio constitucional, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la novena época, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, número de tesis 2a./J. 59/99, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En esa tesitura, al evidenciarse que han cesado los efectos del acto reclamado, consecuentemente, se impone el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide abordar el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Soporta jurídicamente lo que precede, la tesis de jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por ello, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, no habrá de celebrarse. Lo anterior puesto que cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, como sucede en el caso concreto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".

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