Osvaldo Misaes Covarrubias Vega

Expediente 481/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 49 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
481/2021
Año
2021
Actuaciones
49
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Osvaldo Misaes Covarrubias Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta, suscritos por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, mediante los cuales en los tres primeros comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita, y en el restante rinde informe relativo al incidente de repetición del acto reclamado; agréguese a los presentes autos los dos primeros para que obre como legalmente corresponda, toda vez que dicho oficios ya se encuentra en autos, y el restante para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa desahogó la vista que se le hizo del oficio suscrito por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, que al ser recurrida por el quejoso, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión número 6/2022, en uno de diciembre de dos mil veintidós, determinó: "PRIMERO. Queda intocada la parte no impugnada en este recurso de revisión, relativa a la concesión de amparo a Osvaldo Misaes Cóvarrubias Vega; en los considerandos sexto, séptimo y resolutivo único de la resolución recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la resolución recurrida de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en el juicio de amparo indirecto 481/2021-1A. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Osvaldo Misaes Covarrubias Vega, en contra de los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el último considerando de esta ejecutoria, para los efectos establecidos en tal considerando.". En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión número 6/2022, en uno de diciembre de dos mil veintidós modificó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y en proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo, consistente en: "La concesión del amparo y justicia de la unión solicitado es para el efecto de que la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, Sinaloa, de inmediato emita la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación de intereses, dentro de los autos del expediente laboral número 1033/2014; y Se pronuncie inmediatamente por las promociones de veintitrés de julio de dos mil veinte, veintiséis de agosto de dos mil veinte, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en las que el quejoso solicita la ejecución y/o re-ejecución del laudo citado." Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio agregado en proveído de once de julio de dos mil veintitrés, suscrito por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa haber emitido la resolución incidental de liquidación de intereses, el seis de julio de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: "JUNTA ESPECIAL NÚMERO 35 EXPEDIENTE: 1033/2014 OSVALDO MISAES COVARRUBIAS VEGA VS. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (RESOLUCION INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES) En Culiacán, Sinaloa, a seis de julio del año dos mil veintitrés. VISTO el estado procesal que guardan los autos del juicio laboral que al rubro se indica, de los que se desprende que, una vez que las labores de ésta Junta lo han permitido se procede a dictar la resolución incidental de liquidación de intereses, los cuales derivan de la condena establecida en el laudo de fecha 10 de octubre del 2017 (f. 575-597 tomo 1) donde no fue cuantificada cantidad alguna por concepto de intereses del 2% a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, sobre tal concepto ya se había abierto una diversa vía incidental la cual fue desahogada en audiencia de 10 de junio del 2019 (f. 738-739 tomo 1) sobre la que recayó una Resolución Incidental de Liquidación de fecha 09 de diciembre del 2019 (f. 800-808 tomo 1) en donde quedó cuantificada hasta la fecha de la emisión de dicha interlocutoria en la cantidad de $5,240.43 por concepto de intereses del 2% a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, si la misma adolecía de errores, omisiones o deficiencias, la misma quedó firme por consentimiento de ambas partes, al no haberse interpuesto en contra de la misma demanda de garantías alguna; en esas condiciones cuando el actor en lo conducente reclama su pago en su escrito incidental (f. 109-131 torno 2) desde el mes de agosto del 2015 y hasta el mes de noviembre del 2020, es claro sin duda que no le asiste la razón al actor incidentista en virtud a que, debe entenderse que en la interlocutoria 09 de diciembre del 2019 (f. 800-808 tomo 1) quedó cuantificada hasta la fecha de su emisión la cantidad de $5240.43 por concepto de intereses del 2% a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, luego entonces, solo queda pendiente de pago el período que abarca del día siguiente de la fecha de emisión de aquélla resolución que corresponde al 10 de diciembre del 2019 y hasta el día 12 de marzo del 2020 que ocurrió la reinstalación del actor (f. 8 tomo 2) que se traduce en 93 días que quedan pendientes de pago por ese concepto, en esa situación si multiplicamos 30 días que tiene un mes por el importe de l5 meses de salario a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, da un resultado de 450 días, los cuales se multiplican por el importe del $582.27 que corresponde al salario diario integrado dando como resultado la cantidad de $262,021.50 a los que se les calcula el 2% de intereses y da como resultado la cantidad de $5,240.43 como importe mensual de intereses, los cuales son divididos entre 30 días que tiene un mes y da como resultado la cantidad de $174.68 como importe diario de intereses, los cuales a su vez se multiplican por los 93 días transcurridos del 10 de diciembre del 2019 al 12 de marzo del 2020 y da como resultado la cantidad de $16,245.33 por concepto de intereses totales a razón del 2% a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, se declara procedente el incidente de liquidación de intereses interpuesto por la parte actora solo por la cantidad antes mencionada, lo que produce el efecto de condenar como en efecto se condena a la demandada INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a pagar al actor OSVALDO MISAES COVARRUBIAS VEGA la cantidad de $16,245.33 por concepto de intereses totales a razón del 2% a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y condenados en el laudo de fecha 10 de octubre del 2017, en términos de lo expuesto en la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así lo resolvieron y firmaron los CC. Representantes que integran ésta Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE (fojas 711 y 712). Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, por el término de tres días, contados a partir de la legal notificación manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación al respecto, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades responsables. Por otra parte, mediante diversos requerimientos en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se agregó el oficio signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento de ejecutoria, y comunica que en fecha seis de octubre del presente año, se pronunció sobre las promociones de veintitrés de julio de dos mil veinte, veintiséis de agosto de dos mil veinte, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en las que el quejoso solicita la ejecución y/o re-ejecución del laudo citado; los cuales se transcriben para los efectos legales correspondientes (fojas 711 y 712). "JUNTA ESPECIAL NÚMERO 35 EXPEDIENTE: 1033/2014 OSVALDO MISAES COVARRUBIAS VEGA VS. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (ACUERDO) En Culiacán, Sinaloa, a seis de octubre del año dos mil veintitrés. Por recibido el oficio 12540/2023 el día 02 de octubre del que remite el H. Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, el cual requiere a ésta Junta a fin de que sean respondidas de manera congruente las promociones presentadas por la parte actora y quejoso el juicio de amparo indirecto 481/2021 y con ello se dé cumplimiento en cabalidad a la sentencia dictada en el mismo, luego entonces, se procede a cumplir la sentencia de amparo antes señalada en los siguientes términos: Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 23 de julio del 2020 donde pide que se ordene la ejecución completa en relación a la reinstalación que refiere, así mismo solicita el otorgamiento de una fianza o garantía y que se hagan efectivas las medidas de apremio correspondientes; acerca de lo cual, dígasele al actor que no ha lugar a acordar de conformidad su petición en virtud a que, no procede ordenar su reinstalación como acto de ejecución del laudo dictado en el presente juicio toda vez que, con fecha 12 de marzo del 2020 el fedatario actuante asentó que al no haber desavenencia entre las partes contendientes, el demandante fue reinstalado en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, por lo que la reinstalación quedó materializada desde aquella fecha y no se puede volver a ordenar otra, por lo que ese aspecto el laudo ya quedó cumplimentado por la demandada IMSS, y en esas condiciones, no procede aplicar ningún medio de apremio, pues como se dijo, la demandada ya cumplió con lo que se le ordenó y no se le puede sancionar por haber cumplido, y menos todavía lo anterior da lugar al otorgamiento de fianzas y garantías, pues la Ley Federal del Trabajo no establece en ninguna parte de su contenido tal situación, en todo caso pudiera actualizarse en el evento de que exista de por medio la interposición de algún amparo indirecto, y la autoridad que rige el procedimiento de amparo lo ordena, pero de ninguna manera el Suscrito Ejecutor ni la Junta de la adscripción pueden ordenarla, pues como antes se dijo, esa situación no se encuentra regulada en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no ha lugar a ordenar nuevamente la reinstalación del actor, ni tampoco aplicarle al IMSS ningún medio de apremio, y todavía menos es procedente el otorgamiento de fianzas ni garantías, por las razones que han sido expuestas en líneas precedentes. Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 26 de agosto del 2020 donde también pide su reinstalación formal, acerca de la cual, en obvio de innecesarias repeticiones, me remito a la explicación proporcionada de éste mismo tema en el párrafo anterior, pues como ya se dijo, con fecha 12 de marzo del 2020 quedó materializada la misma y no se puede volver a ordenar otra, ya que el demandante fue reinstalado en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, como de esa manera quedó asentado en la misma. Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 16 de febrero del 2021 donde pide según dice que, la demandada IMSS no le está entregando recibos de pago, y que por ello las obtiene del portal del SAT, de donde se desprenden que el tipo de contrato es por tiempo determinado, como trabajador no sindicalizado y que dicha demandada le está pagando un salario distinto al ordenado en el laudo de 10 de octubre del 2017, sin embargo, tampoco ha lugar a acordar de conformidad su petición de que se ordene la apertura de incidente de ejecución de sentencia, toda vez que, la litis en el presente juicio quedó constreñida a los hechos acontecidos y que generaron el despido injustificado ventilado en el presente juicio que abarca desde la fecha de la presentación de la demanda y hasta el momento del dictado del laudo y la reinstalación ordenada en el mismo, por lo que todos aquellos eventos ocurridos entre ambas partes con posterioridad a la reinstalación del actor ocurrida el 12 de marzo del 2020, ya no son materia de ejecución sino de otro juicio distinto, ya que estamos en presencia de hechos y actos futuros que no pueden estar dejando abierta en cada ocasión de manera incierta y permanente la materia del debate original, por esa razón no ha lugar a acordar de conformidad su petición de que se ordene la apertura de incidente de ejecución de sentencia, así mismo, los comprobantes de pago mencionados no le resultan en ninguna utilidad, por las razones que han quedado asentadas y tendrá que proponerlo en un nuevo juicio. Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 04 de mayo del 2021 donde interpone recurso por la comisión de los delitos cometidos, acerca de lo cual, la Ley Laboral no regula ni sanciona la existencia de éste recurso en particular y menos por la comisión de conductas delictivas que en su parecer derivan del incumplimiento del laudo, ya que eso queda reservado a las autoridades penales, pues no se podría ni siquiera dar entrada al trámite de un recurso por la comisión de delitos, ya que esta Junta estaría invadiendo el conocimiento y resolución de materias distintas a la laboral, por lo que en todo se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y tiempo que más beneficie a sus intereses ante la autoridad que estime competente. Gírese atento oficio al H. Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, a fin de que se haga de su conocimiento el contenido del presente acuerdo y solicitándole se tenga al Suscrito por cumplimentado totalmente la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 481/2021. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así lo resolvió y firmó el C. Lic. Carlos Humberto Hernández Ochoa, Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el Secretario de acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE. Asimismo, se advierte, que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en su oficio JDDAF/421/2023, presentado el dieciséis de octubre del presente año, se advierte que en seis de octubre de dos mil dieciséis, se pronunció sobre los escritos de veintitrés de julio de dos mil veinte, veintiséis de agosto de dos mil veinte, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral 1033/2014. Ahora, en primer término en el escrito de veintitrés de julio de dos mil veinte, el quejoso expuso: "Que por medio del presente escrito, y en virtud de que la demandada no cumplió sana y llanamente con el laudo firme de fecha DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, dictado por ésta H. Junta a su digno cargo, así como el auto de fecha TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, dictado por la H. Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ya que no se ha llevado a cabo la REINSTALACIÓN FORMAL, del suscrito en calidad de parte actora en la fuente de trabajo demandada con domicilio en avenida Ignacio Zaragoza y Nezahualcóyotl, s/n, Plaza Caracol, de la Colonia Bienestar, de la localidad de Los Mochis Ahome, Sinaloa, ni tampoco han depositado la fianza, ni garantía alguna, es por lo que solicito de la manera más atenta se sirva ordenar la ejecución de (sic) COMPLETA Y CORRECTA DEL LAUDO, y se hagan efectivas las medidas de apremio, así como el aseguramiento de pago del mismo laudo." (Foja 229). La autoridad responsable en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, proveyó en relación a la promoción de veintitrés de julio de dos mil veinte, lo siguiente: "Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 23 de julio del 2020 donde pide que se ordene la ejecución completa en relación a la reinstalación que refiere, así mismo solicita el otorgamiento de una fianza o garantía y que se hagan efectivas las medidas de apremio correspondientes; acerca de lo cual, dígasele al actor que no ha lugar a acordar de conformidad su petición en virtud a que, no procede ordenar su reinstalación como acto de ejecución del laudo dictado en el presente juicio toda vez que, con fecha 12 de marzo del 2020 el fedatario actuante asentó que al no haber desavenencia entre las partes contendientes, el demandante fue reinstalado en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, por lo que la reinstalación quedó materializada desde aquella fecha y no se puede volver a ordenar otra, por lo que ese aspecto el laudo ya quedó cumplimentado por la demandada IMSS, y en esas condiciones, no procede aplicar ningún medio de apremio, pues como se dijo, la demandada ya cumplió con lo que se le ordenó y no se le puede sancionar por haber cumplido, y menos todavía lo anterior da lugar al otorgamiento de fianzas y garantías, pues la Ley Federal del Trabajo no establece en ninguna parte de su contenido tal situación, en todo caso pudiera actualizarse en el evento de que exista de por medio la interposición de algún amparo indirecto, y la autoridad que rige el procedimiento de amparo lo ordena, pero de ninguna manera el Suscrito Ejecutor ni la Junta de la adscripción pueden ordenarla, pues como antes se dijo, esa situación no se encuentra regulada en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no ha lugar a ordenar nuevamente la reinstalación del actor, ni tampoco aplicarle al IMSS ningún medio de apremio, y todavía menos es procedente el otorgamiento de fianzas ni garantías, por las razones que han sido expuestas en líneas precedentes. Luego, mediante un segundo escrito presentado ante la responsable el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el quejoso expuso lo siguiente: "Que con el citado carácter, por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 521, 848 y demás relativos aplicables de la ley federal del trabajo en virtud de que la demandada no cumplió sana y llanamente con el laudo firme de fecha diez de octubre del año dos mil diecisiete, dictado por ésta H. Junta a su digno cargo, ya que no se ha llevado a cabo la REINSTALACIÓN FORMAL, vengo a INTERPONER EL PRESENTE MEMORIAL EN CONTRA DEL ESCRITO PRESENTADO EL 15 DE JULIO DEL 2020 POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO FIRME DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, mismo escrito promovido por la patronal cito."; Por su parte, la autoridad responsable en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, proveyó en relación a la promoción de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en los términos siguientes: "Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 26 de agosto del 2020 donde también pide su reinstalación formal, acerca de la cual, en obvio de innecesarias repeticiones, me remito a la explicación proporcionada de éste mismo tema en el párrafo anterior, pues como ya se dijo, con fecha 12 de marzo del 2020 quedó materializada la misma y no se puede volver a ordenar otra, ya que el demandante fue reinstalado en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, como de esa manera quedó asentado en la misma. En el diverso tercer escrito presentado ante la responsable el dieciséis de febrero de dos mil veinte, el quejoso expuso lo siguiente: "OSVALDO MISAES COVARRUBIAS VEGA, de generales y personalidad debidamente acreditados en el expediente arriba citado (expediente 1033/2014), ante Usted con todo respeto comparezco para exponer que por medio del presente escrito en base a la promoción de fecha 28 de agosto del 2020 que se apertura incidente de ejecución de sentencia, anexo documentales de prueba consistente en nóminas timbradas ante el SAT de ejercicio fiscal 2020 con folios: 42, 61, 68, 58, 175, 173, 52, 16, 46, 157, 107, 59, 139, 169. Nóminas que en su contenido dice que el tipo de contrato es por tiempo determinado, salario diario $318.94, salario base $318.94, tipo de trabajador no sindicalizado, siendo estas disposiciones opuestas a la condena impuesta a la patronal en el laudo del expediente citado, y juicio de amparo directo negado contra el laudo. Hago del conocimiento que las presentes nóminas las descargue del portal del SAT, ya que la patronal no me ha entregado recibo alguno de los mismo (sic) por lo que las mismas las allego una vez que las descargue en fecha 12 de febrero de 2021, para que sean anexadas y valoradas, y en su momento procesal oportuno se fije fecha para reinstalación y correcta ejecución del laudo del expediente arriba citado. ATENTAMENTE Culiacán de Rosales, Sinaloa fechado el día de su presentación (Firma) OSVALDO MISAES COVARRUBIAS VEGA. (Foja 171). Por su parte, la autoridad responsable en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, proveyó en relación a la promoción de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: "Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 16 de febrero del 2021 donde pide según dice que, la demandada IMSS no le está entregando recibos de pago, y que por ello las obtiene del portal del SAT, de donde se desprenden que el tipo de contrato es por tiempo determinado, como trabajador no sindicalizado y que dicha demandada le está pagando un salario distinto al ordenado en el laudo de 10 de octubre del 2017, sin embargo, tampoco ha lugar a acordar de conformidad su petición de que se ordene la apertura de incidente de ejecución de sentencia, toda vez que, la litis en el presente juicio quedó constreñida a los hechos acontecidos y que generaron el despido injustificado ventilado en el presente juicio que abarca desde la fecha de la presentación de la demanda y hasta el momento del dictado del laudo y la reinstalación ordenada en el mismo, por lo que todos aquellos eventos ocurridos entre ambas partes con posterioridad a la reinstalación del actor ocurrida el 12 de marzo del 2020, ya no son materia de ejecución sino de otro juicio distinto, ya que estamos en presencia de hechos y actos futuros que no pueden estar dejando abierta en cada ocasión de manera incierta y permanente la materia del debate original, por esa razón no ha lugar a acordar de conformidad su petición de que se ordene la apertura de incidente de ejecución de sentencia, así mismo, los comprobantes de pago mencionados no le resultan en ninguna utilidad, por las razones que han quedado asentadas y tendrá que proponerlo en un nuevo juicio. Finalmente, en el cuarto y último escrito presentado ante la responsable el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso expresó lo siguiente: "Que con el citado carácter, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6,17,618 FRACCION IX, y demás relativos y aplicables de la ley federal del trabajo, así como del código penal federal artículos 386, 387 FRACCIÓN x, 225 FRACCIÓN V, VIII, vengo a interponer recurso por la comisión de los delitos cometidos ante esta H. junta federal, derivado del incumplimiento del laudo firme de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, solicitando de parte al ORGANO INTERNO DE CONTROL A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O MINISTERIO PÚBLICO, O LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE FRAUDE FEDERAL, OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA DESACATO A UN MANDATO JUDICIAL DESACATO A UN SUPERIOR JERÁRQUICO, esto acorde a la documental que obra, en expediente, como lo son: el contrato de trabajo de trabajo (sic) por tiempo INDETERMINADO con carácter de confianza depositado por la demandada ante esta H. Junta en junio de 2020, las nóminas timbradas por contrato de trabajo por tiempo determinado ante el SAT del ejercicio fiscal 2020 allegadas por el suscrito ya que este contrato y nóminas son dos versiones de la calidad de contratación laboral ante autoridad laboral y fiscal, cometiendo los ilícitos mencionados, las cartas enviadas de la coordinación de relaciones laborales de nivel central del IMSS, que dan instrucción al interior del IMSS a que tomen las medidas y acciones necesarias para dar cumplimiento al laudo y los emails institucionales donde se reconoce que no se le ha dado cumplimiento a la sentencia ya que la patronal obra de mala fe al retrasar el cumplimiento de la sentencia antes citada. Causando daño al suscrito en sus derechos reconocidos en la sentencia.". (foja 204). Por su parte, la autoridad responsable en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, proveyó en relación a la promoción de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: "Por lo que respecta a la promoción presentada por el actor el día 04 de mayo del 2021 donde interpone recurso por la comisión de los delitos cometidos, acerca de lo cual, la Ley Laboral no regula ni sanciona la existencia de éste recurso en particular y menos por la comisión de conductas delictivas que en su parecer derivan del incumplimiento del laudo, ya que eso queda reservado a las autoridades penales, pues no se podría ni siquiera dar entrada al trámite de un recurso por la comisión de delitos, ya que esta Junta estaría invadiendo el conocimiento y resolución de materias distintas a la laboral, por lo que en todo se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y tiempo que más beneficie a sus intereses ante la autoridad que estime competente. En mérito de lo anterior, este juzgador considera en relación a los acuerdos recaídos a los escritos de veintitrés de julio de dos mil veinte, veintiséis de agosto de dos mil veinte, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio constitucional, en el expediente laboral 1033/2014, del índice de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Culiacán; toda vez que los mencionados acuerdos, carecen de la debida fundamentación y motivación que toda resolución jurisdiccional que por regla general impone a las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan; esto es, que se expresen los preceptos jurídicos con los que se cumpla esa exigencia y que establezcan la hipótesis que genere su emisión; lo que en el caso no ocurre, pues la autoridad responsable al emitir los citados acuerdos, fue omisa en citar los preceptos en que apoyó sus determinaciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 162, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, de Registro digital 176546, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese sentido, mediante oficio vía ordinaria y vía estafeta, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a fin de que dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO horas, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedor a una multa por el equivalente de doscientos valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podrían culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fija el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se considera un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. En la especie, es pertinente destacar que, el suscrito Juzgador advierte un retardo, omisión y el incumplimiento a las determinaciones emitidas por este Juzgado; por ende, se le reitera, en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se hará acreedor a la multa señalada; sin que en la especie, sea dable justificar su actuar en el sentido de que está realizando las gestiones tendentes a cumplimentar la sentencia emitida en el juicio de origen, puesto que ha retardado excesivamente el cumplimiento de la sentencia sin justificación valida alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.". Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ya transcurrió el término de tres días a las partes, en relación al incidente de repetición del acto reclamado promovido por la parte quejosa. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 66, 67 segundo párrafo y 199 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de alegatos.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los escritos de cuenta suscritos por el quejoso ******************, mediante el cual desahoga la vista del proveído de diecisiete de octubre del presente año, hace manifestaciones, asimismo, promueve incidente de inejecución de sentencia y exhibe documentales; agréguese a los presentes autos para que surte sus efectos legales conducentes. Téngase por hechas las manifestaciones que realiza el promovente de que se trata, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; y, respecto al incidente de inejecución de sentencia, se proveerá lo que en derecho preceda al momento de pronunciarse si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por exhibida la documental que adjunta a su escrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ************ EL PROVEÍDO DICTADO EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

Quedan 45 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano